Después de tres días de angustia para las familias de María de los Ángeles Sánchez, de 13 años, y de Emily Sofía Borrero Tapias, de 14 años, finalmente ambas fueron halladas por las autoridades en buenas condiciones de salud.Las adolescentes, quienes son amigas, habrían acordado encontrarse en el centro comercial Le Meridiem, ubicado al norte de Barranquilla, sin embargo, después de esto, sus familias no pudieron contactarlas más.De acuerdo con información obtenida por la Policía, las jóvenes se dirigieron inicialmente hacia el sector de Alameda del Río, donde estuvieron compartiendo en una fiesta con un cantante vallenato.Posteriormente, salieron hacia la ciudad de Cartagena, donde fueron ubicadas este martes.Al respecto, el alcalde Alejandro Char confirmó en su cuenta de X la buena noticia, destacando la labor de las autoridades.“Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud. Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan. Felicito a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”, indicó en su cuenta de X el mandatario.
Hasta el botiquín con el que brindan los primeros auxilios a los rescatados en playas les robaron a cuatro salvavidas que estaban prestando sus servicios en Puerto Colombia (Atlántico) el pasado fin de semana, en confusos hechos que aún son materia de investigación.Testigos contaron a las autoridades que, al parecer, unos bañistas provocaron una gresca a propósito para distraer a los socorristas y hurtarles sus celulares y equipos de rescate. Lo peor es que, en la situación, una joven que trabaja con los rescatistas habría sido víctima de varios golpes.Hasta ahora lo que ha trascendido es que los bañistas habrían llegado hasta la garita de los salvavidas a reclamar una billetera que se les había perdido, la cual justamente había sido llevada hasta allí por un niño que dijo haberla encontrado minutos antes en la playa.Sin embargo, el reclamo derivó en una acalorada discusión y, en medio del caos, los supuestos bañistas habrían aprovechado para llevarse el botiquín y los teléfonos de los socorristas, despojándolos de sus implementos de trabajo en medio de una temporada en la que suelen aumentar las emergencias por los fuertes vientos y alto oleaje.No obstante, los ladrones intentaron huir en bus, lo que facilitó su captura y la recuperación de los elementos hurtados.
El asesinato de las hermanas Sheridan Sofia y Keyla Nicolle Hernández Noriega se convirtió en un asunto de investigación priorizada para la Policía de Barranquilla, siendo que sus muertes podrían estar conectadas con miembros de bandas delincuenciales locales, quienes habrían decidido enterrarlas juntas, en una zona enmontada del municipio de Malambo, luego de haberlas asesinado con tres días de diferencia.A pesar de que hasta el momento sigue abierta la investigación, las pesquisas apuntan a que las jóvenes habrían salido de sus casas el pasado martes 17 de febrero, en medio del cierre de las fiestas de Carnaval para asistir a un evento, en compañía de sus novios, al que también se habría sumado miembros de grupos delincuenciales.Al parecer, un altercado en medio del encuentro llevó a Keyla Nicole, de 17 años, fuera señalada como supuesta delatora y colaboradora de otra banda, lo que la llevó a ser cuestionada por su novio y otros asistentes. Como resultado de la pelea, Keyla habría sido asesinada a sangre fría, ante la mirada de su hermana Sheridan, quien se convirtió en la única testigo de lo ocurrido.A cambio de su silencio, los jóvenes, entre los que estaba el novio de la adolescente asesinada, la retuvieron por al menos tres días a Sheridan. Según conoció Blu Radio, en ese periodo los jóvenes extorsionaron a los padres de las adolescentes, pidiendo dinero a cambio de dejarlas libres a ambas, aunque solo Sheridan permanecía con vida.No obstante, la falta de acuerdos entre los raptores, llevó a que finalmente Sheridan también fuera asesinada, conduciendo ambos cuerpos a una zona enmontada, donde las enterraron y las cubrieron de troncos.Por el momento, la Policía indicó que avanzan en las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y avanzar en su judicialización.
“Si el Canal del Dique crece dos metros más, comenzará la emergencia”, advierten las comunidades de Atlántico y Bolívar, aledañas a este brazo del río Magdalena, donde ya dicen sentirse en riesgo por los altos niveles que registra el caudal.Las lluvias atípicas del mes anterior aumentaron los niveles del río, pasando de 5.30 metros el 2 de febrero a 6.34 metros el 2 de marzo, a la altura de Calamar (Bolívar). Situación similar se reportó en la estación San Pedrito, ubicada en el municipio de Suan (Atlántico), donde los niveles se ubicaron en 4.92 a comienzos de febrero y en las últimas horas marcaron 5.94 metros.Uriel Ávila, líder del sur del Atlántico, afirma que los niveles ya cuadruplican la medición alcanzada en 2010 para esta época, por lo que a la par del río aumentan los temores de la comunidad ante la posibilidad de que se repita la tragedia."Para el 2010, en esta época, el río estaba en 1.55 metros, o sea, estamos hablando que hoy el Dique está cuatro veces más que en ese momento y, si bien la cota de desbordamiento es por encima de 9 metros, cuando él pasa 8.20 metros, pues obviamente ya nos genera a nosotros una alerta, porque el problema es que el Dique nunca se desborda, sino que genera ruptura", explica Ávila."O sea, cuando el río llega a 8 metros, ya él comienza a generar una ruptura, esperemos que con el favor de Dios esta vez no sea así, pero nos encontramos muy preocupados", agregó.Dado el panorama, persisten los cuestionamientos por la falta de obras de impacto en el Canal del Dique que eviten una nueva ruptura y, por consiguiente, una tragedia como la que en 2010 dejó con el agua hasta el techo a los municipios ribereños.
