La Vicerrectoría de la Universidad Nacional confirmó el pasado domingo 15 de febrero que llegaron más de 700 personas a la Ciudad Universitaria; estas habrían arribado en 17 buses hacia las 7:00 de la mañana.De acuerdo con lo revelado, en los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Ante ello, la solicitud para alojarse dentro del campus fue denegada, al declarar que la Universidad no cuenta con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas en sus instalaciones.Los consejos comunitarios y la guardia indígena salieron a las calles este lunes; se ha reportado que se tomaron entidades como la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación, el DANE, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Consejos comunitarios se tomaron la ciudadDe acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones impulsadas por ACONC iniciaron en horas de la mañana del lunes 16 de febrero, lo que ha generado afectaciones en varios puntos de la capital.Algunos manifestantes se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la ANT, lo que ha impedido la evacuación de las personas que se encuentran en el interior del recinto.De hecho, varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial revelaron que integrantes de las comunidades indígenas habrían bloqueado puertas para impedir el acceso y la salida de la sede judicial en Bogotá: "La guardia afro nos tiene secuestrados en los juzgados administrativos".Ante eso, las autoridades han realizado trabajos de sensibilización para evitar bloqueos en los accesos; aunque los voceros han señalado que no quieren apoyo de entidades distritales, sino que requieren la presencia de entidades del orden nacional.Por su parte, en la Universidad Nacional todavía se mantiene el monitoreo preventivo en la parte externa del edificio Uriel Gutiérrez, aunque no se evidencian aglomeraciones ni situaciones que puedan representar afectaciones a la movilidad.En la carrera 30 con calle 26 también se adelantan monitoreos preventivos, pero hacia las 11 de la mañana no se registraban concentraciones ni novedades que afectaran la movilidad.
Una escena de violencia generó alarma en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde un grupo de hombres armados con cuchillos de gran tamaño protagonizó una riña en vía pública, según confirmaron las autoridades, por una gorra. El hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, quedó registrado en video y muestra momentos de tensión entre varias personas en plena calle 45 con carrera 13.En las imágenes se observa a varios hombres intimidando a otros ciudadanos con armas blancas de gran tamaño. Incluso, en uno de los momentos más impactantes, uno de los implicados golpea su cuchillo contra el suelo, generando chispas, mientras otro aparece con sangre visible en su ropa, lo que aumentó la preocupación entre quienes presenciaron el altercado.El video también muestra la reacción de una mujer que atendía un puesto de comida en el sector, quien intervino con un palo al notar que, al parecer, intentaban agredir a un hombre que había tropezado y caído al suelo. La escena ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de presencia de autoridades en una zona concurrida de la ciudad.Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho sí ocurrió y que, según las primeras versiones, se trató de una discusión entre personas que estaban en el lugar. Sin embargo, indicó que no hay reportes oficiales de personas lesionadas ni fallecidas, pese a que en el video se observan individuos con aparentes heridas y manchas de sangre.
Luego de varios intentos y años de espera que tenía a la comunidad cansada, finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que iniciaron las obras de uno de los puentes que daría alivio al norte de Bogotá.El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que esta vez el proyecto del puente peatonal de la calle 112 con carrera novena, en la localidad de Usaquén finalmente tiene luz verde a iniciarán sus obras correspondientes.Puente de la calle 112: ¿cuándo será entregado?La obra que hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y beneficiara a más de 76.000 personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.El nuevo puente será una estructura metálica de 223,5 metros de longitud y tres metros de ancho, obras que contará con:Rampas en ambos costados.Escaleras en el costado oriental.Un gálibo entre 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo.La inversión del proyecto supera los 24.000 millones de pesos y el responsable de llevarlo a cabo será el Consorcio Puente Epsilon, con interventoría del Consorcio InterBogotá CPG.Ahora bien, las obras iniciaran con actividades de descapote, tratamientos silviculturales, demolición de pilotes y carpeta asfálticas esxistentes, además de la instalación de redes de alcantarillado y de acueducto adecuado a la obra, por lo que, se espera que de cumplir el cronograma de manera adecuada, la obra estaría en servicio en el año 2027.¿Por que se ha demorado la obra? Tropiezos desde el 2020El puente tiene una historia de tropiezos, pues inicialmente fue adjudicado en marzo de 2020 y debía ser entregado en 2021. Sin embargo, el primer contratista no cumplió con la obra. Luego fue cedido en 2022 y el responsable tampoco concluyó el proyecto en 2023.El IDU sancionó económicamente a las empresas y declaró la caducidad del contrato y tomó posesión de la obra en 2023, pero para ese año, una licitación fue declarada desierta por falta de oferentes.Para octubre de 2024, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán adjudicó nuevamente el proyecto. Ahora, tras la etapa de preconstrucción en 2025, finalmente la fase constructiva arrancó en enero de 2026.Con esto se busca finalmente cumplirle a los bogotanos que día a día se enfrentan a afectaciones en la movilidad debido a los múltiples frentes de obras que se presentan en la ciudad, ahora los vecinos de la calle 112, esperan que tras más de 5 años de espera, finalmente el proyecto se logre concretar.
La noche del 11 de febrero, un ataque armado en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, dejó dos personas muertas: el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el hecho fue un crimen “totalmente planeado” y ejecutado con seguimiento previo a las víctimas. El ataque ocurrió en inmediaciones de un gimnasio del sector, una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.Las autoridades informaron que el sicario vestía traje y corbata para pasar desapercibido y permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar antes de disparar. Según las imágenes recopiladas por cámaras de seguridad, el hombre habría recibido una llamada segundos antes de accionar el arma. Tras el doble homicidio, los responsables huyeron en motocicleta por la carrera Séptima, lo que activó un plan candado en la zona y un operativo de búsqueda apoyado en registros de video y testimonios.Aponte Fonnegra era reconocido en el sector agroindustrial como propietario de la marca Arroz Sonora y directivo de la empresa de empaques Flexo Spring. También lideraba la Fundación Aponte Rojas. Familiares del empresario aseguraron que no había reportado amenazas recientes y pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. "Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña, dos hijos cada uno con sus nietos. Gustavo Andrés, una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho, no tenía enemigos, no sé quién hizo esta maldad", afrimó el padre de la víctima en Noticias Caracol. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión, una problemática que, según el gremio arrocero, afecta de manera recurrente al sector. Representantes de esta actividad económica señalaron que los productores han estado históricamente expuestos a este tipo de presiones ilegales, especialmente en regiones donde operan estructuras armadas.De igual forma, se conoció que la víctima había sido secuestrada en la década de los años 90 por grupos guerrilleros, hecho que en su momento marcó su vida personal y empresarial. Este antecedente ahora hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los móviles del crimen.Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el ataque como “milimétricamente planeado” y señaló que equipos especializados de la Policía y la Fiscalía trabajan en la identificación de al menos cuatro personas que habrían participado en la acción criminal.
En medio de la emergencia por inundaciones que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, hizo un llamado a la solidaridad y a la coordinación institucional, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo negara una solicitud para agilizar el traslado de recursos destinados a la atención de los damnificados.La iniciativa buscaba permitir, por seis meses y exclusivamente en el marco de la calamidad pública, mayor flexibilidad para mover recursos hacia áreas críticas como alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas. La propuesta no contemplaba nuevos recursos ni endeudamiento, sino reducir trámites que pueden tardar hasta diez días.“Si hoy tuvieras el agua a la cintura, ¿esperarías 10 días para que alguien firme un trámite? Eso fue lo que intentamos evitar. Es mi deber decir con claridad que en una emergencia la rapidez en la ejecución puede marcar una diferencia real para las familias afectadas. El tiempo hoy significa alimentación. Significa techo. Significa seguridad. Significa dignidad. Significa también educación”, expresó el mandatario local al explicar el alcance del proyecto.Kerguelen afirmó que, aunque respeta el análisis jurídico presentado por la Comisión de Presupuesto, la administración continuará actuando dentro del marco legal para atender la emergencia y buscará mecanismos que permitan acelerar la respuesta institucional.“Hay instituciones educativas afectadas. Hay calendarios escolares que requieren atención urgente para no seguir retrasando el proceso académico. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades para muchas familias. Como alcalde, mi prioridad es la gente. Y vamos a seguir actuando dentro del marco legal para atender esta emergencia con la mayor eficiencia posible”, indicó Kerguelen.La Alcaldía recordó que esta emergencia ha afectado a más de 40 mil familias que permanecen fuera de sus hogares y que se necesita atención social especialmente en barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo.Kerguelen aseguró que seguirá gestionando los traslados presupuestales necesarios y que insistirá en herramientas que faciliten una atención más rápida y eficaz a las comunidades afectadas por las inundaciones.
Una triste noticia estremece al departamento de Antioquia luego de que se conociera la muerte de un joven de 16 años que cayó al vacío al no percatarse de los daños que había en el puente que pasa sobre el río Mulatos, esto en el municipio de Necoclí.Al parecer, el adolescente se transportaba en la madrugada de este 15 de febrero en una motocicleta y cayó al abismo, muriendo debido al fuerte impacto. Los vecinos de la zona y acudieron a tratar de socorrer al joven, pero ya el menor de edad había fallecido.Hay que recordar que la infraestructura que pasa sobre el río Mulatos sufrió graves daños debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre el Urabá antioqueño. El puente colapsó y dejó incomunicados a los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá.La estructura de cerca de 60 metros de longitud también comunica a los departamentos de Antioquia y Córdoba, por lo que las autoridades investigan cómo ocurrió este hecho, puesto que habitantes de la zona sabían con anticipación las labores que se adelantan en el puente, esto para tratar de habilitar nuevamente el paso vehicular.Recordemos que ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo habilitó un puente, por lo que ya la Gobernación de Antioquia adelanta labores en los cimientos y en aproximadamente un mes se instalará la infraestructura para poder restablecer la movilidad sobre esta vía de carácter nacional.En la zona donde ocurrió el incidente, la población civil le ha pedido a las autoridades locales y departamentales para que señales sean más visibles y no se vuelva a ocurrir este tipo de siniestros que hoy enlutan al Urabá antioqueño.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por medio de un comunicado mencionó que las lluvias persistentes en la cuenca alta del río Sinú podrían generar incrementos significativos en los niveles del río, especialmente en municipios cercanos como Tierralta, Montería y Lorica.Aunque no se esperan volúmenes similares a los registrados a comienzos del mes de febrero, no se descartan desbordamientos en zonas puntuales en las que ya existen antecedentes de inundaciones.El pronóstico indica que la creciente podría transitar desde el embalse hacia la parte media y baja de la cuenca durante el 20 de febrero, con caudales que superarían los 1.100 metros cúbicos por segundo en puntos como Montería y Lorica, antes de disminuir hacia la desembocadura.“Los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados (...) Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal” anunció la Hidroeléctrica Urrá en el comunicado oficial de la mañana del 15 de febrero.La alerta roja continúa vigente debido a que se prevén más lluvias en la cuenca alta del río Sinú durante los próximos días. La hidroeléctrica también informó que mantendrá monitoreo constante tanto del embalse como de los caudales del río, mientras el Ideam sigue evaluando el comportamiento hidrológico.Las autoridades recomiendan a las comunidades ribereñas mantenerse atentas a los comunicados oficiales, reforzar las medidas de prevención y evitar exponerse en sectores con riesgo de inundación.
La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, denunció que fue retenida por hombres armados cuando se movilizaba por zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. De acuerdo con el comunicado emitido en su cuenta de Instagram, durante el hecho fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado.En el documento, la candidata confirmó que ella y su equipo están a salvo, pero rechazó lo ocurrido al advertir que es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas. En el mismo pronunciamiento, aseguró que el hecho refleja la situación que vive el departamento y señaló que “la violencia sigue buscando imponer el miedo y cerrar el camino a la participación”.La candidata también puso el foco en los riesgos que enfrentan las mujeres en política. “Evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos”, afirmó en el comunicado. Por esa razón, su equipo exigió al Gobierno nacional la adopción de medidas de protección para todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres.Sobre la situación general de seguridad electoral en el país se pronunció el procurador general, Gregorio Eljach, durante una jornada de paz electoral en Bogotá, cuando le preguntaron por el caso de la candidata Guzman. “Estamos preocupados por garantizar seguridad a todos los que están aspirando, a los que componen sus campañas, a las bancadas, a los partidos y en general a toda la ciudadanía, incluyendo testigos electorales y jurados de votación”, afirmó el jefe del Ministerio Público.El procurador también anunció una nueva reunión de evaluación del Plan Democracia con la cúpula militar y policial para revisar el comportamiento de los territorios con mayor riesgo. Según explicó, el encuentro servirá para “mirar cuáles de los 104 puntos con riesgo extremo de violencia electoral se han reducido y cómo vamos avanzando hacia la recuperación del territorio para unas elecciones tranquilas y en paz”.Eljach confirmó que este trabajo se adelanta de manera conjunta con la Misión de Observación Electoral. Además, indicó que en la próxima reunión participarán la cúpula militar y invitados internacionales para evaluar los avances más recientes del programa de protección electoral.
