Tras las festividades de diciembre, marcadas por el consumo excesivo de comida, bebida y trasnochos, el inicio del año se convierte en un reto para recuperar el equilibrio físico. Natalia Galvis, coach nutricional y de bienestar integral, destacó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el éxito en este proceso radica en entender que la nutrición representa el 70% del resultado, mientras que el ejercicio aporta el 30% restante.Para este retorno a la salud, Galvis propone un enfoque holístico basado en la conciencia y la autocompasión, alejándose de la culpa y de las dietas restrictivas tradicionales. Según la experta, el objetivo no es buscar "opciones mágicas", sino generar información sobre lo que a cada persona le sienta bien o mal, ya que la tolerancia a los alimentos es un factor muy personal."No me gusta etiquetar la alimentación como algo bueno o malo, sino como algo que te cae bien a ti y algo que me cae bien a mí o mal a mí y eso es muy muy personal", dijo. El método de los 21 días y la sustitución de alimentosUna de las herramientas recomendadas por la experta es la alimentación antiinflamatoria de 21 días. "En una alimentación de 21 días antiinflamatoria, donde vas a conocer tu cuerpo, cómo se siente sin alimentos como, por ejemplo, los lácteos, el gluten, las grasas inflamatorias, el azúcar, los jarabes, el alcohol. En 21 días vas a explorar y experimentar en tu cuerpo. 21 días vas a reemplazarlos, no eliminarlos", indicó Galvis.La experta también sugirió buscar sustitutos saludables."Podemos cambiar también el gluten, puedo escoger un pan, por ejemplo, que tiene trigo, por un pan de arroz, que es menos inflamatorio y no estoy eliminando el pan", dijo.Hábitos más allá del platoEl bienestar no depende exclusivamente de lo que se come. La coach señala que el cuerpo es "sabio e inteligente" cuando se le brindan buenos hábitos. En este sentido, mejorar la calidad del sueño es fundamental. Galvis sugiere que, antes de recurrir a suplementos o medicamentos, se deben ajustar rutinas diarias, como desconectarse del celular y de la luz azul al menos a las 9:00 de la noche para permitir un descanso reparador.Finalmente, habló de la importancia de que cualquier plan para bajar de peso o mejorar el metabolismo sea guiado por un médico nutricionista, quien podrá ofrecer pautas específicas basadas en la individualidad de cada organismo.Escuche la entrevista:
A comienzos de cada año, miles de pacientes en Colombia se enfrentan a la misma escena: llegar a una cita médica, reclamar un medicamento o programar un procedimiento y preguntarse cuánto deberán pagar esta vez, pues como es habitual a inicios de cada año sube el precio de muchos servicios, entre ellos los pagos de las cuotas moderadoras del servicio de salud. Para muchas familias, esos valores, aunque parezcan pequeños, hacen la diferencia entre continuar un tratamiento o aplazar una atención médica necesaria. Con la llegada de 2026, el Gobierno nacional ya definió el monto de las cuotas moderadoras y los copagos del sistema de salud.A través de la Circular Externa 048 de 2025, el Ministerio de Salud actualizó oficialmente los montos que deberán asumir los afiliados al sistema de salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, a partir del 1 de enero de 2026.Paciente, esto debe pagará por ir al médico en 2026La principal novedad es que estos valores se calculan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), cuyo precio para 2026 quedó en $12.110, según una resolución del Ministerio de Hacienda.Régimen contributivo: cuotas moderadoras y copagosLas cuotas moderadoras, que se pagan por consultas y algunos servicios para regular la demanda, quedaron así para 2026, según el ingreso del afiliado cotizante:Ingresos menores a 2 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $5.000.Ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $20.100.Ingresos superiores a 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $52.800.En el caso de los copagos, que corresponden a un porcentaje del valor del servicio, se mantienen los rangos definidos por nivel de ingreso:Lea también: (Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edad).Menor a 2 salarios mínimos: 11,5 % del valor del servicio.Entre 2 y 5 salarios mínimos: 17,3 %.Mayor a 5 salarios mínimos: 23 %.Copagos en el régimen subsidiadoEn el régimen subsidiado, los afiliados están exentos del pago de cuotas moderadoras; no obstante, sí aplican copagos de acuerdo con su nivel de clasificación:Nivel 1: no debe asumir copagos.Nivel 2: puede pagar hasta el 10 % del valor del servicio, con un límite máximo de $651.155 por evento, cirugía u hospitalización, y un tope anual de $1.302.309.Es importante recordar que estos valores comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2026, por lo que los pacientes que hacen parte del regimen contributivo que asistan a su EPS tendrán que alistar más dinero para ser atendidos. Con esta actualización, el objetivo del Gobierno es mantener los cobros del sistema de salud ajustados a la inflación y al poder adquisitivo de los colombianos. Consulte la Circular Externa 048 de 2025 del Ministerio de Salud:
El uso de pólvora durante las celebraciones de Fin de Año volvió a dejar un saldo preocupante en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 de la tarde, se han registrado 1.419 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos en todo el país, lo que representa un incremento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior.Las cifras evidencian que el mayor número de casos se presentó durante las horas de mayor celebración. Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se reportaron 391 nuevos lesionados, lo que confirma que la noche de Año Nuevo sigue siendo uno de los momentos de mayor riesgo por la manipulación inadecuada de pólvora.Preocupación con los menores de edadUno de los datos que más alarma a las autoridades sanitarias es la afectación a niños y adolescentes. Del total de casos reportados, 428 corresponden a menores de 18 años, es decir, cerca del 30 % de los lesionados. Además, el informe señala que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementa el riesgo de accidentes graves.Por regiones, Antioquia lidera el número de casos con 182 lesionados, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). En el listado también figuran Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, entre otros departamentos. En cuanto a ciudades, Medellín encabeza el registro con 72 casos, seguida de Pasto, Cúcuta y Neiva, lo que refleja una dispersión del problema en todo el territorio nacional.El INS indicó que los totes continúan siendo el artefacto más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de las lesiones, seguidos por otros elementos pirotécnicos no especificados y los voladores. Estas cifras reafirman las advertencias de las autoridades sobre el alto riesgo que implica el uso de pólvora, especialmente cuando no se cuenta con medidas de seguridad ni supervisión adecuada.Pese a la gravedad del panorama, el reporte preliminar señala que no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica en este periodo. Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente para proteger a los menores de edad, y recordaron que también se han notificado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, lo que refuerza la necesidad de evitar la manipulación de estos elementos durante las celebraciones.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en el país llegó a 1.028 casos a 31 de diciembre, lo que representa un aumento del 7 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraban 961 personas quemadas. El incremento se presentó en las últimas horas, en especial en los casos que involucran a menores de edad.Según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), los menores quemados pasaron de 315 a 324. De estos casos, 33 ocurrieron mientras los niños y adolescentes se encontraban acompañados por adultos que estaban bajo los efectos del alcohol, una situación que las autoridades siguen señalando como uno de los principales factores de riesgo.En el caso de los adultos, el balance indica 704 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 300 se encontraban en estado de embriaguez al momento del accidente. Estas cifras confirman la relación directa entre el consumo de licor y la manipulación peligrosa de artefactos pirotécnicos.¿Dónde hay más quemados?A continuación la lista de los departamentos con mayor número de casos reportados con quemados por pólvora:Antioquia: 149 Bogotá: 94Norte de Santander: 66Cauca: 56Cundinamarca: 53Atlántico: 50En cuanto a las lesiones, las quemaduras siguen siendo las más frecuentes y están presentes en el 89 % de los casos. También se registran laceraciones en el 57 % y contusiones en el 20 %. Aunque las cifras de amputaciones y fracturas no han aumentado, las autoridades insisten en mantener la alerta por la gravedad de este tipo de lesiones.Los artefactos que más han provocado accidentes son los totes, voladores y cohetes. Las lesiones no solo afectan a quienes manipulan la pólvora, sino también a personas que observan estas prácticas, siendo comunes las quemaduras de segundo grado.Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no hacer uso de pólvora bajo ningún motivo, especialmente en presencia de menores de edad o de personas en estado de embriaguez, recordando que estos accidentes son prevenibles y pueden tener consecuencias permanentes.
Los hinchas del Deportes Tolima todavía no se reponen del título de la Liga BetPlay que perdieron ante el Junior en el segundo semestre del 2025 al perder en el global 4-0 y ahora se conoce una nueva sanción por parte de la Dimayor, la cual deberá hacerse efectiva en el inicio del 2026.La Dimayor hizo pública la Resolución 133 de 2025, mediante la cual el Comité Disciplinario impuso una sanción al Club Deportes Tolima S.A. por los incidentes protagonizados por algunos de sus hinchas durante la final de vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué frente al tiburón. La decisión se adoptó tras analizar los informes oficiales del árbitro y del comisario del partido, así como los descargos presentados por el club.¿Qué pasó en la final con los hinchas?Según el documento, el Comité recordó que el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) establece la responsabilidad de los clubes por la conducta impropia de sus espectadores. Entre estas faltas se incluyen actos de violencia, lanzamiento de objetos, uso de elementos peligrosos y cualquier comportamiento que altere el orden antes, durante o después de los partidos, situaciones que pueden derivar en sanciones deportivas y económicas.En el caso concreto de la final disputada ante Junior, la investigación determinó que los hechos se originaron en la tribuna occidental central del estadio. Allí se registraron actos de violencia atribuibles a aficionados ubicados en ese sector, tal como quedó consignado en los reportes oficiales del encuentro, lo que encuadra la conducta dentro de las faltas previstas en el artículo 84 del reglamento disciplinario.El Comité también tuvo en cuenta que estos comportamientos afectaron el desarrollo normal del partido, al punto de generar una interrupción de un minuto y treinta segundos. Aunque el juego pudo reanudarse tras la intervención de la Policía Nacional y no se presentaron consecuencias mayores en el desarrollo deportivo del encuentro, el organismo consideró que el hecho era sancionable.En sus descargos, Deportes Tolima sostuvo que se trató de una interrupción temporal y controlada, que no pasó a mayores. Sin embargo, el Comité concluyó que existían méritos suficientes para imponer una sanción.Sanción y multa al TolimaFinalmente, la Dimayor sancionó al Deportes Tolima con una fecha de suspensión parcial de la plaza, específicamente en la tribuna occidental central, además de una multa de ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a $11.388.000. La resolución también establece que el club podrá interponer recursos de reposición y apelación.
Novela en torno a Marino Hinestroza y su futuro tras haber expresado su deseo de salir de Atlético Nacional para la temporada 2026, según dieron a conocer algunos medios y periodistas cercanos al cuadro verdolaga. Ahí apareció el interés de Boca Juniors y el propio futbolista se mostró emocionado en sus redes sociales.Fue a través de Instagram en donde Hinestroza publicó una historia de unos corazones con los corazones de los colores de Boca, algo que alimentó el rumor. En Argentina dieron por hecho el fichaje y el diario Olé, incluso, lo anunció por un precio de 5 millones de dólares y que estaría llegando a Buenos Aires el 2 de enero, cosa que no era cierta y, ahora, el futuro del colombiano estaría lejos del fútbol argentino."De hecho, hablan de “juego sucio” de parte del Verde y que incluso habría cambiado en varias ocasiones las cláusulas del acuerdo con Boca. Y según cuentan desde Colombia sería todo para retrasar su salida del club y para que -según insisten- no tener que abonar esos sueldos adeudados y jugar con el tiempo y la presión sobre el jugador, que logicamente quiere jugar en Boca", dijeron.El detalle por el que Marino Hinestroza no llegaría a Boca JuniorsEn Argentina nació un rumor de que el fichaje 'xeneize' no se había completado por un supuesto incumplimiento de pago de Nacional al futbolista, información que el propio club tuvo que salir a desmentir en un comunicado e informar que no se había cerrado ninguna negociación hasta el momento.“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada”, indicaron.Además, el club espera recibir, al menos, 6 millones de dólares por el traspaso de Hinestroza, números a los que, hasta ahora, Boca no se ha acercado, pero dicen de Argentina que una nueva oferta podría hacerse en los próximos días, el problema es que apareció el interés de Botafogo, Cruzeiro, Vasco de Gama y Sao Paulo, clubes que analizan pagar lo que pide Atlético Nacional.
Las autoridades colombianas detuvieron este jueves en el departamento de Antioquia (noroeste) al ciudadano británico Polemos Michael George, quien es pedido por España por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas por hechos ocurridos en Marbella en 2023.El hombre fue detenido en el aeropuerto Internacional José María Córdova del municipio de Ríonegro, que sirve a Medellín, "en atención a una notificación roja de Interpol", señaló el director de la Policía colombiana, general Wiliam Rincón, en X."El hoy detenido era buscado por hechos ocurridos el 16 de agosto de 2023 en Marbella, Málaga, cuando realizó múltiples disparos contra varias personas, incluyendo menores de edad, poniendo en grave riesgo la vida de quienes se encontraban en el lugar", agregó el oficial.Rincón señaló que esta detención es consecuencia del análisis policial y del intercambio oportuno de información con las autoridades españolas y británicas, lo que "permitió identificar su presencia en el país y materializar su captura de manera efectiva".
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.El jefe de Estado explicó que su objetivo es mantener el precio del tiquete para aumentar el número de pasajeros en Transmilenio, reducir la congestión y disminuir el déficit del sistema. Señaló que el diésel sigue subsidiado, pues es el principal costo operativo, y advirtió que subir el pasaje solo reduciría la demanda de usuarios y empeoraría la situación financiera del sistema.Y agregó la siguiente explicación: “El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la Nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”.Frente a este anuncio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que esos recursos podrían evitar una alza en la tarifa durante 2026, siempre y cuando se trate de un aporte adicional a los $938.000 millones ya comprometidos por la Nación en el convenio vigente y que se paguen este año.“Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para Flota Eléctrica, Buses Eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1,5 millones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada”, indicó Galán.El alcalde agregó que, de confirmarse el aporte adicional, es decir, 562 mil millones de pesos adicionales a los del convenio ya firmado, sería “es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026”.Galán explicó que, usando el artículo 183 del Plan de Desarrollo aprobado en 2023, la Nación podría financiar hasta el 50 por ciento de la flota eléctrica en operación. Con más de 1.480 buses eléctricos, parte del costo de Bogotá podría cubrirse con el aporte adicional, dejando la decisión en manos del presidente.Asocapitales advirtió esta semana que el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría generar un incremento de cerca de $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, afectando tanto a grandes sistemas masivos como el MIO en Cali, Transmilenio en Bogotá y el sistema de transporte público en Medellín, así como a ciudades intermedias como Cartagena. Por ello, el gremio hizo un llamado al Gobierno para establecer reglas claras de corresponsabilidad y cofinanciación, garantizando un transporte público accesible y sostenible.
Las celebraciones del Año Nuevo en el departamento de Antioquia no solo dejaron 35 quemados con pólvora, sino que también generaron graves incendios en Medellín y en el Oriente antioqueño. Aunque afortunadamente no hubo víctimas, las autoridades advierten que ambas situaciones se dieron por el mal uso de elementos pirotécnicos.El caso más significativo ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Pereira de Rionegro, tradicional por su postres y muy visitado por estas fechas, y en donde, al parecer, un globo de mecha generó un voraz incendio en un establecimiento comercial dedicado a la tapicería en el Oriente antioqueño.Según el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Rionegro, debido a la presencia de espumas y materiales altamente inflamables en el local, el fuego se propagó, generando afectaciones estructurales en dos establecimientos y una vivienda del sector.Aunque la conflagración fue rápidamente controlada por las autoridades, no fue el único hecho relacionado con elementos pirotécnicos en las últimas horas, ya que en Medellín un muñeco de Año Viejo por poco y genera una tragedia.Las versiones que se han conocido desde el barrio La Francia, de la capital de Antioquia, es que vecinos de la zona estaban quemando en la calle a un tradicional muñeco de Año Viejo cuando de un momento a otro el fuego se les salió de control y comenzó a propagarse con tan mala suerte para los habitantes del sector que las llamas alcanzaron la red de gas del barrio.A pesar de que el temor y el pánico se apoderaron de la comunidad, la rápida respuesta de algunas personas y la ayuda de los organismos de socorro permitieron controlar el fuego y evitar que se propagara a vivienda del barrio La Francia. Según los reportes de las autoridades, en la zona no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis en la prestación de servicios de salud en Colombia e instó al Gobierno y al Congreso de la República a adoptar medidas urgentes para garantizar el derecho fundamental a la salud, independientemente de la aprobación de la reforma en discusión.Según el concepto presentado por la Defensoría ante el Congreso, el sistema de salud atraviesa dificultades estructurales que afectan la atención a la población. El documento enfatiza que, con o sin reforma, es imprescindible adoptar medidas para resolver problemas como el flujo de recursos, la falta de acceso oportuno a servicios y medicamentos, y las inequidades en la atención a poblaciones vulnerables.En una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Defensoría destaca que en los últimos años se ha registrado un incremento alarmante en las quejas y acciones de tutela por vulneración del derecho a la salud. Desde 2020 hasta 2024, se han recibido más de 130.000 quejas, y solo en lo corrido de 2025 ya se contabilizan cerca de 5.000, con una proyección de superar las 34.000 para fin de año. Entre las principales denuncias están los retrasos en la asignación de citas médicas, la falta de disponibilidad de medicamentos y el incumplimiento de fallos de tutela.La Defensoría también le expone al Ministerio de Salud la crisis en varias regiones del país, incluyendo el Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño. En estas zonas, el acceso a los servicios de salud es crítico debido a cierres de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que en 2024 ascendieron a 1.200, según la mesa de crisis del sector.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno establecer un plan de respuesta inmediata mediante puestos de mando unificado en salud, con capacidad para resolver la crisis en las regiones más afectadas.“La Defensoría del Pueblo considera que existen circunstancias críticas que sufren las personas, frente a las que se no puede hacer caso omiso, que deben ser atendidas con urgencia a través de mecanismos excepcionales que den respuestas inmediatas a las necesidades de salud. Entendemos que estas circunstancias también expresan una problemática de fondo del funcionamiento del sistema de salud que debe abordarse en los espacios democráticos de deliberación, para impulsar soluciones sostenibles en el largo plazo, en beneficio del bien común”, dice una carta de la Defensoría al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.La entidad también ha instado al Congreso a garantizar que cualquier reforma al sistema de salud contemple soluciones estructurales y viables, asegurando sostenibilidad fiscal y calidad en la atención."El estado actual del sistema de salud no es compatible con el goce efectivo del derecho a la salud. Se requiere una acción inmediata para evitar el agravamiento de la crisis, sin importar el desenlace de la reforma", afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la situación actual en la salud colombiana. Para el exmandatario, este panorama se ha agravado por el manejo del presidente Gustavo Petro, algo que considera como un monopolio estatal, politiquero y socialista.“¿Qué proponemos? Que todos los colombianos puedan tener un sistema mixto, solidario, donde haya EPS con cooperativas, con cajas de compensación, con entidades sin ánimo de lucro, estatales, privadas, de asociaciones médicas y profesionales”, dijo Uribe en una carta publicada en su cuenta de X.El expresidente aseguró que el sistema debería funcionar bajo la condición de que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) obtengan y renueven un certificado de excelencia para operar. Según Uribe, aquellas instituciones que cuenten con esos reconocimientos se les puede “ayudar”, bajo el propósito de recuperar la estabilidad.“Por ejemplo, a las cooperativas y cajas de compensación con fondeo del Estado a través de créditos a largo plazo, a las cajas de compensación con el uso de más recursos de los que reciben por cuota empresarial para que los utilicen, de manera temporal, en la recuperación de la salud. Y a todas las EPS que tengan ese certificado de excelencia, darles unos estímulos tributarios”, continuó el pronunciamiento de Uribe.Lo propuesto por el expresidente se da en medio de una delicada situación del sistema, en donde miles de colombianos se han visto afectados por falta de atención, desabastecimiento de medicamentos, entre otros aspectos. Al panorama se suma incluso la incertidumbre que hay en cuánto al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que el Gobierno destina por cada usuario afiliado al sistema, y que ha sido centro de cuestionamientos al considerarse insuficiente.
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, reafirmó la posición de que en la auditoría a Audifarma encontraron que, de la lista de 22 medicamentos seleccionados por estar entre los más demandados por los usuarios y los de bajo costo, siete tenían existencias suficientes en el centro de distribución del gestor farmacéutico.La Supersalud indicó que al momento de la visita al establecimiento, le fue entregada al equipo auditor una base de datos con 6.116 unidades de medicamentos pendientes, a los cuales se procedió a contrastar con el inventario físico de los insumos que se encontraron en el centro de distribución.Según los datos publicados, estos serían los medicamentos con existencias en el centro de distribución, pero que se encontraban como pendientes en el punto de dispensación.“Ante estos hallazgos, la Supersalud ordenó de inmediato el traslado y la dispensación efectiva de todos los medicamentos requeridos por los pacientes del punto de dispensación de la calle 26 y de los demás puntos de atención en Bogotá, donde hubieran medicamentos pendientes para suministro y entrega final a los pacientes, con un plazo máximo de 24 horas para hacerlo efectivo”, señalaron.Por su parte, el superintendente de Salud afirmó que, al ser los medicamentos un bien de tipo social, cuya interrupción o no entrega oportuna pone en riesgo la salud y la integridad de los pacientes, "no existen razones administrativas o de otra índole para que un gestor no cumpla con la distribución y dispensación, cuando está de por medio un contrato vigente con una EPS”.Esto ante las quejas por retrasos o no pagos por parte del Gobierno nacional a los gestores farmacéuticos y que según, los voceros de este sector, sería la principal razón del problema de distribución y abastecimiento.
La crisis de medicamentos en Colombia ha sigue siendo un punto de discución y preocupación en el país, particularmente con la reciente denuncia e insistencia del presidente Gustavo Petro sobre hallazgo de 130.000 dosis de insulina en una bodega en Bogotá. En diálogo con Noticias de la Mañana, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), habló sobre la situación."Desde Afidro, hemos procurado llamar a la calma y ocuparnos de lo más importante que son los pacientes," señaló Gaitán, enfatizando que el principal problema es el financiamiento del sistema de salud, no el desabastecimiento. Advirtió que la crisis actual no es una cuestión de falta de medicamentos sino de la incapacidad del sistema para financiar la operación eficiente de su entrega. El presidente de Afidro destacó que la discusión en torno al colapso del sistema de salud está desviando la atención de la cuestión más esencial: garantizar el acceso a medicamentos para los pacientes. "Hay un déficit en los giros que se hacen a los laboratorios, lo que provoca un efecto dominó en la distribución y acceso a los medicamentos," agregó Gaitán, advirtiendo que la situación podría empeorar si no se toman medidas de acción inmediatas. Gaitán también criticó la exclusión de su gremio de las mesas de discusión con el Ministerio de Salud argumentando que esto solo polariza el diálogo y desvía de la solución de problemas críticos. "Estamos abiertos a buscar maneras de mejorar y ser más eficientes, pero necesitamos ser parte de la conversación", enfatizó. A pesar de las adversidades, Gaitán afirma que los laboratorios permanecen comprometidos a seguir surtiendo al sistema nacional de salud. Sin embargo, la situación es precaria y requiere atención inmediata para evitar consecuencias severas en la atención de salud pública. Escuche aquí la entrevista:
La situación en el punto de entrega de medicamentos del municipio de Calarcá, el segundo más importante del Quindío, se ha tornado crítica. Mujeres y adultos mayores han sido víctimas de intimidaciones con armas blancas mientras hacían extensas filas para acceder a sus medicamentos.Los hechos, según denunció el personero municipal, Jorge Triana, están ocurriendo especialmente durante la noche y la madrugada, cuando usuarios llegan desde el día anterior a esperar su turno frente a las instalaciones del operador logístico Discolmets S.A.S.“La falta de orden y convivencia está generando hechos de intolerancia inaceptables. Personas jóvenes, algunas armadas con elementos cortopunzantes, están amenazando a los más vulnerables para ganar puestos en la fila. Esto ha derivado en agresiones verbales y físicas, y pone en riesgo la vida y la dignidad de los usuarios del sistema de salud”, afirmó Triana.El funcionario también recalcó que los mayores afectados son usuarios de la Nueva EPS, quienes deben soportar largas esperas en condiciones precarias. “Ya no solo es la demora en la entrega de medicamentos, ahora también deben lidiar con intimidaciones y violencia”, advirtió.Ante la gravedad del panorama, la Policía ha tenido que intervenir realizando patrullajes y rondas preventivas en los puntos de dispensación. La Personería Municipal, por su parte, hizo un llamado urgente al operador Discolmets S.A.S. para que implemente mejoras inmediatas en su logística de atención y optimice los tiempos de entrega.La ciudadanía ha comenzado a alzar su voz en redes sociales y medios locales, exigiendo soluciones estructurales que garanticen una atención digna, oportuna y segura. En tanto, las autoridades municipales evalúan acciones adicionales para proteger a los usuarios, especialmente a los adultos mayores que, irónicamente, deben arriesgar su integridad para acceder a un derecho fundamental como es la salud.La crisis evidencia una problemática estructural en la prestación de este servicio esencial, que clama por respuestas urgentes por parte del sistema de salud y sus operadores.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por situaciones recientes que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país. Según la entidad, estos hechos tendrían impactos directos sobre las personas usuarias del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.En ese contexto, la Defensoría reiteró que todos los actores que hacen parte del sistema de salud, entre ellos EPS, IPS, ESE, gestores y operadores farmacéuticos, deben garantizar redes de atención suficientes, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad.Asimismo, insistió en la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos, con el fin de dar continuidad a los Puestos de Mando Unificado en Salud y a las mesas de seguimiento territorial lideradas por la entidad.La alerta se produce luego de que hospitales como el Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso informaran la suspensión de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con esos comunicados, la decisión estaría asociada a causas administrativas y financieras, entre ellas la mora en los pagos, fallas en plataformas de radicación e incumplimientos por parte de la Nueva EPS.A lo anterior se suman comunicaciones dirigidas a afiliados de la Nueva EPS, en las que el gestor farmacéutico Colsubsidio informó que cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para estos usuarios desde la misma fecha.En dichos avisos se indicó que la entrega de medicamentos se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025 y que la continuidad de los tratamientos será asumida por la EPS, sin detallar rutas de transición ni puntos alternos de dispensación.Frente a este panorama, la Defensoría solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades informar las rutas oficiales de contacto por territorio, los mecanismos de articulación con la entidad y las acciones adoptadas para garantizar el acceso continuo a medicamentos y servicios.También pidió reportes detallados sobre pagos de reembolsos por gastos de bolsillo y la implementación de planes de contingencia por parte de EPS intervenidas y gestores farmacéuticos, con el fin de evitar interrupciones abruptas en la atención de los usuarios.
Los pacientes del país recibieron con profunda preocupación el aumento diferencial de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) definido por el Gobierno para 2026. Aunque el reajuste fue mayor para el régimen subsidiado que para el contributivo, las organizaciones advierten que la decisión no soluciona la crisis estructural del sistema y, por el contrario, puede profundizarla.Así lo expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia —organización que agrupa a más de 200 asociaciones—, en entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre. Desde su experiencia diaria con usuarios del sistema, el dirigente aseguró que el próximo año será aún más crítico para quienes dependen de tratamientos, medicamentos y atención oportuna.Aumento de la UPC no es suficiente para todo el sistema de saludSilva fue enfático al señalar que el Gobierno mantiene una línea que, según él, pone en riesgo la vida de los colombianos. “El gobierno ha sido coherente en su línea de acabar con la salud y la vida de los colombianos”, afirmó, al referirse al ajuste de la UPC y a la situación actual del sistema.De acuerdo con el vocero, el 2025 ya fue “un año desastroso para los pacientes” por la falta de medicamentos, la ausencia de citas médicas y el cierre de servicios. En ese contexto, advirtió que el 2026 “será muchísimo peor”, especialmente para quienes padecen enfermedades de alto costo o catastróficas. Gasto de bolsillo y empobrecimiento de los pacientesUno de los puntos más sensibles es el aumento del gasto de bolsillo. Silva explicó que hoy los hogares destinan entre el 17 % y el 23 % de sus ingresos a salud, pero con un sistema desfinanciado esa cifra podría aumentar hasta un 33 %. “Eso es catastrófico”, señaló.El dirigente puso como ejemplo a los trabajadores independientes, quienes deben asumir de su propio bolsillo aportes, copagos, cuotas moderadoras y medicamentos que no reciben oportunamente. “Al año, algunos pacientes pagan un salario mínimo y otros más de dos salarios mínimos solo para poder atender su salud”, dijo.El Gobierno conduce la "carrera de las muertes"La frase más dura de la entrevista llegó al abordar las consecuencias humanas de la crisis. Silva aseguró que el Gobierno “está conduciendo la carrera de las muertes evitables”, al no garantizar el derecho fundamental a la salud. Recordó que solo entre enero y septiembre de 2025 murieron más de 2.000 pacientes, algunos por fallas directas del sistema.También cuestionó la gestión de las EPS intervenidas, que hoy concentran el 51 % de los afiliados. Según afirmó, “las EPS intervenidas no están atendiendo a la población” y el Gobierno, pese a tener la responsabilidad directa, “es indolente frente al drama humanitario”.Para Pacientes Colombia, el mensaje de quienes viven la crisis es claro: la confianza en el Gobierno se erosiona mientras la salud se deteriora y los pacientes sienten que, literalmente, están quedando fuera de la carrera por la vida.
En diálogo con Mañanas Blu, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), expresó su profunda preocupación tras el anuncio del gobierno nacional sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Gaitán calificó la situación actual del sistema de salud como "calamitosa", señalando que las decisiones financieras recientes ignoran las realidades operativas y las necesidades urgentes de los ciudadanos.Un ajuste sin concertación y un déficit acumuladoSegún el presidente de Afidro, las mesas técnicas para definir la UPC, ordenadas por la Corte, parecieron ser un simple procedimiento formal carente de un ánimo real de concertación. Gaitán destacó que el comunicado oficial del gobierno se emitió apenas unas horas después de una mesa de diálogo fallida, lo que sugiere que no se tuvo en cuenta nada de lo conversado durante dichas sesiones.Esta falta de acuerdo se suma a un déficit de más de 11 puntos de incremento que ya se arrastraba desde el año anterior. Para Afidro, el ajuste actual se queda corto frente a las proyecciones metodológicas y cuantitativas necesarias, especialmente considerando el impacto del incremento del salario mínimo en la prestación de servicios y la mayor demanda proyectada para 2025 por el envejecimiento de la población.El colapso operativo: carteras morosas y retrasos en medicamentosLa crisis no es solo presupuestal, sino operativa. Gaitán advirtió que el riesgo de colapso del sistema ha escalado del 30% en 2019 al 60% en la actualidad, según cifras de la Contraloría. Este deterioro se traduce en cifras alarmantes: incidencias de más de 250 días para la entrega de medicamentos y carteras que superan los 180 a 200 días de mora en los pagos a los laboratorios."En realidad la cadena se rompió", afirmó Gaitán, explicando que cuando se desfinancia a los prestadores y gestores farmacéuticos, estos dejan de dispensar medicamentos, como ya ha ocurrido con entidades como la Nueva EPS. Esto genera un efecto dominó donde, aunque haya disponibilidad de productos en la industria, los actores del sistema no los solicitan por falta de sostenibilidad financiera.El aumento del gasto de bolsillo y la desigualdadUno de los impactos más críticos para el ciudadano es el incremento del "gasto de bolsillo". Al no encontrar medicamentos por los canales institucionales de sus EPS, los colombianos se ven obligados a acudir a droguerías comerciales y pagar de su propio dinero. Gaitán enfatizó que el gasto de bolsillo es sinónimo de desigualdad, ya que impacta desproporcionadamente a las clases menos favorecidas que no cuentan con los recursos para suplir lo que el sistema debería garantizar.Escuche aquí la entrevista:
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, expresó su profunda preocupación por la suficiencia financiera del sistema. El ajuste definido por el Gobierno Nacional establece un aumento del 9,03% para el régimen contributivo, una cifra que el gremio considera insuficiente frente a las necesidades reales de atención de los colombianos,.Un aumento "exiguo" frente a la realidad del gastoPara las EPS del régimen contributivo, el incremento del 9,03% resulta "exiguo", "tímido" e "inconsistente" con el nivel de consumo de servicios de salud que se observa actualmente,. Según Vesga, los cálculos técnicos indicaban que se requería un aumento superior al 17% para cubrir la demanda y el impacto del nuevo salario mínimo, el cual afecta directamente más del 40% del gasto en salud en el país.Esta insuficiencia financiera no es solo una cifra técnica, sino que se traduce en la profundización de una crisis que los ciudadanos ya perciben a través del cierre de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos. La presidenta de Acemi advirtió que el sistema arranca el año con un déficit proyectado de cerca de 5 billones de pesos solo para mantener los empleos de los más de 500.000 trabajadores de la salud que ganan un salario mínimo o cifras cercanas a este.El sistema en "sobregiro" financieroLa situación financiera del sector es crítica. Vesga estima que el sistema arrastra un rezago acumulado que podría superar los 30 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra equivalente a dos reformas tributarias. "Si no hay una medida de estabilización profunda... vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro", afirmó la dirigente gremial.Este estado de insolvencia afecta la operatividad de hospitales, laboratorios y proveedores, quienes terminan atendiendo "a media marcha" debido a la falta de flujo de recursos.La brecha entre regímenes y el peso del hospital públicoResulta paradójico para el gremio que, mientras al régimen contributivo se le asignó un 9,03%, el régimen subsidiado recibió un incremento del 16,48%. Si bien esto responde a una orden de la Corte Constitucional para equiparar las primas, Vesga señala que el 60% de la contratación en el régimen subsidiado se realiza con hospitales públicos, los cuales suelen tener una fuerte injerencia política,.Desacato y regreso a la Corte ConstitucionalUno de los puntos más polémicos ha sido la negativa del Gobierno a reconocer un ajuste retroactivo de la UPC desde el año 2021, a pesar de las mesas de trabajo ordenadas por la Corte Constitucional. Según relató Vesga, tras meses de silencio, el Ministerio de Salud notificó de manera unilateral que el sistema había estado "bien financiado" y que no habría reajustes adicionales.Ante lo que consideran un "diálogo de sordos" con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Acemi anunció que volverá a la Corte Constitucional para denunciar lo que perciben como un desacato a las órdenes judiciales y una falta de voluntad técnica para salvar el sistema.Escuche aquí la entrevista:
La caída del cabello es, sin duda, una de las preocupaciones más frecuentes entre los hombres a medida que avanzan los años. Aunque la genética sigue siendo el principal factor en la mayoría de los casos, cada vez hay más evidencia que apunta a que los hábitos diarios, especialmente lo que se consume, también influyen de manera directa en la salud capilar.En ese contexto, una investigación realizada por la Universidad de Tsinghua, en China, y publicada en la revista Nutrients, puso sobre la mesa una relación que ha abierto un debate inesperado: el consumo frecuente de ciertas bebidas populares podría estar asociado con un mayor riesgo de calvicie masculina. El estudio aclara que no se trata de una causa directa, pero sí de un vínculo que merece atención, sobre todo por la frecuencia con la que estos productos hacen parte de la rutina diaria.¿Bebidas azucaradas, responsables de la calvicie?El análisis señala que las bebidas azucaradas y los energizantes estarían relacionadas con la pérdida de cabello, principalmente por su alto contenido de azúcar. El consumo excesivo de este componente puede generar resistencia a la insulina, afectar la circulación sanguínea y, con el tiempo, debilitar los folículos pilosos.Los datos también muestran que la alopecia no es un problema exclusivo de edades avanzadas. Aunque cerca del 50 % de los hombres empieza a notar la pérdida de cabello hacia los 50 años, alrededor del 25 % la experimenta desde los 21. Además, el estudio encontró que aproximadamente el 42 % de los consumidores habituales de bebidas energizantes tiene mayores probabilidades de presentar caída capilar.Este panorama resulta llamativo si se tiene en cuenta la popularidad de este tipo de bebidas entre jóvenes y adultos, especialmente en jornadas laborales extensas o rutinas de alto desgaste físico y mental.Por qué el consumo de estas bebidas afecta la salud del cabelloLos investigadores explican que el impacto no se limita únicamente al azúcar. Otros componentes presentes en estas bebidas también influyen en el ciclo de crecimiento del cabello y en la salud del cuero cabelludo, entre ellos:Exceso de Azúcar: El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general.Cafeína y Aditivos: Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo.Impacto Hormonal: El exceso de azúcar y grasas poco saludables (a menudo acompañantes) puede alterar hormonas, acelerando la caídaA estos factores se suman otros elementos que también influyen en la caída del cabello. Estudios realizados en Estados Unidos indican que la ansiedad frecuente desde los 20 años, asociada al aumento de responsabilidades, puede relacionarse con la pérdida capilar. La falta de sueño y una alimentación poco equilibrada también juegan un papel importante.Especialistas coinciden en que adoptar buenos hábitos —como una dieta balanceada, descanso adecuado y actividad física— no garantiza evitar la calvicie, pero sí ayuda a reducir los factores que pueden acelerarla y a cuidar la salud capilar a largo plazo.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud (INS), emitió un nuevo llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención de la fiebre amarilla durante la temporada de vacaciones, periodo en el que aumenta el desplazamiento de personas hacia zonas consideradas de alto y muy alto riesgo para la transmisión del virus.De acuerdo con las autoridades sanitarias, en lo corrido de 2025 se han confirmado 118 casos de fiebre amarilla en el país, con un saldo de 49 personas fallecidas, distribuidas en diez departamentos. Tolima concentra el mayor número de afectados, ya que desde el inicio del brote en 2024 ha reportado 121 casos y 47 muertes. Entre el 26 y el 27 de diciembre de este año se confirmaron tres nuevos casos, de los cuales dos derivaron en fallecimiento.Ante este panorama, el Ministerio de Salud, en articulación con las secretarías de salud departamentales y municipales, EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud, adelanta acciones enfocadas en la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, la prevención de la transmisión, el manejo integral de los casos y la comunicación del riesgo. Estas medidas buscan contener el brote y reducir el impacto de la enfermedad en la población.Las autoridades informaron que desde septiembre de 2024, cuando se inició el brote, se han aplicado cerca de cinco millones de dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en todo el territorio nacional, logrando coberturas superiores al 95 % en las zonas de muy alto riesgo. No obstante, insistieron en la importancia de mantener las medidas preventivas, especialmente para quienes viajan durante las vacaciones.El Ministerio recordó que la vacunación es gratuita, se aplica en una sola dosis que protege de por vida y debe administrarse al menos diez días antes de la exposición al virus. Además, recomendó el uso de repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, mosquiteros y la eliminación de criaderos de zancudos como acciones complementarias para prevenir la enfermedad.
Tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos en los territorios en los que tenía contrato en el país, la Nueva EPS, a través de un comunicado, anunció a los nuevos gestores farmacéuticos que garantizarán la continuidad en la dispensación de medicamentos en Colombia."La entidad activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, a través de los gestores: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas. De esta manera, los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los 11 departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados a 1.642.000 afiliados", explicaron. Afiliados que se encuentran concentrados en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, entre otros; buscando, según la entidad, "fortalecer el sistema" para no depender de un solo gestor y poder tener un acceso oportuno, continuo y equitativo de los medicamentos a nivel nacional."Como todo nuevo proceso, esta nueva red se irá acoplando para garantizar una entrega oportuna y sin impacto. Lo importante será superar las dificultades que esta situación haya podido generar en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo esquema de dispensación de medicamentos", añadieron.Así funcionará la distribución de medicamentos de la Nueva EPSCundinamarca: 199.091 personas | 13 municipios | Cafam / MedicQuindío: 52.755 | 1 | MedicHuila: 134.801 | 1 | DiscolmetsBoyacá: 159.121 | 5 | DiscolmetsCaquetá: 25.664 | 1 | FarmedicallCasanare: 40.636 | 1 | DiscolmetsAntioquia: 335.453 | 21 | Tododrogas / MedicMedellín: 210.085 | 1 | Tododrogas / MedicBogotá: 248.324 | 1 | Cafam / AudifarmaTolima: 93.318 | 2 | MedicValle del Cauca: 104.162 | 2 | MedicMeta: 39.530 | 1 | Discolmets"Los gestores farmacéuticos que ya tienen puntos de dispensación iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados. Las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán confirmados, tan pronto contractualmente quede definido el proceso", aclararon.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dio a conocer su respuesta oficial a las observaciones presentadas por Acemi en relación con dos informes técnicos: el contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido y el contraste de registros de medicamentos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).En el documento, la Adres explicó que el análisis sobre servicios prestados a personas fallecidas se realizó con base en la “fecha de prestación del servicio”, dato que las EPS reportan al Ministerio de Salud y Protección Social para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Según la entidad, este campo no corresponde a fechas de autorización, radicación o facturación, sino al momento en que efectivamente se presta el servicio, por lo que las inconsistencias detectadas no pueden atribuirse únicamente a rezagos administrativos.La Adres indicó que el cruce de información con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) permitió identificar registros de servicios reportados después de la fecha de fallecimiento, incluidos casos con diferencias superiores a un año. La entidad sostuvo que la actualización oportuna de las bases de datos es responsabilidad de las EPS y que la calidad de la información es un elemento central para la sostenibilidad del sistema de salud y para la correcta definición de la UPC.En cuanto al informe sobre medicamentos, la Adres respondió a las observaciones de Acemi relacionadas con el aumento de los valores reportados entre 2022 y 2023, señalando que el contraste se realizó sobre periodos comparables del Plan de Beneficios en Salud.De acuerdo con la entidad, el análisis evidenció incrementos en cantidades y valores reportados, así como inconsistencias frente a la información disponible en otras bases del sistema, como los registros sanitarios y los reportes de comercialización.La Adres también explicó que el contraste incluyó la verificación del cumplimiento de la regulación de precios de medicamentos para la vigencia analizada y que los resultados se elaboraron con base en la información suministrada por las propias EPS. En este punto, la entidad precisó que su función no es corregir los datos reportados, sino analizarlos y advertir posibles inconsistencias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.Finalmente, la administradora señaló que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de los organismos de inspección, vigilancia y control, y reiteró su compromiso de fortalecer el uso de herramientas de analítica de datos para mejorar la trazabilidad y la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud.
A partir del 1 de enero de 2026, Colsubsidio dejará de dispensar medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, una situación que mantiene en incertidumbre a millones de usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes requieren tratamientos permanentes para enfermedades de alto costo.La medida se da pese a que, hace apenas dos meses, Colsubsidio y la entonces agente interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, habían llegado a un acuerdo de pago con el fin de evitar la suspensión del servicio. No obstante, tras la llegada del nuevo agente interventor, Luis Óscar Gálvez, las droguerías anunciaron que no continuarán con la dispensación debido a deudas pendientes con la entidad.Según lo informado, más de 11 millones de afiliados se verán afectados en 2026. Hasta el momento, Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la contratación de un nuevo dispensario ni sobre las medidas de contingencia para garantizar la entrega de medicamentos, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios.Esperanza Arias, representante de los pacientes de nueve EPS, advirtió que la situación ya tiene efectos graves en varias regiones del país. Señaló que en la región Caribe se encuentran suspendidos los servicios de dispensación por parte de Ético Serrano debido a la falta de acuerdos de pago y al incumplimiento de compromisos, lo que ha provocado la interrupción de tratamientos en pacientes trasplantados, con enfermedades huérfanas y con cáncer.De acuerdo con Arias, esta situación ha generado congestión en los servicios de urgencias, descompensación de pacientes y un riesgo directo para la vida de quienes dependen de medicamentos de alto costo. Añadió que la decisión de Colsubsidio de dejar de entregar medicamentos en varios departamentos del país a partir de enero profundiza la angustia de los usuarios por la falta de un tratamiento oportuno y la interrupción de terapias en curso.La representante de los pacientes aseguró que ha intentado comunicarse con el agente interventor de Nueva EPS, quien le habría indicado que la entidad evalúa qué prestador asumirá la dispensación de medicamentos. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no existe información clara sobre quién entregará los medicamentos, en qué condiciones se hará ni si se responderá por los pendientes acumulados a la fecha.Mientras tanto, Colsubsidio reiteró que solo garantizará la entrega de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2025. La ausencia de definiciones oficiales mantiene en vilo a miles de usuarios que, en medio de las festividades de fin de año, manifiestan preocupación por la continuidad de sus tratamientos y por el riesgo que representa una posible interrupción en su atención en salud.
En Colombia, la expectativa por el rumbo del sistema de salud sigue latente tras el hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que prometía mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad se abre paso desde las universidades y los hospitales del país a pesar de ser aprobado en la reforma laboral.Los estudiantes de medicina anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno garantice los recursos necesarios para el pago de los médicos internos a partir de 2026. La movilización busca que lo aprobado en el papel se traduzca en una realidad concreta para quienes hoy cumplen extensas jornadas sin recibir remuneración.La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada dentro de la reforma laboral. Sin embargo, aunque la norma ya existe, los estudiantes advierten que aún falta la reglamentación y, sobre todo, la asignación presupuestal para que el pago sea efectivo.Pago a internos de medicina: estudiantes saldrán a las callesActualmente, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas, sin recibir ningún pago durante su último año de formación. Ante esa situación, estudiantes de medicina se concentrarán en 17 ciudades del país, desde el mediodía, en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas.Las protestas se realizarán sin afectar la atención en servicios críticos. Quienes estén asignados a urgencias u otros procedimientos vitales no participarán de manera presencial, mientras que quienes no puedan salir a las calles se sumarán a la jornada a través de redes sociales con el numeral #InternosConPagoYa.Estos serán algunos de los puntos de concentración:Bogotá: Ministerio de SaludCartagena: Hospital Universitario del CaribeBarranquilla: Clínica General del NorteCali: Hospital Universitario del ValleMedellín: Hospital Fundación San Vicente de PaulBucaramanga: Hospital Los ComunerosCúcuta: Hospital Erasmo MeozA ellos se suman ciudades como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.¿Qué dice la ley sobre el pago a internos de medicina?De acuerdo con Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, el reconocimiento económico ya es ley, pero aún no se ha convertido en una garantía real. “El pago a internos ya es ley, pero falta reglamentación para que sea realidad en 2026. Nos movilizamos pacíficamente para exigir que MinHacienda autorice a MinSalud garantizar el pago”, aseguró.Con la reforma laboral, los médicos internos, que cursan su último año universitario y prestan servicio en hospitales y clínicas con jornadas extensas, recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual. Además, serán afiliados a los sistemas de salud y pensión, ya que actualmente solo cuentan con cobertura de ARL.El pago estará a cargo del Estado a través del Adres. Según las estimaciones, la inversión superaría los 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos, provenientes de 67 facultades de medicina en todo el país. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que la movilización es clave para que la norma no se quede, una vez más, en el papel.