El Tribunal de lo Criminal de París dictó este lunes penas de entre seis y 15 años de cárcel para los cuatro acusados de complicidad con el checheno que en 2020 decapitó al maestro francés Samuel Paty, antes de ser abatido por la policía.La sentencia de este juicio en apelación dicta penas algo inferiores de las que había pedido el pasado viernes la Fiscalía contra los acusados, que en sus últimas palabras en el proceso negaron toda intención criminal.La mayor pena, 15 años de reclusión, fue pronunciada contra Abdelhakim Sefrioui, padre de un alumno de Paty y autor de una campaña de desprestigio del maestro en redes, que contó con el apoyo del predicador islamisma Brahim Chnina, condenado a diez años.Pusieron así en el punto de mira al profesor, al que reprochaban haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión, lo que llevó a su asesinato por parte de Abdoullakh Anzorov, de 18 años, el 16 de octubre de 2020, un crimen que causó una gran conmoción en Francia.Son penas superiores a las dictadas en primera instancia, cuando habían sido condenados a finales de 2024 a 13 y 15 años de cárcel, respectivamente.El tribunal también condenó a los otros dos acusados de complicidad en el crimen. A siete años de cárcel Azim Epsirkhanov y a seis Naïm Budaoud, acusados de haber conducido a Anzorov al lugar de los hechos y de haberle ayudado a procurarse el arma del crimen cometido en el colegio Bois d'Aulne, en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, en la región de París.Para ambos había pedido la Fiscalía una pena de 16 años de cárcel, la misma que les habían impuesto en primera instancia.Samuel Paty enseñó las caricaturas en una clase dedicada a la libertad de expresión y, como relataron más tarde los presentes, antes de hacerlo dijo a los alumnos susceptibles de sentirse afectados por las imágenes que podían salir unos minutos del aula, pero en ningún momento pidió a los adolescentes musulmanes que tenían que irse.Fueron precisamente las falsas informaciones en redes sociales sobre la presentación de las caricaturas de Mahoma por el profesor de historia a sus alumnos las que llegaron a Anzorov, notoriamente radicalizado, quien sin conocer personalmente a Paty a partir de ahí elaboró su proyecto criminal.
Tras el sorpresivo ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, la respuesta de Teherán no tardó en llegar. El régimen iraní lanzó ofensivas dirigidas contra aliados estratégicos de Washington en la región, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.La situación ha generado especial preocupación en Qatar, país que en los últimos años se ha consolidado como sede de grandes eventos deportivos internacionales. Doha, escenario habitual de finales y torneos de primer nivel, tenía previsto albergar la Finalissima, un duelo de alto perfil que ahora podría verse afectado por la creciente tensión regional.El compromiso se encuentra programado para este mes de marzo y, parcialmente, tanto las delegaciones de Argentina y España tendrían todo listo para disputar este importante partido en suelo asiático.¿Se cancela la Finalissima por el conflicto con Irán?Luego de los ataques iraníes, Qatar anunció la suspensión parcial de todos los eventos deportivos con el fin de cuidar a los deportistas para que no queden en medio de este conflicto.Sin embargo, desde la Federación Española de Fútbol (RFEF) han confirmado que, por ahora, el duelo sigue en pie y el conflicto entre países no ha puesto en riesgo que este se dispute, sino que la alerta va más a los próximos días, esperando que esta situación se pueda controlar lo más pronto posible.“Es verdad que la situación allí es preocupante. Qatar ha informado que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, pero no significa que no se juegue ese partido. No tengo ninguna duda que debemos tenemos la obligación de jugar esos dos partidos y es importante esos dos exámenes previos para nuestra selección previo al Mundial. España no puede darse el lujo de no disputar esos partidos “, dijo Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF.Asimismo, se ha manejado la posibilidad de que otros países puedan albergar este encuentro en caso de que la situación siga escalando en el Medio Oriente.
Blu Radio conoció la denuncia presentada por Claudia Patricia Bueno, quien continúa vinculada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y quien asegura haber sido víctima de un presunto acoso laboral por parte de Rodrigo Rojas Orozco, quien se desempeñaba como coordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC.En su declaración también menciona actuaciones del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del coordinador administrativo de la entidad, Luis Fernando Martínez, que, según afirmó, se habrían producido con posterioridad a la denuncia que ella presentó.Bueno sostiene que los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando trabajaba en la gestoría de excomandantes de las AUC. “El acoso laboral no es ahorita. No, esto tiene más de un año. Entonces creo que en parte eso es lo que les molesta a ellos, porque es que ellos han tratado de sacarme desde mayo, junio del 2025 y no han podido”.Durante ese periodo, explicó, asumía funciones estratégicas dentro del proceso, pero asegura que también era objeto de descalificaciones públicas y exigencias que, según su versión, no correspondían a su cargo.“Yo soy la que hago todo, es decir, la que desarrollé la estrategia, la que articulé con los gestores, la internacionalista, la asesora legal, la asesora política, pero que crea que además de que yo le hago todo en la gestoría, también tengo que ir a traerle el tinto, a traerle el agua, me insulta delante de la gente”.La asesora afirma que en marzo de 2025 decidió activar la ruta institucional contra la violencia de género.