Con rumbo hacia diferentes centros asistenciales están los al menos 14 soldados de la Brigada 19 del Ejército Nacional que resultaron heridos, luego de un ataque con drones cargados de explosivos que se perpetró contra la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Hugo Alejandro López Barreto, fue el encargado de confirmar que este atentado sería responsabilidad del grupo armado ELN, en lo que catalogó como un “intento desesperado por frenar el avance de estas tropas”.El alto mando militar especificó que el traslado de las personas se está logrando gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, agregando que no permitirá que acciones terroristas alteren su misión.“Con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, escribió en sus redes sociales. “Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”, se puede leer también en un comunicado de la institución. Además, se sostendrá la ofensiva contra la estructura armada para “recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo”.Recordemos que este mismo grupo armado ilegal había anunciado el pasado 23 de febrero un supuesto cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.En un comunicado emitido en su tiempo, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.
Tras la alerta roja emitida por el aumento en los niveles del río Cauca, crece la preocupación en La Mojana bolivarense ante los inminentes riesgos de nuevas emergencias por inundaciones.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó a través de su cuenta en X que actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca —una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja— que podrían generar aumentos importantes en los niveles de caños, ciénagas y otros cuerpos de agua conectados en la zona.Las principales alertas se presentan en los municipios de San Jacinto del Cauca, Achí y Montecristo.“Queremos hacer un llamado a que estén muy atentos en los municipios de La Mojana bolivarense, en especial San Jacinto del Cauca, Achí, Montecristo y comunidades ribereñas aledañas al cauce del río Cauca, ante el rompimiento de Caregato. Recibimos la alerta roja del Centro de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana y del Ideam; por eso es importante seguir las indicaciones de las autoridades competentes”, indicó el mandatario.Asimismo, el director de Gestión del Riesgo de Bolívar, Daniel Vargas, aseguró que también hay alertas en los municipios del Magdalena Medio por el aumento del río Magdalena.“Seguiremos monitoreando y articulando con todos los municipios para brindar tranquilidad y apoyo constante a todos ellos. También nos dirigimos al sur de Bolívar y le pedimos a todo el Magdalena Medio que esté muy atento a los niveles del río Magdalena, ya que también se están presentando altos niveles en este”.
Bajo la lluvia y enfrentando las condiciones adversas del frente frío, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, en articulación con la Escuela de Buceo LionFish Expedition, desarrolló una jornada de control del pez león en el sector de The Cove, donde logró la caza de 42 ejemplares.Este resultado “contribuye de manera efectiva a reducir el impacto sobre el ecosistema marino de la isla”, toda vez que se trata de una especie invasora que pone en riesgo hasta a los arrecifes, informó el capitán de Corbeta Julián Díaz, comandante de la Estación de Guardacostas San Andrés Isla."Esta especie invasora, presente en todo el Caribe colombiano, representa una seria amenaza a la biodiversidad marina, ya que depredada peces nativos y altera significativamente el equilibrio natural en los arrecifes", detalló el capitán Díaz.Así, el Comando Específico de San Andrés y Providencia informó que las jornadas de control continuarán como una herramienta clave para mitigar su impacto y favorecer la recuperación de las especies propias de la región.
Fueron dos sicarios que caminaban a altas horas de la noche por el barrio Villa Carolina, del municipio de Baranoa, los que le terminaron quitando la vida este jueves a Landry Johana Yepes Estrada, de 26 años, siendo ella la mujer número 15 que es asesinada este año en todo el departamento del Atlántico.Al mismo tiempo, ya son cuatro las mujeres asesinadas en las últimas 48 horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.Yepes Estrada estaba en la terraza de su vivienda junto con su pareja sentimental, de quien se dice que al parecer recibió un disparo en su pierna. Por ello, no hubo tiempo de llevarla a un centro asistencial.De acuerdo con declaraciones entregadas por el alcalde del municipio Edison Palma, detrás del crimen habría motivaciones pasionales.“La hipótesis que se maneja por parte de la Policía del Atlántico es la de un presunto hecho sicarial con motivos pasionales. Al parecer la mujer presuntamente mantenía alguna relación con la persona para la que estaba dirigido el atentado”, dijo este mandatario.Recordemos que este jueves fue hallada en una zona enmontada del barrio 12 de Octubre de Soledad Gloria Esther Araújo Varela, mujer de 36 años que estaba desaparecida desde el pasado lunes 23 de febrero.Las otras dos jóvenes asesinadas fueron identificadas como Glenis Patricia Rodríguez Ariza y Luzdaris Maickell Guerrero Corro, atacadas con arma de fuego en el área metropolitana de BarranquillaOtro casoUn grupo especial de investigación criminal fue designado por la Policía en el Atlántico para esclarecer todo lo relacionado con el atentado a bala contra un menor de 14 años, al que le propinaron un disparo en su cabeza en plena calle del municipio de Malambo.El suceso ocurrió casi a las 11 de la noche de este jueves y, reportan las autoridades competentes, que la víctima estaba en la plaza de la zona departiendo con dos amigos.Aunque aún no hay indicios de las razones y los responsables de este hecho, Blu radio conoció que el punto en el que se perpetró el ataque tiene injerencia de la banda los costeños.Por su parte, los médicos intentan salvarle la vida a este joven, hoy bajo pronóstico reservado.
El exárbitro FIFA colombiano Wilmer Barahona reveló que tiene en su poder documentos que evidenciarían un presunto entramado de pagos dentro del arbitraje colombiano, información que, según explicó, ya debe ser verificada por las autoridades competentes y que podría derivar en uno de los mayores escándalos recientes del fútbol profesional en el país.En su intervención en Blog Deportivo, Barahona explicó que la información surgió a partir de un contacto anónimo que se identificó como árbitro activo. Según relató, la fuente habló de un supuesto “peaje”, es decir, dineros que algunos jueces estarían entregando, y manifestó temor a represalias si revelaba su identidad.“Se han tomado todas las precauciones: se ha mirado qué se puede y qué no decir”, afirmó el comunicador, al subrayar que el tema se ha manejado con prudencia. Indicó que, en un inicio, el denunciante evitó dar su nombre por miedo a ser apartado del arbitraje, pero meses después decidió identificarse y él corroboró que efectivamente pertenece al gremio.El punto de mayor gravedad, según Barahona, es la existencia de soportes financieros. “Él fue más allá, fue a Bancolombia, Nequi, solicitó relación de pagos desde tal fecha hasta ahora y esos documentos, ayer me los entregó”, detalló. Los archivos incluirían registros de consignaciones que datan del año pasado.No obstante, el exárbitro aclaró que los documentos recibidos son copias y requieren validación oficial. “Estos documentos son copias, ya tocar verificar a quién corresponde la autenticidad de los mismos. Quien debe verificar son las autoridades correspondientes”, sostuvo, dejando claro que el proceso apenas inicia.Además, reveló que sostuvo una conversación telefónica con una persona que estaría dispuesta a confirmar públicamente la denuncia en los próximos meses. “Está disponible a decir, en dos o tres meses, que esto sí es verdad”, aseguró.Luego de conocer todos los detalles de la denuncia de Barahona, Jorge Ramírez, analista arbitral, señaló también en Blog Deportivo que, con esos documentos, “la comisión de disciplina de la Dimayor debería actuar y pedirle la renuncia a Ímer Machado” porque "es un cartel de la corrupción dentro del arbitraje colombiano" y "una denuncia con la cual uno entiende ya muchas cosas"."Cómo han cambiado los tiempos, antes le pagaban a los árbitros, ahora son los árbitros los que pagana", añadió el analista.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.Acudir con todos los documentos solicitados.Reclamar el documento según los tiempos estipulados:-Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.-Red CADE: 48 horas hábiles.Requisitos para obtener el pasaporte gratisNo obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:Si requiere tratamiento médico especializado, que no pueda ser adelantado en el país, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona con discapacidad, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona adulta mayor de 62 años, presentar cédula de ciudadanía vigente.Si es una persona menor de 25 años que vaya a adelantar estudios en el exterior, presentar certificado o documento expedido por el ente educativo en el que conste que fue admitido para cursar estudios en el exterior.Si se trata de niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido y están a cargo del ICBF, presentar la solicitud de expedición de pasaporte exento proferida por el ICBF.Si se trata de personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares, cuando el solicitante deba viajar al exterior por enfermedad grave de algún familiar.Si se trata de personas que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior, presentar copia del contrato de trabajo traducido.Si se trata de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico, presentar oficio expedido por el Ministerio del Deporte, solicitando la expedición del pasaporte exento.
