La Personería de Barrancabermeja abrió una investigación disciplinaria contra siete funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de recursos de regalías y la participación de FONCOLOMBIA en proyectos del distrito. Como medida preventiva, ordenó la suspensión provisional de seis de ellos durante tres meses, sin derecho a remuneración.
Los suspendidos son Jessie Stivent Moreno Salom, secretario general; Maribel Benítez Perea, secretaria de Planeación; Óscar Enrique Jaramillo Jiménez, secretario de Hacienda; Dayron Oswaldo Aguilera Cárdenas, asesor jurídico; Johana Paola Santos Rey, secretaria de Infraestructura, y Laura Vanessa Rangel Acosta, directora de Planeación Institucional.
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En el proceso también figura Leonardo Granados Cárdenas, exsecretario de Ambiente y Transición Energética, quien recientemente renunció a su cargo para aspirar a la Alcaldía de Barrancabermeja. Aunque está vinculado a la investigación, no fue incluido entre los funcionarios suspendidos.
Las actuaciones disciplinarias abarcan cuatro proyectos financiados con recursos de regalías, relacionados con obras viales, la construcción de los colegios Los Laureles y 26 de Marzo, y la implementación de granjas solares.
La Personería busca establecer si se presentaron irregularidades en su aprobación, en el cobro de estampillas y tributos que presuntamente no tendrían que causarse, así como en la designación de FONCOLOMBIA como ejecutor.
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De acuerdo con la información del caso, también se examinan posibles restricciones a la libre competencia en procesos contractuales por más de $72.000 millones, que habrían favorecido a empresas vinculadas a Jorge Humberto Argüello, de CONYSER S.A.S., y Yoleida Calderón, de Servicios Industriales de Barrancabermeja S.A.S.
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La Personería también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la posible participación del alcalde Jonathan Vásquez, la exalcaldesa encargada Ingrid Armesto y el director de FONCOLOMBIA, Michael Martín Mojica, entre otros, en hechos que podrían tener relevancia penal. Entre las conductas por establecer se mencionan posibles delitos relacionados con contratación pública, peculado, prevaricato y falsedad documental.
Adicionalmente, el organismo de control advirtió sobre cinco nuevos proyectos de regalías que superarían los $174.211 millones.
La suspensión provisional busca evitar posibles interferencias en el desarrollo de la investigación o la reiteración de las conductas que son objeto de revisión. Estas decisiones tienen carácter preventivo y no representan una declaración de responsabilidad disciplinaria o penal.
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Los investigados conservan la presunción de inocencia y tendrán derecho a ejercer su defensa.