Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena en primera instancia contra el exgobernador del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por irregularidades en la contratación de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba en Istmina, un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.La Corte concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras comprobar que tramitó y celebró negocios jurídicos sin observar condiciones esenciales de la contratación estatal.Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación, al no poder comprobarse que se hubiera apropiado indebidamente de recursos públicos.¿Cuáles son los contratos que tuvo en cuenta la Corte?Este proceso judicial se centró en dos contratos suscritos en 2013: uno de interventoría y otro para la construcción de la primera etapa de la sede universitaria en el municipio de Istmina.Según el fallo, el contrato de interventoría fue celebrado mediante un acuerdo interadministrativo con la universidad sin que su objeto misional justificara esa modalidad de contratación directa.La Corte concluyó que la institución educativa no contaba con la capacidad técnica, administrativa ni logística para ejecutar la interventoría de dicha edificación, lo que llevó a que posteriormente subcontratara esas funciones con un tercero, evidenciando fallas de planeación y transparencia.En cuanto al contrato de obra, el alto tribunal determinó que se adjudicó sin estudios previos completos sobre el terreno, los diseños y las condiciones técnicas del proyecto.Además, se firmó el acta de inicio sin contar con licencia de construcción y el predio presentaba conflictos de ocupación por terceros, lo que impidió la ejecución normal de las obras y generó múltiples suspensiones y modificaciones contractuales.En su decisión, la Corte estableció que existe certeza sobre la responsabilidad penal de Palacios Mena por celebrar contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por ello, anunció sentido condenatorio por ese delito en concurso homogéneo, mientras que dispuso su absolución por peculado.La sentencia completa será dada a conocer en una etapa posterior, en la que se fijará la pena correspondiente por la que deberá responder el exgobernador.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal."Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República", señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.Esto es lo que se sabe: Unanimidad La ley se aprobó por unanimidad. El partido de Maduro tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios.La sesión de hecho se atrasó dos horas y media en medio de negociaciones."Hoy ha sido, ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo", dijo el diputado Rodríguez al inicio.El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.Mantiene que la amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo, que "esté a derecho o se ponga a derecho", es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez."Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía", reza el texto.La propia Delcy Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema. ExclusionesEl artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.También excluye a "las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".Venezuela fue bombardeada por Estados Unidos hace menos de dos meses.La líder opositora Machado por ejemplo ha sido señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones, lo mismo de otros dirigentes como Leopoldo López.Una fuente dijo a la AFP que una comisión especial creada en la ley estudiará esos casos de manera individual.Machado está en Estados Unidos, tras pasar más de un año en la clandestinidad en Venezuela. López lleva en el exilio en España desde 2020.Expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía "debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional".Huelga de hambreDecenas de familiares acampan frente a las cárceles desde el primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero. Muchos siguieron la sesión en silencio en sus teléfonos celulares, constató la AFP.Los 448 que salieron recibieron libertad condicional, un punto sobre el que activistas hacen hincapié: la amnistía debe conceder libertad plena.Una huelga de hambre que iniciaron el 14 de febrero un grupo de 10 mujeres, de las cuales quedaba una, finalizó con la aprobación de la ley.
En el colegio, en redes sociales o en encuentros convocados por internet, cada vez es más común ver adolescentes que se identifican con animales como lobos, zorros o gatos. Algunos usan accesorios, colas o máscaras; otros simplemente expresan que “se sienten” como ese animal. Y entonces llega la pregunta que inquieta a muchos padres: ¿qué hago si mi hijo dice que es un therian?La palabra therian significa animal salvaje y se usa para describir a personas, en su mayoría adolescentes, que dicen identificarse internamente con un animal.Para muchos jóvenes se trata de una identificación simbólica. Es decir, pueden decir “me siento como un lobo” o “me identifico con un gato”, pero entienden que biológicamente son humanos. Van al médico, asisten al colegio y mantienen claridad sobre la realidad.El problema aparece cuando esa identificación deja de ser simbólica y se convierte en una creencia literal, afectando la salud, la alimentación o el contacto con la realidad. En esos casos, ya no se trata de una moda o expresión juvenil, sino de una posible situación clínica que requiere atención profesional.¿Por qué está creciendo el fenómeno?Las redes sociales han jugado un papel importante, pues plataformas como TikTok e Instagram amplifican las tendencias, crean comunidades y validan identidades. "Un adolescente que se siente aislado puede encontrar en segundos un grupo que lo entiende y lo celebra".Más allá del animal específico, muchos especialistas señalan que el fondo del fenómeno suele estar relacionado con:Búsqueda de identidadSensación de no pertenecerBullyingSoledadBaja autoestima¿Qué deben hacer los padres?Los padres que no sepan cómo actuar al saber que sus hijos se identifican como therians deben tener en cuenta algunas cosas, según la psicóloga Débora Pedace, hay varios pasos que hay que seguir:1. No ridiculizarBurlarse, grabarlo para redes o minimizar lo que siente puede romper la comunicación. La humillación no corrige conductas; las radicaliza o las esconde.2. No validar sin límitesAceptar todo sin cuestionar tampoco ayuda. Permitir conductas que afecten la salud o refuercen una desconexión con la realidad no es apoyo, es descuido. El equilibrio está en combinar comprensión con firmeza.3. Poner límites clarosSe puede decir: “Entiendo que te identifiques con un lobo, pero en esta casa comemos comida humana y vamos al médico”. El límite no es rechazo; es estructura.4. Evaluar el nivel de realidadCon calma, pregunte: ¿Sabes que biológicamente eres humano? ¿Esto es simbólico o crees que tu cuerpo es de animal? Si hay confusión en este punto, es importante buscar orientación profesional.5. Mirar más allá del síntomaPregúntese qué está pasando en su entorno, ha sufrido acoso escolar, se ha aislado o ha mostrado tristeza persistente o cambios bruscos de comportamiento. A veces el therianismo es la punta del iceberg de un malestar emocional más profundo.¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional?La experta recomienda buscar ayuda profesional si se observan los siguientes comportamientos:Pérdida clara del juicio de realidadConductas que pongan en riesgo la saludAislamiento extremoAbandono escolarIdeas relacionadas con autolesiónDe notar alguna de estas acciones la psicóloga indica que el primer paso suele ser un psicólogo; si hay pérdida de contacto con la realidad, puede requerirse valoración psiquiátrica. Además, agregó que “no se debe convertir el tema en espectáculo, ni normalizar sin análisis cualquier conducta riesgosa. La clave es respeto sin romantización, escucha sin ingenuidad y límites sin violencia”.
En Santa Marta, capital del Magdalena, continúa la atención a las emergencias provocadas por las fuertes lluvias que dejaron más de 50 barrios inundados el pasado fin de semana. La Alcaldía Distrital informó que, hasta el corte de hoy, 700 familias han sido registradas en el censo de damnificados, principalmente en sectores como Pescaíto, San Fernando y Bastidas.La maquinaria amarilla sigue desplegada en los puntos más afectados, logrando recoger hasta el momento más de 150 metros cúbicos de lodo y escombros que obstruían calles y viviendas.“Hemos dispuesto más de 12 equipos de maquinaria para restablecer la movilidad y mejorar el acceso a los barrios afectados. Paralelamente, se están entregando ayudas como alimentos, colchones y agua potable”, precisó la Alcaldía a través de un comunicado.La emergencia también ha movilizado a la comunidad. La defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, está impulsando la campaña de recolección de donaciones. “Estamos articulando esfuerzos con voluntarios para llevar colchonetas, ropa y alimentos a las familias que lo han perdido todo. La solidaridad y unión de todos es fundamental en este momento”, señaló.Aunque el IDEAM mantiene la alerta por posibles lluvias, en la jornada de este lunes no se presentaron precipitaciones, lo que ha permitido avanzar en las labores de limpieza y atención. Sin embargo, el temor entre los habitantes persiste ante la posibilidad de nuevas lluvias.La Administración Distrital confirmó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) continuará activo hasta que se normalicen las condiciones en todos los sectores afectados.
Presuntos nombramientos irregulares es la conducta en la que habría incurrido la alcaldesa del municipio de Malambo (Atlántico), Yenis Orozco Bonet, y la razón por la que la Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos en contra de esta mandataria.Según el auto emitido por el ente de control, la alcaldesa Orozco nombró y posesionó a la jefa de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, Stephanie Andrea Escobar Domínguez; y al jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, César Augusto Cárcamo Altamar, sin que al parecer ninguno de los cuente con los requisitos académicos exigidos.A su vez, la Procuraduría reprochó el supuesto actuar de la jefe de la Oficina de Talento Humano, Eufemia María Salazar Benítez, quien “posiblemente omitió verificar que los candidatos al servicio público cumplieran con la formación superior legalmente establecida para ocupar los cargos para los que fueron elegidos”.Por lo anterior, Salazar Benítez también está siendo investigada y contra ella también se han formulado cargos por parte de la Procuraduría.La Procuraduría recordó que "el estado le exige a quienes ejercen funciones públicas que actúen conforme a lo indicado en la Constitución, la Ley y demás normas previstas” y que “no deben actuar en el ejercicio de sus funciones con omisión, incumplimiento y/o extralimitación, pues su violación los hace responsables ante las autoridades competentes (…)".Con estas conductas los investigados habrían podido incurrir en incumplimiento de sus deberes, faltas calificadas por el Ministerio Público en esta etapa procesal como graves a título de culpa grave.
Este lunes, después de permanecer ocho días hospitalizado por quebrantos de salud, falleció Rómulo Rodado Villa, quien desde el año 2020 se venía desempeñando como gerente de la red pública hospitalaria de Barranquilla.Rodado era médico cirujano, especialista en anestesiología y reanimación y, antes de asumir la gerencia en MiRed IPS, se desempeñó como jefe de Quirófanos y Anestesia, y asesor de Seguridad del Paciente en la mencionada institución.El Distrito de Barranquilla destacó el compromiso de Rodado para “la consolidación de MiRed IPS como una red integral al servicio de la comunidad”.A través de un comunicado, MiRed IPS destacó que Rodado, “durante su gestión, impulsó mejoras fundamentales en la atención en salud, fortaleció el modelo de red e integración público- privada y defendió con firmeza el acceso digno y equitativo a los servicios para toda la ciudadanía”.“Su liderazgo humano y profesional fue clave en la evolución de MiRed IPS como referente de salud de calidad a nivel nacional e internacional, logrando múltiples reconocimientos gracias al trabajo en equipo que siempre promovió”, resaltó la entidad.
En un rastreo financiero, económico y patrimonial, la Fiscalía General de la Nación detectó bienes rurales y urbanos que habrían sido adquiridos con recursos producto del envío de cocaína a destinos internacionales, propiedades que figuraban a nombre de personas distintas a los verdaderos dueños para intentar ocultar su relación con el narcotráfico.La Fiscalía detalló que entre los bienes figuran “28 inmuebles y una sociedad comercial que superan en valor los 19.500 millones de pesos” y cuyo “dueño real sería Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado colaborador del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', a finales de los años ochenta, y presunto financiador de grupos paramilitares en la década de los noventa”.Fue así como, mientras avanza el proceso y con el fin de protegerlas y evitar su circulación en el mercado, el ente acusador impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre estas propiedades, ubicadas en San Onofre, Tolú y Sincelejo (Sucre), y en Montería (Córdoba).“En las verificaciones se conoció que, en 1991, Piedrahita Sánchez constituyó una sociedad para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos y a algunos de los bienes obtenidos con estos recursos, otros fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas que no acreditaban la capacidad económica para adquirirlos y tenerlos”, detalló la Fiscalía.
Entre 20 y 25.000 pesos estarían exigiéndoles los extorsionistas a los conductores de buses de Puerto Colombia por cada viaje que realicen entre este municipio del Atlántico y Barranquilla, donde a diario movilizan a miles de trabajadores y estudiantes.Por la situación, las autoridades desarrollaron un consejo extraordinario de seguridad en el que definieron medidas de protección para conductores y pasajeros y evitar que esta extorsión afecte el transporte público, informó el Jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leiva.“Dentro de esos compromisos está la disposición de un personal de inteligencia a lo largo y ancho de este recorrido, inclusive también en los buses que prestan este servicio, así como la implementación de una red de apoyo por parte de la empresa Excolcar y la Policía Nacional para que finalmente se le dé la tranquilidad y poder reaccionar de manera oportuna si se llega a necesitar”, indicó.El funcionario sostuvo que están avanzando las investigaciones para dar con los responsables de estas extorsiones a los conductores y que pronto caerán en manos de la justicia.“También establecimos con ellos una mesa de trabajo cada ocho días para poder evaluar los compromisos que tenemos y darles la tranquilidad de que garantizaremos la integridad de cada uno de ellos”, agregó.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.
Atrapada dentro de su vivienda envuelta en llamas tras la explosión de un cilindro de gas que usaba para la preparación de los alimentos, quedó una mujer de 67 años que perdió la vida la tarde de este jueves en la isla de San Andrés. La víctima es Laura Santana, una mujer raizal que vivía en el sector de San Luis. El coronel James Evelio Totena Girón, comandante de la Policía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, indicó que fueron alertados de la emergencia, pero pese a que hubo una reacción inmediata, los funcionarios no pudieron ingresar a la residencia a rescatarla.“Es posiblemente la explosión de un cilindro de gas en el interior de la casa, el cual utilizaban para sus labores domésticas lo que originó el incendio. Llegamos y la reacción fue inmediata. La comunidad se comunicó. Tratamos de acercarnos, pero fue imposible. Nuestros funcionarios no pudieron ingresar a la residencia y lamentablemente se presenta esta situación”, detalló el coronel Totena.Al momento de la conflagración la mujer se encontraba acompañada de una hija que alcanzó a salir a tiempo y resultó ilesa de la explosión, sin embargo, no pudo ayudar a su madre.En el sector, un ciudadano también intentó ingresar a la vivienda, pero las llamas ya la habían rodeado por completo, lo que imposibilitó que hiciera el rescate de su vecina.
En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte continúan bajo estricta vigilancia médica dos de los tres turistas extranjeros atacados a tiros la noche del pasado domingo, cuando disfrutaban del ambiente de Carnaval en una esquina del barrio Montecristo de Barranquilla.Uno de los hospitalizados es el joven francés Motte Cyprien Loic, de 20 años, quien fue impactado en el pecho, el abdomen, brazos y piernas, inclusive, las balas le causaron algunas fracturas, por lo que debió ser sometido a una cirugía y está a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. Sus padres viajaron de emergencia a Barranquilla y están acompañándolo en su proceso de recuperación.El otro herido que sigue en UCI es Teo María Starostenko, joven italiano de 24 años, quien fue baleado en la espalda y tuvo que ser sometido a una intervención en el tórax. Tras el procedimiento, permanece estable.Hipótesis de la comunidadEntretanto, en el barrio donde ocurrió el ataque aún persiste el medio. Testigos contaron a Blu Radio que esa noche, los pistoleros parecieron descargar sus armas, pues las balas resonaron una y otra vez como si fuera pirotecnia amenizando un baile de Carnaval.El atentado es materia de investigación por parte de la Policía, pero los habitantes de la zona apuntan a que este pudo ser un ataque de bandas extorsionistas en contra de la tienda donde se encontraban departiendo los turistas.La tienda no volvió abrir sus puertas desde aquel trágico hecho y, aunque los propietarios del negocio les han dicho a sus vecinos que no estaban siendo extorsionados, la gente no descarta esta hipótesis.
La entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS en Barranquilla se está demorando tanto que la desesperación de los pacientes por empezar sus tratamientos los está llevando hacia el mercado negro, un punto en el centro de esta ciudad en el que se revenden fármacos sin tratamiento previo, permisos, ni control de fechas de vencimiento u autenticidad.Allí, no solo hay medicinas que dejaron de ser usadas por otras personas, sino también de contrabando, pues en julio del año anterior fueron incautadas, precisamente en el centro de Barranquilla, más de 58.000 unidades de antibióticos, antivirales y analgésicos distribuidos por una red que se lucraba de alrededor de 520 millones de pesos.Una de las tantas madres que desde este año se vio obligada a comprar en este lugar, debido a que Nueva EPS no le entrega medicamentos a su hija desde octubre del 2025, dice que esta menor tiene una enfermedad huérfana llamada Síndrome de Rett, la cual genera degeneración, epilepsia, desnutrición, atrofia muscular y hasta parálisis cerebral, y de la que hace 20 meses tampoco le mandan soporte nutricional.“Uno siempre va con el miedo de comprar unas pastillas a las que le hayan falsificado una fecha y estén vencidas, nunca se me va. ¿Qué más podemos hacer? Una mamá cabeza de familia que no cuenta ni con un salario mínimo estable, no puede tener un trabajo firme por la situación de ella. No hay a quien acudir, ni hay alguna fundación que respalde a esos niños”, declaró esta mujer que prefirió no dar su identidad.Le puede interesar: Más de 63.000 medicamentos no entregados en Manizales: crisis de Nueva EPS se repite en todo el paísAlega esta mujer que para ella los recibos de la luz son más caros que el arriendo dado a que su hija es oxigeno dependiente y que el costo total de las medicinas junto con el plan nutricional supera los dos millones de pesos.No tiene con qué responder, tampoco logró graduarse de auxiliar de enfermería, así que le manda un mensaje al presidente Gustavo Petro para que ayude con la entrega de medicamentos a pacientes de enfermedades huérfanas.“Ya está bueno, deberían tomar decisiones, ¿hasta cuándo van a tener al pueblo así muriéndose? hay padres de familia pasando un dolor tan grande, no saben la agonía de no saber qué le estamos dando a nuestros hijos. Nada garantiza comprar algo que esté vencido o que no sea el medicamento que usted cree que es. ¿Hacia dónde va este país?”, dijo además.Esta es la única niña que padece este Síndrome en el Atlántico y, debido a los retrasos en su tratamiento, comenta su madre que, según los médicos, ya pasó a la última fase de vida.
Al gestor cultural Johan Parra se le cumplió el sueño de tomarse una foto con Shakira en el barrio por el que tanto trabaja para que se proyecte el talento de su gente. Él, quien es conocido por ser un líder del barrio Abajo, logró conocer a la artista mientras participaba en la logística del rodaje que esta realizó el pasado miércoles 19 de febrero. Aunque Parra cuenta que llegó hasta allí a trabajar, no perdió la esperanza de poder hacerse a la fotografía con una artista. "Estábamos en el trabajo. Dios nos regaló esta oportunidad de estar con ella. Feliz porque ahora todo el mundo hablando del barrio Abajo y viniendo a visitarnos", contó. Le puede interesar: Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas localesA lo que se refiere Parra es al efecto que generó la visita de Shakira y Beéle, siendo que los turistas quieren llegar al 'Museo a cielo abierto' a conocer el mural en el que grabaron el video. "Yo vine al Carnaval y estaba disfrutando la ciudad. Hoy cuando me levanté y vi lo de Shakira, enseguida busqué para venir y conocer el sitio. Ahora me voy más contenta todavía para el aeropuerto", contó una caleña de visita en el sector.