No ha desaparecido de la cabeza del presidente Gustavo Petro la idea de que Ecopetrol venda las operaciones de Fracking en Estados Unidos: El Permian. Esta semana hubo lobby en la Casa de Nariño por parte de un sector de la USO que impulsa la propuesta y el presidente se comprometió a escuchar las voces a favor y en contra antes de tomar una decisión. Mientras tanto Fitch Ratings advierte que vender el Permian puede llevar a que le bajen la nota de riesgo crediticio a Ecopetrol.Esta semana en Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro recibió a Ariel Corzo, uno de los miembros de la Junta Directiva de la USO (el principal sindicato de Ecopetrol). Corzo llegó a la cita con el autor del famoso informe que ha usado el presidente en múltiples ocasiones para decir que el Permian es un pésimo negocio y que por eso hay que venderlo. El lobby terminó incluso con una foto del presidente con la camiseta del movimiento antifracking, un movimiento que le hizo campaña a Petro para llegar a la presidencia en 2022.Sin embargo, en la reunión también estaba el presidente de la USO, César Loza, que se opone a la venta del Permian. Loza ni siquiera se quedó para la foto y le hizo saber al presidente que la mayoría en la USO está en contra de esa venta. Al final el presidente no dijo que sí, ni que no, y se comprometió a escuchar a ambos bandos antes de tomar una decisión. Es más pidió informes tanto de la junta directiva de Ecopetrol como del movimiento antifracking y se comprometió a hablar la próxima semana en la cumbre de líderes sindicales de la USO. En otras palabras el asunto no ha muerto.Tras la visita la facción mayoritaria de la USO expidió un comunicado reiterando su oposición a la venta del Permian. El comunicado concluye así: "La Unión Sindical obrera USO en su expresión mayoritaria reitera su compromiso con la defensa de Ecopetrol, la industria del petróleo y el gas. los derechos laborales de los afiliados y la soberanía energética de Colombia, acompañamos las acciones encaminadas a la transición energética, sin que esto signifique el deterioro de la seguridad energética y de la estabilidad de la primera empresa de los colombianos".El Permian es hoy en día el activo más rentable de Ecopetrol: representa el 13% de la producción y unos 100.000 millones de barriles en reservas. La insistencia en vender el Permian es una de las razones de la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva de la compañía.La venta del Permian podría llevar a que Ecopetrol tenga una nueva rebaja en su calificación crediticia, al menos por parte de Fitch Ratings. Fitch ya había rebajado la calificación individual de Ecopetrol por considerar que hay un altísimo riesgo en materia de riesgo corporativo, una decisión que coincidió con el momento en que por orden del presidente la compañía se echó para atrás en la posibilidad de hacer nuevos negocios en el Permian."Si es material, y que efectivamente lo sería, no solamente se estaría deteriorando el gobierno corporativo, sino el perfil de negocio de la empresa, donde vas a tener una reducción de producción, reducción de reservas, que son factores claves para el sector", explicó Eric Pastrana director del área de finanzas corportativas de Fitch Ratings para América Latina.
El informe en el que se basó el presidente Gustavo Petro para descalificar el negocio de fracking en EE. UU. y exigirle a Ecopetrol que venda sus operaciones en el Permian no corresponde a información de órganos de control en Estados Unidos, sino a un reporte promovido por organizaciones cercanas al Gobierno nacional, que le dan una interpretación alternativa a los reportes que Ecopetrol y Oxy presentan a los inversionistas en ese país.La presión del presidente Petro por la venta de las actividades en la zona del Permian, en Estados Unidos, fue una de las razones que precipitó la salida de Mónica de Greiff de la Junta Directiva de la petrolera, pero además tiene al principal sindicato de la compañía, la USO, amenazando con protestas y un posible cese de actividades.El informe se titula ¿Cuál es el negocio de Ecopetrol con OXY en el Permian? Y fue promovido por la Alianza Colombia Libre de Fracking, un reconocido grupo de ambientalistas que ha apoyado a Petro desde su carrera por la presidencia, y por el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, una sombrilla que agrupa organizaciones sociales como Indepaz, Movimiento Cesar Sin Fracking, Sin Gas y Censat Agua Viva, entre otros. El actual presidente de Indepaz es Camilo González Posso, quien fue jefe negociador del Gobierno Petro en los diálogos con las disidencias de las Farc.De este documento salieron frases polémicas del presidente, como que “el gas vale cero pesos”, algo que aparece en la página 15, pero que se refiere a un periodo específico entre enero y abril de 2025. Según el autor, “en términos de barril equivalente de gas del Permian, el precio sería de 1 dólar/MMBtu, lo que equivaldría a 5,7 dólares por barril equivalente de gas, unas 13 veces menos, o apenas el 8 % del precio promedio del petróleo WTI en 2024”.También proviene de este documento la afirmación del presidente Petro de que no se ha recuperado la inversión en el Permian y que nunca se va a recuperar. Según el texto, la ganancia acumulada entre 2020 y 2024, reportada a la SEC por Ecopetrol Permian LLC, fue de 822,64 millones de dólares, lo que no cubre las inversiones hechas hasta el momento.Para los autores, el negocio en el Permian ha sido rentable para Oxy, pero no para Ecopetrol, que cada vez tendrá que invertir mayores recursos a cambio de menores rentabilidades.“La información que hoy aparece en fuentes públicas y oficiales no es suficiente, contundente ni específica para poder concluir sobre las bondades reales y verificables del negocio que tanto se promociona y defiende en los medios de comunicación. Más bien, parece lo contrario”, concluyen.Ecopetrol hoy está analizando manifestaciones de interés para la compra de sus activos en el Permian, pero aún no hay una negociación cerrada.
La petrolera estatal Ecopetrol ha recibido manifestaciones de interés para la compra de activos de la compañía en el exterior, de acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, que pidieron la reserva de sus nombres por tratarse de una subasta confidencial.La compañía está explorando las ofertas y, en caso de que decida aceptarlas, tendrá que darse todo un proceso interno de aprobación de acuerdo con el gobierno corporativo de la compañía.En simultáneo, la empresa se prepara para "rotar" el portafolio de campos en el país y salir de aquellos que ya no le resultan lo suficientemente rentables.A mediados de noviembre podrían darse los primeros anuncios de las rotaciones de campos en el país.En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro le ha estado insistiendo a las directivas de Ecopetrol en la necesidad de vender las operaciones de fracking en Estados Unidos, bajo el argumento de que van contra la política ambiental del Gobierno.Las operaciones en el Permian representan hoy en día el 13 % de la producción total de Ecopetrol y su principal fuente de crecimiento.La insistencia del Gobierno en la venta de este activo es una de las razones que precipito la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva de la empresa.
En medio de la crisis por la falta de gas importado, desatada por una falla luego del mantenimiento de la planta de importación de Cartagena (Spec), la USO se prepara para replantear su posición oficial frente al fracking y una mayoría del sindicato ya ve con otros ojos los pilotos de evaluación y desarrollo que este gobierno suspendió.Hoy la discusión pública es si el país debe construir una planta de importación en Coveñas o una en La Guajira, pero el problema de fondo es la falta de gas nacional. Por eso, la USO está planteándose cambiar de postura frente a los yacimientos no convencionales."La USO, en el año 2019 en una asamblea nacional de delegados en Bucaramanga, tomó una decisión por absoluta mayoría, decirle no a los pilotos de fracking, pero han transcurrido 6 años, no tenemos hallazgos nuevos ni de petróleo ni de gas lo que estamos haciendo es trabajando en los campos maduros ¿cierto?, y la importación de gas tiene una tendencia creciente por eso consideramos que es importante aperturar nuevamente ese debate", dijo el presidente de la USO, Cesar Loza.A finales de este año la USO tendrá reuniones generales en las que se planteará la posibilidad de que el sindicato cambie la postura antifracking. Prohibir el fracking fue una bandera de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, al punto que su gobierno llevó al Congreso un proyecto de ley que prohibía la técnica, pero que no fue aprobado por el Congreso.Las asambleas de fin de año de la USO incluirán un capítulo especial para analizar el desarrollo del yacimiento petrolífero, Vaca Muerta, en Argentina, el cual produce en la actualidad unos 422 mil barriles de petróleo y podría llegar al millón en cuestión de meses. Es considerada una cuenta tan prometedora como el Permian en Texas.Para Loza hoy es contradictorio que el país se niega a hacer fracking en el territorio, pero tiene que importarlo de países que sí lo hacen como Estados Unidos. De hecho, mientras el presidente ha pedido a Ecopetrol que venda sus operaciones en el Permian, la USO ha advertido que esa decisión puede ser negativa para las finanzas de la compañía."Esos yacimientos del Permian le permiten a Ecopetrol garantizar el 13% de sus reservas, venderlos sería contraproducente porque Ecopetrol perdería más valor", aseguró el líder sindical.Ecopetrol tiene suspendidos los pilotos de fraking en línea con las órdenes del gobierno y su presidente Ricardo Roa anunció que la compañía comenzará el desarrollo de una planta de importación en Coveñas y dará vía libre a una segunda planta que TGI quiere construir en Ballena (La Guajira).
