En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.De acuerdo con el ente de control, en desarrollo de la auditoría se establecieron 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.La Contraloría evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos en los lineamientos para la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y los procesos de comercialización y rendición de cuentas. También se identificaron falencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento y en la supervisión de las funciones de los depositarios.El análisis reveló contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios. Estas situaciones, según el informe, habrían generado afectaciones económicas y riesgos en la conservación del patrimonio administrado.En cuanto a los vehículos bajo custodia, el órgano de control detectó debilidades en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, lo que habría ocasionado pérdida de valor. Además, se estableció que varios automotores permanecieron almacenados en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.
En medio de una operación conjunta en zona rural de Belén de Umbría, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturaron a alias ‘Chucky’, integrante del Clan del Golfo y considerado una ficha clave en la estructura criminal en Risaralda.De acuerdo con las autoridades, el hombre tenía un amplio prontuario y cumplía un doble rol dentro del grupo armado. Por un lado, ejercía presión sobre comunidades rurales para citarlas a reuniones y generar intimidación; por otro, adelantaba labores de reclutamiento mediante plataformas digitales, donde contactaba adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país.Durante el procedimiento, los uniformados hallaron archivos digitales que presuntamente eran enviados a las víctimas potenciales como material de captación. Tras ganar su confianza, les solicitaban datos personales con el fin de llevar un registro de quienes serían incorporados de forma forzada a la organización.Alias ‘Chucky’ tenía orden de captura vigente por uso de menores en la comisión de delitos y enfrentaba investigaciones por homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.
Tras conocer el caso del secuestro de Diana Ospina, al salir de una discoteca en la localidad de Chapinero de Bogotá, en el concejo de la ciudad se pusieron en evidencia las cifras de secuestros extorsivos en el 2025. Según la denuncia del concejal Julián Sastoque, a comparación del 2024, que se registraron 8 casos, hubo un aumento mayor al 362 % al constatar que se registraron 37 hechos relacionados con retenciones extorsivas. Así las cosas, según el cabildante, es una cifra que no se veía desde el 2004.“Aterra además que los casos presentados en 2025, en el 27 % de los casos, fueron mujeres las víctimas, las protagonistas. Lo que enciende, por supuesto, la alarma porque revela que este caso de Diana, repito, no es una situación aislada y ante ese panorama no nos queda otra que citar nuevamente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán a debate de control político porque definitivamente la seguridad es su gran fracaso en esta administración", concluyó el concejal.En ese sentido, el concejal, Julián Sastoque, anunció que radicará una citación a control político al alcalde, Carlos Fernando Galán, señalando que hay una “inacción” por este delito.
La Registraduría adelanta el simulacro nacional de escrutinios para las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. La idea es evaluar la funcionalidad del software que estará en funcionamiento para el proceso electoral.“Durante estas pruebas técnicas, que se realizan con el 100 % de las mesas de votación que instalará la entidad el próximo 8 de marzo, se verifica las soluciones informáticas para la consolidación de resultados en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma de seguimiento y control en la web de los escrutinios”, explica la Registraduría.En estos simulacros estarán representantes de los partidos políticos, delegados de los órganos de control y misiones internacionales.“Instalamos las 3.337 comisiones escrutadoras a nivel nacional y los 1.104 municipios están operando con normalidad. Se iniciaron las comisiones generales para poder consolidar cada uno de los departamentos. En Corferias, fueron instaladas 280 comisiones escrutadoras y nueve comisiones escrutadoras del exterior. Hasta el momento, el balance de este simulacro en el que hemos realizado las diferentes pruebas de carga y operabilidad de cada uno de los sistemas, es de total éxito”, aseguró el registrador, Hernán Penagos.
Siete personas fallecieron al estrellarse una ambulancia aérea a última hora de la noche del lunes en el distrito de Chatra, en el estado de Jharkhand, en el este de la India, informaron este martes fuentes oficiales.La aeronave trasladaba hacia Nueva Delhi a Sanjay Prasad, un paciente que presentaba quemaduras graves tras la explosión de un cilindro de gas en su establecimiento, informaron las autoridades.El balance total de siete víctimas incluye al paciente, el personal médico acompañante y la tripulación de la aeronave."Este es el mayor accidente aéreo en el estado de Jharkhand. La función de una ambulancia aérea es salvar vidas, y es preocupante que quienes las salvaban hayan perdido la vida", dijo en una declaración a la prensa el ministro regional de Salud, Irfan Ansari.De acuerdo con el funcionario, "la aeronave desapareció repentinamente del radar. Se encontraron partes de la aeronave en un denso bosque en Simaria. Tras investigar más a fondo, se hizo evidente que el avión se había estrellado".Los familiares de las víctimas señalaron que el traslado a la capital india fue necesario ante la falta de recursos médicos especializados en la región."Mi hijo estaba destinado en el Hospital Sadar de Ranchi. Si hubiera instalaciones de salud adecuadas aquí, ¿por qué habrían tenido que ir a Delhi para el tratamiento?", declaró el padre del médico a medios.Un pariente de Sanjay Prasad explicó que, tras no observar mejoría en el estado del paciente en los centros locales, la familia optó por contratar el servicio aéreo privado.Las autoridades de aviación civil han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro, ocurrido en una zona remota del estado de Jharkhand.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.El primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Las autoridades policiales en el Atlántico ya desplegaron todo un plan operacional para hacerle frente a la violencia en el departamento en este Día de la Madre, que tendrá más de 2.000 policías custodiando tanto municipios como los principales puntos turísticos de la jurisdicción.Serán exactamente 700 uniformados y 400 unidades del Ejército Nacional las que se desplegarán en los municipios del Atlántico, mientras que otros 1.500 agentes harán lo propio en el área metropolitana de Barranquilla.Tras conocer que esta es una festividad bastante violenta, según cifras de la Policía, el gobernador Eduardo Verano hizo una invitación a vivirla con tranquilidad y armonía.“El Día de las Madres es uno de los días más alegres porque se reúnen las familias, pero también es uno de los más difíciles en materia de seguridad. Queremos hacerle un llamado a todo el mundo: mucha tranquilidad, paz y armonía para celebrar este día tan importante. Nuestras madres merecen la mayor alegría y eso solo es posible con un comportamiento ejemplar de todos”, expresó el mandatario.A su turno, el secretario del Interior, José Antonio Luque, detalló los componentes del dispositivo de seguridad y las zonas priorizadas.“Desde la Gobernación, en articulación con la Policía Nacional, hemos desplegado un operativo robusto. Se prestará especial atención a las vías secundarias y terciarias, con controles de alcoholemia, debido al aumento del tráfico por el cierre de la Vía al Mar”, indicó Luque.“También contaremos con unidades de reacción rápida de la Armada Nacional en puntos estratégicos de la zona costera, como Puerto Colombia, Santa Verónica y Salinas del Rey, para brindar una cobertura integral”, añadió.En Barranquilla, la institución policial pondrá en marcha todas sus capacidades humanas y tecnológicas, incluyendo vigilancia aérea con el uso de drones, complementando la cobertura de las cámaras inteligentes. Asimismo, la Seccional de Investigación Criminal, las unidades de inteligencia, el Gaula y demás grupos operativos trabajarán de manera coordinada para prevenir y contrarrestar cualquier actividad delictiva que pueda empañar esta especial celebración.En materia de movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte implementará un plan especial que incluye seis puntos de control para buses de servicio público y cuatro puestos de control dinámicos.
El reporte entregado por las autoridades da cuenta que varias personas se desplazaban en una camioneta, desde el municipio de Uribia hacia la ciudad de Riohacha.Cuando iban por el kilómetro 46, cerca al peaje de Altopino hacia Riohacha, el conductor de la camioneta se percató que había un grupo de hombres armados junto a un vehículo estacionado sobre la carretera; dicho conductor aceleró la camioneta y los sujetos armados dispararon contra esta, dejando a tres de sus ocupantes heridos.Los heridos fueron Orlando González, Orlando Hernández y la nutricionista Jhoannya Fuentes Martínez. Esta última falleció en una clínica de Riohacha donde también son atendidos los otros dos heridos.La hipótesis que hasta el momento tienen la Policía Nacional es que todo se trató de un intento de hurto en ese sector de la carretera.Otras dos personas, adscritas a la Alcaldía de Uribia, y quienes viajaban en la camioneta, resultaron ilesas.
Las autoridades policiales en los departamentos de Córdoba y Atlántico se encuentran en alerta durante las últimas horas por lo que fue el hallazgo, en casos aislados, de tres cuerpos con impactos de bala, los cuales ya se encuentran en Medicina Legal para las labores forenses que permitan conocer sus identidades.El primero de ellos fue visto semienterrado en un arroyo llamado San Blas del barrio Villa Bertha, en el municipio de Malambo, ubicado en el área metropolitana de Barranquilla, misma ciudad donde la comunidad reportó sobre la presencia de un segundo cuerpo en el suroccidente de la capital del Atlántico.Ese segundo hecho violento tuvo origen, más exactamente, en la calle 84B con carrera 15, a la altura del barrio La Manga, y donde la comunidad habría escuchado varios disparos, pero no salieron de sus hogares.Cuando los uniformados del cuadrante se acercaron al sitio, se percataron de la presencia de la persona que ya no tenía signos vitales. Por ello, las indagaciones fueron asumidas por agentes de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín.Finalmente, hubo otra víctima encontrada en Córdoba, más específicamente en la vía que conecta a los municipios de La Apartada y Montelíbano, lugar que ha sido foco de violencia durante el presente año.Ciudadanos que pasaban por el punto conocido como la Curva del Mora fueron los encargados en alertar a la Policía en la mañana de este sábado 10 de mayo, contando que el fallecido portaba un buzo negro y un bolso del mismo color.Todos estos casos son materia de investigación para la Policía Nacional.
Preocupada quedó la Procuraduría General de la Nación luego de una reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para hacerle seguimiento a la intervención de la empresa Air-e, de la que aseguró que a la fecha no hay un plan de solución definitivo para su reorganización o liquidación, y menos propuestas concretas para sostener la prestación del servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.Según el Ministerio Público, la cita buscaba atender inquietudes pero “la Superservicios no fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados por el organismo de control; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida”.Por ello, y junto con la Contraloría General de la República, la Procuraduría cuestionó que la Superservicios no tuviera informes consolidados sobre el monto de la deuda actual que tiene la electrificadora con las generadoras energéticas y sobre el patrimonio y activos de la entidad.Además, les llamó la atención que ni la Superservicios ni la agente especial Diana Bustamante tienen planes definitivos para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio y tampoco una medición de los impactos causados por la decisión.Al parecer, la entidad tampoco presentó un informe de las actuaciones que ha surtido para cumplir con las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la información relativa a los análisis detallados que sustentaron la modalidad de toma de posesión de la empresa energética.“En sus acciones preventivas, las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advierten que la complejidad de esta intervención evidencia una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes lo que podría comprometer la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios en todo el país”, escribió la PGN en un comunicado.Finalmente, la Procuraduría creó la Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético para vigilar de cerca la crisis que enfrenta la región Caribe, citó a una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y requirió nueva información para el 16 de mayo.
Tomar vías alternas es la recomendación que se le hace a cientos de pasajeros y turistas que hoy no pueden transitar la concurrida Vía al Mar que conecta a Barranquilla con Cartagena, debido al colapso de un puente a la altura del municipio de Juan de Acosta, Atlántico, afectado por las fuertes lluvias de las últimas horas.Natalia Abello, gerente general de Ruta Costera, que es la concesión encargada de la vía, confirmó que la emergencia no dejó heridos, sin embargo declaró que su intervención apenas comienza y espera mantener al tanto a la comunidad de todas las novedades.“Mientras trabajamos en la recuperación de la vía, y poderles ofrecer una movilidad segura, queremos que tomen las recomendaciones de desvíos que realizamos y la posibilidad de las vías alternas. En estos momentos, ya iniciamos actividades y pronto les estaremos informando sobre los avances de las mismas”, mencionó.Tal como se había previsto, Abello sostuvo que la causa al parecer está derivada de un incremento en el cauce del arroyo de Juan de Acosta, que provocó una socavación en el material de relleno que soporta la estructura.A su vez, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también se pronunció por lo sucedido diciendo que “espera que los arreglos no duren más de un mes”. Además, autorizó la llegada de personal operativo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).La recomendación es que los viajeros que transitan de Barranquilla a Cartagena o viceversa utilicen la vía La Cordialidad, lo que agregaría unos 30 minutos más al trayecto.
No cesan las diferencias entre Daysuris Vásquez y su ex pareja sentimental Nicolás Petro, luego de que en las últimas horas denunciara que el exdiputado del Atlántico al parecer se quedó con una camioneta de su propiedad, la cual había entregado para vender y nunca recibió dineros de esa operación.La mujer dio a conocer el hecho por sus redes sociales, más específicamente por la cuenta de X, en el que especificó que habla de una camioneta Toyota Rav4, de Cartagena, cuyas placas son EGR 951, acusando de robo tanto a Nicolás Petro Burgos como a su primo Camilo Burgos.“También deben saber que el señor Nicolás Petro Burgos y su primo Camilo Burgos, se quedaron con una camioneta de mi propiedad, que entregué para su venta y nunca me entregaron el dinero…Están los chats y audios. Toyota Rav4, placas EGR 951, de Cartagena”, fue lo que escribió.Mientras tanto, desde la defensa del hijo del Presidente le mencionaron a Blu Radio que ese vehículo había sido entregado como parte de pago a una deuda, dejando un saldo aún pendiente por pagar. De la misma forma, esperan la llegada de las audiencias para según ellos “buscar todo el peso de la ley por su actuar delictivo”.Estas diferencias se presentan luego de que Daysuris Vásquez entregó a la Fiscalía un carro Mercedes Benz, avaluado en $200 millones y el cual está involucrado en el caso de presunto lavado de activos de Nicolás Petro, en el que la mujer también fue señalada públicamente de no haber pagado impuestos y comparendos del mismo, pese a que lo habría usado durante el último año y medio.Según conoció Blu Radio, se trata de tres comparendos y de impuestos de 2024 y 2025 que quedaron pendientes por pagar y que, de acuerdo con Blanca Gutiérrez Zuleta, la persona a nombre de la cual aparece el vehículo, le generan afectación, pues ella habría entregado el carro en septiembre de 2023 a su entonces amiga tras firmar una promesa de traspaso, pero esto nunca fue realizado, por lo que ahora los cobros de estas deudas se los están realizando a ella.“La Fiscalía ordenó que realizara el traspaso y a la fecha no lo realizó. El carro debe comparendos e impuestos. Ella le miente a la justicia. Por favor verifiquen en el RUNT”, indicó en una publicación en redes sociales Gutiérrez Zuleta.Blu Radio conoció los documentos, en los que indica el pago pendiente por impuestos de 2024, lo que asciende a $2.903.000; a lo que se le sumaría un valor similar para 2025. A su vez, tres comparendos pendientes por pago de $2'400.341. Se trata de más de $5 millones, a los que si se les suma la liquidación de 2025, podría ascender a $8 millones.