“En marzo, me insulta un día, pero durísimo, que ahí donde aparece un testigo, es un muchacho que trabaja allá, y me dijo en chat yo tengo en algún lado el pantallazo, me claudia, yo vi cómo este tipo la trató a usted y la insultó. Si usted quiere que yo le sirva de testigo, yo le sirvo de testigo y ponga la queja. Entonces yo puse la queja, activé la ruta de prevención contra la violencia de género. El tipo no fue a los descargos y por eso el proceso, él está en la Procuraduría”.Proceso disciplinario y solicitud de insubsistenciaTras esa decisión, asegura, comenzaron actuaciones administrativas en su contra. Entre ellas, un proceso disciplinario que, según señala, fue promovido por María Paz Lara Camacho.El disciplinario se originó por una presunta falsedad de firma en un documento dirigido al INPEC, relacionado con un evento que posteriormente fue cancelado.“Yo les mando el borrador, hice las advertencias por mis lados, por chat, por correo, que era un borrador. Y el INPEC elaboró las resoluciones para agilizar el proceso. Y cuando yo le notifico a mi jefe, que es Rodrigo Rojas, lo llamo y le digo, oye, el INPEC aprobó que estos señores se queden en la cárcel en el convento. Después Rodrigo me llama, fue un 28 de mayo, y me dice el Comisionado de Paz y Álvaro Jiménez cancelaron el evento”.Según su relato, en el trámite disciplinario se estableció que el documento cuestionado era un borrador y que no existía firma falsificada.“En esas pruebas quedó claramente establecido que nunca hubo un documento firmado, que siempre fue un borrador y que literalmente las órdenes a mí me las daba Rodrigo Rojas y que la señora María Paz sí sabía del evento”.Claudia Bueno asegura que la solicitud no prosperó. “Lo que pasó es que finalmente la directora del DAPRE, el despacho de la dirección del DAPRE en ese momento, la doctora Angie Rodríguez, pues rechazó la solicitud de declaratoria de insubsistencia porque digamos que ya estaba alertada”.Evaluación reducida por actividad sindicalOtro de los hechos que denuncia tiene que ver con su evaluación de desempeño. Durante el primer semestre de 2025 fue negociadora del sindicato SINEDAPRE. Meses después, asegura, recibió una notificación en la que su calificación fue modificada.“Entonces me entero que solo el correo me lo mandaron a mí. Y el correo del Comisionado dice como usted fue negociadora del sindicato en tales y tales periodos, con base en tales resoluciones, su calificación ha sufrido una variación qué pasa de 50%. Que me puse, me la dejaron como en 20, en una me pusieron 7, en otra 11, en otra 9, me dejaron como 20”.Señala que impugnó la decisión y que, hasta ahora, no ha recibido respuesta definitiva.“Yo decidí impugnar eso, no firmé nada y le notifique a Talento Humano esto. Entonces Talento Humano nunca dijo nada. Y el Comisionado tampoco se pronunció sobre mi recurso, sobre mi impugnación”.Negativa de teletrabajo pese a diagnósticoLa situación, afirma, se agravó tras la negativa del comité de seguridad y salud en el trabajo a su solicitud de teletrabajo autónomo, pese a haber notificado su diagnóstico médico.“Yo notifico mi estado de salud por escrito, mando el diagnóstico, el diagnóstico se lee carcinoma. El consejero comisionado de paz tenía desde el 13 de febrero al mediodía mi solicitud de teletrabajo autónomo y yo había advertido que el comité que definía eso se reunía el B a la semana siguiente y ellos no lo querían aprobar porque me lo dijo la jefa de Talento Humano”.Según su versión, el comité está conformado por ocho personas y la decisión fue adoptada por mayoría.“Explícame cómo un comité conformado por ocho personas, dos de ellas del sindicato al que pertenezco, me niega por mayoría el teletrabajo. Y me contó la jefa de Talento Humano que la presidenta de mi sindicato y el vicepresidente, un man que se llama Jaime Gaitán, negaron, me pidieron que no me dieran el teletrabajo autónomo”.Afirma que al pedir explicaciones, esto fue lo que le respondieron: “es un comité de ocho personas, la mayoría votó que no. Si usted quiere saber por qué pasó, escríbale a la secretaría técnica, que es Luz Dari Cruz y pídale a ella la información.La funcionaria indicó que informó de la situación a la Procuraduría y que también envió comunicaciones a la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sin que, según dijo, obtuviera respuesta.Hasta el momento, Bueno señala que la Procuraduría General de la Nación no ha adelantado las diligencias. Asegura que le ha enviado la información completa y que lo que están haciendo es devolviendo todo al comité de convivencia “como si no hubiera el comité enviado todo desde 2025”.La respuestaBlu Radio consultó a Rodrigo Rojas Orozco, excoordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC, quien negó haber tomado represalias contra la funcionaria.“Claudia sí fue subalterna mía, trabajó conmigo y pues hubo inconveniente con otras personas que trabajaron con ella y en el equipo de trabajo”.Rojas aseguró que apoyó la solicitud de teletrabajo presentada por Bueno.“Yo solicité que le dieran el teletrabajo, pero resulta que eso, aunque yo era el jefe inmediato, esa decisión era de la parte de personal de la consejería de paz”.También indicó que se retiró de la entidad el primero de julio y que desde entonces no ha tenido relación con la oficina.“Yo nunca tomé ninguna represalia contra ella. Yo me retiré desde el primero de julio. Yo tenía problemas médicos, ella inclusive en un comité de trabajo ella dijo que yo ya estaba muy viejo y que ya estaba mal, que se me olvidaban las cosas y eso”.“Yo no sé ella por qué insiste en eso, cuando ella misma dijo en unos comités laborales que están las actas, que yo era la persona que le escuchaba y le entendía. Entonces, pues en ese tiempo, cuando entró a trabajar conmigo, el tema era que nadie quería trabajar con ella”.El exfuncionario también cuestionó el momento en que se formuló la denuncia.“Yo entré a finales de noviembre del 2024. Pero lo que yo no entiendo es ella inclusive yo le entregué el manejo de mi computador personal cuando yo no estaba o algo. Ella tenía acceso a mis correos personales y eso. Si ella era tan humillada y tan maltratada, una persona, ¿cómo le manejaba eso? Y lo que no entiendo yo es por qué fue hasta marzo, si yo trabajé abril, mayo, junio y me retiré en julio. ¿Qué pasó en esos tres meses?”.Por su parte, la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, respondió frente a las declaraciones de Bueno, quién asegura haberle enviado un correo a Rodriguez contándole su situación.“No tengo conocimiento sobre ello, y mi solidaridad. No conozco la señora”.
Alerta en Antioquia por homicidios múltiples que ya han cobrado la vida de 19 personas en menos de dos meses. En lo corrido del año se han reportado seis hechos violentos masivos contra un solo caso que se había registrado el año pasadoLa reciente muerte de tres miembros de una familia en zona rural del municipio de Segovia no solo ha causado indignación por el hecho de que fallecieron tras la explosión de un artefacto que cayó desde un dron, sino que también ha levantado la alerta por los constantes homicidios múltiples que han ocurrido este año en el departamento de Antioquia.Las alarmantes cifras dejan en evidencia que van cinco triples homicidios en municipios como Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, mientras que la primera masacre fue en los límites entre Amalfi y Remedios en donde fueron asesinadas cuatro personas a inicios del mes de enero.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que estas situaciones ponen en evidencia el incremento de la conflictividad y la injerencia de grupos armados como Clan del Golfo, ELN o disidencias."La situación es tan compleja que requiere soluciones integrales. Mire dónde escalamos ya, esto sí amerita toda la atención, no solo del gobierno departamental, sino del gobierno nacional", señaló el funcionario.Las cifras que entregan las autoridades departamentales es que estos seis hechos violentos ocurridos entre enero y febrero representan un incremento si se compara con datos de años anteriores cuando en 2025 solo hubo un caso, en 2024 no había ningún reporte o en 2023 cuando se contabilizaron cuatro homicidios múltiples.Ante la escalada violenta se esperaba una arremetida de la Fuerza Pública que en el caso de Segovia se confirmó la llegada de 100 soldados a la zona, no obstante, la Gobernación de Antioquia criticó que según el último reporte no había presencia del Ejército Nacional en la zona.
La entrada en vigor de un arancel del 50 % por parte de Ecuador a productos colombianos encendió las alarmas del sector empresarial. Los pequeños y medianos empresarios aseguran que el impacto es fuerte y se traduce en riesgo para contratos vigentes, pérdida de competitividad y posibles afectaciones al empleo formal.Según el gremio, un gravamen de esta magnitud encarece los productos colombianos en territorio ecuatoriano, reduce su capacidad de competir frente a otros proveedores y altera las cadenas logísticas, especialmente en las zonas fronterizas. Además, advierten que la incertidumbre comercial puede frenar inversiones y afectar la planeación financiera de empresas que dependen en gran medida de ese mercado.Ecuador ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región. Una parte importante de lo que Colombia vende a ese mercado corresponde a bienes no minero-energéticos como manufacturas, agroalimentos, textiles, productos químicos, cosméticos, medicamentos y alimentos procesados. En estos sectores la participación de las MiPymes es clave y el empleo es intensivo, por lo que cualquier sobrecosto arancelario repercute de manera inmediata en la estabilidad de miles de trabajadores.Ante este panorama, Acopi pidió a ambos gobiernos desescalar la medida mediante una moratoria temporal mientras se activan canales de diálogo técnico. También propuso la creación de una mesa bilateral de alto nivel con autoridades comerciales y aduaneras, la evaluación de exclusiones temporales para bienes esenciales o de alto impacto en empleo MiPyme, el uso de mecanismos regionales de solución de controversias y, del lado colombiano, la implementación de un plan urgente de mitigación que incluya créditos especiales, apoyo para diversificar mercados y acompañamiento en inteligencia comercial.“La estabilidad del comercio regional es fundamental para la sostenibilidad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Un conflicto comercial no puede trasladar su costo al empleo formal ni a quienes cumplen la ley y generan desarrollo. Es momento de privilegiar el diálogo, la proporcionalidad y las soluciones técnicas”, señaló el gremio en su comunicado.Acopi se comprometió a aportar información sectorial y análisis técnico que permitan generar propuestas reales para salvaguardar el empleo y la integración económica en la región.
La desaparición de la estudiante de medicina Tatiana Alejandra Hernández, ocurrida el pasado 13 de abril en Cartagena, se ha convertido en uno de los casos más sonados, pero también en uno de los más alarmantes de las últimas semanas en la ciudad.En medio de las labores de búsqueda que adelantan las autoridades de la capital de Bolívar para dar con el paradero de la joven bogotana de 23 años, la Interpol emitió este viernes una alerta amarilla para localizar a personas desaparecidas en cualquier parte del mundo.En la circular del organismo internacional de Policía Criminal se describe a Tatiana Alejandra Hernández con signos distintivos, como tatuajes conformados por dos huellas en el brazo izquierdo; en el antebrazo derecho, una frase que dice “Residencia”; y una estrella en el abdomen.A su vez, la alerta policial describe a la joven con una estatura de 1,65 metros, cabello y ojos castaños.Procuraduría solicita informe al alcalde de CartagenaPor otro lado, la Procuraduría General solicitó al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentar un informe sobre las actuaciones de la administración distrital para dar con el paradero de la joven, quien fue vista por última vez en los espolones ubicados frente al mar, en la Avenida Santander, a pocos metros del Centro Histórico.El Ministerio Público señaló que el propósito de esta acción preventiva es hacer acompañamiento permanente a las acciones que desde la institucionalidad se están adelantando para ubicar a la estudiante, quien llegó hace cinco meses a la ciudad para realizar sus prácticas profesionales en el Hospital Naval de Bocagrande.Asimismo, el ente de control pidió un informe sobre las medidas de apoyo brindadas a la familia. El comandante de la Policía, general Gelver Yecid Peña, también deberá informar a la Procuraduría sobre las acciones que ha llevado a cabo la institución.En Cartagena, la Alcaldía aumentó hasta en 200 millones de pesos la recompensa por información sobre el paradero de la joven.
