Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Los estafadores siguen creando métodos cada vez más sofisticados para cometer delitos, y como resultado, en los últimos días se ha alertado sobre una nueva modalidad de fraude a través de mensajes de texto que ya ha afectado a varias personas.El mensaje llega sin previo aviso y promete un pago en efectivo que parece estar listo para ser reclamado. En medio de la rutina diaria, muchas personas abren el texto con curiosidad o urgencia, sin sospechar que detrás de esa notificación se esconde una trampa digital diseñada para robar información personal y vaciar cuentas bancarias.Por ello, es importante saber cómo operan los ciberdelincuentes que, en los últimos días, han intensificado el envío masivo de mensajes fraudulentos a teléfonos celulares en el país.Ojo con los mensajes de texto que prometen pagosLa Secretaría de Seguridad alertó sobre esta modalidad de estafa, en la que delincuentes envían mensajes de texto que simulan provenir de casas de envío de giros, prometiendo falsos pagos en efectivo.En el contenido del mensaje incluyen enlaces sospechosos, cuyo objetivo es dirigir a las víctimas a páginas falsas creadas para capturar datos sensibles, como números de identificación, claves bancarias o información financiera.De acuerdo con las autoridades, al hacer clic en estos enlaces, las personas pueden ser redirigidas a sitios fraudulentos que imitan plataformas oficiales. Una vez allí, se les solicita ingresar información personal, que posteriormente es usada para cometer fraudes, suplantar identidades o acceder de forma ilegal a cuentas bancarias.Esta práctica es conocida como phishing, una de las modalidades más comunes de delito informático.¿Cómo evitar caer en la estafa de mensajes de texto?Ante la recepción de este tipo de mensajes, lo que recomiendan las autoridades es lo siguiente:No hacer clic en los enlaces incluidos en el mensaje.No compartir datos personales, bancarios o financieros.No reenviar el mensaje a otros contactos.Bloquear el número desde el cual fue enviado.Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, indicó que “la ciudadanía debe tomar precauciones y atender estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto. Los bancos nunca solicitarán este tipo de información a través de estas comunicaciones”.Asimismo, también se sugiere verificar siempre la información a través de los canales oficiales de las entidades y reportar casos de posibles estafas al CAI virtual de la Policía Nacional o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
El presidente ruso, Vladímir Putin, puso hoy precio a Groenlandia, isla ártica que Estados Unidos quiere comprar pese a la oposición danesa: entre 200 y mil millones de dólares."La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de Alaska que Rusia vendió a EE.UU. en el siglo XIX) (...) Eso quiere decir que si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de EE.UU., el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares", dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el segundo que convoca esta semana."Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra", añadió.Putin destacó que Rusia tiene experiencia histórica al respecto con la venta de Alaska, que Washington compró en 1867 al zar Alejandro II por 7,2 millones de dólares, a 4,73 dólares el kilómetro cuadrado (unos 158 millones al cambio actual, según el presidente ruso).Además, recordó que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia y de manera "bastante dura, por no decir cruel", informa la agencia TASS.Con todo, aseguró que ese asunto "no nos incumbe" y expresó su convencimiento de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles en Davos (Suiza) que Washington trabaja con la OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia que "es realmente fantástico".Los altos funcionarios rusos se han abstenido de criticar la posible anexión de Groenlandia e incluso ha puesto en duda de que la isla sea parte de Dinamarca, con la esperanza de que Washington reconozca las conquistas territoriales rusas en Ucrania.Putin aseguró en su momento que los planes de la actual Administración estadounidense de "anexionarse" Groenlandia no son "una ocurrencia disparatada" del actual inquilino de la Casa Blanca, sino que tienen "raíces históricas".Recordó que Washington ya intentó hacerse con la autonomía danesa y con Islandia en 1860, pero el Congreso no apoyó la moción. El presidente estadounidense Harry Truman también ofreció 100 millones en 1946.Putin rememoró que cuando EE.UU. compró Alaska, la prensa estadounidense tachó la operación de "locura". "Pero la adquisición de Alaska es probablemente vista ahora en Estados Unidos de otra forma, al igual que las acciones del presidente Andrew Johnson", apuntó.
Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en el municipio de Necoclí por cuenta del descontento de un sector de la población que reclama la adjudicación de la Hacienda Virgen del Cobre para asociaciones locales de víctimas del conflicto armado.Luego de más de 36 horas de que el inmueble fuera invadido por decenas de personas inconformes y sin derecho de propiedad, por segunda ocasión la fuerza pública desplegó un operativo de desalojo que generó por varias horas alteraciones del orden público inclusive en zona urbana de esta localidad del Urabá antioqueño.Efectivos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo Esmad, hicieron presencia muy cerca de instituciones educativas en medio de las súplicas de habitantes de la zona para evitar el uso desmedido de la fuerza o el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes.Tras varias horas del algunos conatos de enfrentamientos en las calles y el bloqueo de la vía nacional, el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Urabá, confirmó no solo la devolución del predio a las asociaciones beneficiadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, sino también la captura de 12 personas y la aprehensión de un menor de edad.El uniformado indicó que serán los nuevos propietarios los encargados de velar por el respeto del predio en compañía permanente de la policía."Ellos son los garantes de la protección de este terreno. Nosotros como Policía Nacional y todas las autoridades vamos a estar atentos, pasando revista y verificando que eso efectivamente se cumpla", destacó.La Hacienda Virgen del Cobre, un terreno de más de 1.143 hectáreas, ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por las denuncias de organizaciones sociales y campesinas de Necoclí que aseguran que no las tuvieron en cuenta para la adjudicación del inmueble que pertenció a alias ‘Pelusa’, testaferro del extinto narcotraficante Pablo Escobar.De igual manera, se han registrado duros señalamientos del propio presidente Gustavo Petro y el director de la ANT, Felipe Harman, sobre las vías de hecho de la comunidad que estarían siendo promovidas por el Clan del Golfo y el exalcalde del municipio, Adalberto Baena.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
Hay alerta en el departamento del Magdalena por el aumento en el reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad protagonizado por las estructuras de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, enfrentadas en el último tiempo por el dominio del territorio y las rentas criminales.Así lo confirmó la defensora de los derechos humanos en Santa Marta, Norma Vera Salazar, quien mencionó que recientemente ha recibido al menos 13 denuncias de estos casos en los que están jóvenes de entre los 13 y 22 años, los cuales son convencidos al recibir ofertas de hasta $1'500.000 en sueldo para cometer delitos.“Lo preocupante de la situación es que están ofreciendo dinero, sobre todo a jóvenes en altos niveles de vulnerabilidad, algunos desescolarizados y con problemas económicos en sus hogares, con falta de acceso a oportunidades. El promedio de dinero ofrecido oscila entre 1'200.000 y 1'500.000 pesos”, apuntó Norma en Blu Radio.Vera declaró que los reclutamientos son realizados mayormente en barrios periféricos de Santa Marta, Ciénaga y poblaciones en la Zona Bananera; donde estos son llevados hasta los campamentos para ser entrenados por un mes y, ya al ser parte de las respectivas estructuras, es que les permiten comunicarse con su familia.En ese sentido, la defensora de derechos humanos le solicitó al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, tomar cartas en el asunto.“Hay que hacer un llamado a Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta, que es donde más hemos recibido denuncias. El plan integral de seguridad y convivencia debe estar acompañado de acciones para disminuir el reclutamiento, no solo charlitas, decisiones significativas que generen encadenamientos productivos y disminuciones de las deserciones escolares”, agregó.Finalmente, afirmó que estas acciones han venido en aumento debido al agravo del conflicto entre ambas bandas criminales.
Luego de evaluar varias pruebas y testimonios, la Procuraduría General de la Nación consideró pertinente formular cargos y abrir una investigación disciplinaria en las últimas horas en contra de Sergio Jiménez Orellano, personero del municipio de Chiriguaná, Cesar, y quien, presuntamente, habría golpeado a una mujer llamada Eidys Johana Díaz Carranza.Los hechos, de acuerdo con el relato de la víctima, se habrían presentado en la noche del pasado 28 de abril de 2024 cuando Jiménez Orellano, en estado de embriaguez, llegó hasta la residencia de ella y luego de lanzarle improperios procedió a maltratarla físicamente causándole lesiones, que, según dictamen de Medicina Legal, le produjeron una incapacidad de ocho días.Señaló la afectada, en declaración rendida a las autoridades, que el implicado también ocasionó daños a muebles y enseres en su vivienda.Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar, el pasado 24 de mayo de 2024, abrió investigación disciplinaria en contra del funcionario.“El despacho consideró procedente formular cargos, ya que, eventualmente, Jiménez Orellano comprometió su responsabilidad, presuntamente, al cometer las faltas disciplinarias, de acuerdo con lo descrito como delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno, según lo contemplado en el Código Penal”, afirmaron en un comunicado.Recalca el órgano de control que “el implicado desconoció sus deberes como servidor público lo cual resulta, en principio, más grave dado que su gestión lo que busca es el bienestar de la comunidad y que las instituciones trabajen armónicamente en procura del bien social”.La conducta del personero fue considerada por la Procuraduría General como falta gravísima con dolo.
Luego de casi un mes de retrasos viales por el cierre de la concurrida Vía al Mar debido al colapso de un puente en Juan de Acosta, Atlántico, la concesión Ruta Costera habilitará desde este domingo un carril en doble sentido tras el rápido avance de las obras.De esa forma se lo confirmó a Blu Radio la gerente general de la concesión Ruta Costera y encargada de la obra, Natalia Abello Vives, a través de un comunicado.“Nos encontramos en la fase previa de la apertura de la rampa de aproximación al puente de Juan de Acosta. Como verán, tenemos ya los geobloques dispuestos para que este sábado, en el transcurso del día y la noche, podamos instalarlos de manera segura junto con el relleno del material y la capa granular que ayudará a darles la movilidad”, dijo inicialmente.“Estamos avanzando a todo ritmo, todo ha salido según el cronograma y esperamos pronto darle la hora exacta en la que vamos a darle apertura. Las buenas noticias continúan”, agregó.Por medio de su página web, la concesión Ruta Costera también había informado que “gracias al trabajo oportuno y continuo de especialistas en los frentes de obra definidos, se puede confirmar que el 1 de junio habilitaremos al menos un carril en doble sentido sobre el Km 74+900, permitiendo restablecer la movilidad en este corredor vial de manera controlada y segura para los usuarios de la vía”.En los últimos días, se construyeron 13 micropilotes con 18 metros de profundidad que darán mayor firmeza y estabilidad a la estructura del puente.“La estabilización del suelo en la base de soporte del terraplén a través del método de jet grouting, técnica de cimentación profunda que consiste en la inyección a alta presión de una mezcla de suelo cemento, lo que permite incrementar la estabilidad del terreno, lo que nos ha permitido construir 4 columnas de 6m cada una”, también especificó Ruta Costera.La gerente general de Ruta Costera, Natalia Abello Vives, destacó los esfuerzos y la prioridad de ofrecer una infraestructura segura y eficiente.
En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles acerca del accidente que se presentó en la vía Cordialidad, carretera que conecta a Barranquilla con Cartagena, y donde un bus terminó volcado tras embestir a dos motocicletas, dejando un saldo de un muerto y más de 20 personas heridas.El choque que se dio a la altura del municipio de Luruaco acabó con la vida de Keiner Sará Ospina, quien estaba a bordo de una moto marca Bajaj junto con María José Machaco Torres, mujer que aún está en el hospital municipal.El Departamento de Policía del Atlántico informó que el estado de salud del conductor del bus está por establecer, pero cerca de 20 pasajeros resultaron lesionados y tuvieron que ser llevados a diferentes puestos de salud en el Atlántico.De igual manera, en la otra motocicleta involucrada estaban Candelario Antonio Villanueva, quien tiene un trauma Craneoencefálico, y Pedro Antonio Vélez, hoy con traumas en su brazo derecho.Según se puede ver en cámaras de seguridad ubicadas muy cerca al punto del accidente de tránsito, al parecer el conductor del bus de servicio intermunicipal intentó adelantar a una de las motocicletas en la vía y perdió el control del mismo.Los hechos son materia de investigación para las autoridades competentes.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas