Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Fuertes señalamientos realizó la Fiscalía este jueves en contra del abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, en medio de la audiencia preparatoria de juicio que en estos momentos busca definir la pertinencia de las pruebas que el juez Hugo Carbonó aprobó o no para la cita esperada.Durante ese proceso de discutir la validez de las apelaciones expuestas por la defensa, la fiscal Lucy Laborde apuntó que el abogado tiene titubeos imaginarios, pues quiere conocer una verdad para de allí escoger las pruebas a utilizar, cuando según ella el orden correcto es indicar los materiales probatorios para luego confirmar si Petro Burgos se enriqueció o no ilícitamente.Una de esas pruebas controvertidas señaladas por la Fiscalía, y con la que habla de un presunto proceso de interrupción a su investigación, es la del celular que fue incautado a Day Vásquez. Aunque Alejandro Carranza pidió que no fuese admitida, defienden desde el ente acusador que al tratarse de una entrega voluntaria no se necesitaba una orden judicial para sacar sus datos.“No se requiere una orden de un juez de garantías para buscar lo que ya ha sido entregado para su examen. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más exactamente la decisión AP 3439 de 2024, aclara que la entrega voluntaria de información digital por su propietario no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, sino un acto de colaboración con la justicia que no requiere autorización judicial antecedente”, indicó Lucy durante el encuentro.Apunta Laborde que de allí no se hicieron dos extracciones de información como dice Carranza, sino que un fiscal sacó los datos y otro los analizó. Por ende, espera que esta prueba llegue a juicio pues de allí sale la base fundamental de la teoría de la Fiscalía, hablando de las conversaciones entre Day y Nicolás Petro.Añade que no tiene necesidad de informarle o propiciar interrogatorios a sus fuentes no formales, pues lo concreto no son sus declaraciones sino los resultados operativos de sus datos. Es decir, se usan como camino no como fin.Por de más, para la Fiscalía tampoco hay necesidad de excluir el interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos, debido a que esas declaraciones no fueron dichas en un marco de principio de oportunidad fallido, sino —dice ella— inexistente.“No se realizó ninguna actividad respecto de un principio de oportunidad. No fue fallido, fue inexistente. Es así como no se puede hablar de que sea necesario excluir esas declaraciones que rindiera Nicolás Fernando Petro Burgos frente al investigador bajo la gravedad del juramento, puesto que no se entran dentro del beneficio mencionado”, aseguró.Finalmente, la fiscal Lucy Laborde insiste en que el juez Hugo Carbonó debe compulsar copias contra el abogado Alejandro Carranza tras citar una evidencia que, según ella, fue obtenida ilícitamente. Se refiere a un video de la audiencia de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, diligencia que fue privada y para obtenerla debió solicitar una autorización.En esa diligencia fue donde se dio a conocer que Mario Burgo obtuvo información de fuentes que luego se utilizaron para aprobar la orden de captura y el allanamiento de la casa del hijo del Presidente.
Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
La muerte de Cecilia Quintero en Cúcuta volvió a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud en Norte de Santander. La mujer falleció mientras esperaba medicamentos para su hijo con discapacidad, un caso que sindicatos del sector califican como reflejo de un modelo que atraviesa una profunda crisis financiera y, según denuncian, un proceso de “deshumanización”.En entrevista con MañanasBlu10:30AM, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander, Aristides Hernández, responsabilizó al Gobierno Nacional por la gestión de las EPS intervenidas, especialmente de la Nueva EPS, y cuestionó los constantes cambios en su dirección."El gobierno nacional ha cambiado 5 veces la interventoría en menos de 2 años... estratégicamente cambian el interventor porque cuando nos sentamos a hacer las conciliaciones y concertaciones, y cuando llegamos a la nueva mesa para mirar el desarrollo, lo que vemos que no se ha cumplido en nada", afirmó.Según el dirigente, cada relevo en la interventoría implica retrocesos en los acuerdos de pago con hospitales y clínicas, lo que mantiene en asfixia financiera a la red prestadora.Aunque desde la intervención se asegura que se realizan giros directos de entre el 80 % y 90 % a hospitales y farmacias, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz —principal centro asistencial del departamento— aseguran que esos recursos no se reflejan en la práctica. Hernández, quien participa en la mesa de control de gastos del hospital, sostiene que las deudas siguen creciendo.El sindicato advierte que el caso de Cecilia Quintero no sería aislado. Hernández habló de un patrón de desatención que estaría generando consecuencias fatales."Nosotros ya decimos a los medios de comunicación que muera una persona por desatención ya no es noticia, porque todos los días, todos los días podemos llevar en este momento más de 5.000 personas que han fallecido por la desatención", expresó.Además del impacto en los pacientes, la crisis golpea directamente al personal médico. En varias IPS del departamento se reportan salarios adeudados desde octubre del año pasado y pagos parciales que no permiten estabilidad económica. Esto ha provocado renuncias y despidos, debilitando aún más la capacidad de atención.Frente a las declaraciones del Ministerio de Salud sobre llevar a las EPS a “cuidados intensivos”, Hernández respondió: "Los que estamos en cuidados intensivos somos los colombianos".
