Tras la alerta roja emitida por el aumento en los niveles del río Cauca, crece la preocupación en La Mojana bolivarense ante los inminentes riesgos de nuevas emergencias por inundaciones.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó a través de su cuenta en X que actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca —una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja— que podrían generar aumentos importantes en los niveles de caños, ciénagas y otros cuerpos de agua conectados en la zona.Las principales alertas se presentan en los municipios de San Jacinto del Cauca, Achí y Montecristo.“Queremos hacer un llamado a que estén muy atentos en los municipios de La Mojana bolivarense, en especial San Jacinto del Cauca, Achí, Montecristo y comunidades ribereñas aledañas al cauce del río Cauca, ante el rompimiento de Caregato. Recibimos la alerta roja del Centro de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana y del Ideam; por eso es importante seguir las indicaciones de las autoridades competentes”, indicó el mandatario.Asimismo, el director de Gestión del Riesgo de Bolívar, Daniel Vargas, aseguró que también hay alertas en los municipios del Magdalena Medio por el aumento del río Magdalena.“Seguiremos monitoreando y articulando con todos los municipios para brindar tranquilidad y apoyo constante a todos ellos. También nos dirigimos al sur de Bolívar y le pedimos a todo el Magdalena Medio que esté muy atento a los niveles del río Magdalena, ya que también se están presentando altos niveles en este”.
Bajo la lluvia y enfrentando las condiciones adversas del frente frío, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, en articulación con la Escuela de Buceo LionFish Expedition, desarrolló una jornada de control del pez león en el sector de The Cove, donde logró la caza de 42 ejemplares.Este resultado “contribuye de manera efectiva a reducir el impacto sobre el ecosistema marino de la isla”, toda vez que se trata de una especie invasora que pone en riesgo hasta a los arrecifes, informó el capitán de Corbeta Julián Díaz, comandante de la Estación de Guardacostas San Andrés Isla."Esta especie invasora, presente en todo el Caribe colombiano, representa una seria amenaza a la biodiversidad marina, ya que depredada peces nativos y altera significativamente el equilibrio natural en los arrecifes", detalló el capitán Díaz.Así, el Comando Específico de San Andrés y Providencia informó que las jornadas de control continuarán como una herramienta clave para mitigar su impacto y favorecer la recuperación de las especies propias de la región.
Fueron dos sicarios que caminaban a altas horas de la noche por el barrio Villa Carolina, del municipio de Baranoa, los que le terminaron quitando la vida este jueves a Landry Johana Yepes Estrada, de 26 años, siendo ella la mujer número 15 que es asesinada este año en todo el departamento del Atlántico.Al mismo tiempo, ya son cuatro las mujeres asesinadas en las últimas 48 horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.Yepes Estrada estaba en la terraza de su vivienda junto con su pareja sentimental, de quien se dice que al parecer recibió un disparo en su pierna. Por ello, no hubo tiempo de llevarla a un centro asistencial.De acuerdo con declaraciones entregadas por el alcalde del municipio Edison Palma, detrás del crimen habría motivaciones pasionales.“La hipótesis que se maneja por parte de la Policía del Atlántico es la de un presunto hecho sicarial con motivos pasionales. Al parecer la mujer presuntamente mantenía alguna relación con la persona para la que estaba dirigido el atentado”, dijo este mandatario.Recordemos que este jueves fue hallada en una zona enmontada del barrio 12 de Octubre de Soledad Gloria Esther Araújo Varela, mujer de 36 años que estaba desaparecida desde el pasado lunes 23 de febrero.Las otras dos jóvenes asesinadas fueron identificadas como Glenis Patricia Rodríguez Ariza y Luzdaris Maickell Guerrero Corro, atacadas con arma de fuego en el área metropolitana de BarranquillaOtro casoUn grupo especial de investigación criminal fue designado por la Policía en el Atlántico para esclarecer todo lo relacionado con el atentado a bala contra un menor de 14 años, al que le propinaron un disparo en su cabeza en plena calle del municipio de Malambo.El suceso ocurrió casi a las 11 de la noche de este jueves y, reportan las autoridades competentes, que la víctima estaba en la plaza de la zona departiendo con dos amigos.Aunque aún no hay indicios de las razones y los responsables de este hecho, Blu radio conoció que el punto en el que se perpetró el ataque tiene injerencia de la banda los costeños.Por su parte, los médicos intentan salvarle la vida a este joven, hoy bajo pronóstico reservado.