Blu 4.0 presenta una conversación sobre tecnología, innovación, emprendimiento y los cambios que ya están transformando la economía y la educación en Colombia. Esta edición del domingo 15 de enero de 2026 conecta análisis, tendencias y propuestas con impacto directo en la vida digital del país.Wilson Vega, creador de contenido tecnológico, analizó el impacto de la adquisición de Movistar por parte de Tigo y los cambios estructurales en el sector de telecomunicaciones.Francisco Bertel, del equipo de marketing de Despegar, presentó promociones especiales hacia el Caribe durante los Travel Days, con ofertas para Cartagena y San Andrés.Sol Suárez, periodista económica y candidata a la Cámara, habló sobre educación financiera obligatoria y la regulación de plataformas digitales y criptoactivos.Juan David Aristizábal, emprendedor y cofundador de Blu 4.0, expuso su propuesta para modernizar el SENA y retener talento joven.Augusto Moreno, candidato al Senado, explicó cómo el blockchain puede mejorar la eficiencia del Estado y validar competencias digitales.Camilo Martínez, representante de Huawei, presentó las innovaciones del Mate X7 y sus capacidades fotográficas avanzadas.Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, destacó programas de movilidad académica internacional.Juan Cardona, vicepresidente de ventas de Geotab, explicó cómo la telemática y la IA están mejorando la seguridad vial en Colombia.Escuche el programa completo aquí:
La persecución policial que atravesó varias avenidas de occidente en Bogotá terminó con la captura de dos integrantes de la banda conocida como los del BMW, señalados de protagonizar al menos cuatro robos de vehículos en la capital. Uno de los detenidos es un adulto, mientras que el otro es un adolescente con antecedentes por hurto.El último golpe de la estructura ocurrió en el barrio La Estrada, donde los delincuentes abordaron a un ciudadano y, bajo amenazas con un revólver modificado, le arrebataron su vehículo. La víctima no se quedó quieta, ya que siguió a los ladrones a distancia y alertó de inmediato a la Policía, lo que permitió activar un plan candado en la localidad de Fontibón.La persecución avanzó hasta la avenida Ciudad de Cali con avenida La Esperanza, donde los uniformados interceptaron la camioneta en medio de un cruce de disparos. En el operativo se incautó el arma de fuego con la que habrían intimidado a las víctimas y se descubrió que el vehículo en el que se desplazaban había sido robado semanas atrás en otra localidad de Bogotá, además de portar placas falsas.Las autoridades confirmaron que esa misma camioneta había sido usada el 24 de septiembre para hurtar otro automotor en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy. Con estas pruebas, la Fiscalía asumió el caso y definirá la situación judicial de los capturados.
La Fiscalía destapó una estafa masiva que funcionó durante cinco años bajo la fachada de un concesionario en el norte de Bogotá, puntualmente en Iserra 100. El robo comenzaba en redes sociales, donde los delincuentes contactaban a ciudadanos interesados en cambiar o vender su carro, automóviles y camionetas de cualquier marca. Una vez convencidos, las víctimas entregaban su vehículo y pagaban un millón de pesos para avanzar en la negociación.Sin embargo, nunca recibían el dinero prometido ni recuperaban el carro. En varios casos, los mismos vehículos fueron vendidos hasta tres veces con contratos ficticios de compraventa. En total, más de 200 personas perdieron sus bienes y ahorros, por lo que el robo fue estimado en 7.700 millones de pesos.Siete personas fueron capturadas, entre ellas el señalado cabecilla Luis Felipe Rodríguez González, a quien un juez envió a prisión. Aunque algunos vehículos fueron recuperados en Bogotá y Medellín, la mayoría de las víctimas sigue esperando justicia y la restitución de su patrimonio.En el curso de la investigación, varios de los vehículos de las personas estafadas fueron recuperados en parqueaderos de Bogotá y Medellín, en el departamento de Antioquia. Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, por los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados.
Un accidente de tránsito registrado en la localidad de Rafael Uribe Uribe dejó a tres barrios del sur de Bogotá sin servicio de energía eléctrica. El hecho ocurrió en la carrera 21 con calle 44B sur, cuando una camioneta chocó contra un poste que sostenía un transformador, lo que ocasionó su desplome.¿Por qué se estrelló contra el poste?De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, las autoridades determinaron que el conductor de una camioneta Toyota Hilux aseguró que un vehículo, del cual no entregó características, lo cerró en plena vía. Al sospechar que se trataba de un intento de hurto, el hombre retrocedió rápidamente y terminó estrellándose contra el poste de luz.El teniente coronel Óscar Chauta, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que “al parecer intentan hurtar una camioneta de alta gama, es así que esta persona quien conducía esta camioneta, al percatarse de que iba a ser hurtada, retrocede y colisiona con un poste de energía donde deja sin energía al barrio Santa Lucía de la localidad de Rafael Uribe Uribe”.Barrios afectados por la falta de energíaEl impacto causó la caída del poste con el transformador, lo que afectó el suministro eléctrico en los barrios Santa Lucía, San Carlos y Quiroga, todos ubicados en el sur de la capital.La Policía informó que ya se adelantan investigaciones apoyadas en cámaras de vigilancia para esclarecer lo ocurrido y dar con las personas que intentaron cometer el hurto.Por su parte, Enel indicó que sus equipos técnicos se encuentran en la zona realizando las labores necesarias para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. La empresa señaló que la prioridad es devolver el fluido antes de que la comunidad inicie sus actividades diarias, para las cuales el suministro de energía resulta indispensable
En el marco de la XIX Semana de la Seguridad Vial, la Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó la campaña 'El exceso de velocidad mata. Respeta el límite', una estrategia institucional enfocada en disminuir los siniestros viales asociados a la conducción temeraria, especialmente entre motociclistas y conductores particulares.El anuncio se realizó tras la presentación del más reciente balance de seguridad vial en la ciudad, que registra una reducción del 30 % en fallecidos por accidentes de tránsito en lo corrido de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la entidad, este descenso representa 51 vidas salvadas, una cifra que las autoridades califican como resultado directo del fortalecimiento de controles y medidas de calmado de tráfico.De acuerdo con las cifras entregadas por la secretaría, los controles realizados en los últimos meses evidencian que 10 de cada 20 motociclistas exceden los límites de velocidad permitidos en vías principales, lo que convierte a este grupo en uno de los principales focos de intervención. Las estadísticas también muestran que gran parte de los siniestros fatales ocurren en horarios de baja congestión vehicular, donde los conductores tienden a acelerar por encima de lo permitido.Entre las medidas implementadas se encuentran la instalación de nuevos reductores de velocidad en corredores críticos, la gestión de la ampliación de la red de cámaras de detección de velocidad, y el acompañamiento permanente de agentes civiles de tránsito en sectores con altos registros de accidentalidad.“Vienen más cámaras salvavidas en la ciudad. Si comparamos con otras ciudades y con los nueve millones de habitantes que somos, Bogotá está muy rezagada en términos de tecnología de fotodetección”, aseguró la secretaría de Movilidad Claudia Díaz. Además aclaró que se espera la instalación de más cámaras a finales de año, cuando cuenten con los permisos necesarios.Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron casos puntuales de reducción de velocidad efectiva en vías intervenidas como la Avenida Boyacá, Avenida Villavicencio y Avenida Guayacanes. En corredores donde se instalaron resaltos y cámaras, la Secretaría registró descensos de hasta 20 kilómetros por hora en la velocidad promedio, lo que según estudios técnicos reduce significativamente el riesgo de muerte en caso de impacto.Si bien esta cifra de reducción es positiva, la Secretaría reconoció que persisten desafíos importantes en materia de cultura ciudadana y cumplimiento normativo. La velocidad continúa siendo el principal factor asociado a los siniestros viales graves y mortales en la capital, especialmente en avenidas como Boyacá, Calle 13 y NQS.El Observatorio de Movilidad de la ciudad registró 316 fallecidos por accidentes de tránsito entre enero y julio de 2025, siendo los motociclistas las principales víctimas fatales con el 48 % de los casos. También en el mismo periodo 10.911 personas sufrieron lesiones en este tipo de accidentes.
La bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá elevó una solicitud formal al presidente Gustavo Petro, para que declare al grupo criminal transnacional el Tren de Aragua como organización terrorista, argumentando que su operación en la capital representa una amenaza directa contra la vida, la seguridad y la estabilidad institucional del país.La petición, presentada mediante una carta oficial con carácter de urgencia, apela a la Ley 1108 de 2006, que incorpora la Convención Interamericana contra el Terrorismo al ordenamiento jurídico colombiano.Según los concejales, esta normativa faculta al Estado para catalogar como terroristas a organizaciones que, a través de la violencia sistemática, socavan el orden público y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.En el documento, los cabildantes expresan su “más profunda preocupación” por el crecimiento sostenido de las estructuras del Tren de Aragua en distintas localidades de Bogotá. Señalan que sus actividades delictivas van desde el tráfico de drogas y la trata de personas hasta la extorsión, el secuestro, el homicidio y el lavado de activos, configurando un patrón de criminalidad organizada con capacidad de control territorial.Las cifras expuestas en la carta evidencian la magnitud del fenómeno. Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2025, se registraron 792 homicidios en la ciudad, casi tres asesinatos diarios, de los cuales el 65 % fueron cometidos con arma de fuego.La extorsión también alcanzó niveles alarmantes, con 1.433 denuncias en lo corrido del año. Las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe presentan los mayores incrementos, al punto de que los concejales describen este fenómeno como “un impuesto criminal” que asfixia al comercio y a la ciudadanía.El secuestro, un delito que en años recientes había disminuido significativamente, muestra un preocupante repunte: 29 casos reportados en 2025, lo que representa un incremento del 222 % frente al año anterior. A esto se suma un aumento del 11 % en el hurto a personas entre junio y agosto, cifras que no se registraban desde 2014.Frente a este panorama, la bancada opositora exige al Gobierno nacional “desplegar todos los medios disponibles” para frenar la expansión del Tren de Aragua y asumir una postura firme frente al crimen organizado.La misiva, en la que incluso evocan los resultados de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, está respaldada por los siete concejales del Centro Democrático: Daniel Briceño, Sandra Forero, Diana Diago, Óscar Ramírez, Julián Uscátegui, Humberto Amín y Andrés Giovanni Barrios.El llamado final del documento es a que el presidente Petro “cumpla con su obligación constitucional de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos” y reconozca oficialmente al Tren de Aragua como un grupo terrorista, lo que permitiría activar protocolos judiciales y de cooperación internacional más robustos.
Por años, lo que ocurría en el antiguo Bronx, en el centro de Bogotá, fue visto como una leyenda urbana. Muchas personas creían que eran historias usadas para asustar y evitar que ingresaran a ese lugar; y es que esos relatos de torturas, asesinatos y prácticas inimaginables eran rumores difíciles de comprobar. Sin embargo, luego de la intervención del 28 de mayo de 2016, varias de esas versiones dejaron de ser un mito para convertirse en realidad.Entre los testimonios más desgarradores está el de Óscar Rosas, quien afirmó para Los Informantes que fue obligado a cocinar carne humana para los ‘Sayayines’.Rosas pasó de ser un chef con proyección internacional a convertirse en habitante de calle. Su relato reconstruye un descenso marcado por el consumo de drogas desde los 13 años, su paso por restaurantes de prestigio en Estados Unidos, Brasil, Italia y Holanda, y un regreso a Colombia con la intención fallida de cambiar de vida.“Era un problema para mi familia. Yo empecé a consumir a los 13 años”, recordó. Su madre le pidió que se fuera del país para cambiar, pero conoció la heroína y la espiral se profundizó.¿Cómo llegó al Bronx y a los ‘Sayayines’?Cuando regresó a Colombia, Óscar quiso empezar de nuevo, pero las cosas no salieron como esperaba. “Llegué a Bogotá porque quería comprar una finca en Tenjo, formar mi familia, dejar las drogas. Solo iba a fumar marihuana”, relató. La idea no duró mucho y terminó consumiendo en el barrio Santa Fe y luego en el Bronx.Para sostener su consumo, empezó limpiando calles, luego vendiendo y pesando droga. Su talento en la cocina despertó interés entre los ‘Sayayines’. “Yo les cocinaba para la novia, cuando nació el hijo, en fiestas privadas”, explicó.El relato dio un giro más crudo cuando habló del lugar donde estuvo encerrado tres años. Describe el momento en que entendió lo que preparaba: “Saco lo que está en la bolsa de cuero, la extiendo. Cojo el ajo, la cebolla, miro bien la carne y era un cuerpo humano completo, sin pies, sin cabeza, sin manos, sin huesos”. Aunque intentó negarse, recibió amenazas. “No solo lo va a cocinar, lo va a probar y se lo va a comer, o si no, nos lo comemos a usted”.Lo que hallaron las autoridades en el BronxEl operativo de 2016 contó con 2.500 uniformados, según reveló Julián Quintana, agente encubierto que alertó sobre desmembramientos para alimentar a habitantes de calle.La intervención también dejó al descubierto túneles, casas clandestinas y redes de explotación sexual. Aunque el relato de Rosas generó dudas al inicio, los hallazgos confirmaron que allí operaban estructuras criminales con altos niveles de violencia.Rosas logró salir luego de intentar quitarse la vida. “Me declararon loco, porque decía que yo comía gente. Decían que fue una mala traba”, contó. Hoy vive en Santander, junto a su esposa, y lidera una fundación para ayudar a personas con adicciones.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
La muerte de Erika Jimena Moreno, una joven trabajadora de 22 años, es materia de investigación en Tunja, Boyacá, luego de que su cuerpo fuera hallado en el apartamento donde residía con su pareja sentimental. Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2025, día en que, según el relato de su padre en entrevista con En Privado Podcast, Faustino Moreno, fue vista con vida por última vez. Don Faustino recordó así esa mañana: "Se baña, se arregla, se peina, se pone bonita y se va... me dice: 'Papá, présteme para el transporte que no tengo'". Tras entregarle 5.000 pesos, la despidió sin imaginar que sería el último contacto.De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, la joven ingresó a su apartamento hacia las 5:00 p.m., “feliz con una bolsa”, y desde ese momento no volvió a ser vista saliendo del lugar. La Fiscalía investiga lo ocurrido dentro de la vivienda durante los seis días siguientes, periodo en el que, presuntamente, su pareja, Walter Camilo Medina Rojas, habría acabado con su vida el mismo 29 de diciembre y permanecido en el inmueble.El padre de la víctima aseguró que el señalado responsable continuó con su rutina habitual mientras el cuerpo permanecía en el apartamento. "Convivía con el cuerpo así normal como si nada, la gente lo veía, él comía delante del cuerpo", relató. Además, indicó que durante esos días el hombre habría utilizado el celular de Erika para enviar mensajes y evitar sospechas. "Él se hacía pasar por ella... pero la forma como escribe, la forma como devuelve los mensajes no son de ella", explicó.El hallazgo se produjo el domingo 4 de enero, hacia las 6:30 p.m., cuando Faustino acudió al apartamento acompañado de la Policía ante la falta de respuestas claras. "En ese momento es cuando yo encuentro el cuerpo de mi hija... yo veo que son las zapatillas de ella porque es que ya está envuelta", narró. Según su testimonio, el cuerpo estaba en el suelo, cubierto con sábanas y cobijas. "La veo muy gorda... de tanto tiempo que ya llevaba el cuerpo se hincha, se inflama... yo sabía, dije: 'es mi hija'", agregó.Las autoridades informaron que Medina Rojas fue captado por cámaras de seguridad saliendo del lugar “con una maleta y un casco” antes de la llegada de la familia. Posteriormente fue capturado en Bogotá ocho días después. En audiencias preliminares, según el padre de la joven, se mostró "muy relajado, muy tranquilo como si nada" y hasta ahora "no acepta cargos".Mientras avanza el proceso judicial, Faustino pidió una condena ejemplar. "Yo le pido a las autoridades que pague por lo que hizo para que sea un ejemplo para Colombia... que haya ley, por favor, que se pague todo lo que hizo como debe ser", expresó.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.