La petrolera Geopark está anunciando que entrará al negocio del fracking en Argentina, en la famosa región de Vaca Muerta, tras haber alcanzado un acuerdo de compra por 115 millones de dólares.El acuerdo, que depende de las aprobaciones de las autoridades de la provincia de Neuquen en Argentina, implica que Geopark le comprará a Pluspetrol la totalidad de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.“Vemos esta oportunidad como única para aplicar y seguir fortaleciendo nuestras capacidades distintivas con el fin de crear valor durante las próximas décadas. Mirando hacia adelante, estamos seguros de que la ejecución de nuestro plan estratégico, aprovechando la sólida base que hemos construido en Colombia y la especial profundidad que la adquisición de hoy aporta al portafolio, posiciona a GeoPark como una empresa más fuerte y más resiliente”, dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.La inversión en Vaca Muerta es prácticamente del tamaño de las inversiones anunciadas para este año por la compañía en un rango de 90 a 120 millones de dólares.Geopark está buscando nuevos negocios fuera del país en medio de la decisión del Gobierno colombiano de no abrir nuevas rondas de adjudicación de bloques petroleros para acelerar la transición energética.“Como operador acreditado en no convencionales, GeoPark está en posición de contribuir activamente al ecosistema operativo de la cuenca, al tiempo que busca nuevas oportunidades e iniciativas de eficiencia”, dijo Geopark en un comunicado de prensa.En Colombia el desarrollo el fracking está frenado por cuenta de la decisión del Gobierno nacional, que sostiene la visión de que la técnica es perjudicial para el medio ambiente.Sin embargo, distintos precandidatos a la presidencia han puesto sobre la mesa la posibilidad de permitir el fracking en medio de la crítica situación de las reservas de hidrocarburos en el país, especialmente las de gas. Una postura que empresarios como Felipe Bayón también apoyan.El agotamiento de reservas de gas ha llevado a que el país tenga que importar gas para abastecer el consumo de hogares y empresas desde finales del año pasado.
Después de que el presidente Gustavo Petro incumpliera la última reunión pactada con los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) se intercambiaron señalamientos en donde la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) decidió apartarse de la posición asumida por la USO, quienes tildaron al mandatario de “negacionista” frente al futuro del consumo de petróleo.En diálogo con Blu radio, Ariel Corzo, miembro de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera, aseguró que la situación interna con César Loza, presidente del sindicato, es compleja porque lo señalan de asumir en los últimos días una postura contraria a lo que había definido la Asamblea Nacional de Delegados, respecto al fracking.“La USO definió en el año 2019 una postura clara del fracking. El presidente del sindicato, mi compañero, César Loza, ha manifestado públicamente la necesidad de rediscutir nuevamente el tema del fracking, un tema que obviamente nos ha puesto en contradicción en varios sectores al interior de la organización sindical, pero sumado a eso, está usurpando las funciones de la Asamblea de Trabajadores”, aseguró Corzo.Recordó que los trabajadores afiliados a la USO a nivel país tomaron la decisión de no aportarle al fracking desde noviembre de 2019, “no estamos de acuerdo con el fracking, y, recientemente, una fracción de la USO en cabeza del presidente César loza, viene diciendo que es necesario hacer fracking en Colombia, una postura contraria incluso, al Gobierno de Gustavo petro, que el gremio ha apoyado y sigue apoyando”, afirmó corzo en diálogo con Blu Radio.Como parte de las diferencias internas de la USO, Corzo denunció que Loza recientemente retiró un pliego de peticiones que se le había presentado al Cenit en marzo de 2023 que sostenía un conflicto laboral para los trabajadores de la empresa.“No lo compartimos porque no se está cumpliendo lo que determina la reforma laboral, la reciente ley laboral promovida desde el Gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro”, indicó Ariel Corzo.En este contexto, Corzo aseveró que la decisión de retirar el pliego fue sin previa autorización de la Asamblea de Trabajadores afiliados a la USO, subdirectiva de oleoductos.“Sumado a eso hay una implementación de un esquema de turno en Cenit y en Ecopetrol de 12 horas diarias para los trabajadores, 10 días consecutivos de trabajo versus 9 descanso. Hay un sector y una fracción de la Junta de la entidad nacional del sindicato, donde está el presidente César Loza, que comparten ese esquema y otros que no lo compartimos porque no se está cumpliendo lo que determina la reforma laboral”, explicó Corzo.Todo esto, ha representado problemas internos dentro de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol, ya que integrantes de la junta directiva del gremio aseguran que el representante legal no puede tomarse atribuciones ni responsabilidades sin previa autorización de la Asamblea, aun cuando César Loza ha argumentado su posición.
"La manera más rápida de resolver el problema de gas en Colombia es haciendo fracking. En el Magdalena medio, en cuestión de 12 a 18 meses podríamos tener una producción muy interesante de fracking", aseguró el presidente de Geoopark, Felipe Bayón.Bayón citó, por ejemplo, su experiencia en el Permian, cuando fue ceo de Ecopetrol, un área de fracking en la que el proyecto llegó a producir unos 150.000 barriles equivalentes por día en apenas un año y medio.El tiempo es, por supuesto, una vez se tienen los permisos y licencias necesarios para la operación.El fracking en Colombia está suspendido por cuenta de decisiones del Gobierno nacional, pero al momento el Gobierno de Gustavo Petro no logró que el Congreso aprobara un proyecto de ley para prohibir la técnica formalmente. En las últimas semanas, varios de los precandidatos a la Presidencia para 2026 han mostrado una actitud más abierta hacia el fracking en medio del agotamiento de reservas en Colombia, que está llevando a que el país importe cada vez más gas natural.Argentina pasó por una situación similar a mediados de los años 2000 y fue entonces cuando decidió apostar por el fracking y por Vaca Muerta."Licencias ambientales en Argentina, se demoran entre cuatro y seis meses, incluyendo las consultas con las comunidades. Argentina dijo como país, la energía es una prioridad estratégica, sin importar qué Gobierno sea, y todos han dicho es una absoluta prioridad estratégica", explicó BayónDe hecho, Geopark está analizando aterrizar en Vaca Muerta y desarrollar allí pozos de fracking. Una noticia que ya está siendo 'ambientada' por las autoridades de la región.Geopark estima una inversión para este año de entre 90 y 120 millones de dólares en los distintos países en los que opera.En Colombia, la compañía no puede acceder a nuevos contratos de exploración debido a la política del Gobierno nacional que explícitamente frenó esa posibilidad desde 2022.
El proyecto de ley por medio del cual se busca prohibir el fracking en Colombia se radicó este martes en el Congreso. La ministra de Ambiente, Lena Estrada, presentó la iniciativa en la presidencia de la Cámara de Representantes. Además, confirmó que habrá mensaje de urgencia para el proyecto.“Hoy inicia el proceso de agendamiento y también vamos a emitir un mensaje de urgencia pero también queremos agradecer al movimiento que tenemos en Colombia Alianza Social Libre de Fracking”, señaló la ministra de Ambiente.Esta iniciativa ha sido presentada en seis ocasiones diferentes en el Congreso y siempre se ha hundido, en este Gobierno, se ha presentado tres veces el proyecto.“El proyecto de ley contra el fracking, está respaldado por evidencia técnica y científica que advierte sobre los efectos del fracking, entre ellos: contaminación del agua, aire y suelos, con riesgos para la salud de las personas; consumo excesivo de agua, un solo pozo puede usar hasta 15 piscinas olímpicas de agua; contaminación de ríos y acuíferos con productos químicos tóxicos; generación de residuos peligrosos, algunos con presencia de materiales radiactivos; afectaciones a la agricultura, la ganadería y la biodiversidad; emisión de gases contaminantes, como el metano, que agravan el cambio climático, entre otros”, señalaron desde el Ministerio de Ambiente.El proyecto iniciará su trámite en la comisión quinta de la Cámara de Representantes.“Esta iniciativa representa un paso decisivo para proteger los territorios, especialmente aquellos donde podrían desarrollarse estas actividades que implican fracturar el suelo con agua a alta presión mezclada con químicos, generando impactos ambientales y sociales irreversibles".
La ministra de Ambiente, Lena Estrada, aseguró que el Gobierno buscar "darle prioridad a la vida" con un proyecto de ley con el que se pretende prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia. Durante una entrevista en Mañanas Blu, la funcionaria explicó que esta decisión no es solo una apuesta del Ejecutivo, sino también una demanda social que lleva años gestándose desde los territorios.“Esta ley va a prohibir totalmente el fracking, pero hay que entender que no es solo una apuesta del Gobierno. La propuesta también ha nacido de los sectores sociales, de los territorios”, afirmó Estrada, quien alertó sobre el riesgo ambiental y humano que implica esta técnica de extracción de hidrocarburos, señalando también que “el fracking pone en riesgo el agua" por lo que prohibirlo o no "es entonces definir entre gas y agua”.La ministra explicó que cada pozo de fracking utiliza el equivalente a 15 piscinas olímpicas de agua, un volumen que puede afectar de manera crítica los ecosistemas: “El impacto del fracking sobre la biodiversidad es irreversible. Hay que darle prioridad a la vida, humana y animal”, agregó.También hizo énfasis en la necesidad de proteger humedales, hábitats naturales y a las comunidades que habitan las zonas donde se realizan estas actividades extractivas: “Necesitamos conservar nuestros hábitats, los humedales, y también los derechos de los pueblos y comunidades”, señaló.Según Estrada, la decisión de presentar el proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking en Colombia está sustentada en evidencia científica. Mencionó estudios realizados por la Universidad Nacional que advierten sobre los residuos tóxicos y radioactivos que deja el fracking en el subsuelo: “Se han hecho pruebas, hay experiencias, y los reportes son científicos. Los desechos del fracking son una evidencia”, afirmó al respecto.Finalmente, la ministra recordó que el país ya trabaja en el desarrollo de energías alternativas, como la solar, en el camino hacia una transición justa y sostenible.
El director ejecutivo de Prosantander, Juan Pablo Remolina, advirtió sobre los problemas de inversión que ha enfrentado el departamento de Santander debido a las decisiones del Gobierno Nacional de suspender el fracking y establecer una zona de reserva temporal en el macizo occidental de Santurbán. Según Remolina, estas medidas han tenido consecuencias económicas significativas para la región y el país.“Las decisiones son muy graves para el departamento, para el país. Están hablando que eso tiene un costo alrededor de 8% del PIB. Si ustedes ven el crecimiento de Santander en los últimos diez años, vemos que nos hemos estancado un promedio de 1.8% de crecimiento, mientras que el Gobierno Nacional está creciendo a 2.5%”, afirmó Remolina.Según el director de Prosantander, la pobreza en el departamento se mantiene en el 30%, lo que hace urgente la llegada de nuevos recursos e inversiones responsables. Resaltó que la exploración de hidrocarburos debería hacerse con técnicas que garanticen la protección ambiental y social.“Lo que no podemos dejar de hacer es conversar del tema. Es decir, miremos alternativas. ¿Cómo logramos que esto se haga de la manera más sostenible? Ojo, social y ambientalmente”, agregó.Entre las principales preocupaciones, Remolina señaló que Colombia y Santander atraviesan una crisis fiscal y energética. A nivel nacional, el déficit fiscal sigue en aumento, mientras que a nivel departamental, las regalías se han reducido en un 15%, lo que equivale a 80.000 millones de pesos menos para Santander. En materia energética, los ciudadanos y empresas han experimentado un incremento en la factura del gas, además de una significativa reducción en las reservas de petróleo y gas.“Estamos importando gas cuando tenemos abundancia de recursos naturales en el Magdalena Medio y Santander. Entonces, la pregunta es ¿por qué estamos importando gas si tenemos abundancia y además estamos generando mayor contaminación? De hecho, producir un barril de petróleo con técnicas convencionales genera cerca de ocho veces más emisiones de gases de efecto invernadero que a través de yacimientos no convencionales, como el fracking”, explicó.El líder gremial también se refirió a la experiencia internacional, destacando que países como Estados Unidos y Argentina han incrementado su producción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales.“Ecopetrol lo está haciendo en el Permian, en Estados Unidos. Vemos cómo Argentina ha aumentado significativamente la producción de yacimientos no convencionales, Estados Unidos también, incluso bajo el liderazgo del expresidente Obama. Es decir, los diferentes países lo están haciendo y nosotros estamos contaminando más, generando más carga a los hogares y tenemos amplias necesidades. Uno de cada tres colombianos está en situación de pobreza monetaria”, concluyó.
Con fiscales, investigadores del CTI y canales de denuncia habilitados las 24 horas, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha un plan institucional para acompañar y vigilar el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Santander.La estrategia contempla la presencia permanente de fiscales seccionales y locales, así como de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes trabajarán de manera ininterrumpida desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio para atender cualquier situación relacionada con delitos electorales.Según la entidad, el despliegue tendrá cobertura en los 87 municipios del departamento, aunque se reforzará especialmente en Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca y Cimitarra, localidades que aparecen con niveles de riesgo electoral alto y muy alto dentro de los análisis realizados por las autoridades.La Fiscalía también anunció que mantendrá habilitados los Centros de Atención a Víctimas (CAV) de Bucaramanga y Floridablanca para recibir denuncias de manera presencial antes, durante y después de la jornada electoral.A esto se suman las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, que prestarán atención las 24 horas para responder a cualquier hecho que pueda afectar la transparencia de los comicios.Los ciudadanos también podrán reportar irregularidades a través de los canales virtuales de la Fiscalía, así como mediante la línea gratuita nacional 01 8000 9197 48, la línea 122 desde celulares y el 157, habilitado por la Policía Nacional para denuncias relacionadas con corrupción.Con este operativo, las autoridades buscan garantizar una respuesta rápida ante posibles delitos electorales y fortalecer la transparencia durante la jornada democrática en Santander.
Aunque en Cali y todo el Valle del Cauca el dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo ya está activo con el despliegue de 17.000 miembros de la Fuerza Pública, la ciudadanía también se encuentra a la expectativa de qué sucederá tras conocer los resultados y las reacciones que puedan generarse en algunos sectores.Por esta razón, las autoridades han hecho un llamado al respeto y la responsabilidad, evitando posibles alteraciones al orden público, especialmente en Cali, para lograr la garantía del derecho a la democracia y la tranquilidad de los habitantes de la capital vallecaucana."El Valle del Cauca merece unas elecciones en paz. Y desde hoy debemos asumir un compromiso común: cualquiera que sea el resultado expresado por los ciudadanos en las urnas, debe ser respetado como principio fundamental de la democracia. El respaldo institucional y la presencia de nuestras autoridades estarán al servicio de la protección de la democracia y la convivencia", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.Del total de hombres de la fuerza pública dispuestos para garantizar la seguridad en el Valle del Cauca durante las elecciones, cerca de 3.300 se desplegarán en la ciudad de Cali. Por otra parte, hay que recordar que la ley seca y la prohibición de trasteos y el transporte de escombros en la capital vallecaucana inicia este sábado a las 6:00 de la tarde."Quienes han participado o tenido incidencia en hechos de violencia y otras alteraciones del orden público, y también a quienes hoy creen en la reconciliación y la transformación, que este domingo sea una oportunidad real de construir un nuevo mensaje para nuestro departamento", finalizó la mandataria.
A través de un comunicado, la organización aseguró que esta coyuntura representa una oportunidad para retomar una discusión que, según afirma, la comunidad científica ha impulsado desde hace años: la necesidad de establecer reglas más claras sobre quiénes pueden realizar procedimientos quirúrgicos estéticos y bajo qué condiciones deben llevarse a cabo.La SCCP explicó que ha participado técnicamente en distintas iniciativas legislativas relacionadas con la regulación de estos procedimientos. De acuerdo con el gremio, en los últimos años se han presentado al menos cinco proyectos de ley sobre el tema en el Congreso, aunque ninguno logró convertirse en ley.Sin embargo, esas discusiones permitieron identificar vacíos y retos en materia de formación del personal médico, vigilancia sanitaria, habilitación de servicios de salud y control frente al ejercicio ilegal de la medicina.Otro de los puntos que preocupa al sector es la creciente promoción de procedimientos estéticos a través de redes sociales y plataformas digitales, donde, según la organización, no siempre existe información clara ni verificada para los pacientes.Por ello, insistieron en que las personas deben contar con información suficiente antes de tomar decisiones relacionadas con su salud y someterse a procedimientos quirúrgicos.La presidenta de la SCCP, la doctora Damaris Romero Chamorro, reiteró que la prioridad debe ser la seguridad de los pacientes y expresó la disposición del gremio para acompañar futuras discusiones legislativas que permitan establecer mayores garantías en el sector.La organización subrayó además que en Colombia no existe una especialidad médica reconocida como “cirugía estética”. Según explicó, la especialidad avalada formalmente es la cirugía plástica estética y reconstructiva, cuya práctica requiere formación académica especializada y entrenamiento quirúrgico certificado.En el comunicado, la SCCP también puso a disposición del Gobierno, el Congreso y las autoridades sanitarias su experiencia técnica y científica para contribuir a la construcción de una regulación que fortalezca la calidad de la atención médica, promueva el ejercicio ético de la medicina y reduzca los riesgos para los pacientes.
La Fiscalía General de la Nación informó recientemente que luego de presentar diferentes pruebas, un juez de conocimiento condenó a 40 años y 1 mes de cárcel a Robeth Javier Aquin Querales por la agresión sexual en contra de una menor de edad de 15 años.Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero de 2026 cuando en una vivienda del municipio de Girardota, Aquin Querales ingresó de manera violenta a la casa de la menor de edad y allí la amenazó de muerte con un cuchillo.Según la investigación realizada por las autoridades correspondientes, el agresor abusó sexualmente de la niña de 15 años en varias oportunidades no sin antes reiterar las amenazas cuando la menor de edad intentaba resistir.La información que se ha podido conocer es que Aquin Querales momentos después de la abuso sexual, el hombre fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuando se intentaba ocultar en un tanque de almacenamiento de agua.Durante la audiencia de formulación de acusación, Aquin Querales de 24 años y nacionalidad venezolana aceptó los cargos y fue sentenciado a prisión por los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y fuga de presos.
Más allá de los territorios en los que las autoridades han identificado riesgos para la jornada electoral de este domingo, las autoridades tienen su mirada en los municipios que recientemente fueron objeto de hechos violentos.Para el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, la mayor garantía de seguridad para las elecciones es la presencia de la Fuerza Pública, aunque sea una realidad que los criminales se mezclan entre la población civil y es difícil identificarlos. Por ello, Martínez indicó que hay especial atención en Briceño, en zonas como el corregimiento de Travesías, Las Auras, Pueblo Nuevo y Anorí, donde ha habido amenazas y desplazamientos, pero hay presencia de Ejército y Policía para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad."Hablamos de riesgo porque hay presencia de narcotraficantes en esas zonas. Pero otro que yo diría que es de mucho cuidado el domingo es Anorí y su zona rural. Porque también estos días ha tenido amenazas, han hecho desplazar algunas personas, ha estado un poco activo, parecido a Briceño", manifestó el funcionario.Frente a otros municipios donde recientemente se señaló que podría haber constreñimiento de ilegales contra campesinos para que se carneticen y voten por cierto candidato, como Ituango y Yondó, las autoridades reiteraron que no han recibido denuncias, pero reconocieron que puede estar ocurriendo. Así las cosas, Martínez destacó que aunque hay riesgo en 21 municipios, la fuerza pública tomó cartas en el asunto y no se van a materializar estas amenazas."Las comunidades rurales, muy seguramente, han sido coaccionadas por estos grupos armados ilegales, porque hacen presencia en el territorio, o estarán incidiendo porque se vote por uno u otro candidato. Pero es que una cosa es lo que ellos le digan al campesino y otra cosa es lo que ese ciudadano rural ejerza al momento de llegar a la mesa de votación. Ahí hay Fuerza Pública", indicó Martínez.Sobre Briceño hay que recordar que tras el asesinato del periodista Mateo Pérez se vienen adelantando operativos por parte de la fuerza pública, donde incluso un menor de edad reclutado por las disidencias fue asesinado, además de otra mujer parte de ese grupo, y quedaron heridos alias 'Chalá' y alias 'Mono Viejo', a los que las autoridades le siguen la pista.Esta semana, además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Equipo Local de Coordinación de Antioquia advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en esa localidad del Norte del departamento, por cuenta de la persistencia de la confrontación entre grupos armados, que se disputan corredores estratégicos para el manejo de economías ilícitas como la minería ilegal.