Tras suspender la audiencia de imputación y medida contra los 16 capturados que fueron presuntamente vinculados a una red de robo de tierras en el Atlántico, alegando que el caso no estaba dentro de su competencia, el Tribunal Superior de Barranquilla le ordenó en las últimas horas al juez Ángel Monroy continuar con el debido proceso judicial.Además, en un auto firmado por el magistrado Luigui José Reyes Núñez se autorizó el inicio de una investigación disciplinaria contra el funcionario, solo si la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico lo ve pertinente.“Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que se surta la imputación y la eventual solicitud de medidas de aseguramiento, sin perjuicio de que una vez intervenga la Fiscalía General de la Nación en la exposición de los hechos jurídicamente relevantes, el Juez o las partes e intervinientes puedan promover e impulsar un trámite de definición de competencia, si consideran que se trata de un Grupo Delictivo Organizado o, por el contrario, se trata de un Grupo de Delincuencia Común, de acuerdo a lo normado por la tantas veces mencionada Ley 1908 de 2018”, se puede leer en el documento.“Compulsar copias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, con el objeto que se adelante la investigación disciplinaria al funcionario titular del Juzgado 101° Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, doctor Ángel Augusto Monroy Rodríguez, por los motivos indicados en el cuerpo de esta decisión, si así lo consideran”, agrega.Recordemos que este grupo de personas fueron detenidas hace casi dos semanas; sin embargo, solo se había logrado la legalización de su captura debido al vilo en el que quedó el proceso tras el retiro del juez Ángel Monroy.En su tiempo, la Procuraduría no se opuso a esta decisión, pero la Fiscalía sí se mostró en desacuerdo, considerando que esto podría acarrear nulidades frente al proceso.Así las cosas, la audiencia se deberá realizar en los próximos días mientras que en simultáneo también es judicializada Ana Dolores Meza Caballero, Notaría Segunda de Barranquilla también señalada de los mismos delitos y quien espera por saber si será trasladada a prisión.Los delitos imputados corresponden a concierto para delinquir, invasión de tierras, prevaricato por acción y omisión, peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado.
En las profundidades de la bahía de Cartagena, frente a Bocagrande y muy cerca de Tierra Bomba, un equipo especializado de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar) y arqueólogos del Instituto de Patrimonio, descubrió lo que hoy se considera uno de los hallazgos submarinos más importantes en la historia de Colombia: el fuerte de San Matías, un castillo colonial sumergido durante siglos.El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto de buzos profesionales y expertos en hidrografía, quienes utilizaron tecnología de última generación como sensores de escaneo submarino y ondas de sonido para crear imágenes tridimensionales del fondo marino. Una de esas imágenes, con una forma idéntica a otros fuertes coloniales como El Pastelillo y Santa Cruz, encendió la sospecha de que bajo las aguas podía esconderse algo más que simples piedras.“Cuando vimos la forma, dijimos: esto es un castillo”, relató Richard Guzmán Martínez, hidrógrafo formado en la Escuela Naval de Oficiales de Cartagena y uno de los principales investigadores de la expedición, en diálogo con Los Informantes. Fue él, junto a su equipo, quien lideró el hallazgo tras años de especulación sobre las ruinas de fortificaciones perdidas en la bahía.San Matías fue construido como parte del complejo sistema defensivo de Cartagena de Indias, considerado uno de los más imponentes del Caribe junto con el de La Habana. Este sistema incluía murallas, escolleras y fortificaciones diseñadas para repeler ataques de corsarios y piratas que codiciaban la ciudad como punto estratégico de comercio, tráfico de esclavos y resguardo de embarcaciones.Las primeras pistas surgieron cuando se identificaron formaciones rocosas inusuales bajo el agua, en un área donde antiguamente se encontraba una escollera diseñada por el ingeniero español Antonio de Arévalo. Inicialmente se pensó que se trataba de restos de esa estructura, pero la forma simétrica y las evidencias posteriores confirmaron que se trataba del fuerte San Matías.El castillo, sumergido a solo seis metros de profundidad, está sorprendentemente bien conservado. Se ha convertido en un arrecife coralino repleto de vida marina, desde peces de colores hasta cangrejos y pulpos. Su interior, aunque oscuro y con visibilidad limitada, revela garitas, paredes de más de dos metros y la antigua plaza de armas, aún reconocible por su superficie arenosa libre de piedras.La capitán de corbeta Maritza Moreno, buzo profesional y oficial de la Armada oriunda de Yopal, Casanare, fue una de las primeras en ver el fuerte con sus propios ojos. “Fue una sensación muy bonita. Aunque al principio la visibilidad era baja, al bajar y encontrarnos con las escolleras y la fauna marina, nos dimos cuenta de que estábamos frente a un ecosistema vivo que llevaba siglos allí”, expresó.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Concejo de Santa Marta y de la Policía Metropolitana, tras los hechos ocurridos el pasado 23 de abril, cuando uniformados ingresaron a la sede de la corporación para retirar al concejal Miguel Martínez Olano.La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena explicó que la actuación busca esclarecer lo ocurrido durante la sesión del Concejo Distrital, luego de que el cabildante se negara a acatar la orden de desalojo impartida por el presidente de la corporación, Pedro Gómez.Según el Ministerio Público, en medio del procedimiento “se advierte el uso de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública”, y será materia de análisis si esta se aplicó de forma excesiva.La indagación pretende identificar a los servidores públicos involucrados en la confrontación, con el fin de individualizarlos y evaluar la procedencia de una eventual investigación disciplinaria en su contra.Por ahora, la Procuraduría no ha formulado cargos, pero recaba pruebas para determinar si hubo vulneración de derechos o abuso de autoridad durante la intervención policial.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, señaló que hasta el momento no hay certeza del pago que debe hacer el Gobierno Nacional por la deuda de 1.5 billones de pesos que mantiene la empresa Air-e con las generadoras, colocando en riesgo a la Costa de sufrir un apagón.El mismo Castañeda apuntó que fue convocado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, para unas reuniones con los acreedores, los gremios, el superintendente y el Ministerio de Hacienda con el fin de buscar una salida. Sin embargo, hasta ahora eso no ha sido posible.“Cuando ya las deudas siguen acumulándose y no hay una estrategia ni un plan por parte de la Superintendencia, el llamado del Gobierno nacional debe ser reunirnos. El mismo ministro Edwin Palma anunció unas reuniones con los acreedores, con los gremios y obviamente con el Ministerio de Hacienda para buscar la salida a esta situación”, dijo inicialmente.“El problema es que, como lo mencionaba anteriormente, nosotros lo que estamos haciendo es ir al sector financiero para que nos preste recursos y podamos seguir comprando combustibles. Lo que está pasando es que los bancos ya están preguntando sí el Gobierno va a pagar, pues la deuda crece. No hay respuesta ni acuerdos de pago que era lo establecido por ejemplo con las deudas del mes de octubre. Es urgente que haya certeza y un esquema de la cancelación de los compromisos”, agregó.Castañeda recalcó que, por hechos como estos, la desconfianza en el mercado aumenta y una prueba es el anuncio de Shell de vender sus activos en Colombia y terminar su sociedad con Ecopetrol.El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) reiteró en que, si no se cambian las políticas petroleras y gasíferas en el país, no van a fluir los recursos necesarios para mover energéticamente a Colombia, con todos los riesgos que esto representa para la economía nacional.
Una nueva joya turística tendrá Barranquilla. Luego de la recuperación de las playas de Puerto Morcho, la Alcaldía alista una millonaria inversión en la habilitación de un malecón y un mirador que permita conectar a los visitantes con Bocas de Ceniza, el punto en el que se encuentra el río Magdalena y el mar Caribe.Por esto, hasta la fecha se han intervenido 1.5 kilómetros del Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza, con obras que buscan el mejoramiento y conformación de la vía, tal como lo han pedido los habitantes de la zona.El alcalde Alejandro Char explicó que los trabajos actuales se concentran en la adecuación y nivelación de la superficie para garantizar mejor movilidad, mayor seguridad y facilitar el paso de pescadores, visitantes y familias que no solo viven, sino que también trabajan en el sector."Recuperamos la ciénaga de Mallorquín y la convertimos en un Ecoparque lleno de vida, le dimos la cara al río Magdalena con el Gran Malecón, recuperamos las playas de Puerto Mocho para que fueran orgullo de todos, y ahora es el turno del Tajamar hasta Bocas de Ceniza. Un nuevo capítulo para soñar en grande y honrar nuestra historia. Este lugar atraerá miradas, moverá el turismo y hará que más personas se enamoren de nuestro territorio. Espérenlo!", señaló el alcalde a través de su cuenta de X. Así el mandatario hizo énfasis en que el propósito, a su vez, es impulsar el turismo, generar empleo y devolverle a Barranquilla una joya turística y ambiental.
La ola invernal ha dejado fuertes daños en algunas zonas del país, en especial en el departamento de Córdoba en donde cerca de 250.000 personas en 20 municipios perdieron bienes importantes. Las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua debido a las inundaciones que afectan a una región ganadera del norte de Colombia, como parte de una atípica temporada de lluvias que deja 22 muertos en 12 días.Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones.En esta región óptima para la ganadería, los habitantes intentan rescatar con lanchas, barcas improvisadas y camionetas los últimos bienes en puntos críticos donde el agua llega hasta la cintura de los pobladores, según testimonios conocidos por un reportero de la AFP.¿Cómo ayudar a los damnificados?Diferentes artistas y sectores económicos vinculados a la industria del entretenimiento y de alimentos, entre otros, unieron sus voces para solicitar apoyo en favor de las familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba, especialmente en aquellas zonas donde aún no han llegado provisiones de alimentos ni kits de aseo.Las ayudas se recibirán hasta el 3 de marzo de 2026 por medio de centros de acopio habilitados en Bogotá, en el Movistar Arena, y en Medellín, en La Macarena, así como a través de plataformas digitales dispuestas para canalizar donaciones.El fútbol también se unióEn medio de esta situación, el futbolista cordobés Alfredo Morelos, actual delantero de Atlético Nacional, anunció que se sumará a los esfuerzos de ayuda humanitaria. La iniciativa se desarrollará a través de su fundación, en articulación con el Ejército Nacional y el club antioqueño, con el propósito de recolectar ropa nueva, alimentos no perecederos y productos de aseo personal. La campaña también convoca a la hinchada del equipo verdolaga para que participe con donaciones.“Sabemos la situación que está pasando nuestro departamento de Córdoba. En pro con Atlético Nacional, el Ejército y mi fundación, trabajando súper duro para que nuestra gente, el aficionado de Atlético Nacional, aporte también su granito de arena para esta causa que ha golpeado muy duro a nuestro departamento. Sería lindo dar esta ayuda, la situación está muy crítica”, expresó Morelos en diálogo con Win Sports.
Hay preocupación en Barranquilla por la desaparición de dos adolescentes de 13 y 14 años en el norte de la ciudad. La menores habrían subido en un carro pedido por una plataforma el pasado 28 de febrero, desde entonces se desconoce su paradero. Se trata de Emily Sophia Borrero Tapias, de 14 años, quién fue vista por última vez a las 8:15 de la noche del pasado sábado, tras salir de la iglesia cristiana Poder de Dios, la cual está ubicada en la calle 86 con la carrera 64B, norte de Barranquilla.La adolescente de contextura delgada y cabello color castaño, iba vestida al momento de su desaparición con un top acampanado dorado claro, short de color negro y una mochila dorada cruzada en su pecho.La otra menor desaparecida es María de los Ángeles Sánchez, de 13 años. La adolescente es de piel blanca, tiene cabello liso color rubio y ojos grandes color miel. El día de su desaparición vestía blusa negra con mangas cortas, además de un pantalón legui color negro y tenis de tela color negro.De acuerdo con reporte de las autoridades, las menores habrían concertado encontrarse en el centro comercial Meridiem, ubicado con la carrera 59 con la calle 81, norte de Barranquilla, desde donde se cree que tomaron un servicio de taxi a través de la plataforma Uber.Este vehículo ya habría sido ubicado por las autoridades, quienes buscan establecer a qué punto fueron llevadas.Los casos fueron reportadas a la Fiscalía, por lo que se emitieron dos circulares de búsqueda. Autoridades piden a la ciudadanía que tenga información comunicarla a través de los teléfonos 3225089 extensión 50351 ó al celular 302 272 7494.
Este miércoles 4 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Salas, y el obispo auxiliar, monseñor Edgar Mejía, presidirán un momento de oración por los comicios que se avecinan en el país.Ante la proximidad de las elecciones para Congreso de la República, así como para presidente y vicepresidente de Colombia, la Arquidiócesis de Barranquilla convoca esta jornada de oración como signo de unidad, responsabilidad y compromiso cristiano con el bien común.El sacerdote William Pino, delegado del arzobispo para los asuntos relacionados con la política y la justicia, explicó que la invitación se dirige a los católicos y personas de buena voluntad en general, con el fin de promover un espacio abierto para pedir a Dios el don de la sabiduría, la paz y el discernimiento en este momento decisivo para todos los colombianos."Mirando un poco la realidad de las cosas, las diversas situaciones que rodean el ambiente de elecciones, queremos precisamente invitar a todo el pueblo de Dios, a los que hacen parte de las campañas, a los candidatos, a las familias, a que nos unamos en oración para que le hablemos a Dios de la necesidad de que esta actividad se desarrolle en paz, en calma", dijo el padre Pino.Así, la Arquidiócesis insiste en que “la jornada busca promover un ambiente de serenidad, respeto y reflexión en medio de los desafíos sociales y políticos actuales”.
El pasado 17 de febrero, pleno martes de Carnaval, Sheridan Sofías Hernández Noriega, de 14 años, y su hermana Keyla Nicól de 17, salieron de su casa en el barrio La Sierrita, rumbo al municipio de Malambo para encontrarse con unos amigos que había conocido durante las fiestas.Ese fue el último día que sus familiares pudieron verlas de cerca con vida, pues al día siguiente, a eso de las 11 de la noche, comenzó la verdadera pesadilla que finalizaría con un trágico desenlace.A esa hora familiares de las menores empezaron a recibir mensajes de una sola vista, en los que les exigían entre 5 y 20 millones de pesos para dejarlas en libertad, contó Wendy hernandez, hermana de las víctimas, quién aseguró además que el caso fue denunciado ante el Gaula de la Policía.“Empezaron a escribirnos desde el número de uno de las personas con que ella se fueron a pedirnos dinero por la vida de ella, 5 millones, después 5 millones por cada una, después 20 millones, un dinero con que nosotros no contamos y se lo hicimos saber, nos mandaban mensajes de una sola vez de mis hermanas, donde le apuntaban a la última, donde decían que la iban a matar. Mi mamá dio todo eso al GAULA, esperamos respuesta durante días, nunca hubo respuesta”, precisó Wendy.Sin embargo, mientras avanzaban las horas, los mensajes se ponían cada vez más violentos, incluso los delincuentes enviaron videos en los que se veía a la adolescente de 14 años tirada en el suelo mientras le apuntaban en la cabeza. El domingo, hace ocho días, dejaron de escribir. El último mensaje fue una sentencia: que no las encontrarían, que las iban a matar.Blu Radio conoció que los cuerpos de las hermanas fueron hallados enterrados y cubiertos con troncos de madera en el barrio Maranatha, del municipio de Malambo, con disparos en la cabeza. Sus familiares lograron reconocerlas en Medicina Legal por unos tatuajes.Este medio también conoció que un joven de nombre Fabian, quién también es cercano a las víctimas, se encuentra desaparecido y es buscado por las autoridades. Por el momento no hay un pronunciamiento por parte de la Policía sobre este doble homicidio que estremece el departamento del Atlántico.
Enterrados y cubiertos por troncos de madera fueron encontrados la mañana de este lunes los cuerpos de dos mujeres, cuyo avanzado estado de descomposición llevó a que se presentara una fuerte emisión de olor fétido, lo que sacó a la luz lo que otros querían ocultar.Precisamente, fueron los habitantes de una invasión cercana los que llegaron hasta con palas al sitio a tratar de encontrar la causa del fuerte olor, advirtiendo con sorpresa el hallazgo de estos dos cuerpos, lo que llevó a que de inmediato notificaran a las autoridades del hecho.Posteriormente, un equipo del CTI de la Fiscalía y de Medicina Legal se encargó de la exhumación y traslado de los restos para establecer identidades; sin embargo, no fue entregada mayor información del tema.Si bien las autoridades no entregan detalles sobre el asunto, vale la pena recordar que el área metropolitana de Barranquilla suma decenas de casos de mujeres desaparecidas en el último año, entre las que se encuentran Dayana Ochoa, de 40 años, y su hija Lucía, de 10 años. O incluso el de Isamar Algarín, de quien hace casi dos años se desconoce su paradero.Mujeres víctimas de la violenciaColectivos feministas advierten que la violencia que azota al territorio también tiene que analizarse y abordarse con un enfoque de género, pues cada vez son más las mujeres víctimas de toda clase de enfrentamientos.Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres, afirma que por parte de las autoridades se requiere "una verdadera articulación, que se pongan la camiseta, que bajen los programas al territorio, en especial aquellos que ya han sido caracterizados como vulnerables y donde también han caído mujeres por balas perdidas"."Yo creo que todo es un conjunto que hay que intervenir, que hay que hacer un acompañamiento psicosocial, como lo venimos diciendo, esto es un problema estructural, histórico y un compromiso de agenda y de voluntad política", dijo Pareja.
