Luego de que la audiencia haya sido aplazada en dos ocasiones, la Fiscalía le imputó cargos a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo; a la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, y a Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, como coautores de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos, entre los que se encuentra uno por un valor de 23.000 millones para la entrega de paquetes alimentarios a los niños y las madres gestantes de Buen Comienzo, en 2020.
Según la fiscal 49, Ana Delia Amaya, Agudelo que es la ordenadora del gasto y Lina María Gil, directora técnica del programa, habrían omitido varios requisitos legales de la función pública para favorecer a la Corporación Colombia Avanza, además habrían establecido como requisito que el proponente tenía que acreditar que hace parte del banco de oferentes del Icbf, y solo se lo informaron a ellos, con el agravante de que obtuvieron la peor calificación.
"Destaca la Fiscalía General de la Nación que solo el 30 de diciembre del 2019, es decir dos meses antes de esta contratación directa, Colombia Avanza habría obtenido dicha acreditación con el Icbf, y de acuerdo con la evaluación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad obtuvo el menor rango de calificación en cuanto a la capacidad operativa y financiera. Esto es el rango 1 que limitaba su capacidad para celebrar contratos con el Icbf en cuantía superior a 800 salarios mínimos legales vigentes", afirmó la fiscal.
La fiscal también agregó que al ser un contrato que consiste en el suministro de alimentos, este no debió haber sido contratado de forma directa ni su objeto centrarse en una prestación de servicios. De igual forma afirmó que tienen pruebas que sustentan los sobrecosto por 1.300 millones de pesos.
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"En la construcción del presupuesto se tuvo en cuenta valores detal de los productos, no valores al por mayor, atendiendo la cuantía del contrato" agregó la fiscal Ana Delia Maya.
Luego de escuchar la imputación por parte de la Fiscalía por más de una hora, los implicados no aceptaron los cargos. Ahora lo que se viene es la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía, en la audiencia que quedó programada para el lunes 13 de febrero, a las 2:30 de la tarde.
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