Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
Pekín dio esta semana un nuevo paso en la carrera global por las telecomunicaciones del futuro al iniciar la segunda fase de pruebas de la tecnología 6G, según informaron medios locales citando al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. El anuncio refuerza la posición del país asiático como uno de los principales actores en el desarrollo de la próxima generación de conectividad móvil, llamada a transformar la forma en que personas, industrias y dispositivos se comunican.De acuerdo con las autoridades chinas, la primera fase de ensayos ya arrojó resultados significativos. Durante ese período inicial se lograron avances en más de 300 tecnologías clave vinculadas al ecosistema 6G, que abarcan desde nuevos materiales y componentes electrónicos hasta arquitecturas de red y métodos avanzados de transmisión de datos. Estos progresos sentaron las bases técnicas necesarias para pasar ahora a una etapa más compleja y cercana a la aplicación práctica.La segunda fase de pruebas se concentrará en los sistemas de red y en el desarrollo de equipos 6G precomerciales. Esto incluye la realización de ensayos integrales de productos considerados esenciales para el funcionamiento del nuevo estándar, con el objetivo de evaluar su desempeño en condiciones reales. Las pruebas permitirán comprobar la estabilidad, eficiencia y seguridad de las tecnologías desarrolladas, así como su compatibilidad con infraestructuras existentes y futuras.El impulso al 6G se apoya en una base tecnológica sin precedentes. China asegura haber construido la infraestructura de información más grande del mundo, con más de 4,8 millones de estaciones base 5G en funcionamiento y una red que da servicio a más de 1.200 millones de usuarios. Esta extensa cobertura ha permitido una rápida adopción del 5G en sectores como la industria, la salud y el transporte, y sirve ahora como plataforma para experimentar con la siguiente generación de conectividad.Según las proyecciones oficiales, el sistema 6G permitirá comunicaciones en todas las frecuencias y ofrecerá velocidades de Internet móvil superiores a los 100 gigabits por segundo. Esto implicaría una mejora sustancial frente al 5G, al posibilitar conexiones ultrarrápidas y de baja latencia en cualquier dispositivo y lugar. Expertos señalan que estas capacidades podrían abrir la puerta a aplicaciones como la realidad extendida, la automatización avanzada, los vehículos autónomos y nuevos modelos de servicios digitales. Con el inicio de esta nueva fase de pruebas, China acelera su apuesta por liderar la evolución tecnológica que definirá la próxima década.
Mientras que todos los sectores políticos y precandidatos presidenciales siguen organizándose de cara a participar en las consultas interpartidistas para la escogencia de aspirantes a la Casa de Nariño de distintas coaliciones, a la Sección Quinta del Consejo de Estado llegó una demanda que podría poner en riesgo la realización de este mecanismo de participación ciudadana.La demanda presentada por los abogados Juan Esteban Galeano y Martín Emilio Cardona, y que está dirigida a la magistrada Gloria María Gómez Montoya, solicita la nulidad de la Resolución 01542 del 1 de abril de 2025, con el que el Consejo Nacional Electoral estableció la fecha de consultas presidenciales del 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas.Sostienen los demandantes, que se estaría violando el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 (Ley de Partidos y Movimiento Políticos) y que señala que “en todo caso, las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo” y que dicha convocatoria de “garantizar la igualdad entre los partidos”.Se señala además que el mecanismo de consulta para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República, ya fue “debidamente agotado” el 26 de octubre del 2025 cuando el único movimiento político que acudió fue el Pacto Histórico para la escogencia de su aspirante (Iván Cepeda) y en el que votaron más de 2,7 millones de personas; generando un hecho electoral con efectos jurídicos plenos y vinculantes.Para los demandantes, permitir una nueva consulta en marzo generaría desigualdad en la competencia, afectación al erario por los gastos logísticos y de reposición de votos, así como la fragmentación de la voluntad popular.Es por eso que se solicita como medida cautelar, suspender la realización de las consultas, antes de que haya una decisión de fondo, por los hechos irreversibles en los que podría incurrir la organización electoral.De prosperar esta acción, los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio deberán buscar otros mecanismos para escoger a los candidatos de sus respectivas coaliciones, o que todos estos aspirantes lleguen sólos a la primera vuelta del 31 de mayo.
Los rumores sobre un posible traspaso de Kevin Serna a Boca Juniors comenzaron a tomar fuerza, especialmente desde Brasil, donde se habla de un supuesto interés del club argentino por el extremo colombiano que actualmente milita en Fluminense. Sin embargo, las declaraciones de su representante, Narciso Algamis, aclararon cuál es el real panorama del exjugador de Alianza Lima.En diálogo con Blog Deportivo, Algamis confirmó que Boca Juniors ha realizado un sondeo por el jugador, aunque aclaró que, por ahora, no existe ninguna oferta formal ni una negociación en curso.“Aparentemente a Boca le interesa el jugador, pero hay que ver si Fluminense está dispuesto a venderlo, porque hoy es un jugador muy importante en el plantel”, explicó el agente en Blu Radio.El representante también destacó el perfil profesional del futbolista colombiano y su rápida adaptación al fútbol brasileño. Según señaló, Serna es un jugador muy querido dentro del club, tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros, lo que podría dificultar una eventual salida. “Es un chico espectacular, profesional, íntegro, cero problemático y muy valorado en Fluminense”, afirmó.Actualmente, Kevin Serna tiene contrato con Fluminense hasta finales de 2027, un factor clave que le da al club brasileño una posición fuerte ante cualquier intento de negociación. En ese sentido, Algamis dejó claro que no será sencillo que el ‘Flu’ acceda a desprenderse de uno de sus hombres más importantes en el corto plazo.Sobre la postura del jugador, el agente explicó que Serna se encuentra cómodo en Río de Janeiro y no ha manifestado un deseo explícito de cambiar de aire. No obstante, anunció que en los próximos días sostendrá reuniones tanto con el futbolista como con la dirigencia del club para evaluar el panorama. “Voy a sentarme con él y con el club para hablar y ver todo bien, pero hoy está contento y adaptado”, señaló.Por ahora, el futuro de Kevin Serna sigue ligado a Fluminense, mientras el interés de Boca Juniors se mantiene, al menos, en fase de sondeo. Ahora bien, en Perú también están atentos a lo que pueda ser una posible transferencia del colombiano, pues implicaría una importante ganancia económica para Alianza Lima.
Colombia recibió una alerta por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco frecuente asociado a una intensa actividad solar y que podría generar afectaciones temporales en las comunicaciones, el servicio de internet y los sistemas de navegación satelital.Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tras detectar alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, actividades inusuales que también reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés) desde el lunes 19 de enero.De acuerdo con el comunicado del IGAC, el evento ha sido clasificado como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más intensas dentro de la escala internacional que mide este tipo de fenómenos.En Colombia, el monitoreo se está realizando desde el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, que desde la tarde del lunes, a partir de la 1:00 p. m., comenzó a registrar variaciones anómalas en el campo magnético de la Tierra.Este tipo de alteraciones puede afectar tecnologías que dependen de señales satelitales y de sistemas electrónicos sensibles. Por esa razón, el IGAC advirtió que podrían presentarse intermitencias en las comunicaciones móviles, fallas temporales en el servicio de internet, errores en la navegación por GPS y dificultades en la identificación de coordenadas en tiempo real.En su alerta, el Instituto hizo un llamado especial a extremar precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, así como en actividades aéreas, marítimas y terrestres que dependen de sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Aunque no se trata de un apagón tecnológico generalizado, sí existe la posibilidad de fallas puntuales y temporales mientras el fenómeno se mantiene activo.Por su parte, el SWPC informó que la tormenta de radiación solar fue clasificada en un nivel cuatro sobre cinco en la escala de gravedad y la calificó como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.En los últimos dos días, este fenómeno también ha provocado intensas auroras en distintas regiones del planeta y problemas de GPS para aeronaves, lo que refuerza la advertencia sobre posibles afectaciones en los sistemas de navegación y comunicación.
La Andi y Fenalco entregaron un reporte sobre el registro de vehículos de carga durante los meses de enero y diciembre del 2025. De acuerdo a lo expuesto por las dos agremiaciones, el registro de vehículos de carga creció un 34,6 % con respecto al mismo periodo del 2024, con un total de 12.405 vehículos.Esto representó una recuperación del sector con respecto a los dos últimos años donde se habían presentado caídas. En el 2023 pasaron de 16.814 registros a 10.797 y en 2024 a 9.217.Según el informe, el segmento que tuvo más crecimiento fue el de tractocamiones de entre 17 y 18 toneladas con 95 unidades registradas, lo que representó un crecimiento del 53,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Le siguen los tractocamiones de 2 y 3 ejes con 702 vehículos registrados y un aumento del 47,2 % y 45,4 % frente al 2024.El informe resalta que los vehículos que más se registraron utilizan como combustible el diésel, con el 98 % de los vehículos registrados. Los camiones que utilizan gas natural solo representan el 1,6 % de los registrados y los eléctricos el 0,2 %.En el acumulado del año, la marca con más registros fue la marca china Foton, con el 25,4 %; le sigue Chevrolet con el 21,6 %, luego JAC con el 7,7 %, International con el 5,1 % y Kenworth cierra el top 5 con el 5 % del total registrado.En cuanto a los departamentos donde más se presentaron registros, Cundinamarca lideró ampliamente con 5.940 vehículos, seguido de Antioquia con 2.044 y Santander con 902. En áreas metropolitanas, Funza, Medellín y Mosquera son los principales puntos donde se registran este tipo de vehículos.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
Todavía no ha pasado mucho tiempo desde que Luis David Manzano Orozco, alias 'Manzano', y Edwin Javier Ospino Cáceres, alias 'Drupi', fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, tras la orden de un juez de control de garantías en medio del proceso que los acusa como supuestos responsables de la muerte del joven ingeniero Jack Ramírez, quien recibió disparos cuando le robaron su vehículo en el norte de la capital del Atlántico.La madre del fallecido, Zamara Comas, declaró que las autoridades fueron efectivas en los primeros días, pero luego provocaron la dilatación del caso.“Al principio el operativo de la Policía y de la Fiscalía, así como las entidades del estado fue muy eficiente, lograron capturar a los responsables, pero al pasar de los días el proceso se dilató. El nuevo fiscal, por una o por otra cosa, canceló audiencias al igual que la defensa de los delincuentes y se nos vencieron los términos”, dijo por medio de sus redes sociales.En esa línea, la mujer, luego de contar lo duro que ha sido para ella aceptar vivir sin su hijo, y también lamentó que “el sistema esté a favor de los delincuentes”.“Es muy triste ver como el sistema parece que estuviera hecho más a favor de los delincuentes que de la justicia. Mientras ellos estén en la calle, otras mamás pueden pasar lo mismo que estoy pasando, pueden sufrir el dolor de que su ser querido sea arrebatado”, añadió con tristeza.Recordemos que a alias 'Manzano' y alias 'Drupi' les imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.Según la investigación, uno de ellos fue quien disparó el arma de fuego mientras que el otro, presuntamente, era quien conducía el carro con el que simularon un choque para hacer que el joven ingeniero bajara de su carro y cometerle el hurto.