Bancolombia abrirá todas sus oficinas este sábado 28 de febrero como parte de su plan de contingencia tras las fallas técnicas que afectaron sus canales digitales. La medida busca facilitar transacciones presenciales en Bogotá y el resto del país.En medio de la situación que usuarios han calificado como un “apagón” financiero, el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, explicó que la contingencia se originó en una actualización tecnológica programada durante el pasado fin de semana.Según detalló en entrevista con Mañanas Blu, el banco adelantaba un proceso para mejorar la capacidad de sus máquinas principales. Bancolombia cuenta con tres centros de cómputo, uno en Medellín y dos en Bogotá, que operan como respaldo mutuo. El inconveniente surgió al migrar la operación de Medellín hacia Bogotá para realizar ajustes, momento en el que se presentaron fallas que se replicaron en los demás centros.“Fue un tema programado que no salió como esperábamos”, afirmó Mora. El directivo aclaró que no se trató de un daño físico ni de hardware, sino de un problema en componentes específicos del software base, similar al sistema operativo, provisto por IBM y Kyndryl. También aseguró que se trata de un evento aislado.¿Cuáles serán los horarios de atención este sábado?La apertura de oficinas será a nivel nacional. En Bogotá, la atención al público se prestará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. En el resto del país, el servicio estará disponible entre las 8:30 a. m. y las 12:00 del mediodía.La entidad invitó a los clientes a acudir a las sucursales para realizar consignaciones, retiros y demás trámites pendientes.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
La construcción de embarcaderos, o muelles de pasajeros, en Playa Blanca y en la ciénaga de Cholón, dos de los destinos insulares más concurridos de Cartagena, empieza a convertirse en una realidad en vísperas del inicio de la temporada de vacaciones de mitad de año.La Dirección General Marítima (Dimar) otorgó los permisos a la Alcaldía de Cartagena para iniciar las obras de construcción y adecuación de los dos embarcaderos, con los que, de acuerdo con el Distrito, se busca reducir los constantes accidentes y la falta de control en la llegada y salida de embarcaciones en estos balnearios de la isla de Barú.Según explicó la Dimar, estos muelles, destinados al transporte turístico de pasajeros, serán construidos en un área total de 2.498,44 m², de los cuales 2.165,55 m² corresponden al sector Playa Blanca y 332,89 m² a la isla Cholón.El capitán de navío Javier Gómez, capitán de puerto de Cartagena, señaló que este tipo de proyectos fortalece la autoridad marítima, mejora la experiencia del visitante y protege la vida humana en el mar.“Este es un proyecto que complementa la instalación de la señalización náutica y contribuye al ordenamiento marítimo de estas zonas importantes, con alta afluencia de turistas, lo que beneficiará a las comunidades y al transporte en la llegada y salida de los pasajeros, con seguridad y protección del medio ambiente marino”, sostuvo.Las obras, detalló la Alcaldía, contemplan la instalación de estructuras seguras y sostenibles que facilitarán el embarque y desembarque de pasajeros, así como el control de acceso de las embarcaciones.“Con esta aprobación de la Dimar damos un paso firme hacia el ordenamiento real de nuestras playas e islas. Playa Blanca y Cholón no pueden seguir funcionando sin infraestructura ni controles claros (…) Esto no es solo una obra física, es una apuesta por la sostenibilidad del turismo en Cartagena”, puntualizó el alcalde Dumek Turbay, al tiempo que agregó que este proyecto también aportará a disminuir el impacto ambiental en la zona.Durante la última temporada de vacaciones de Semana Santa, en estos dos destinos se movilizaron diariamente hasta 511 embarcaciones con cerca de 8.000 pasajeros.La Alcaldía de Cartagena aún no ha oficializado la fecha de inicio de las obras de construcción, cuya inversión sería superior a los 6 mil millones de pesos.