“Nada funciona bien, todo lo hacen mal”, fue la más reciente crítica que hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, este viernes contra la Aeronáutica Civil por los pocos avances que se tienen en sus obras de mantenimiento y modernización.Debido a las demoras para recibir una respuesta a la carta del Distrito, en el que se postulan desde el año anterior para tomar el control de esta terminal aérea, ahora Char pidió tener en cuenta una operación mixta. Es decir, administrado entre ambos.“Ojalá se lo entreguen a la ciudad porque ese aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra dice que no es similar. Los ministros del Gobierno Nacional no lo hacen bien. No es algo de ahora, es desde hace muchos años atrás. Lo hacen muy mal”, dijo inicialmente.“Hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente, a los que vienen a visitar a Barranquilla por el Malecón, por el Carnaval o por la selección Colombia. Llegan al aeropuerto y dicen que es horrible. La gente cargando maletas, los abuelitos, las señoras, las mamás con los niños. Nada funciona. Nosotros les estamos diciendo que lo entreguen, que acá sabemos hacer las cosas”, agregó.De hecho, la gerente de ciudad, Ana María Eljure, ya había asegurado a Blu Radio que hicieron una visita recientemente en la que verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.Las declaraciones del alcalde Alejandro Char fueron dichas en medio de la entrega de obras de renovación de la sede Colsamiro de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).Allí con una inversión inicial de 11 mil millones de pesos, fueron renovadas la oficina de vicerrectoría, sala de profesores, oficinas administrativas, biblioteca, enfermería y al menos cinco aulas.El proyecto tiene como objetivo renovar las tres sedes de esta institución con una inversión total de 26.000 millones de pesos.
La Contraloría está advirtiendo que la estrategia nacional de financiamiento climático actual tiene algunas limitaciones importantes, especialmente en el rastreo y monitoreo de recursos privados e internacionales.Por eso no se puede hacer una evaluación precisa sobre si se está cerrando o no la brecha de financiamiento climático en Colombia.“Aunque la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) logró aumentar la movilización de recursos públicos para enfrentar el cambio climático, persisten limitaciones significativas en el rastreo y monitoreo de las fuentes privadas e internacionales. Esta falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados”, explica la Contraloría.Es importante recordar que esta estrategia permite conseguir y ejecutar recurso para enfrentar el cambio climatológico.“El estudio evaluó la línea “Desarrollo de instrumentos económicos y financieros”, hallando una ausencia de inventario actualizado que registre ajustes, rediseños o incorporaciones de instrumentos posteriores a la estrategia de 2017 y su actualización en 2022. Además, no existe un monitoreo que asegure el cumplimiento de sus objetivos, imposibilitando evaluar su eficacia en la movilización de recursos para el cambio climático y su impacto en la reducción de la brecha de financiamiento”, explicó la Contraloría.
El Ministerio de Salud habilitó más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos luego de que en los últimos días se evidenciara una reemergencia del sarampión en distintas partes del mundo, además de un aumento significativo en el continente americano, sobre todo en México y Estados Unidos, sedes del Mundial de Fútbol 2026.Por esa razón, el Gobierno nacional busca prevenir, sobre todo, a las personas que planean viajar al Mundial, con el fin de proteger al país de una masiva importación del virus y una posible emergencia epidemiológica por sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año se reportaron, solo en el continente, más de 14.000 casos, 32 veces más que en 2024.Además, esta semana el Gobierno confirmó que 4 personas que viajaron internacionalmente llegaron a Colombia como sospechosas de haber contraído sarampión; uno de los casos llegó desde México. Uno de los casos ya fue descartado y los otros tres continúan bajo estudios y vigilancia estricta para determinar si tienen o no esta enfermedad.Las vacunas que estarán disponibles en los puntos de vacunación gratuitos son la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente, que solamente protege contra sarampión y rubéola.¿Quiénes y cómo deben vacunarse?Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses.Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis.Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021.Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.Personas vinculadas al turismo, la hotelería y el transporte internacional.Las autoridades reforzarán la vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para la rápida identificación de posibles casos y garantizar el aislamiento oportuno de los casos sospechosos. También se fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema de salud, activando rutas de atención en IPS para los casos sospechosos; además, se dará prioridad a pacientes que presenten fiebre o sarpullido.
La decisión fue adoptada debido a una deuda que, según la gerencia del hospital, supera los 7.500 millones de pesos. El gerente, Willintong Arriaga, explicó que, pese a los acercamientos y acuerdos con el nuevo interventor de la EPS, hasta el momento no han recibido una solución concreta.“A los usuarios les pedimos disculpas, pero también que se pongan en nuestros zapatos. Debemos pagar salarios, comprar medicamentos, combustible y cubrir remisiones. Un traslado de Solano a Florencia puede costar alrededor de cinco millones de pesos. Si no contamos con gasolina, no podemos movilizar las ambulancias”, manifestó el directivo.De acuerdo con Arriaga, hace aproximadamente diez días Asmetsalud habría realizado pagos a otras entidades de salud del departamento, pero no a la ESE Fabio Jaramillo, lo que obligó a suspender la atención regular y mantener únicamente el servicio de urgencias.La situación ha encendido las alertas en el ámbito departamental. El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró que la deuda de las EPS intervenidas con la red pública y privada del departamento continúa en aumento.“Se suponía que con la intervención la deuda iba a disminuir, pero ocurre lo contrario. Hoy estamos hablando de casi medio billón de pesos que estas EPS le adeudan a la red de salud del Caquetá”, indicó el mandatario.Aunque la crisis del sistema de salud se presenta a nivel nacional, las autoridades locales esperan que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y evitar afectaciones mayores a los usuarios.
La liberación del candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, tras permanecer 36 horas retenido en el municipio de Pelaya, Cesar, ha generado una fuerte controversia nacional. En entrevista concedida a Mañanas Blu, el aspirante aseguró que sus captores le exigieron frenar las denuncias públicas que viene realizando contra la organización Sayco Acinpro, entidad encargada del recaudo de derechos de autor en Colombia.Las declaraciones del candidato desataron una inmediata reacción de la Organización Sayco - Acinpro (OSA), que a través de un comunicado oficial rechazó de manera categórica cualquier vinculación con los hechos y anunció que pedirá una investigación exhaustiva.El relato de la retención en PelayaSegún narró Vásquez, el hecho ocurrió a las 5:10 de la mañana cuando salía de su vivienda con destino a una emisora local. “Prendí el carro y se me acercó una persona, me colocó un arma y me dijo: ‘no te voy a asesinar, súbete en la moto que vamos a hablar algo contigo y te traemos’”, relató en la entrevista radial.El candidato aseguró que fue trasladado a una vivienda dentro del mismo municipio, donde permaneció con los ojos vendados y sentado en una silla durante toda la retención. “Fueron 36 horas que me mantuvieron ahí retenido. Pasé toda la noche en una silla”, afirmó.De acuerdo con su testimonio, los captores le indicaron que el acto tenía un carácter “preventivo” y que el objetivo era enviarle un mensaje directo: “Me manifestaron que no querían que yo siguiera con las denuncias contra la empresa privada Sayco y Acinpro”.Vásquez fue enfático al reiterar que esa fue la motivación expresada por quienes lo retuvieron: “Los secuestradores me dijeron que me tenían retenido por un tema preventivo y que no querían que yo siguiera las denuncias contra Sayco y Acinpro en Colombia. Es correcto y lo ratifico”.Denuncias contra Sayco Acinpro y proyecto de leyEl aspirante al Senado ha sido un crítico recurrente del modelo de recaudo de derechos de autor en Colombia. En la entrevista explicó que desde hace una década asesora a comerciantes frente al pago de tarifas, las cuales considera “arbitrarias”.“Esta empresa privada ha venido atropellando a los comerciantes de Colombia, imponiéndoles tarifas totalmente arbitrarias”, sostuvo, agregando que la Superintendencia de Industria y Comercio habría impuesto sanciones recientes a la organización.Además, vinculó el episodio con el debate legislativo del Proyecto de Ley 258, que según indicó busca convertir en obligación legal el pago a estas entidades recaudadoras. “El principal objetivo de ellos es que en estos momentos hay un proyecto de ley en el Congreso para que sea una obligación pagarles por ley. A eso le tienen miedo, que yo llegue al Senado y exponga los argumentos jurídicos”, manifestó.Cuando fue cuestionado sobre la responsabilidad de señalar indirectamente a una organización como Sayco Acinpro en un hecho criminal, Vásquez aclaró: “Yo no lo estoy vinculando. Usted me pregunta qué me dijeron los captores. Ellos manifestaron que me retenían para que dejara las acusaciones contra la empresa privada”.Sin embargo, también anunció que interpondrá una denuncia pública contra Rafael Manjarres, compositor y presidente de Sayco, por declaraciones que, según él, lo señalarían de actuar ilegalmente en el negocio de asesoría sobre derechos de autor.Sayco Acinpro rechaza insinuacionesEn respuesta a las declaraciones del candidato, la Organización Sayco - Acinpro emitió un boletín fechado el 27 de febrero de 2026 en el que “registra como hecho positivo el regreso del señor Andrés Vásquez” y recalca que la libertad es un valor superior en el Estado Social de Derecho.No obstante, la entidad fue contundente en rechazar cualquier insinuación que la vincule con la retención. En el comunicado, la organización “recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano”.Conunicado de Sayco AcinproSAYCO - ACINPRO REGISTRA POSITIVA LIBERACIÓN DE ANDRÉS VÁSQUEZ Y RECRIMINA SUS INSINUACIONES QUE RELACIONAN A LA ENTIDADBogotá, Febrero 27 de 2026La Organización Sayco - Acinpro, OSA, registra como hecho positivo el regreso del Señor Andrés Vásquez, presuntamente retenido en el municipio de Pelaya (Cesar), por cuanto la libertad, como valor superior de cualquier colombiano es un bien para proteger y un derecho de orden mayor en un Estado Social de Derecho, que tutela la constitución colombiana.La Organización Sayco - Acinpro, OSA, recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano porque como ciudadanos de bien, es en los estrados judiciales en donde hemos venido enfrentando la labor delictuosa que adelanta el Señor Vásquez, trabajando para empresas de dudosa reputación, apropiándose de los derechos de los autores con maniobras amañadas y sin amparo legal alguno, acción que continuaremos enfrentando encumplimiento de nuestros lineamientos estatutarios y en defensa del conglomerado cultural que representamos.Reiteramos que nada tiene que ver nuestra organización con este hecho que no deja de presentar características muy particulares, y exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva que descarte un posible montaje, simulacro u autosecuestro.
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
La Gobernación del Magdalena encendió las alarmas tras recibir una denuncia ciudadana sobre el funcionamiento de un ferry en una zona afectada por un grave proceso de erosión fluvial entre los municipios de Salamina y El Piñón, al norte del departamento.Según registros aportados por la comunidad, la embarcación opera hoy en un punto altamente erosionable, a solo 600 metros de la cabecera municipal de Salamina, lo que representa un riesgo inminente tanto para la integridad de los usuarios como para la estabilidad del terreno.Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Magdalena convocó de manera urgente a una mesa técnica con las principales entidades nacionales y órganos de control. Entre ellas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Invías, Ministerio de Transporte, Cormagdalena, Corpamag, Procuraduría, Contraloría Departamental y la Alcaldía de Salamina.