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
El exministro y hoy candidato presidencial Daniel Palacios confirmó en entrevista con mañanas Blu 10:30 que viajó a Washington para solicitar a las autoridades de Estados Unidos revisar menciones del senador Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, en el marco del proceso judicial contra Nicolás Maduro.Durante el diálogo, Palacios negó haber actuado por instrucción del expresidente Álvaro Uribe. “Yo he hecho una campaña independiente (…) no milito en el Centro Democrático”, afirmó. Añadió que su movimiento recogió más de 1.300.000 firmas y que las decisiones adoptadas responden, según dijo, a lo que considera “responsable con el país”.Solicitud ante autoridades de Estados UnidosEl exministro explicó que presentó una solicitud directa ante la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, para que se revisen las menciones de Cepeda en el material incautado a Raúl Reyes.“Si esos computadores se les ha dado validez en Estados Unidos (…) lo que yo le pedí a la fiscal general de los Estados Unidos es que lo revise y que si ve esas menciones de Iván Cepeda y considera que deben ser investigados, pues que se haga, porque nadie puede quedar en la impunidad y Colombia merece saber la verdad”, sostuvo.Palacios señaló que entre el 13 y el 27 de marzo se desarrollaría la primera audiencia contra Maduro y que allí se conocerían los elementos probatorios. Según indicó, el computador de Raúl Reyes “es una pieza fundamental” dentro del proceso.Respuesta a señalamientos y relación con el Centro DemocráticoFrente a los señalamientos de Cepeda, el candidato cuestionó lo que calificó como una estrategia de victimización. “Se tiene que conocer la verdad de sus vínculos, de sus relaciones, de su cercanía con las extintas Farc, y nadie está por encima de la ley, señor Cepeda”, expresó.Sobre su relación con el Centro Democrático, Palacios aseguró que no existe una pelea. “Sencillamente se tomó una decisión de hacer una competencia de manera independiente (…) no seré obstáculo para quien tenga mayor chance de derrotar el continuismo de Gustavo Petro”, afirmó.Finalmente, reiteró que su candidatura busca “derrotar a la delincuencia” y evitar lo que denominó el “continuismo” del actual gobierno, insistiendo en que continuará con su campaña presidencial.Escuche la entrevista completa acá:
La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE. UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales, indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.Las autoridades cubanas indicaron, además, que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".Entonces, según el relato del Minint, la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (centro de Cuba), donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que, a su vez, respondieron también con disparos.En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis personas que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).El Minint no aportó, por el momento, datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos en el año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE. UU. disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocó heridas a un oficial cubano.El otro suceso se produjo en Bahía Honda (oeste), cuando una lancha procedente de EE. UU. chocó con una patrullera del Minint, y el resultado fue el hundimiento de la primera y la muerte de varios de sus tripulantes.Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte (Ciego de Ávila, Villa Clara, La Habana), usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes, señalando estas acciones como "violaciones territoriales y tráfico humano".
Autoridades revelaron los detalles detrás de lo sucedido a Estefanía Restrepo Valencia, una creadora de contenido conocida en el mundo de las redes sociales como la Traviesa, quien el 13 de octubre fue asesinada en el sector de La Tablaza, del municipio de La Estrella, cuando se encontraba con su expareja sentimental, quien fue capturado en las últimas horas.Inicialmente, Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez llegó a la Clínica Las Vegas en Medellín, donde intentó encubrir los hechos manifestando que su compañera al oponerse al robo, fue agredida con arma cortopunzante, motivó por el que falleció, pero las autoridades adelantaron el análisis de cámaras de video vigilancia públicas y privadas, realizaron entrevistas, la inspección técnica al lugar de los hechos, el análisis forense y el estudio detallado del vehículo donde ocurrió la agresión. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que el lado en el que fue agredida la víctima fue lo que dio indicios de que el señalado agresor mentía."En el sector de la variante podemos establecer que ellos no fueron objeto de ninguna agresión, de hurto calificado, sino que los hechos se suscitaron al interior del vehículo marca Mazda tipo Sedán. Se hace la recolección de los elementos materiales de las manchas de sangre y se pudo establecer que el origen de ese ataque no fue de la parte externa, sino que el hecho se presentó al interior del vehículo", indicó el general Bello. Además los propios familiares de Estefanía detallaron que el hombre le había sido infiel y días antes habían tenido una discriminó por esta razón, lo que motivó el fin de su relación. "Este delincuente siempre la acompañaba a hacer diferentes actividades para que ella pudiera crear todo ese contenido digital es poner en las redes sociales, los familiares son los que nos indican que ya habían habido algunos casos de intolerancia por la infidelidad de este delincuente", aclaró. El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que este caso reúne las circunstancias para que el hombre sea juzgado por el delito de feminicidio, que deberá ser tipificado por la Fiscalía."En este caso se trataría de un feminicidio, ya tocaría que sea la Fiscalía y se tipifique de esta manera, y que el tipo pague. Es un homicidio de un hombre a una mujer por motivos pasionales encaja 100% en lo que es un feminicidio y se trata de de un feminicidio y deberá responder como tal", señaló el secretario.Parte de los elementos que llamaron la atención de las autoridades es que el hombre recorriera en su carro Mazda desde la variante Caldas hasta el barrio El Poblado para que la mujer recibiera atención médica, en vez de acudir a centros asistenciales del sur, más cercanos al epicentro de los hechos.Tras la captura de este hombre en vía pública del barrio Robledo Palenque, en Medellín y las audiencias concentradas, un juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Acordonado y con presencia de la Policía y la Fiscalía se encuentra el sector conocido como el “Sombrero Vueltiao”, en la vía al mar, a la altura del municipio de Juan de Acosta, luego de que la madrugada de este viernes delincuentes en una camioneta instalaran explosivos dentro de un cajero automático para robarlo.El hecho ocurrió hacia las 5:00 de la madrugada y, según se observa en cámaras de seguridad, uno de los delincuentes bajó del vehículo, ingresó al cajero automático, instalando los explosivos que luego fueron detonados, todo con la intención de abrir las cajas donde se encontraba depositado el dinero.Por la explosión, la estructura colapsó y en el sitio quedaron varios billetes quemados.De acuerdo con la Policía del Atlántico, un personal de técnicos de Bancolombia está a la espera de verificar y determinar si los delincuentes finalmente lograron llevarse parte del dinero, toda vez que las cajas donde se deposita los billetes aún están alojadas en la estructura afectada.Los delincuentes huyeron en el vehículo con rumbo a Cartagena, sin embargo, a la altura del corregimiento de Cascabel la camioneta fue dejada abandonada.La Policía Nacional ha determinado un grupo de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal y Antiexplosivos, quienes se encuentran realizando la recolección del material probatorio necesario para orientar la investigación y dar con la captura de los responsables de este hecho.Intento de robo anteriorEste cajero electrónico de Bancolombia ya se encontraba en la mira de los delincuentes, quienes hace más de un mes intentaron robarlo.En ese momento los asaltantes con herramientas de soldadura intentaron abrir la caja fuerte del cajero, sin embargo, algunos ciudadanos lograron percatarse de lo ocurrido y avisaron a las autoridades, quienes frustraron el robo.
La empresa Air-e no solo enfrenta los cobros de las empresas generadoras de energía por deudas que superan los $1.5 billones, sino también por numerosos requerimientos que la Fiscalía le está realizando por posibles sobrecostos en la operación que impactarían en el presunto manejo irregular de cerca de $400 mil millones de pesos. Se trata de una investigación por presunto hurto de alta cuantía se da a partir de una denuncia que interpuso el pasado 25 de abril el abogado Jaime Lombana, vinculado en el pasado como representante de Alberto Ríos Velilla, quien, como se recordará, era socio de la empresa antes de la intervención.Según el abogado, durante la administración de los agentes interventores Carlos Diago y Edwin Palma se habrían presentado irregularidades multimillonarias, asociadas a posibles solicitudes de coimas, manejos asociados a corrupción y que sobre el tema ya le habrían negado la entrega de información a la Contraloría."Todo indica que el hurto y la apropiación de recursos, que son de los ciudadanos, van a repercutir en un posible apagón y resquebrajamiento de las finanzas de la empresa. Esto puede traducirse en una no prestación del servicio", explicó. En consecuencia con esta denuncia, la Fiscalía ha solicitado documentos como estados financieros correspondientes al periodo de la intervención (septiembre - octubre de 2024), copias de los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados durante la intervención, copia del acuerdo de pago celebrado con Interaseo para el pago de más de $148.000 millones que hacían parte de una deuda que estaba en litigio. "La Fiscalía ya sacó unas ordenes de policía judicial, en el sentido de dar a establecer lo sucedido. Lo que es más grave, lo que más preocupa a la ciudadanía, es que Air-e no entrega información, ni siquiera a los entes de control", señaló el abogado.
El nombramiento de un nuevo agente interventor en la empresa Air-e levantó principal atención en la Procuraduría General de la Nación, ente que informó que seguirá vigilando de manera especial tanto la realidad administrativa de la compañía como sus deudas con el sector energético y de gas.En ese mismo sentido, y junto a la Contraloría General de la República, se elevó una solicitud hasta el Gobierno nacional en el marco de la Mesa de Diálogo sobre la sostenibilidad financiera, cobertura, calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y gas domiciliaria, para implementar soluciones estructurales y una mejor focalización de los llamados subsidios.El ente de control reconoce importantes avances en el giro de los subsidios hechos por el Gobierno a los sectores de energía y gas, y “valoró positivamente el anuncio del ministro de Minas y Energía de ponerse al día, describiendo eso como “un avance significativo para la estabilidad financiera del sector y que garantiza la continuidad en la prestación de estos servicios esenciales”.Recordemos que el Ministerio Público intervino en la acción de cumplimiento que buscaba gestionar el pago de los subsidios por un valor cercano a los $2.5 billones, los cuales estaban retrasados hasta hace algunos días.En el mismo sentido, la entidad recalcó la importancia de que el proceso de pago se refuerce con medidas de transparencia frente a los saldos adeudados y las etapas asociadas, implementando un tablero de control que le permita a la ciudadanía tener información en tiempo real.Finalmente, solicitó a los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público evitar que esta situación se repita este año, y anunció la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios en relación con los temas de la deuda pública.
Luis Alfredo Polo Cadena, Jhon Jairo Fernández Rodríguez y Dámaso Guerrero Acosta es la identidad de los tres integrantes de la banda Los Neutrales que fueron judicializados por los delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir en el departamento del Magdalena.El Juzgado 4 Penal del Circuito de Santa Marta ordenó más de dos años de prisión para los procesados y multas que superan los 1.33 salarios mínimos legales vigentes, siendo la sanción de Polo Cadena la más alta tras tener que pagar 5.5 salarios.De acuerdo con el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e Intervenida, Fermín De la Hoz Torrente, seis miembros de la misma banda siguen vinculados al proceso, algunos de ellos con medida de aseguramiento, y podrían enfrentar una condena similar, “dada la contundencia de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación”.Igualmente, siete clientes que contrataron los “servicios” de la banda Los Neutrales, aceptaron los hechos y realizaron una conciliación con la compañía para evitar que el proceso avanzara en su contra.La investigación en contra de la banda Los Neutrales implicó el allanamiento a cinco residencias en los barrios Ciudadela 29 de julio, Parques de Bolívar, Villa Bella y El Pando, entre otros, en el Distrito de Santa Marta, en donde se dieron las capturas de los procesados por manipulación de equipos de medida, instalación de transformadores y otro tipo de prácticas por fuera de la ley.“Gracias a las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, se pudieron detectar conversaciones en donde se identificó la existencia de una estructura criminal bien organizada para promover y ejecutar adulteraciones en los diferentes equipos de Medida con el objetivo de que los usuarios se apropien del servicio de energía. También se identificaron en las conversaciones los usuarios que estaban involucrados en estos hechos”, publicó Air-e.“Luego de estas condenas confiamos que en los más de 600 procesos penales que lleva la empresa, también se produzcan sentidos de fallos condenatorios”, subrayó Fermín De la Hoz.Air-e Intervenida realizará cerca de 40.000 visitas entre los meses de junio, Julio y agosto, con cerca de 130 equipos técnicos en los 3 departamentos donde se ejecutará revisiones a los equipos de medida, especialmente en sectores de actividad comercial, estratos 4,5 y 6 e industrial y multifamiliares.Este es el primer proceso judicial que se concreta en el Magdalena relacionado con el robo de energía, mientras que ya la región Caribe suma dos, siendo el primero de ellos en La Guajira.
Hombres armados ingresaron este jueves a un establecimiento dedicado a la venta de motocicletas en el barrio La Ceiba, en el suroccidente de Barranquilla, donde robaron las pertenencias de los clientes que en ese momento se encontraban en el lugar.Allí, según el reporte inicial de la Policía, los delincuentes robaron dos celulares y un anillo de oro, y se dieron a la huida, sin embargo, cuando intentaban escapar, uno de los afectados decidió perseguir a los ladrones.En medio de la persecución, los delincuentes abrieron fuego contra la persona que iba tras ellos y de esa manera impactaron a Romario Alberto Heredia Jiménez, de 25 años, quien sufrió una herida en el pecho y murió cuando era atendido en el hospital Nazareth.La Policía fue alertada de inmediato y minutos después una patrulla logró capturar a dos presuntos involucrados en estos hechos, Luis Enrique Maza Flórez, de 25 años, y Víctor Manuel Genes Uribe, de 29.De Maza Flórez se estableció que presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.Mientras que Genes Uribe presenta ocho anotaciones, tres de ellas por homicidio y las demás por concierto para delinquir, lesiones, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.A este par de hombres les incautaron un vehículo taxi y un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos sin percutir.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).