Las autoridades de Bogotá intensificaron la búsqueda de una estructura criminal señalada de operar bajo la fachada de transporte legal, tras el traumático “paseo millonario” del que fue víctima Diana Lorena Ospina. La mujer permaneció desaparecida durante más de 40 horas, tiempo en el que, según la denuncia, fue privada de la libertad y obligada a realizar entre 10 y 13 transacciones bancarias. En total, los delincuentes habrían logrado despojarla de cerca de 50 millones de pesos. El hecho ocurrió luego de que la víctima saliera de un establecimiento nocturno en el sector de Chapinero, una de las zonas de rumba más concurridas de la ciudad, donde abordó un taxi. Al llegar a su destino, un segundo vehículo de servicio público interceptó el taxi en el que viajaba la mujer. En ese momento, los delincuentes abordaron el automotor original, iniciando lo que en el argot criminal se denomina un ‘paseo millonario’.Según confirmó Noticias Caracol, el conductor del taxi involucrado (el primero al que subió Diana), compareció ante las autoridades para rendir su versión de los hechos. Con base en las pruebas recopiladas hasta el momento, las autoridades evaluarán las acciones que correspondan.Un dato clave del caso es que ambos taxis pertenecen al mismo dueño.“El propietario nos informa de que ya se presentó en la Fiscalía, el vehículo se encuentra en poder del propietario. La Fiscalía requirió ya al conductor nocturno que tenía el vehículo. Tengo entendido, según información del propietario, que lo visitó la Fiscalía en su domicilio”, dijo Diego Parra, representante legal.Noticias Caracol confirmó que el conductor del taxi tiene anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado, además de un registro por lesiones personales. También se conocieron detalles de una audiencia adelantada en 2024.Según lo expuesto en esa diligencia, la víctima había solicitado un servicio mediante una aplicación de transporte y, cuando estaba por finalizar el recorrido en la carrera Novena con calle 30 sur, fue interceptada por tres hombres. Los sujetos, presuntamente armados con elementos cortopunzantes, la intimidaron y le arrebataron sus pertenencias.En ese proceso, el señalado, quien tenía 21 años al momento de los hechos, fue puesto disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.Hugo Ospina, líder de los taxistas, calificó el caso como “macabro” y denunció que el subarriendo irregular de vehículos estaría facilitando que estructuras criminales utilicen taxis para delinquir, sin controles administrativos efectivos. Incluso advirtió que algunas víctimas han sido intimidadas con amenazas directas para evitar denuncias.
La Alcaldía de Bogotá aseguró que es cuestión de horas para que se materialicen las capturas de los responsables del ataque contra Diana Ospina, en un caso que ha generado indignación en la capital.En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que el operativo avanza con apoyo del Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá. Según detalló, el seguimiento a través de cámaras de seguridad y labores de inteligencia permitió establecer la ruta de escape de los implicados, quienes finalmente dejaron en libertad a la víctima en la vía hacia Choachí.El Distrito buscará que el caso sea tipificado como secuestro, con el objetivo de que los responsables enfrenten penas más severas y evitar que recuperen la libertad en el corto plazo. “No se trata de un simple robo. Aquí hubo privación de la libertad y una estructura organizada detrás”, subrayó el funcionario.Por su parte, el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador, quien recibió a Diana al llegar a la estación, reveló detalles en Noticias Caracol. “Ella manifiesta que la habían abandonado sobre la vía”, dijo.“Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar qué encontrábamos. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora”, indicó.El hombre también dijo que en el momento no sabían quién era; simplemente era una mujer buscando ayuda, “y lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos”.En medio de la investigación también surgieron cuestionamientos sobre el vehículo utilizado para cometer el crimen. Desde el gremio de taxistas tomaron distancia de los hechos. María Botero, gerente de Radio Taxi, explicó que tras verificar en las bases oficiales se evidenció que el automóvil no contaba con tarjeta de control vigente ni registro activo en el sistema distrital de monitoreo.La directiva advirtió que esta modalidad, conocida popularmente como “paseo millonario”, se apoya en vehículos que simulan prestar un servicio legal para generar confianza en las víctimas y evadir controles empresariales. Por su parte, la defensa de la víctima pidió celeridad en el proceso ante la Fiscalía General de la Nación. El abogado de Ospina reveló que durante las más de 40 horas que estuvo retenida, los delincuentes realizaron entre 10 y 13 transacciones bancarias, logrando retirar cerca de 50 millones de pesos.El jurista calificó el caso como un “secuestro extorsivo agravado” y solicitó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad para identificar a todos los integrantes de la red criminal y establecer si estarían vinculados a otros hechos similares ocurridos en la ciudad.Mientras tanto, Diana Ospina permanece bajo el cuidado de su familia y recibe acompañamiento tras el impacto emocional que dejó el cautiverio.
Los hechos se registraron cuando policías que realizaban patrullajes en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, y fueron alertados por ciudadanos sobre un fleteo cometido contra un hombre de 60 años. Según la información preliminar, la víctima había salido minutos antes de una entidad bancaria y fue seguida por los criminales, quienes esperaron el momento en que llegaba a su lugar de trabajo para interceptarlo.Los atacantes lo abordaron en vía pública y, bajo amenazas con arma de fuego, lo despojaron de un maletín que contenía cerca de 30 millones de pesos. Fueron vecinos del sector los que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo a plena luz del día y por eso alertaron a las autoridades.Sin embargo, una vez los criminales estaban atracando a la víctima, fueron sorprendidos por el conductor de una camioneta de color blanco, quien embistió con su vehículo a los ladrones para impedir que escaparan en la motocicleta que estaban usando en medio del hurto. En imágenes quedó grabado cuando los dos hombres salen corriendo por una de las cuadras del sitio de los hechos.Con esa información, la Policía activó un plan candado que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Santa María del Lago, donde fueron interceptados y capturados minutos después del robo. Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en su poder un arma de fuego, el dinero hurtado y la motocicleta que, al parecer, utilizaron para cometer el delito.Los detenidos, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos cuenta con un historial judicial relevante, teniendo en cuenta que había estado en prisión en dos ocasiones por hurto, en 2017 y 2020, y además tenía una orden de captura vigente por fuga de presos. El dinero fue devuelto a la víctima, mientras avanzan las investigaciones para determinar si los capturados estarían vinculados a otros casos similares de fleteo en la ciudad.
Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, fue asesinada en la madrugada del 21 de febrero en un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Aunque su expareja sentimental fue capturado como principal sospechoso, un juez decidió no enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso penal.El señalado es José David Celis, quien fue detenido por la Policía Metropolitana tras los hechos. "Lamentablemente, el individuo, con asfixia mecánica, le quita la vida a la víctima y, posteriormente, incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar a esta persona", explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.Sin embargo, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez Óscar David Gómez determinó no imponer medida privativa de la libertad en centro carcelario. De acuerdo con el reporte entregado por el general Cristancho, la joven habría muerto por asfixia mecánica.Según la versión conocida, Lozano había llegado al apartamento para recoger sus pertenencias, pues la relación sentimental había terminado hacía tiempo.Laura Lozano cursaba octavo semestre de Ciencias Políticas y también se destacaba como deportista en patinaje.Por solicitud de la Fiscalía, Celis fue imputado por el delito de feminicidio. No obstante, durante la audiencia, el juez consideró que existían elementos que podrían configurar un homicidio preterintencional; es decir, cuando el agresor no tiene como finalidad directa causar la muerte, pero el resultado termina siendo letal.En su argumentación, el juez sostuvo que no existían evidencias que demostraran que el procesado representara un peligro para otras mujeres por haber agredido a una. Con base en ese análisis, negó la medida de aseguramiento en centro carcelario."Edgar David López reconoció que en la actualidad su hijo tiene una relación sentimental con una mujer, sin que ello permita indicar que porque el victimario tenga trato permanente con cualquier tipo de mujer se descarte la posibilidad de participación, pero sí permite descartar o refutar el planteamiento según el cual, por haber atentado contra una mujer, es potencialmente peligroso para cualquier otra", expuso el juez.De acuerdo con el observatorio Feminicidios Colombia, en el país ocurrieron 621 feminicidios entre enero y septiembre de 2025.
Autoridades de los departamentos de Cauca y Valle advierten que existe una amenaza de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral del próximo 8 de marzo en varios municipios. Un riesgo por el que pedirán que se evalúe el traslado de puestos de votación de la zona rural de municipios como Buenaventura y Jamundí.Esta advertencia se hace teniendo en cuenta los ataques terroristas que las autoridades han podido frustrar en el área metropolitana de Cali, y en segundo lugar, los hostigamientos con drones contra la Fuerza Pública ocurridos en zona rural de Jamundí, Dagua y Buenaventura días atrás.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que son más de 60 puestos de votación los que se ha solicitado su trasladado, por el riesgo de la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez'."En el Valle tenemos 62 puestos que están solicitando que se puedan trasladar, sin embargo se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí y Buenaventura para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero se hizo la solicitud, para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres", indicó la mandataria.La gobernadora del Valle señaló que el departamento ha estado protegido en las últimas opotunidades por la rápida reacción de la Fuerza Pública, sin embargo, la amenaza aún no se ha ido y no hay que desconocer el riesgo que se corre."Hay amenazas sobre Cali, eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que querían venir a hacer actos terroristas. Es muy importante que la gente lo sepa, se ha venido trabajando para evitarlos, pero no es que no haya habido intentos, sin embargo, la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos ha logrado evitar esos actos terroristas", finalizó.Cabe recordar que el fin de semana, el comandante de las FF. MM. el general Hugo Alejandro López, lideró en Cali una reunión de seguridad donde se confirmó que más de 8.000 militares, miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, acompañarán a la Policía en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante estas elecciones.A finales de esta semana se tiene programado un consejo de seguridad bidepartamental, entre Cauca y Valle, para que en conjunto puedan definir más acciones de protección a los votantes. Y conocer la solicitud de la Registraduría.
El precandidato presidencial Iván Cepeda respondió a la polémica generada por la presencia de personas con camisetas alusivas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) durante un acto de su campaña en Tumaco, Nariño, y aseguró que solicitó su captura inmediata.“En cuanto tuve información, recurrí al capitán delegado para nuestra seguridad y le pedí inmediatamente que estos tres individuos (a quienes entregamos las imágenes) fueran capturados. Hasta ahora no hemos tenido respuesta frente a esa solicitud, pero evidentemente este es un hecho que debe ser investigado y esclarecido plenamente”, señaló.El candidato agregó que también enfrenta riesgos en materia de seguridad.En medio de la controversia, Cepeda también denunció lo que calificó como una campaña de desinformación en su contra, relacionada con su mención en los archivos del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes.El precandidato anunció que sus abogados presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre lo que consideran actos de persecución política en el desarrollo de su campaña.Según Cepeda, algunos candidatos y miembros de la oposición habrían viajado a Estados Unidos con el objetivo de buscar su judicialización e incluso su extradición, señalándolo de presuntos vínculos con narcotraficantes y grupos guerrilleros.“Se ha encontrado que en esos computadores no hubo cadena de custodia y, por ende, han sido manipulados. Ya hay un pronunciamiento de la justicia y la pregunta es por qué se intenta revivir este tema. La respuesta es que estamos en un momento electoral”, afirmó.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, prendió las alertas por la situación financiera de la red pública hospitalaria del departamento: las deudas acumuladas de las EPS con las E.S.E. ascienden a $304.264 millones, según el último reporte disponible, con corte a septiembre de 2025.Del total, $154.870 millones corresponden a cartera con más de 360 días de mora, es decir, obligaciones vencidas por más de un año. Los $149.394 millones restantes están por debajo de ese rango de tiempo.En su pronunciamiento, la mandataria advirtió que la falta de pago está golpeando la operación diaria de los hospitales y que, pese a los esfuerzos administrativos, la prestación de los servicios se está viendo comprometida por el desbalance de caja.“Estamos hablando de más de $304 mil millones que hoy las EPS retienen, lo que está llevando a que el sistema de salud pueda colapsar. Se hace necesario el flujo de caja y que se respete lo conciliado”, señaló Guerra. Añadió que esos recursos deberían respaldar la compra de medicamentos e insumos, el pago oportuno al talento humano en salud y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.La situación, dijo, ya fue expuesta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien le pidió medidas urgentes de inspección, vigilancia y control frente a las EPS morosas y mecanismos efectivos que garanticen el flujo de recursos hacia la red pública.Las EPS con mayor cartera reportadaDe acuerdo con el listado entregado por la Gobernación, las entidades con mayor deuda acumulada son:Coosalud EPS S.A.: $125.913 millonesNueva EPS S.A.: $60.523 millonesComparta (Cooperativa de Salud Comunitaria): $21.575 millonesAsociación Mutual SER: $19.817 millonesSalud Vida EPS S.A.: $18.241 millonesLa Gobernación del Magdalena advirtió que mantendrá acciones administrativas y legales para proteger la estabilidad financiera de los hospitales y la atención a los usuarios. En el mismo comunicado insistió en que los recursos del sistema deben llegar “a donde pertenecen: a la comunidad magdalenense”.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
En diálogo con Mañanas Blu, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aclaró la postura del Gobierno Nacional frente a la creciente polémica por la gestión de los turnos de despegue y aterrizaje (conocidos como slots) en el Aeropuerto El Dorado. La funcionaria confirmó que, aunque todavía no existe un borrador de decreto, el ministerio se encuentra en una etapa de "reflexión" profunda para modificar las reglas de juego y garantizar una mayor competitividad que beneficie al usuario final.¿Contradicciones internas y falta de experiencia?La discusión se intensificó debido a las contradicciones entre la cartera de Transporte y la dirección de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Mientras que funcionarios técnicos como Edgar Rivera habían confirmado públicamente el trabajo en un nuevo documento regulatorio, el actual director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenti, afirmó desconocer dichos planes. Esta situación ha puesto bajo la lupa la idoneidad de Martínez Chimenti, quien fue nombrado en encargo en noviembre de 2025 tras haber ingresado como director financiero apenas en junio del mismo año, acumulando escasos meses de experiencia en un sector altamente técnico.El desafío del monitoreo y la regla del 20 %La ministra Rojas calificó el monitoreo actual de los slots como "precario", coincidiendo con las quejas de diversas aerolíneas. Reveló que actualmente existe un 20% de capacidad que se rige bajo la regla de "úselo o piérdalo", pero no hay reglas claras sobre cómo se redistribuye ese porcentaje no utilizado. "Es un recurso que no sabemos en estricto sentido cómo se está utilizando", admitió Rojas, subrayando que fortalecer el monitoreo es una prioridad para evitar que el mercado siga operando como un "oligopolio estructurado" donde unas pocas empresas controlan la mitad de la operación.Escuche aquí la entrevista:
Sigue la polémica en contra de una mujer que, el pasado domingo, 13 de julio, disparó al aire desde el balcón de un apartamento en conjunto residencial en el norte de Bogotá. Desde el conjunto residencial emprendieron acciones legales por este hecho que molestó a varios residentes.Pese a que, a través de un comunicado, la mujer se pronunció por lo sucedido y ofreció disculpas. Se llama Paola Andrea Navia, quien dijo que era un arma de fogueo y que no representó ninguno tipo de riesgo para la vida de otras personas ni su objetivo era incomodar a los demás.“Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y las autoridades, por esos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido. Entiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conductor, aclaro que el arma que aparece en los videos NO es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto, NO dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”, dijo.Por esta razón no sería un delitoDe acuerdo con un informe de Noticias Caracol, el abogado penalista Ricardo Burgos aseguró que esta arma si era de fogueo no sería un delito y podría evitarse un problema legal en caso de demostrarlo.“Accionar un arma de fogueo en Colombia es no delito y sería totalmente impugne la conducta que tendría. No se ha analizado ese punto de vista, el Ministerio de Defensa emite unos permisos y tenencias definitivas de las armas que tiene”, dijo.Asimismo, según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, dijo que se hará la investigación con los expertos para determinar si el arma es de fogueo o de fuego, la cual determinará la gravedad de este caso.“Un arma de fogueo no tiene ningún peligro, pero un arma traumática o de fuego sí. Pero el sonido que emitió en el video, no creo que sea de fogueo”, dijo.
Cientos de usuarios de TransMilenio han reportado una reducción en la presencia de policías en estaciones clave del sistema, una percepción que coincide con el vencimiento del convenio interadministrativo entre la Policía Nacional y TransMilenio. Aunque ambas entidades han asegurado que trabajan para renovar el acuerdo, usuarios afirman que la demora está generando consecuencias visibles en el sistema de transporte.Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio, confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el convenio, vigente desde los inicios del sistema, busca fortalecer las capacidades operativas de la Policía para garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, aclaró que el número de uniformados no depende de TransMilenio, sino de la disponibilidad y voluntad institucional de la Policía Nacional."En lo corrido del año se han realizado más de 220 megatomas y múltiples operativos de control, además del monitoreo constante con cámaras y el apoyo directo desde el centro de vigilancia del sistema. En ningún momento nos han abandonado", aseguró. Según la funcionaria, el nuevo convenio contempla una inversión de 8.000 millones de pesos por seis meses incrementando los recursos anteriores, que fueron de 12.000 millones por 18 meses, lo que representaría una mayor inversión. "Estos recursos están destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Policía en términos de tecnología, movilidad y dotación", añadió. Aunque la minuta ya fue avalada por TransMilenio, la firma definitiva del convenio se encuentra actualmente en revisión por parte de altos mandos de la Policía Nacional: “Estamos a la espera de su pronunciamiento final”, indicó Tinjacá,Además, recalcó que para el próximo año ya se están planeando nuevos recursos para garantizar la continuidad del convenio.Escuche la entrevista completa aquí:
En Bogotá, las obras del metro siguen su curso y generan gran expectativa entre los ciudadanos, quienes esperan contar, por fin, con un sistema de transporte que permita movilizarse de forma más rápida y eficiente por la ciudad.Mientras la Línea 1 avanza en la Avenida Caracas con cierres de estaciones para levantar el viaducto, una de las inquietudes más frecuentes tiene que ver con la Línea 2 del Metro de Bogotá.¿Qué pasará con la Línea 2 del metro?El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a esta segunda línea, que conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Según explicó, la ciudad asumirá un crédito por 50 millones de dólares para avanzar en el desarrollo de este proyecto.De acuerdo con la Alcaldía, la Línea 2 será completamente automatizada y contará con 25 trenes en operación. Tendrá una capacidad estimada para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora en cada sentido.Bogotá asume el crédito, pero se espera respaldo nacionalGalán también destacó que existe la posibilidad de obtener financiamiento adicional por parte de la Nación. En ese sentido, el artículo 172 del Plan Nacional de Desarrollo, propuesto por el presidente Gustavo Petro, abre la puerta para que el Gobierno cofinancie hasta el 70 % de la nueva flota.“Ya hubo un primer paso que debo reconocer y agradecer al Gobierno Nacional: la aprobación de la resolución para que Bogotá asuma un crédito por 50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Línea 2 del Metro. Es un paquete: Línea 1, Línea 2, Calle 13 y también la flota eléctrica”, explicó el mandatario distrital.La aprobación del Gobierno Nacional fue clave para que el Distrito pueda firmar el crédito. El alcalde confía en que durante este mes de julio se concrete el acuerdo completo de financiación para las dos líneas del metro, así como para la compra de la flota de buses eléctricos.¿Quién pagará la deuda?El Distrito será el encargado de responder por el crédito con el BID, lo que ha despertado dudas entre algunos sectores de la ciudadanía. El temor principal es que se presenten alzas en impuestos como el predial o el vehicular para cubrir la deuda.Sin embargo, desde la Alcaldía aseguran que, con los tributos actuales, Bogotá cuenta con la capacidad financiera suficiente para asumir el compromiso sin recurrir a nuevos cobros o ajustes fiscales.Así, la Línea 2 del metro empieza a tomar forma, y con el respaldo de organismos multilaterales como el BID, se espera que este proyecto mejore la conectividad en el occidente de la ciudad y avance hacia una movilidad más moderna y sostenible.
Darwin Felipe Beltrán, señalado del asesinato de sus dos hijos menores de edad en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá (occidente de Bogotá), podría quedar en libertad por vencimiento de términos. Así lo advirtió el abogado de las víctimas, Miguel Ángel Ruiz Vargas, en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio."Una persona que es detenida, si se cumplen 300 días tras su captura, cualquier abogado puede solicitar su libertad por vencimiento de términos, y estamos próximos a esa fecha", explicó el abogado. Según él, la defensa de Beltrán ha dilatado el proceso, alegando que aún no se le realiza un examen de Medicina Legal.Ruiz aseguró que el abogado del señalado volvió a aplazar la audiencia más reciente con el mismo argumento. "Lo que más me preocupa es la violación a los derechos humanos", afirmó. También indicó que el caso está a solo 60 días del vencimiento de términos, por lo que urge celeridad judicial.El jurista recordó que la captura de Beltrán fue en flagrancia. “Prácticamente, la comunidad lo detuvo porque la Policía se demoró más de media hora en llegar”, relató, explicando que el plazo vencería el próximo 23 de agosto."Nuestra mejor opción es que inicien el juicio oral, ya así no tendría el beneficio de vencimiento de términos", señaló Ruiz. Aunque el acusado podría enfrentar el juicio en libertad, el abogado advirtió que “el 90 % de personas con vencimiento de términos se fugan, casi nunca se da el suceso de que se presenten a las audiencias”.Finalmente, criticó a Medicina Legal por no dar prioridad al caso. “Es insólito que a unos niños, menores de edad, no le den prioridad en Medicina Legal para hacerle un examen al (presunto) asesino. Deben ser conscientes y decir que cuando haya muerte de niños le den prioridad a eso”, reclamó.
Después de 52 días en alerta por alta ocupación hospitalaria, Bogotá desescala oficialmente las medidas implementadas para enfrentar la crisis en los servicios de salud. La Secretaría de Salud anunció el levantamiento de la alerta amarilla en hospitalización pediátrica y el paso de alerta amarilla a verde en hospitalización de adultos.El secretario de Salud, Gerson Bermont, explicó que la ciudad logró superar el pico respiratorio que afectó principalmente a la población infantil, en parte por el alto número de remisiones provenientes de otras regiones del país y por el ingreso de pacientes descompensados debido a la falta de medicamentos. “Ya estamos por debajo del 85 % de ocupación tanto en unidades de cuidados intensivos pediátricos como en hospitalización general para niños, lo que permite desescalar totalmente la medida”, indicó Bermont.Sin embargo, en el caso de la población adulta, la situación aún requiere atención. Aunque la ocupación hospitalaria se mantiene entre el 90 y 92 %, la ciudad pasó de alerta amarilla a verde, lo que implica mantener los planes de emergencia activos, pero con menor presión operativa.Entre las estrategias que han permitido mitigar la crisis se destaca la implementación de la hospitalización domiciliaria, una medida clave para aliviar la red hospitalaria y garantizar atención oportuna. Las autoridades aseguraron que Bogotá continuará adoptando acciones para responder a los desafíos estructurales del sistema de salud nacional, y mantener la capacidad de respuesta ante posibles nuevas emergencias.
A través de su cuenta de Instagram, Valerie Gutiérrez, una joven de Bogotá, narró un duro episodio que vivió tras salir de una fiesta en el norte de la ciudad, específicamente por el sector de la calle 85, en donde fue víctima de robo tras ser drogada en un carro pedido por aplicación.Ella y su amiga salieron de la fiesta para volver a casa, ambas pidieron un carro por aplicación y, como siempre, les enviaron la ubicación a sus amigos para saber cómo iban y poder estar pendientes de ellas.“La 85 estaba muy llena, y ya se empezaron a ir uno de mis amigos que estaba ahí presente me decía: ‘Yo vi que ustedes vieron el Uber y yo vi que ustedes iban a montar en el Uber’. Ahorita no puedo decir algo fijo de que nos montamos en la placa que no era o que, si era el Uber porque mi amiga no ha podido recuperar su celular, entonces no ha podido recuperar la cuenta. Entonces simplemente acá no es un video denunciando a alguien, sino contando lo que nos pasó. en ese momento mi amigo me escribe y me dice: ¿Por dónde van? ¿Dónde están? Avísame cuando llegues”, contó.Fue en el trayecto que, sin darse cuenta, terminaron perdiendo el conocimiento y fueron despertadas por el conductor que comenzó a pedirles que se bajaran del carro, a lo que ellas notaron que no tenían sus celulares ni pertenencias, a lo único que él respondió era que “otro carro las iba a llevar”.“El tipo nos bota en la 127 con séptima y nosotras nos vamos al otro carro. En el otro carro, el señor nos ve y nos dice: ‘Yo no las voy a llevar a ningún lado’. Y coge y acelera detrás del otro carro, que nos había dicho que estaba ya varado, no sé. En ese momento, yo como que reacciono a lo que está pasando y lo que hago es pasar la 127, Estábamos del costado, sur a norte, al frente del gimnasio femenino, y nos pasó y le dije, empecé a gritar y le dije a mi amiga: pidamos ayuda, vamos a una portería”, dijo.Al llegar a la portería y comunicarse con sus allegados, notaron que estuvieron drogadas por al menos hora y media, entre las 4 y 6 de la mañana. Luego llegaron a la casa de un amigo en donde pudieron ubicar su celular: un iPhone 17 Pro Max que se encontraba en la Primera de Mayo y pese que fueron hasta allá a buscarlo, la realidad fue que la Policía solo les respondió que “lo sentían y que el celular era un caramelo fácil para ellos”.“O sea, normalizamos la delincuencia. Nada, después de esto solo nos dijeron que nos recomendaba que fuéramos a la clínica porque ahora el problema era no saber cuál fue la cantidad de sustancia que nos habían dado. Que nada, llamé al médico, el médico vino, fue también con ayuda psicológica”, relató.Expresó que tras este episodio se ha mantenido tomando liquido y con episodios de ansiedad generados por la paranoia de este suceso, por lo que pidió un mayor control a estos casos por parte de las autoridades que “normalizaron” este tipo de situaciones.“Ya estoy superando el, pues, el impacto y la tristeza de mi celular. Yo con mi celular trabajaba, con mis marcas, es demasiado importante para mí. Pero bueno, lo material llega y, y hoy agradezco estar, estar bien, estar en mi casa, estar con mi familia. Voy a recuperarme pues con amor, que no hay más, y, y ya”, puntualizó.
Un ciudadano ruso señalado por terrorismo internacional fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando intentaba continuar su viaje hacia Cartagena. Se trata de Denis Alimov, de 42 años, quien tiene circular roja de Interpol y es requerido por la justicia estadounidense por cargos que incluyen conspiración para asesinar o secuestrar personas en Europa y financiar actos terroristas.El operativo fue realizado por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que el extranjero llegara al país en un vuelo de Turkish Airlines. Alimov pretendía hacer tránsito hacia Cartagena, pero fue interceptado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales gracias a los sistemas de verificación internacional.El hombre es requerido por un tribunal federal en Estados Unidos, su orden de captura fue emitida el 18 de diciembre por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, que además formalizó la solicitud de extradición. De concretarse el proceso, será trasladado a ese país para enfrentar juicio.De acuerdo con la investigación estadounidense, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Alimov habría participado en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa. El 17 de octubre de 2024 habría transferido cerca de 60.000 dólares para financiar la operación e incluso habría acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.Alimov además es señalado de suministrar información técnica y participar en el reclutamiento de otros implicados. Uno de los presuntos cómplices fue detenido en marzo de 2025 en Nueva York.Las autoridades estadounidenses le imputan cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, además de brindar apoyo material y financiar actos terroristas. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la captura fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información en tiempo real, lo que permitió identificar al viajero antes de su ingreso formal al país.
No paran los hechos de inseguridad en Bogotá. En la mañana de este martes 24 de febrero en el barrio El Real de la localidad de Engativá, un adulto mayor fue víctima de un robo e intimidación con un arma de fuego mientras le robaban una de las mascotas con las que iba caminando por el andén. Según lo que denuncia la dueña de uno de los dos bulldogs franceses, es que un sujeto se baja de un carro gris, intimida a su padre, forcejea con él, realiza un disparo al aire y después le roba al perro llamado Snow.“Fue en un carro con placas FYA096 de color gris con negro. Se bajó una de las personas a robarse a los perros. Hubo forcejeo, la persona sacó un arma, hicieron un tiro y, en medio de ese forcejeo, mi papá se cayó y se llevaron a uno de los perros. Él arrancó y se quedó uno de los perritos y el otro sí se lo llevaron", afirmó. Según lo que relata, el adulto mayor, al pensar no ser herido de gravedad, quedó muy herido tras el forcejeo con el ladrón. Así mismo, en la denuncia especifican que, a la hora de revisar los videos de cámaras de seguridad en la zona, se ve el vehículo dando varias vueltas por el barrio, tanto así que se alcanza a ver que trataron de robar a otra mascota horas antes de este hecho.Por otro lado, y tras la publicación que han hecho en redes sociales reportando el robo, la familia interpuso la denuncia en la URI La Granja, pero afirman ser víctimas de algunas extorsiones pidiendo dineros, entre 300.000 y un millón de pesos, a cambio de la libertad de la mascota y hasta con llamadas asegurando que el perro está muerto.De acuerdo con la dueña, Snow, el bulldog francés ya es un perro adulto de nueve años que necesita atención prioritaria. Concluye diciendo que es un integrante de la familia. Por ahora, no hay señales del recorrido que hizo el vehículo implicado.
Las autoridades confirmaron un atraco ocurrido sobre las 8:00 de la noche del lunes 23 de febrero en la reconocida panadería Romannoti de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Hombres armados irrumpieron en el establecimiento y amenazaron con armas de fuego a clientes y trabajadores.Aunque el establecimiento queda ubicado muy cerca del Concejo de Bogotá y de la iglesia Iglesia del Señor de los Milagros, los ladrones llegaron al punto a intimidar a los presentes. Según testimonios, los delincuentes llegaron en motocicletas, algunos encapuchados, y entraron al local buscando a una persona específica que al parecer tenían perfilada.Sin embargo, terminaron robando a varias personas en el sitio para luego emprender la huida en las motocicletas. Durante el atraco, los asaltantes se llevaron joyas y objetos de valor, entre ellos una cadena de alto costo, destacan las autoridades.Uniformados de la Policía llegaron al sitio a realizar las respectivas inspecciones en el lugar y recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer si el ataque estaba dirigido contra alguien en particular. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en el análisis del material probatorio para dar con los autores del robo en Teusaquillo.