En la continuación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, la Fiscalía solicitó que se rechace como prueba de la defensa las entrevistas que concedieron el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa y el exfiscal del caso Mario Burgos a medios de comunicación.Considera la Fiscalía que estas entrevistas, por su naturaleza de referencia, "son inadmisibles en el juicio oral", más cuando la defensa, según el ente acusador, estaría intentando convertir el juicio del hijo mayor del presidente "en un juicio político". Insistió la fiscal Lucy Laborde que “las alegaciones políticas son ajenas al proceso penal y, en consecuencia, al tema de prueba”."Es claro que la defensa pretende convertir un juicio estrictamente jurídico en un juicio político, aspecto que es completamente inadmisible en el marco de un proceso penal acusatorio", dijo la fiscal."Es decir, jamás se indicó por la defensa de manera concreta como las supuestas declaraciones dada por el entonces exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa a un medio periodístico trascienden a una actividad de investigación puntual y concreta, más aún como se extrae de la misma solicitud probatoria de la fiscalía, todas las pruebas son de carácter técnico y objetivo", agregó la representante del acusador.La representante de la Fiscalía aseguró que “si la defensa pretendía usar estas entrevistas para evidenciar un supuesto sesgo institucional”, tal como lo expresó insistentemente el abogado Alejandro Carranza en audiencia, lo que debió hacer en el momento oportuno era “solicitar el testimonio del exfiscal Barbosa e indagarlo bajo la gravedad de juramento”, para luego presentar los resultados de esa indagación como prueba.Vale anotar que este miércoles, la Fiscalía empezó su intervención aclarando que las diligencias relacionadas con la devolución de bienes que hizo Daysurys Vásquez empezaron antes de que la defensa lo pidiera. Frente a esto, la defensa criticó no haber sido notificada formalmente sobre esas entregas y pidió que se le dé traslado de los resultados de esas diligencias.
El carro Mercedes Benz, avaluado en $200 millones, que el pasado 7 de mayo entregó Dayssuris Vásquez a la Fiscalía, tras los cuestionamientos del abogado de Nicolás Petro de que esta continuaba con él a pesar de ser un bien que estaba bajo revisión por presunto lavado de activos, ya se encuentra bajo incautación y ocupación con fines de decomiso. Así lo conoció Blu Radio a partir de una comunicación emitida por la Fiscalía, en la que se especifica que el vehículo está bajo la administración de un fondo especial desde el pasado 9 de mayo y que, por esto, se restringe cualquier operación de transferencia de la propiedad.Lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta que Blanca Gutiérrez Zuleta, la persona que prestó su nombre para el registro de la propiedad del carro, desde septiembre de 2023 está solicitando el traspaso de la propiedad, para lo que, incluso, fue firmada una promesa para la realización de este procedimiento por parte de Alait Freija, abogado de Daysuris Vásquez. Gutiérrez, incluso, alegó que el bien fue devuelto sin el pago al día de los impuestos y de comparendos, que suman más de $7 millones en deudas. Ante esto, el abogado de Vásquez indicó a Blu Radio que esta no tiene obligación de pagar, debido a que la titularidad del vehículo no está a su nombre. Frente a lo sucedido con el contrato de compra y venta entre Vásquez y Gutiérrez, para hacer el traspaso de la titularidad del vehículo, luego de que la expareja de Petro recibió el vehículo en septiembre de 2023, Freija explicó que el traspaso nunca se hizo porque este lo habría obtenido Petro Burgos de manera ilegal.
En el municipio de La Paz, Cesar, se dio la captura de Sharol Adriana Arias Martínez, a quien vincularon formalmente a las investigaciones por la desaparición forzada del pequeño Joshuar David Mejía Gil, cuyo paradero se desconoce por completo hace más de un año.La última vez que se le vio a este niño de 5 años fue el 12 de mayo de 2024 en Valledupar, donde salió a compartir con su madre, Angélica María Gi, pero luego ella no lo devolvió a la casa donde el pequeño residía con sus abuelos, desde que ellos se hicieron cargo de su cuidado.Precisamente, la mamá del niño fue la primera persona imputada y apresada como principal sospechosa de esta desaparición, y ahora la nueva capturada es una mujer con la que la madre, al parecer, sostiene una relación sentimental.Esta mujer recién capturada será presentada ante un juez y en medio de las audiencias preliminares se espera que la Fiscalía revele detalles de cómo ella estaría vinculada a la desaparición de Joshuar.Entretanto, la madre del menor continúa recluida en la cárcel de mujeres de Valledupar a la espera de ser llevada a juicio.Por su parte, los abuelos y demás familiares del menor han seguido realizando marchas, protestas y todo clase de manifestaciones para clamar a las autoridades que, a la par de los procesos judiciales, avancen en las labores de búsqueda del niño.
