El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Juan Carlos Suárez, confirmó la implementación del nuevo marco regulatorio nacional que reestructurará las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Esta medida, basada en la Resolución 1032 de 2026 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entrará en vigencia el primero de julio tras finalizar el esquema de la Resolución 688. Según explicó el directivo, el ajuste responderá a una nueva metodología diseñada por el Gobierno Nacional la cual implicará un incremento promedio ponderado del 25 % al término de una transición de seis meses.
Suárez aclaró que la fórmula matemática del nuevo marco modificará los dos componentes principales de la factura. Por un lado, el cargo fijo experimentará una reducción cercana al 22 % o 23 %, pero, por el otro, el cargo por consumo sufrirá un incremento del 37 %. El promedio ponderado de ambas variables arroja el citado aumento global, el cual afectará de manera generalizada a los usuarios de los estratos uno al seis, así como a los sectores comercial e industrial de la ciudad.
Para amortizar el impacto económico en las finanzas de los hogares bumangueses, el AMB aplicará este ajuste de forma escalonada. El gerente detalló que el consumo correspondiente al mes de julio se reflejará en la facturación de septiembre con un incremento inicial cercano al 16 %. Posteriormente, durante los siguientes meses, se sumará un cobro adicional del 1.4 % de manera gradual, hasta consolidar el 25 % definitivo en febrero del próximo año.
Ante este panorama financiero, que coincide con las alertas climáticas por el fenómeno de El Niño, Suárez hizo un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar estrictas medidas de austeridad. El funcionario enfatizó la importancia de promover un uso racional y eficiente del recurso hídrico, una responsabilidad que ahora cobra doble relevancia para mitigar el impacto directo en los bolsillos de los suscriptores. Finalmente, el gerente del AMB recordó que se trata de un mandato normativo de obligatorio cumplimiento para todas las empresas prestadoras del país.
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