“Esta es una alerta que surge de la ciudadanía y que hemos tomado con total seriedad. El ferry estaba operando en una zona estable, pero luego es movido a un punto de alta erosión. Esto puede agravar aún más la situación y necesitamos respuestas inmediatas de las entidades responsables”, afirmó Vanessa Cárdenas, secretaria de Ambiente del Magdalena.La funcionaria también indicó que se trata de una emergencia en evolución que debe ser atendida con criterio técnico y coordinación interinstitucional. “Desde la Gobernación estamos haciendo el llamado para que cada entidad asista con su representante legal o director, con capacidad de tomar decisiones, porque las medidas que se acuerden en la mesa de trabajo deberán implementarse de inmediato”, resaltó.La situación cobra especial relevancia, dado que esta zona ha sido históricamente golpeada por la erosión del río Magdalena. En años anteriores, eventos similares han puesto en riesgo la conectividad de la región y la seguridad de comunidades ribereñas.La comunidad insiste en que la ubicación actual del ferry compromete no solo la estabilidad del terreno, sino también la seguridad de quienes lo usan a diario. Se espera que la mesa técnica permita tomar acciones concretas y evitar que esta nueva alerta termine en una tragedia anunciada.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia contundente: los cinco pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka, enfrentan un riesgo real de extinción física y cultural por cuenta de la violencia que se vive en el territorio.Así lo expresó Scott Campbell, representante del organismo en Colombia, luego de una visita de campo realizada los días 13 y 14 de mayo en esta región.“El riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, señaló Campbell, quien hizo un llamado directo a los gobiernos nacional, departamental y local para actuar de forma urgente y coordinada.Durante su visita, la ONU verificó múltiples afectaciones que van desde control territorial por grupos paramilitares, reclutamiento forzado de jóvenes y niños, restricciones a la movilidad, hasta la desaparición forzada, masacres y violencia sexual, particularmente contra mujeres indígenas.La situación es alarmante. Solo en el 2024, según el informe, al menos 600 personas del pueblo wiwa fueron desplazadas y se documentaron los asesinatos de líderes como Wilfrido Segundo Izquierdo, indígena arhuaco, y Manuel Moya, presidente de una Junta de Acción Comunal en El Banco, Magdalena.En lo que va de 2025, el organismo ha recibido denuncias sobre cinco homicidios de personas defensoras de derechos humanos y ha documentado una masacre en La Guajira. “Las mujeres indígenas nos dieron un testimonio valiente y angustioso. Nos pidieron que exigiéramos al Estado condiciones mínimas para seguir existiendo como pueblos”, agregó Campbell.La Oficina también advirtió sobre la venta de tierras en Santa Marta para proyectos turísticos sin consulta previa, y el aumento de homicidios: solo en la capital del Magdalena se pasó de 242 homicidios en 2022 a 311 casos en 2024.Frente a este panorama, la ONU recomendó priorizar los derechos de los pueblos indígenas en los diálogos con grupos armados ilegales y fortalecer la presencia estatal en la región. “La tragedia que enfrentan estos pueblos puede contenerse. El Estado colombiano debe actuar, y nuestra Oficina seguirá apoyando los esfuerzos para lograrlo”, concluyó Campbell.
Siendo las 11:30 de la noche de este jueves se confirmó el fallecimiento de Lissi Judith Camargo Noriega, la mujer de 63 años que recibió un disparo en su cabeza por parte de los escoltas del exsenador Gerardo Vecino, quienes pensaron que atentarían contra la vida de su protegido en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.Así se lo confirmó a Blu Radio hace unos momentos, Milton Angulo, hijo de la víctima, declarando que pone todo en manos de las autoridades para que se haga justicia.“El mensaje que enviamos a las autoridades es que logren hacer justicia y capturar a las personas que cometieron este hecho tan atroz con mi mamá. Lo dejamos todo en manos de la justicia colombiana y en manos de Dios”, dijo inicialmente“Hasta el momento no sé nada, mi mamá iba preciso atrás de ese carro en un momento inoportuno. Ella era una docente pensionada que no iba a atentar contra nadie, yo soy un profe universitario y tampoco creo que tengamos algo que ver con atentar contra alguien”, agregó.Milton aseguró que Lissi Judith se montó en la camioneta Duster para ir con su yerno Ángel José Daza Cuello a comprar una medicina y otro par de cosas en Puerto Colombia, luego volverían a su vivienda.Finalmente, Angulo Camargo dijo que recordará a su mamá como una persona alegre y que era muy especial con sus estudiantes.
Un nuevo ataque violento contra una integrante de la población LGTBI+ causa consternación en el país. La lideresa y activista trans de los Montes de María, Nawar Jiménez, de 28 años, fue encontrada muerta en una cuneta a las afueras del municipio del Carmen de Bolívar en un sector conocido “el Blacho”.Según el reporte de la Policía de Bolívar, la víctima, que registra denuncias de amenazas en los años 2019 y 2024, recibió, al parecer, dos golpes en la cabeza con un objeto contundente.“El cuerpo fue hallado en zona boscosa, a unos 30 metros de la vía nacional sobre una cuenta en el municipio del Carmen de Bolívar. La Policía Nacional desplegó un componente especial de Policía Judicial que se desplazó hasta el sitio para recolectar los elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan determinar el modo tiempo y lugar de este hecho”, señaló el teniente coronel Carlos Vidal, comandante operativo y de seguridad ciudadana de la Policía Bolívar.Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, aseguró que Nawar era víctima del conflicto armado, y lideraba procesos de reparación integral a las personas LGBTIQ+ en este territorio.“Este asesinato, además de que nos tiene muy tristes, nos preocupa por cuatro asuntos. El primero es que es la segunda mujer trans del sujeto de reparación colectiva que es asesinada en el Carmen de Bolívar. Hace dos años fue asesinada La Pola, otra mujer trans en circunstancias muy similares y, pese a que el sujeto de reparación colectiva debe tener una protección especial de la unidad de protección y del Estado, se nota que no lo están haciendo”, precisó.Castañeda pidió a las autoridades que este asesinato sea reconocido como un feminicidio agravado.“Esta situación nos preocupa altamente. Esperamos que este asesinato se investigue con contundencia, pero, sobre todo, que se ponga fin a esta práctica sistemática de violencia que afecta a las personas LGBTIQ+, que se reconozca que el asesinato de Nawar es un feminicidio. Es un feminicidio agravado porque se trata de una lideresa trans que estaba en alto riesgo en razón de su activismo por las causas LGBT en la región”, sostuvo.El director de Caribe Afirmativo también cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades municipales y departamentales para proteger la vida de las lideresas trans.“En el año 2023 y 2024, la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas advirtiendo que las lideresas trans, entre ellas Nawar, estaban en alto riesgo en el territorio, porque se dedicaban al trabajo sexual y no hubo ninguna acción por parte del gobierno territorial ni la Gobernación de Bolívar ni la alcaldía del municipio para responder a esto”.A su vez, la Procuraduría General de la Nación se pronunció pidiendo a las autoridades que identifiquen, individualicen y judicialicen, en el menor tiempo posible, a los autores materiales e intelectuales de este asesinato que calificaron como “horrendo”.“El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, reiteró el compromiso de la entidad en la protección de todas las personas en Colombia, sin importar su orientación sexual e identidad de género, e invitó a toda la institucionalidad a trabajar coordinada y articuladamente en procura de defender la vida, justicia y seguridad de la sociedad”, agregó el Ministerio Público.
El gerente general de Afinia, Ricardo Arango, ratificó durante su visita a Barranquilla la crisis financiera en la que se encuentra la compañía, sin embargo declaró que eso no es excusa para pensar en una intervención del Gobierno Nacional.Arango especificó que las dificultades se derivan de un bajo nivel de recaudo, hoy en un 78.5%, y las pérdidas que crecen hasta el 28% por el no pago de los usuarios, aunque tienen positivismo de encontrar una solución.“Llevamos 70 años como grupo económico prestando los mejores servicios públicos en este país y en los departamentos en los que operamos. Tenemos a Quindío, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, incluyendo a los cuatro de la región Caribe en los que sirve Afinia. Por lo tanto, EPM ha enviado un mensaje de permanencia”, dijo inicialmente.“Nuestra motivación o compromiso es ser un gestor eficiente de servicios públicos domiciliarios. Entregar Afinia al Gobierno nacional no se ha contemplado en el panorama”, agregó.El gerente de Afinia también se refirió al pago parcial de los subsidios prometidos por el Gobierno nacional, sosteniendo que es un alivio por el momento, pero no soluciona los problemas estructurales a mediano y largo plazo.“El hecho de que hayamos recibido, como efectivamente sucedió esta semana, los subsidios por el periodo 2024 por parte del Gobierno nacional que estaban impagos desde hace mucho rato, pues alivia de cierta manera, pero en términos de mediano y largo plazo no soluciona el problema estructural”, apuntó.“El problema es mucho más profundo. Tiene que ver con la cultura, con las pocas inversiones que hicieron en el pasado los operadores”, agregó.Arango le confirmó a Blu Radio que los usuarios en los departamentos en los opera tienen una deuda con la empresa de hasta 5 billones de pesos, incluyendo los compromisos financieros heredados de Electricaribe, por ello, insistirán en su iniciativa de que la comunidad de los barrios populares consuma energía dependiendo a su poder adquisitivo.En el Cesar se representan la mayor cantidad de las pérdidas, con un 39%.
A tan solo 48 horas de que el departamento del Atlántico se estremeciera con la noticia del asesinato del trabajador de una empresa de buses intermunicipales, como posible retaliación por el cobro de extorsiones, este viernes fue asesinado un ganadero que, al parecer, también estaba siendo víctima de cobros extorsivos.Se trata de Vicente Mercado Cepeda, quien es reconocido en Sabanalarga por su gestión como ganadero de la zona. Este habría sido interceptado por unos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hacia la ventana del conductor, lo que le causó heridas que en cuestión de minutos acabaron con su vida.Como consecuencia del atentado, Mercado perdió el control de la camioneta que conducía y terminó estrellándose contra un poste y un muro, lo que dificultó la salida de su cuerpo del carro.Mercado, al parecer, también había sido víctima de un atentado en semanas anteriores en su finca, del cual logró resultar ileso, sin embargo, las balas lo alcanzaron este viernes cuando iba en la vía Cordialidad.
La instalación del sistema solar beneficiará a más de 1.500 estudiantes y 62 docentes que no contaban con las condiciones óptimas para el aprendizaje en la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, ubicada en el corregimiento de Mayapo, municipio de Manaure en La Guajira; con la intención de ofrecer un suministro de energía constante y confiable para esa comunidad educativa del pueblo wayuu.Los paneles instalados en convenio con Gestión Energética S.A. E.S.P. (GENSA) beneficiará a 1.593 estudiantes y 62 docentes, con mejores condiciones de iluminación, seguridad y operación en la institución, lo que contribuye a un entorno más adecuado para el aprendizaje y a la permanencia escolar en esas poblaciones.El sistema fotovoltaico de 43,6 kWp (kilovatio pico), garantiza energía continua para la operación de espacios esenciales del internado como la cocina y los dormitorios, fundamentales para el bienestar de los estudiantes, quienes permanecen en la institución e incluso residen ahí. Con esa energía se podrían mantener encendidas unas 15 a 20 casas de familia al mismo tiempo con sus electrodomésticos básicos.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Fuertes señalamientos realizó la Fiscalía este jueves en contra del abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, en medio de la audiencia preparatoria de juicio que en estos momentos busca definir la pertinencia de las pruebas que el juez Hugo Carbonó aprobó o no para la cita esperada.Durante ese proceso de discutir la validez de las apelaciones expuestas por la defensa, la fiscal Lucy Laborde apuntó que el abogado tiene titubeos imaginarios, pues quiere conocer una verdad para de allí escoger las pruebas a utilizar, cuando según ella el orden correcto es indicar los materiales probatorios para luego confirmar si Petro Burgos se enriqueció o no ilícitamente.Una de esas pruebas controvertidas señaladas por la Fiscalía, y con la que habla de un presunto proceso de interrupción a su investigación, es la del celular que fue incautado a Day Vásquez. Aunque Alejandro Carranza pidió que no fuese admitida, defienden desde el ente acusador que al tratarse de una entrega voluntaria no se necesitaba una orden judicial para sacar sus datos.“No se requiere una orden de un juez de garantías para buscar lo que ya ha sido entregado para su examen. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más exactamente la decisión AP 3439 de 2024, aclara que la entrega voluntaria de información digital por su propietario no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, sino un acto de colaboración con la justicia que no requiere autorización judicial antecedente”, indicó Lucy durante el encuentro.Apunta Laborde que de allí no se hicieron dos extracciones de información como dice Carranza, sino que un fiscal sacó los datos y otro los analizó. Por ende, espera que esta prueba llegue a juicio pues de allí sale la base fundamental de la teoría de la Fiscalía, hablando de las conversaciones entre Day y Nicolás Petro.Añade que no tiene necesidad de informarle o propiciar interrogatorios a sus fuentes no formales, pues lo concreto no son sus declaraciones sino los resultados operativos de sus datos. Es decir, se usan como camino no como fin.Por de más, para la Fiscalía tampoco hay necesidad de excluir el interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos, debido a que esas declaraciones no fueron dichas en un marco de principio de oportunidad fallido, sino —dice ella— inexistente.“No se realizó ninguna actividad respecto de un principio de oportunidad. No fue fallido, fue inexistente. Es así como no se puede hablar de que sea necesario excluir esas declaraciones que rindiera Nicolás Fernando Petro Burgos frente al investigador bajo la gravedad del juramento, puesto que no se entran dentro del beneficio mencionado”, aseguró.Finalmente, la fiscal Lucy Laborde insiste en que el juez Hugo Carbonó debe compulsar copias contra el abogado Alejandro Carranza tras citar una evidencia que, según ella, fue obtenida ilícitamente. Se refiere a un video de la audiencia de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, diligencia que fue privada y para obtenerla debió solicitar una autorización.En esa diligencia fue donde se dio a conocer que Mario Burgo obtuvo información de fuentes que luego se utilizaron para aprobar la orden de captura y el allanamiento de la casa del hijo del Presidente.
Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.