La Vicerrectoría de la Universidad Nacional confirmó el pasado domingo 15 de febrero que llegaron más de 700 personas a la Ciudad Universitaria; estas habrían arribado en 17 buses hacia las 7:00 de la mañana.De acuerdo con lo revelado, en los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Ante ello, la solicitud para alojarse dentro del campus fue denegada, al declarar que la Universidad no cuenta con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas en sus instalaciones.Los consejos comunitarios y la guardia indígena salieron a las calles este lunes; se ha reportado que se tomaron entidades como la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación, el DANE, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Consejos comunitarios se tomaron la ciudadDe acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones impulsadas por ACONC iniciaron en horas de la mañana del lunes 16 de febrero, lo que ha generado afectaciones en varios puntos de la capital.Algunos manifestantes se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la ANT, lo que ha impedido la evacuación de las personas que se encuentran en el interior del recinto.De hecho, varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial revelaron que integrantes de las comunidades indígenas habrían bloqueado puertas para impedir el acceso y la salida de la sede judicial en Bogotá: "La guardia afro nos tiene secuestrados en los juzgados administrativos".Ante eso, las autoridades han realizado trabajos de sensibilización para evitar bloqueos en los accesos; aunque los voceros han señalado que no quieren apoyo de entidades distritales, sino que requieren la presencia de entidades del orden nacional.Por su parte, en la Universidad Nacional todavía se mantiene el monitoreo preventivo en la parte externa del edificio Uriel Gutiérrez, aunque no se evidencian aglomeraciones ni situaciones que puedan representar afectaciones a la movilidad.En la carrera 30 con calle 26 también se adelantan monitoreos preventivos, pero hacia las 11 de la mañana no se registraban concentraciones ni novedades que afectaran la movilidad.
Una escena de violencia generó alarma en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde un grupo de hombres armados con cuchillos de gran tamaño protagonizó una riña en vía pública, según confirmaron las autoridades, por una gorra. El hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, quedó registrado en video y muestra momentos de tensión entre varias personas en plena calle 45 con carrera 13.En las imágenes se observa a varios hombres intimidando a otros ciudadanos con armas blancas de gran tamaño. Incluso, en uno de los momentos más impactantes, uno de los implicados golpea su cuchillo contra el suelo, generando chispas, mientras otro aparece con sangre visible en su ropa, lo que aumentó la preocupación entre quienes presenciaron el altercado.El video también muestra la reacción de una mujer que atendía un puesto de comida en el sector, quien intervino con un palo al notar que, al parecer, intentaban agredir a un hombre que había tropezado y caído al suelo. La escena ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de presencia de autoridades en una zona concurrida de la ciudad.Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho sí ocurrió y que, según las primeras versiones, se trató de una discusión entre personas que estaban en el lugar. Sin embargo, indicó que no hay reportes oficiales de personas lesionadas ni fallecidas, pese a que en el video se observan individuos con aparentes heridas y manchas de sangre.
Luego de varios intentos y años de espera que tenía a la comunidad cansada, finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que iniciaron las obras de uno de los puentes que daría alivio al norte de Bogotá.El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que esta vez el proyecto del puente peatonal de la calle 112 con carrera novena, en la localidad de Usaquén finalmente tiene luz verde a iniciarán sus obras correspondientes.Puente de la calle 112: ¿cuándo será entregado?La obra que hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y beneficiara a más de 76.000 personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.El nuevo puente será una estructura metálica de 223,5 metros de longitud y tres metros de ancho, obras que contará con:Rampas en ambos costados.Escaleras en el costado oriental.Un gálibo entre 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo.La inversión del proyecto supera los 24.000 millones de pesos y el responsable de llevarlo a cabo será el Consorcio Puente Epsilon, con interventoría del Consorcio InterBogotá CPG.Ahora bien, las obras iniciaran con actividades de descapote, tratamientos silviculturales, demolición de pilotes y carpeta asfálticas esxistentes, además de la instalación de redes de alcantarillado y de acueducto adecuado a la obra, por lo que, se espera que de cumplir el cronograma de manera adecuada, la obra estaría en servicio en el año 2027.¿Por que se ha demorado la obra? Tropiezos desde el 2020El puente tiene una historia de tropiezos, pues inicialmente fue adjudicado en marzo de 2020 y debía ser entregado en 2021. Sin embargo, el primer contratista no cumplió con la obra. Luego fue cedido en 2022 y el responsable tampoco concluyó el proyecto en 2023.El IDU sancionó económicamente a las empresas y declaró la caducidad del contrato y tomó posesión de la obra en 2023, pero para ese año, una licitación fue declarada desierta por falta de oferentes.Para octubre de 2024, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán adjudicó nuevamente el proyecto. Ahora, tras la etapa de preconstrucción en 2025, finalmente la fase constructiva arrancó en enero de 2026.Con esto se busca finalmente cumplirle a los bogotanos que día a día se enfrentan a afectaciones en la movilidad debido a los múltiples frentes de obras que se presentan en la ciudad, ahora los vecinos de la calle 112, esperan que tras más de 5 años de espera, finalmente el proyecto se logre concretar.