El Tribunal Administrativo del Atlántico decidió admitir la demanda presentada por el senador Carlos Meisel y, en esa línea, suspender el cobro del impuesto de valorización pensado para los predios ubicados en el proyecto vial entre Barranquilla- Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad.Así fue acogida la solicitud realizada recientemente por la Procuraduría y los argumentos de Meisel que sostenían que este cobro fue implementado sin “los requisitos legales mínimos”, pues “no se elaboró ni publicó un censo predial técnico y actualizado” ni se ejecutó un proyecto de doble calzada, como se propuso, sino que más del 60% se adelantó como una “calzada sencilla”.“Contentos de anunciarle al Caribe que logramos tumbar este nuevo atropello del gobierno del presidente Gustavo Petro contra nuestra región, la cual ha sido particularmente afectada por decisiones y abandonos. Muchas veces tiene que quedarse callada e indefensa, pero hoy no”, afirmó el senador del Centro Democrático a Blu Radio.“Logramos tumbar con una acción popular este cobro injusto, hicimos un trabajo jurídico serio y largo, muy largo, al final del túnel salimos adelante. Vamos a seguir en la lucha y en la defensa del Caribe”, agregó.Ahora invías deberá realizar una socialización de este cobro en la zona de influencia, tal como Cartagena, Puerto Colombia y demás municipios, mediante el mecanismo de participación ciudadana de audiencia pública.Allí tendrá, además, que convocar en un plazo de tres meses a entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, gremios y a la comunidad, mismas que tendrán la oportunidad de hacer sus retroalimentaciones y recibir un pronunciamiento de las mismas por parte del ente.
Con junio también llegó la temporada de huracanes en el Atlántico. De acuerdo al más reciente reporte del Ideam, en el que asegura que al menos cada tres días pasará una onda tropical por este territorio que ya mantiene en alerta a Barranquilla, donde más de 70 casas perdieron sus techos por las primeras lluvias este fin de semana.La administración distrital informó que los barrios impactados por este fenómeno climático fueron San José, Buena Esperanza, El Valle y El Carmen, en la localidad suroccidente de la ciudad, por lo que se realiza una jornada de entrega de ayudas humanitariasNo obstante, el coordinador de pronósticos del tiempo Ideam, Sergio Ruiz, advirtió que, para estos días, se esperan lluvias intermitentes o hasta tormentas eléctricas tanto el miércoles como el jueves de esta semana.“El pronóstico para los próximos días nos indica lluvias intermitentes en Barranquilla y el departamento del Atlántico, sobre todo hacia el miércoles y jueves que serán los días más nublados y lluviosos. Sin embargo, todos estos días hacia el final de la tarde o primeras horas de la noche es probable que se presenten lluvias cargadas de tormentas eléctricas”, declaró a Blu Radio.Ruiz apuntó que, desde el Ideam, estarán monitoreando la situación sabiendo que actualmente hay alertas rojas por deslizamientos en Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena.Por otro lado, en el Atlántico la alerta por deslizamientos es amarilla en los municipios de Luruaco y Repelón.
Hay alerta en el departamento del Magdalena por el aumento en el reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad protagonizado por las estructuras de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, enfrentadas en el último tiempo por el dominio del territorio y las rentas criminales.Así lo confirmó la defensora de los derechos humanos en Santa Marta, Norma Vera Salazar, quien mencionó que recientemente ha recibido al menos 13 denuncias de estos casos en los que están jóvenes de entre los 13 y 22 años, los cuales son convencidos al recibir ofertas de hasta $1'500.000 en sueldo para cometer delitos.“Lo preocupante de la situación es que están ofreciendo dinero, sobre todo a jóvenes en altos niveles de vulnerabilidad, algunos desescolarizados y con problemas económicos en sus hogares, con falta de acceso a oportunidades. El promedio de dinero ofrecido oscila entre 1'200.000 y 1'500.000 pesos”, apuntó Norma en Blu Radio.Vera declaró que los reclutamientos son realizados mayormente en barrios periféricos de Santa Marta, Ciénaga y poblaciones en la Zona Bananera; donde estos son llevados hasta los campamentos para ser entrenados por un mes y, ya al ser parte de las respectivas estructuras, es que les permiten comunicarse con su familia.En ese sentido, la defensora de derechos humanos le solicitó al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, tomar cartas en el asunto.“Hay que hacer un llamado a Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta, que es donde más hemos recibido denuncias. El plan integral de seguridad y convivencia debe estar acompañado de acciones para disminuir el reclutamiento, no solo charlitas, decisiones significativas que generen encadenamientos productivos y disminuciones de las deserciones escolares”, agregó.Finalmente, afirmó que estas acciones han venido en aumento debido al agravo del conflicto entre ambas bandas criminales.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.