La Veeduría Ciudadana al Proceso de Toma de Posesión de Air-e Intervenida, de la cual hace parte los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, insistió en que " el riesgo de apagón en estos departamentos continúa porque, aunque el Ministerio de Minas anunció el pago a Air-e Intervenida de $231.000 millones por subsidios de energía, esa suma es insuficiente para superar la crisis financiera y operativa de dicha empresa".Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico, indicó que hoy el mayor problema que incide en el riesgo de apagón son las deudas a las generadoras de energía que superan el billón de pesos, para lo cual la cifra girada por concepto de subsidios resulta irrisoria."Los 231.000 millones de pesos que el Ministerio de Minas anunció que pagaron a Air-e por subsidios no llega ni al 20% de la deuda que tiene esta empresa con las generadoras por concepto de compra de energía, la cual llega ya a 1.2 billones de pesos. De manera que ese pago no resuelve la crisis financiera y operativa que tiene hoy Air-e", recalcó Cepeda.Agregó que "las deudas de Air-e Intervenida con las generadoras se han más que duplicado luego de septiembre de 2024, cuando se dio la toma de Air-e por parte del Gobierno nacional, pues en ese momento la empresa le debía a las generadoras $940.000 millones y a marzo de 2025 esas deudas sumaban $2,1 billones, un incremento significativo en los primeros 6 meses de administración de la Superservicios"."Esa alta y creciente deuda puede llevar a que las empresas térmicas no puedan cumplir con los contratos de compra de combustibles, y en consecuencia a declararse indisponibles para producir energía por falta de esos insumos, poniendo en riesgo a todo el Sistema Eléctrico Nacional", alertó Intergremial.
“Nada funciona bien, todo lo hacen mal”, fue la más reciente crítica que hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, este viernes contra la Aeronáutica Civil por los pocos avances que se tienen en sus obras de mantenimiento y modernización.Debido a las demoras para recibir una respuesta a la carta del Distrito, en el que se postulan desde el año anterior para tomar el control de esta terminal aérea, ahora Char pidió tener en cuenta una operación mixta. Es decir, administrado entre ambos.“Ojalá se lo entreguen a la ciudad porque ese aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra dice que no es similar. Los ministros del Gobierno Nacional no lo hacen bien. No es algo de ahora, es desde hace muchos años atrás. Lo hacen muy mal”, dijo inicialmente.“Hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente, a los que vienen a visitar a Barranquilla por el Malecón, por el Carnaval o por la selección Colombia. Llegan al aeropuerto y dicen que es horrible. La gente cargando maletas, los abuelitos, las señoras, las mamás con los niños. Nada funciona. Nosotros les estamos diciendo que lo entreguen, que acá sabemos hacer las cosas”, agregó.De hecho, la gerente de ciudad, Ana María Eljure, ya había asegurado a Blu Radio que hicieron una visita recientemente en la que verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.Las declaraciones del alcalde Alejandro Char fueron dichas en medio de la entrega de obras de renovación de la sede Colsamiro de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).Allí con una inversión inicial de 11 mil millones de pesos, fueron renovadas la oficina de vicerrectoría, sala de profesores, oficinas administrativas, biblioteca, enfermería y al menos cinco aulas.El proyecto tiene como objetivo renovar las tres sedes de esta institución con una inversión total de 26.000 millones de pesos.
A tan solo 48 horas de que el departamento del Atlántico se estremeciera con la noticia del asesinato del trabajador de una empresa de buses intermunicipales, como posible retaliación por el cobro de extorsiones, este viernes fue asesinado un ganadero que, al parecer, también estaba siendo víctima de cobros extorsivos.Se trata de Vicente Mercado Cepeda, quien es reconocido en Sabanalarga por su gestión como ganadero de la zona. Este habría sido interceptado por unos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hacia la ventana del conductor, lo que le causó heridas que en cuestión de minutos acabaron con su vida.Como consecuencia del atentado, Mercado perdió el control de la camioneta que conducía y terminó estrellándose contra un poste y un muro, lo que dificultó la salida de su cuerpo del carro.Mercado, al parecer, también había sido víctima de un atentado en semanas anteriores en su finca, del cual logró resultar ileso, sin embargo, las balas lo alcanzaron este viernes cuando iba en la vía Cordialidad.
La instalación del sistema solar beneficiará a más de 1.500 estudiantes y 62 docentes que no contaban con las condiciones óptimas para el aprendizaje en la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, ubicada en el corregimiento de Mayapo, municipio de Manaure en La Guajira; con la intención de ofrecer un suministro de energía constante y confiable para esa comunidad educativa del pueblo wayuu.Los paneles instalados en convenio con Gestión Energética S.A. E.S.P. (GENSA) beneficiará a 1.593 estudiantes y 62 docentes, con mejores condiciones de iluminación, seguridad y operación en la institución, lo que contribuye a un entorno más adecuado para el aprendizaje y a la permanencia escolar en esas poblaciones.El sistema fotovoltaico de 43,6 kWp (kilovatio pico), garantiza energía continua para la operación de espacios esenciales del internado como la cocina y los dormitorios, fundamentales para el bienestar de los estudiantes, quienes permanecen en la institución e incluso residen ahí. Con esa energía se podrían mantener encendidas unas 15 a 20 casas de familia al mismo tiempo con sus electrodomésticos básicos.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Fuertes señalamientos realizó la Fiscalía este jueves en contra del abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, en medio de la audiencia preparatoria de juicio que en estos momentos busca definir la pertinencia de las pruebas que el juez Hugo Carbonó aprobó o no para la cita esperada.Durante ese proceso de discutir la validez de las apelaciones expuestas por la defensa, la fiscal Lucy Laborde apuntó que el abogado tiene titubeos imaginarios, pues quiere conocer una verdad para de allí escoger las pruebas a utilizar, cuando según ella el orden correcto es indicar los materiales probatorios para luego confirmar si Petro Burgos se enriqueció o no ilícitamente.Una de esas pruebas controvertidas señaladas por la Fiscalía, y con la que habla de un presunto proceso de interrupción a su investigación, es la del celular que fue incautado a Day Vásquez. Aunque Alejandro Carranza pidió que no fuese admitida, defienden desde el ente acusador que al tratarse de una entrega voluntaria no se necesitaba una orden judicial para sacar sus datos.“No se requiere una orden de un juez de garantías para buscar lo que ya ha sido entregado para su examen. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más exactamente la decisión AP 3439 de 2024, aclara que la entrega voluntaria de información digital por su propietario no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, sino un acto de colaboración con la justicia que no requiere autorización judicial antecedente”, indicó Lucy durante el encuentro.Apunta Laborde que de allí no se hicieron dos extracciones de información como dice Carranza, sino que un fiscal sacó los datos y otro los analizó. Por ende, espera que esta prueba llegue a juicio pues de allí sale la base fundamental de la teoría de la Fiscalía, hablando de las conversaciones entre Day y Nicolás Petro.Añade que no tiene necesidad de informarle o propiciar interrogatorios a sus fuentes no formales, pues lo concreto no son sus declaraciones sino los resultados operativos de sus datos. Es decir, se usan como camino no como fin.Por de más, para la Fiscalía tampoco hay necesidad de excluir el interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos, debido a que esas declaraciones no fueron dichas en un marco de principio de oportunidad fallido, sino —dice ella— inexistente.“No se realizó ninguna actividad respecto de un principio de oportunidad. No fue fallido, fue inexistente. Es así como no se puede hablar de que sea necesario excluir esas declaraciones que rindiera Nicolás Fernando Petro Burgos frente al investigador bajo la gravedad del juramento, puesto que no se entran dentro del beneficio mencionado”, aseguró.Finalmente, la fiscal Lucy Laborde insiste en que el juez Hugo Carbonó debe compulsar copias contra el abogado Alejandro Carranza tras citar una evidencia que, según ella, fue obtenida ilícitamente. Se refiere a un video de la audiencia de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, diligencia que fue privada y para obtenerla debió solicitar una autorización.En esa diligencia fue donde se dio a conocer que Mario Burgo obtuvo información de fuentes que luego se utilizaron para aprobar la orden de captura y el allanamiento de la casa del hijo del Presidente.
Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.