La noche del 11 de febrero, un ataque armado en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, dejó dos personas muertas: el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el hecho fue un crimen “totalmente planeado” y ejecutado con seguimiento previo a las víctimas. El ataque ocurrió en inmediaciones de un gimnasio del sector, una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.Las autoridades informaron que el sicario vestía traje y corbata para pasar desapercibido y permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar antes de disparar. Según las imágenes recopiladas por cámaras de seguridad, el hombre habría recibido una llamada segundos antes de accionar el arma. Tras el doble homicidio, los responsables huyeron en motocicleta por la carrera Séptima, lo que activó un plan candado en la zona y un operativo de búsqueda apoyado en registros de video y testimonios.Aponte Fonnegra era reconocido en el sector agroindustrial como propietario de la marca Arroz Sonora y directivo de la empresa de empaques Flexo Spring. También lideraba la Fundación Aponte Rojas. Familiares del empresario aseguraron que no había reportado amenazas recientes y pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. "Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña, dos hijos cada uno con sus nietos. Gustavo Andrés, una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho, no tenía enemigos, no sé quién hizo esta maldad", afrimó el padre de la víctima en Noticias Caracol. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión, una problemática que, según el gremio arrocero, afecta de manera recurrente al sector. Representantes de esta actividad económica señalaron que los productores han estado históricamente expuestos a este tipo de presiones ilegales, especialmente en regiones donde operan estructuras armadas.De igual forma, se conoció que la víctima había sido secuestrada en la década de los años 90 por grupos guerrilleros, hecho que en su momento marcó su vida personal y empresarial. Este antecedente ahora hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los móviles del crimen.Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el ataque como “milimétricamente planeado” y señaló que equipos especializados de la Policía y la Fiscalía trabajan en la identificación de al menos cuatro personas que habrían participado en la acción criminal.
La Arquidiócesis de Bogotá difundió un mensaje con motivo del aniversario número 60 de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura que decidió militar en el ELN y que murió en 1966 en su primer combate.“La Iglesia ora por el eterno descanso del padre Camilo y ruega al Señor por el fin definitivo de toda forma de violencia en Colombia. Al mismo tiempo, nos exhorta a trabajar sin desfallecer por la justicia social” dijo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, en el comunicado titulado “El amor nos hace pasar de la muerte a la vida”. Esto con la necesidad de consolidar una paz estable y duradera.La Iglesia afirma en ese texto que la guerra y la violencia representan un fracaso humano y una herida persistente para la nación, también subraya el dolor de las familias afectadas por el conflicto y llama a trabajar por la justicia social dentro del marco del Estado Social de Derecho, además, invita a acoger el clamor de los sectores más vulnerables y a promover una sociedad más incluyente.El comunicado concluye reiterando que la reconciliación y la unidad nacional solo serán posibles si se supera la violencia por vías no armadas y si se fortalecen el diálogo y el respeto por la vida.Este pronunciamiento de la Iglesia se produce en un contexto marcado por nuevos avances en torno a la identificación de los restos óseos que podrían corresponder a Camilo Torres, sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aclaró que aún no hay resultados definitivos y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el proceso ha enfrentado limitaciones debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al ELN, en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente sobre el hallazgo de restos que podrían corresponderle.Aunque se cuenta con una muestra biológica orientadora, esta no ha permitido por sí sola establecer una identificación científica definitiva, por lo que se siguen adelantando estudios bajo estrictos criterios técnicos.Medicina Legal explicó también, que la identificación humana exige el vínculo de evidencia genética, antropológica y contextual, y anunció “un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
Tiendas D1 entregó 46.080 kg de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por la fuerte temporada de lluvias en el país. Esta representa una de las mayores donaciones individuales en esta fase inicial de atención, según informó la compañía desde Bogotá.De acuerdo con las autoridades, la emergencia invernal ha dejado más de 69.500 familias damnificadas en 16 departamentos y 104 municipios, con mayores afectaciones en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Chocó, La Guajira y Santander. Ante este panorama, se activó un corredor humanitario que articula a más de 24 donantes, 11 bancos de alimentos y una diócesis, con el objetivo de acelerar la llegada de ayudas a los territorios más afectados.La donación de Tiendas D1 estuvo compuesta por alimentos, productos de aseo e higiene personal y artículos de cuidado infantil, que serán distribuidos a través de su alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), red que se encarga de coordinar el acopio, el transporte y la entrega a las comunidades priorizadas.Para la compañía, la participación en este corredor humanitario hace parte de una estrategia de apoyo directo a las poblaciones más vulnerables en medio de la crisis climática. “Unirnos a este esfuerzo colectivo nos permite contribuir en una situación tan difícil que atraviesan varias regiones del país”, señaló Silvia Juliana Rueda, vicepresidenta de asuntos corporativos de la empresa.
Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
Las tropas del Batallón de Infantería de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir dos artefactos explosivos improvisados que fueron instalados en una vía terciaria de la vereda El Pescado en el municipio de Briceño.Lo que explica la fuerza pública es que en esta zona del Norte antioqueño se realizó este procedimiento que permitió neutralizar el accionar criminal del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que pretendían atentar contra la población civil.Además, el Ejército Nacional aseguró que la injerencia del frente 36 no solo afecta la tranquilidad de los pobladores, sino que también golpea fuertemente las operaciones militares para poder contrarrestar la disputa territorial de las disidencias de alias 'Calarcá, Clan de Golfo y ELN.Hay que mencionar que no es el único procedimiento que se hizo recientemente en esta zona de Antioquia, ya que se logró ubicar cuatro artefactos explosivos que fueron instalados a cerca de 500 metros del corregimiento Charcón de Liberia en el municipio de Anorí.Según mencionaron desde las Fuerzas Militares, los explosivos fueron destruidos de manera controlada luego de determinar que, al parecer, los elementos fueron instalados por integrantes del Frente Capitán Mauricio del ELN.Por ahora las autoridades a nivel departamental y la Fuerza Pública buscan fortalecer los operativos en esta zona para poder mitigar los posibles riesgos que se generan con este tipo de explosivos y que eventualmente pueden generar graves daños tanto en uniformados como en la misma población civil.
Este miércoles, 1 de octubre, se registraron manifestaciones propalestina al frente de la sede de la Andi en Bogotá, ubicada en la sede de Chapinero, tras los señalamientos que realizó el grupo Global Movement To Gaza al señalar a esta asociación tiene "vínculos directos con la misión económica de Israel en Colombia", como publicaron en la red social X.En esa misma publicación, el grupo de activistas propalestino en Colombia, con una foto de las dos activistas colombianas detenidas este miércoles por las fuerzas militares de Israel, invitaron a los ciudadanos a movilizarse y manifestar su rechazo por estas detenciones en las sedes de la Andi en todo el país.Ante este llamado, algunas personas se concentraron en las oficinas de la asociación en la capital, generando inconvenientes de movilidad en el sector.Sin embargo, en la noche se presentó alteración al orden público por cuenta de unas personas que estaban en esta manifestación y empezaron a arrojar ladrillos a la sede de la Andi, por lo que las autoridades tuvieron que actuar para evitar más hechos de vandalismo.¿Qué dice la Andi?El el gremio de los empresarios emitió un comunicado rechazando las acusaciones del movimiento propalestina y definiendo su postura."La Andi siempre ha propendido por impulsar alianzas comerciales para la Andi siempre ha propendido por impulsar alianzas comerciales para diversificar exportaciones con distintos mercados. No se trata de cercanías ideológicas, se trata de relaciones económicas que afectan a los trabajadores, emprendedores y sus familias", dice el comunicado.
La incertidumbre frente a la realización de conciertos en el nuevo escenario de Bogotá, Vive Claro, sigue en su punto máximo después de que este 1 de octubre, la Secretaría de Gobierno negara, en primera instancia, llevar a cabo el show de la banda Guns and Roses programado para el próximo 7 de octubre.La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) ha intentado hacer seguimiento a la revisión de las condiciones estructurales y de seguridad de este escenario. Ante la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, la SCI solicitó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) acceso completo y oficial a los documentos técnicos que certifican la estabilidad estructural del montaje.En la carta dirigida al director del Idiger, ingeniero Guillermo Escobar Castro, la SCI reitera pedidos que ya había formulado anteriormente, pero que, según afirma, aún no han sido atendidos con suficiencia.Entre la información requerida se encuentran los conceptos técnicos emitidos por el Idiger los días 4, 20 de agosto y 5 de septiembre de 2025, así como todas las anexos asociados a esos pronunciamientos.La SCI pide revisar de manera detallada los diseños de cálculos estructurales, los estudios de suelos y las modificaciones realizadas al escenario, haciendo énfasis en elementos críticos como diagonales, anclajes, uniones y conexiones.También exige conocer los controles de supervisión de obra y los conceptos técnicos de los ingenieros que autorizaron el uso del escenario para los conciertos realizados el 27 de julio, con aforo medio y el 24 de agosto con la presentación de Green Day y alrededor de 40.000 asistentes.En un comunicado, emitido este 1 de octubre, la entidad también reiteró su llamado al Distrito y advirtió que, dado que se ha mencionado la posibilidad de mantener el escenario instalado durante 5, 10 e incluso 15 años, ya no se trata solo de una estructura temporal, sino de un posible equipamiento permanente, lo cual exige controles mucho más rigurosos.“La seguridad de los ciudadanos debe estar plenamente garantizada”, enfatizó el comunicado.El pasado 14 de julio, esta organización ya había solicitado revisar a fondo "las condiciones de diseño, funcionamiento y seguridad que deben respaldar la operación del lugar".De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, todavía están pendientes por entregar, de parte de los organizadores, los conceptos del Idiger, Bomberos, Secretaría de Movilidad y de la Policía Metropolitana de Bogotá, antes de aprobar la realización del concierto de Guns and Roses.
Un fuerte accidente de tránsito protagonizado por dos repartidores de plataformas de domicilios se volvió viral en las últimas horas, luego de que se difundiera en redes sociales el video del instante en que las motocicletas colisionan violentamente en una concurrida intersección del norte de Bogotá.El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, que rápidamente generaron impacto entre los internautas, se observa cómo los dos motociclistas llegan a gran velocidad a un cruce y, en cuestión de segundos, terminan chocando de frente. El fuerte impacto los lanza varios metros, quedando tendidos en la vía junto a un vehículo que frenó de inmediato para evitar una tragedia mayor.La grabación fue difundida inicialmente por la cuenta de X (antes Twitter) @ColombiaOscura, y en ella se evidencia que uno de los conductores portaba un cajón de la plataforma Didi Food, mientras que el otro llevaba el característico maletín de Rappi. #IMPRESIONANTE 🚨 Un domiciliario de Rappi y otro de Didi, protagonizaron un aparatoso accidente en el b/San Patricio, loc/Usaquén (Bogotá), el pasado domingo 28SEP. En video captado por cam/seguridad de establecimiento cercano, registró el momento del impacto siendo las 9:14PM. pic.twitter.com/JX2WC7i1Rc— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 30, 2025 Esto permitió identificar que los involucrados eran domiciliarios que se encontraban en servicio al momento del siniestro.De acuerdo con lo que se puede apreciar en el video, la colisión se produjo porque ninguno de los motociclistas redujo la velocidad ni respetó la señal de ‘pare’ ubicada en la intersección. Testigos aseguraron que tras el choque se vivieron minutos de angustia, pues los heridos gritaban pidiendo auxilio mientras varios transeúntes y conductores intentaban socorrerlos.Aunque el video se corta después del impacto, señalaron que los dos domiciliarios fueron trasladados a un centro asistencial con heridas de consideración. Hasta ahora, ni Rappi ni Didi Food han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.Este nuevo caso revive la preocupación por la seguridad vial en la capital, especialmente entre quienes trabajan como repartidores, un oficio que a diario enfrenta largas jornadas, presión por las entregas y los riesgos de movilizarse en medio del tráfico bogotano.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revisar con detalle el trámite de prórroga de la concesión de agua que, desde hace más de 40 años, tiene la empresa Coca-Cola en el municipio de La Calera.La ministra encargada, Irene Vélez Torres, explicó que, si bien es la CAR la entidad que tiene la competencia para autorizar o prorrogar este tipo de permisos, el Ministerio está en la obligación de vigilar que las decisiones se ajusten a la ley y protejan el agua como un bien común y un derecho fundamental.La funcionaria recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, las concesiones de agua solo pueden extenderse en el último año de su vigencia y siempre debe priorizarse el acceso de la población al recurso antes que cualquier uso industrial.En este caso, señaló que no puede hablarse de una prórroga automática sin un análisis técnico que tome en cuenta los antecedentes de la concesión, los procesos sancionatorios que estén en curso, los efectos del cambio climático y las preocupaciones manifestadas por la ciudadanía en espacios de participación.Para avanzar en la revisión, el Ministerio convocó a una mesa técnica este viernes 3 de octubre y a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR, en la que se deberá presentar información sobre el estado actual del trámite, la posibilidad de iniciar un nuevo proceso en lugar de extender el permiso, la forma en que se recogieron las observaciones ciudadanas y los estudios técnicos y jurídicos que respaldan la decisión.
La persecución policial que atravesó varias avenidas de occidente en Bogotá terminó con la captura de dos integrantes de la banda conocida como los del BMW, señalados de protagonizar al menos cuatro robos de vehículos en la capital. Uno de los detenidos es un adulto, mientras que el otro es un adolescente con antecedentes por hurto.El último golpe de la estructura ocurrió en el barrio La Estrada, donde los delincuentes abordaron a un ciudadano y, bajo amenazas con un revólver modificado, le arrebataron su vehículo. La víctima no se quedó quieta, ya que siguió a los ladrones a distancia y alertó de inmediato a la Policía, lo que permitió activar un plan candado en la localidad de Fontibón.La persecución avanzó hasta la avenida Ciudad de Cali con avenida La Esperanza, donde los uniformados interceptaron la camioneta en medio de un cruce de disparos. En el operativo se incautó el arma de fuego con la que habrían intimidado a las víctimas y se descubrió que el vehículo en el que se desplazaban había sido robado semanas atrás en otra localidad de Bogotá, además de portar placas falsas.Las autoridades confirmaron que esa misma camioneta había sido usada el 24 de septiembre para hurtar otro automotor en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy. Con estas pruebas, la Fiscalía asumió el caso y definirá la situación judicial de los capturados.
Por años, lo que ocurría en el antiguo Bronx, en el centro de Bogotá, fue visto como una leyenda urbana. Muchas personas creían que eran historias usadas para asustar y evitar que ingresaran a ese lugar; y es que esos relatos de torturas, asesinatos y prácticas inimaginables eran rumores difíciles de comprobar. Sin embargo, luego de la intervención del 28 de mayo de 2016, varias de esas versiones dejaron de ser un mito para convertirse en realidad.Entre los testimonios más desgarradores está el de Óscar Rosas, quien afirmó para Los Informantes que fue obligado a cocinar carne humana para los ‘Sayayines’.Rosas pasó de ser un chef con proyección internacional a convertirse en habitante de calle. Su relato reconstruye un descenso marcado por el consumo de drogas desde los 13 años, su paso por restaurantes de prestigio en Estados Unidos, Brasil, Italia y Holanda, y un regreso a Colombia con la intención fallida de cambiar de vida.“Era un problema para mi familia. Yo empecé a consumir a los 13 años”, recordó. Su madre le pidió que se fuera del país para cambiar, pero conoció la heroína y la espiral se profundizó.¿Cómo llegó al Bronx y a los ‘Sayayines’?Cuando regresó a Colombia, Óscar quiso empezar de nuevo, pero las cosas no salieron como esperaba. “Llegué a Bogotá porque quería comprar una finca en Tenjo, formar mi familia, dejar las drogas. Solo iba a fumar marihuana”, relató. La idea no duró mucho y terminó consumiendo en el barrio Santa Fe y luego en el Bronx.Para sostener su consumo, empezó limpiando calles, luego vendiendo y pesando droga. Su talento en la cocina despertó interés entre los ‘Sayayines’. “Yo les cocinaba para la novia, cuando nació el hijo, en fiestas privadas”, explicó.El relato dio un giro más crudo cuando habló del lugar donde estuvo encerrado tres años. Describe el momento en que entendió lo que preparaba: “Saco lo que está en la bolsa de cuero, la extiendo. Cojo el ajo, la cebolla, miro bien la carne y era un cuerpo humano completo, sin pies, sin cabeza, sin manos, sin huesos”. Aunque intentó negarse, recibió amenazas. “No solo lo va a cocinar, lo va a probar y se lo va a comer, o si no, nos lo comemos a usted”.Lo que hallaron las autoridades en el BronxEl operativo de 2016 contó con 2.500 uniformados, según reveló Julián Quintana, agente encubierto que alertó sobre desmembramientos para alimentar a habitantes de calle.La intervención también dejó al descubierto túneles, casas clandestinas y redes de explotación sexual. Aunque el relato de Rosas generó dudas al inicio, los hallazgos confirmaron que allí operaban estructuras criminales con altos niveles de violencia.Rosas logró salir luego de intentar quitarse la vida. “Me declararon loco, porque decía que yo comía gente. Decían que fue una mala traba”, contó. Hoy vive en Santander, junto a su esposa, y lidera una fundación para ayudar a personas con adicciones.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
La muerte de Erika Jimena Moreno, una joven trabajadora de 22 años, es materia de investigación en Tunja, Boyacá, luego de que su cuerpo fuera hallado en el apartamento donde residía con su pareja sentimental. Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2025, día en que, según el relato de su padre en entrevista con En Privado Podcast, Faustino Moreno, fue vista con vida por última vez. Don Faustino recordó así esa mañana: "Se baña, se arregla, se peina, se pone bonita y se va... me dice: 'Papá, présteme para el transporte que no tengo'". Tras entregarle 5.000 pesos, la despidió sin imaginar que sería el último contacto.De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, la joven ingresó a su apartamento hacia las 5:00 p.m., “feliz con una bolsa”, y desde ese momento no volvió a ser vista saliendo del lugar. La Fiscalía investiga lo ocurrido dentro de la vivienda durante los seis días siguientes, periodo en el que, presuntamente, su pareja, Walter Camilo Medina Rojas, habría acabado con su vida el mismo 29 de diciembre y permanecido en el inmueble.El padre de la víctima aseguró que el señalado responsable continuó con su rutina habitual mientras el cuerpo permanecía en el apartamento. "Convivía con el cuerpo así normal como si nada, la gente lo veía, él comía delante del cuerpo", relató. Además, indicó que durante esos días el hombre habría utilizado el celular de Erika para enviar mensajes y evitar sospechas. "Él se hacía pasar por ella... pero la forma como escribe, la forma como devuelve los mensajes no son de ella", explicó.El hallazgo se produjo el domingo 4 de enero, hacia las 6:30 p.m., cuando Faustino acudió al apartamento acompañado de la Policía ante la falta de respuestas claras. "En ese momento es cuando yo encuentro el cuerpo de mi hija... yo veo que son las zapatillas de ella porque es que ya está envuelta", narró. Según su testimonio, el cuerpo estaba en el suelo, cubierto con sábanas y cobijas. "La veo muy gorda... de tanto tiempo que ya llevaba el cuerpo se hincha, se inflama... yo sabía, dije: 'es mi hija'", agregó.Las autoridades informaron que Medina Rojas fue captado por cámaras de seguridad saliendo del lugar “con una maleta y un casco” antes de la llegada de la familia. Posteriormente fue capturado en Bogotá ocho días después. En audiencias preliminares, según el padre de la joven, se mostró "muy relajado, muy tranquilo como si nada" y hasta ahora "no acepta cargos".Mientras avanza el proceso judicial, Faustino pidió una condena ejemplar. "Yo le pido a las autoridades que pague por lo que hizo para que sea un ejemplo para Colombia... que haya ley, por favor, que se pague todo lo que hizo como debe ser", expresó.
La Vicerrectoría de la Universidad Nacional informó que llegaron alrededor de 750 personas a la Ciudad Universitaria en 17 buses, aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este domingo 15 de febrero. En los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Aunque la solicitud para alojarse dentro del campus no fue autorizada, las y los manifestantes ingresaron de manera pacífica y se instalaron en la Concha Acústica. Ante esta situación, la vicerrectora, Carolina Jiménez, estableció contacto con las vocerías de la movilización social, activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) nacional y distrital, con el apoyo de las entidades competentes. La primera sesión del PMU se realizará a las 11:00 de la mañana.Los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y de Educación Superior informaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización para presentar exigencias ante el Gobierno nacional. La Universidad reiteró que sus instalaciones no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencia no están diseñados para atender este tipo de situaciones.Las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad, excepto las actividades deportivas en la Concha Acústica, que fueron suspendidas.