Visiblemente alterado y por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, un estudiante de séptimo grado atacó a puñetazos a su profesor de sociales en plena clase y hasta utilizó su lapicero como arma para agredir en el rostro al maestro.La agresión se produjo en uno de los salones de la Institución Educativa Distrital Olaya, en Barranquilla, donde los mismos compañeros de clases grabaron el momento en que el estudiante se levanta de su pupitre y se va en contra del profesor, quien tras recibir los golpes solo intenta apartarse para no seguir siendo maltratado.Varios estudiantes, ante la situación, intercedieron para separar al alumno del maestro e intentar tranquilizar a su compañero, sin embargo, el profesor ya había sufrido lesiones en el rostro, por las que debió ser trasladado a un centro asistencial.Adeba se pronuncióJosé Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, indicó que este hecho no solo requiere una sanción disciplinaria al estudiante, sino una intervención urgente de las autoridades."Antes de aplicarse el manual de convivencia como tal, yo creo que sería urgente el llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia y a la misma Secretaría de Educación para que realicen una intervención en el entorno de este joven. Si tomamos los correctivos que solamente tiene la escuela y no hacemos una intervención, sería como mandar un delincuente a la calle", dijo el docente.Podrían cancelarle la matrículaPara este lunes fueron citados los acudientes del estudiante agresor y este martes habrá una reunión del Comité de Convivencia de la institución para tomar medidas al respecto, teniendo en cuenta que la conducta del alumno es tipificada como grave y podría acarrear hasta la cancelación de la matrícula al joven.
En su propia habitación fue asesinada a puñal María de los Reyes Herrera Ospino, una mujer de 61 años que residía en el sector de Altos del Río, en Barranquilla.El crimen ocurrió hacia las 11 de la mañana de este domingo, al parecer, en medio de un ataque con arma blanca que habría sido perpetrado por parte de su pareja sentimental.La sospecha en contra de este hombre surge a raíz de una discusión que la pareja habría sostenido en horas de la madrugada. Además, familiares de la víctima sostienen que la última vez que vieron con vida a María de los Reyes, ella se encontraba con él y este abandonó la casa justo después del asesinato.De esta manera, María de los Reyes se convirtió en la primera víctima de feminicidio en el Atlántico, aunque aún se espera la tipificación del crimen ocurrido la semana pasada en Baranoa contra otra mujer, quien habría sido víctima de un ataque sicarial ordenado por una exparejaDesde el Movimiento Amplio de Mujeres, en cabeza de la psicóloga Ruth Pareja, afirman que estos casos evidencian la falta de articulación de las autoridades para prevenir estas muertes y garantizar la justicia ante los crímenes de mujeres."La situación de las mujeres en el Atlántico merece toda la mirada a nivel nacional, pero también merece todo ese acompañamiento de la justicia. Tenemos muchas brechas en esto de la judicialización del victimario, porque la Policía en ocasiones hace lo pertinente y captura, pero también vemos que a los próximos días quedan en libertad", reclamó Pareja.
Una cifra encendió las alertas en el Magdalena a pocos días de las elecciones: la presencia del Clan del Golfo en el departamento habría aumentado en un 653 % desde 2021.La advertencia fue hecha por la gobernadora Margarita Guerra durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, realizada en Santa Marta, donde presentó la cartografía del riesgo electoral en el territorio.Según lo expuesto por la mandataria, el incremento en el número de hombres vinculados a esa estructura armada ilegal obliga a reforzar la presencia institucional en varios municipios priorizados antes de la jornada del próximo domingo 8 de marzo.Los territorios señalados con mayor nivel de atención son Ciénaga, Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Santa Ana, San Zenón, Remolino, Pivijay, Salamina, El Piñón y Zapayán, donde se reporta presencia del Clan del Golfo.“En las elecciones pasadas se presentaron alertas en 12 municipios, donde hubo constreñimiento al elector, prohibiciones y temor. Con base en este mapa, desde la institucionalidad hemos trabajado en las Comisiones de Seguimiento Electoral con el fin de que estos hechos no se repitan y les brindemos a los magdalenenses una elección tranquila”, aseguró Guerra ante representantes del orden nacional y departamental.La Gobernación insistió en que el objetivo es prevenir cualquier forma de presión o alteración del orden público que pueda afectar la participación ciudadana y pidió acciones coordinadas para garantizar unas elecciones con plenas garantías en el Magdalena.
En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y responsabilidad fiscal. El ente de control expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas, sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento.Recientemente, en una comunicación pública, el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que "esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana; estamos jugando un poco a reproducir el gran error de Urrá".Frente a este escenario, la Contraloría alertó que, de materializarse una intervención sin soporte técnico suficiente, "se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público".El organismo de control informó que continúa realizando seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos y municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Este control incluye tanto la destinación como el uso de los recursos declarados en el marco de la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.Tras una visita técnica a los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría advirtió que en varias zonas las aguas permanecen estancadas y que probablemente se requerirá bombeo mecánico para conducirlas hacia ríos y caños cercanos, con el fin de evitar mayores afectaciones físicas y riesgos a la salud de los damnificados, ante el inicio de procesos de descomposición.La magnitud de la emergencia dimensiona la urgencia de decisiones técnicamente sustentadas. A la fecha, se reportan 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba.