Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
La comunidad de Buenaventura continúa viviendo en incertidumbre y zozobra, pese a que desde hace varias semanas se han disminuido los homicidios y enfrentamientos en las calles entre 'Shottas' y 'Espartanos', bandas criminales que delinquen en este puerto.Los integrantes de estos grupos ahora han dejado de atacarse entre sí, pero continúan intimidado y amenazando a los habitantes, especialmente los comerciantes, a quienes les exigen el pago de altas sumas de dinero, a cambio de no atacar su integridad, la de sus trabajadores y sus negocios en general.Por esta razón que el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Dario Jaramillo, ha elevado un llamado de atención a las autoridades locales y a los coordinadores de la mesa de negociación que aún existe con estas bandas, para ponerle fin a esta situación que está obligando a varios bonaverenses a cerrar su negocios."Hay comerciantes que pagan 20 millones mensuales, otros casi 50 millones. Y la mayoría paga entre cinco, dos y un millón de pesos. Una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar 300.000 o 400.000 pesos cada mes, casi que trabajan para los bandidos, así nadie resiste", señaló monseñor.En la última semana se dio a conocer el cierre de dos reconocidos restaurantes del distrito, y por lo menos ocho establecimientos del sector pesquero también están considerado cerrar debido a esta situación, que consideran se ha vuelto insostenible.
Los usuarios y pacientes de la Nueva EPS en Cali y todo el Valle del Cauca se encuentran desesperados, con las constantes fallas en la prestación de los diferentes servicios de salud y las barreras de atención a las que se enfrentan en las clínicas y hospitales por las deudas de esta entidad.Es por esta razón que desde la capital vallecaucana se sumarán a la convocatoria nacional que se está organizando para el próximo 26 de enero, donde realizarán un plantón a las afueras de la sede administrativa de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, exigiendo soluciones a sus tratamientos."Ya se rompió toda posibilidad de aguantar más. La poca garantía al derecho a la salud, la falta de atención ya no tiene precedente, a la gente se le está complicando la salud, se está agudizando, hay pacientes que se han muerto. La convocatoria es para ese 26 de enero, exigiendo al Ministerio y a la EPS que solucionen", aseguró Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca.Actualmente en Cali, la nueva EPS cuenta con más de 300.000 usuarios, quienes exigen la mejora en la atención y la continuidad de tratamientos. Durante varias ocasiones han adelantado protestas pidiendo la protección de la vida de pacientes y la garantía de su derecho a la salud."Las IPS están renuentes a prestar servicios y abrir agenda a los pacientes de la Nueva EPS, cuando el usuario llega, el prestador simplemente le dice: yo tengo suspendido los servicios. Tenemos una crisis con las mamitas, porque Versalles dice que no tiene contrato, el HUV no tiene la capacidad para atender a toda la población y así sucesivamente estamos muy complicado. Otra cosa es la falta de insumos, actualmente no hemos vuelto a conseguir pañales con el dispensario", indicó Martínez.
Persiste la tensión entre la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el Gobierno nacional por la decisión tomada por ella y otros mandatarios departamentales de no acatar el decreto de emergencia económica, que incrementa el valor del impuestos a los licores y cigarrillos.La mandataria vallecaucana reiteró que esta medida lo que hará es incentivar el contrabando en la región, y lo que más le preocupa es que las ganancias que se generen no se quedan en el departamento, por lo que no podrán ser invertidas en salud o educación.Según los primeros cálculos, con esta medida decretada por el Gobierno nacional el Valle del Cauca dejaría de recibir cerca de 800.000 millones de pesos para financiar los programas sociales."Tenemos que ponerle rostro al tema, aquí nosotros usamos los recursos en lo que son derechos fundamentales, como salud y educación. Si estamos con problemas nacionales con el tema de salud, ahora sí que peor que nosotros como departamento no tengamos como pagar el régimen subsidiado, y ahí si no vamos a tener cómo garantizarle a los usuarios ", señaló la mandataria.La venta de licores en el Valle del Cauca significa un importante ingreso de recursos, pues en el 2025 se destinaron 145.000 millones de pesos a sectores como la Salud, Educación y el deporte. Se está a la espera del encuentro este lunes 19 de enero con el ministro de Hacienda para encontrar una solución a las tensiones que aún se mantienen."Tengo que decirle al Gobierno nacional que sería muy chévere que se vinieran a los territorios y no definan solamente desde los escritorios, allá en Bogotá como lo hacen muchas veces", finalizó la gobernadora del Valle.
La Cámara Colombiana de Construcción cuestionó el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Vivienda que establece un tope general del valor de la vivienda de interés social en 135 salarios mínimos y prohíbe la indexación de los contratos ya firmados en el año de escrituración.Según camacol esto es un control de precios sobre la VIS que no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario.“Obligar a fijar el precio en pesos desde la separación y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración es control de precios, aunque se le intente dar otro nombre. Además, genera inseguridad jurídica, afectando decisiones de inversión”, explicó el gremio en su cuenta de X.A esto se suma otras decisiones como la suspensión de los subsidios de Mi Casa Ya que según Camacol ha llevado a que en los últimos años, 55.000 hogares desistieran de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedarán en el limbo.“Que el costo laboral sea 20 – 25 % no lo vuelve marginal. El aumento del SMLMV impacta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción. En conjunto, estos componentes representan cerca del 70 % del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10 % y 15 %, no 3 %”, agregaron.En ese sentido el gremio hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para tomar medidas legales y técnicas que garanticen un acceso sostenible a la vivienda para los colombianos.
William Sarria es el hombre señalado de agredir y torturar a su expareja sentimental el pasado 4 de enero en el sur de Bogotá. De acuerdo con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría ingresado al conjunto residencial en donde vive la mujer haciéndose pasar por vigilante, esto, con el fin de persuadir a la víctima para que le abriera la puerta. Una vez el hombre logró entrar a la casa, la mujer habría sido sometida a una agresión física y a amenazas.Además, la investigación establece que el presunto agresor se habría aprovechado de la situación para hurtar varios objetos de valor y acceder de manera irregular al celular de la víctima, desde donde realizó transferencias no autorizadas por cerca de dos millones de pesos a su billetera virtual. Lo grave de la situación es que, según el ente acusador, la mujer venía siendo víctima de reiteradas agresiones durante los seis meses que duró la relación sentimental.Por ello, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Sarria Ruiz, hasta tanto continúen las investigaciones en su contra. En otra audiencia, el señalado ya había aceptado los cargos.
Luego de semanas de espera, Marino Hinestroza cerró su traspaso a Boca Juniors desde Atlético Nacional en un momento crucial para su carrera pensando en continuar en el radar de Néstor Lorenzo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.Su salida obligó al cuadro verdolaga a salir al mercado a buscar un futbolista con características similares a Hinestroza y, según dieron a conocer diversas voces de periodistas en Colombia, Nacional tendría todo listo para cerrar el fichaje del venezolano Eduard Bello que será el encargado de tomar el rol que dejó Marino en el equipo.Él es Eduard Bello, el venezolano que llegaría a Atlético NacionalNació en Cúa, Miranda, Venezuela, el 20 de agosto de 1995. A sus 30 años, Bello ha sumado una extensa carrera como profesional, incluso, con minutos con la selección Vinotinto en diversas competencias.Debutó como profesional en 2013 en el duelo entre Yaracuyanos y Tucanes de Amazonas hasta que, un año después, dio el salto a Carabobo y se volvió en pieza clave de este equipo llamando la atención del mercado internacional llegando en 2018 a Deportes Antofagasta.En ese periodo en el fútbol chileno no le fue mal y terminó llegando al fútbol mexicano a Mazatlán, en donde su nivel disminuyó y volvió a Barcelona de Ecuador, último club donde militó y donde terminó contrato hace poco. Sin embargo, en este periodo estuvo a préstamo en Universidad Católica y fue protagonista en algunos partidos durante ese tiempo.En total, ha disputado un total de 372 partidos como profesional en donde ha anotado en 80 ocasiones y ha asistido en 56. En cuanto a selección, con la Vinotinto ha estado en 19 partidos anotando en cuatro ocasiones, una muy recordada frente a Brasil de chilena.¿Qué falta para que Eduard Bello se convierta en futbolista de Atlético Nacional?De acuerdo a algunas versiones, el venezolano se encuentra en la capital antioqueña cerrando los últimos detalles de su contrato al igual que llevando a cabo su proceso de exámenes médicos para ser oficializado por el equipo dirigido por Diego Arias para esta temporada 2026.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, declaró este viernes desde Barranquilla que le solicitó a Ecopetrol e Indumil iniciar nuevamente la verificación de una posible compra de la empresa Monómeros; esto teniendo en cuenta la toma que Estados Unidos realizó en los primeros días del año sobre Venezuela.El jefe de esta cartera afirmó ante los medios de comunicación que el primer paso será determinar cuánto cuesta la importante petroquímica con sede en la capital del Atlántico."Le he pedido a Ecopetrol e Indumil, que eran las dos empresas públicas interesadas, iniciar nuevamente en este contexto el estudio de la valoración de lo que consideramos cuesta la compañía para mirar si transitamos, así como lo ha querido el presidente Gustavo Petro, a que Monómero sea adquirida por una empresa nacional", fueron sus palabras.Jocosamente el primero en contestarle fue el gobernador Eduardo Verano: “¿Y por qué no se la entrega a la Gobernación del Atlántico?”, a lo que Palma respondió entre risas que debían ir conversando.Recordemos que Monómeros siempre ha sido un deseo para el actual Gobierno nacional, aunque una eventual compra se ha dificultado a causa de las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.En los últimos avances que se tuvieron, hubo gestiones con el embajador en Washington para que la administración estadounidense permitiera una extensión o reactivación de licencias especiales que diera pie a una compra sin violar normativas internacionales.De hecho, se alcanzó a hablar de una firma de acuerdo de confidencialidad, en el que se permitiría intercambiar información con la que actualmente es propiedad de Pequiven, filial de PDVSA (Venezuela), y cuyo valor estimado oscila entre los 70 y 350 millones de dólares.Monómeros ha sido vista como una empresa estratégica para Colombia, para el agro, para los alimentos y para los campesinos, al ser una de las principales proveedoras de fertilizantes del país.
La Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) emitió este viernes dos avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED).El escrito explica que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.EE. UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.
Un grave hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves, 15 de enero, en la variante de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, donde un grupo de hombres armados interceptó dos camiones tipo niñera que se movilizaban por este importante corredor vial.De acuerdo con información entregada por las autoridades, alrededor de 15 sujetos armados bloquearon el paso de los vehículos de carga, intimidaron a los conductores con armas de fuego y los obligaron a descender de los camiones, que tenían como destino final la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.En los automotores se transportaban 17 vehículos nuevos de la marca Toyota, los cuales fueron trasladados con rumbo desconocido por los responsables del hurto. Tras el hecho, los conductores resultaron ilesos y dieron aviso inmediato a las autoridades.La situación generó alarma entre otros usuarios de la vía, algunos de los cuales difundieron videos e imágenes en redes sociales alertando sobre lo ocurrido y advirtiendo a quienes transitaban por la zona.Tras conocerse el caso, la Policía Nacional activó un plan de reacción inmediata, en coordinación con unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de ubicar los vehículos y dar con los responsables.Como resultado de estos operativos, los camiones tipo niñera fueron localizados en una zona limítrofe entre el Cauca y el Valle del Cauca. Sin embargo, los 17 vehículos que eran transportados continúan sin ser recuperados, por lo que las labores de búsqueda y las investigaciones judiciales siguen en curso.Las autoridades no descartan que el hurto esté relacionado con estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país, caracterizada por recurrentes hechos de violencia y afectaciones a la movilidad sobre la vía Panamericana.Finalmente, se hizo un llamado a los transportadores y conductores a informar cualquier movimiento sospechoso y a seguir las recomendaciones de seguridad mientras avanzan los operativos para esclarecer este caso.
De nuevo, la misión médica en el Valle del Cauca se ha visto afectada por la violencia. Pues en las últimas horas, un paciente del hospital Luis Ablanque de la Plata fue asesinado dentro de este centro médico, cuando sujetos armados lograron ingresar y lo atacaron a disparos.La víctima de este crimen fue identificada como Dayan Caicedo Morales, quien se encontraba en la sala post quirúrgica del hospital, recuperándose de una cirugía que le habían realizado tras llegar días atrás gravemente herido."La víctima había sido objeto d eun ataque sicarial en días anteriores. La Policía rechaza cualquier acto de violencia que ponga en peligro la integridad de personas que se encuentran en el cumplimiento de las actividades propias de los centros hospitalarios", explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.Las autoridades avanzan en la búsqueda de los agresores de esta persona, para capturarlos y judicializarlos. Los responsables de este crimen serían integrantes de la banda criminal 'Los Espartanos', quienes ya habían atacado a la víctima días atrás, en un tiroteo registrado en el barrio Nayita. Los hechos estarían relacionados con un presunto ajuste de cuentas."Hay que rechazar este clase de acciones que vulneran a la misión médica, que debe ser lo más respetado en derechos humanos. El hospital, las ambulancias, el personal de la salud y todo lo relacionado a la misión médica. Le pido a la comunidad que nos ayude, para que de información de quienes fueron los responsables de cometer este hecho atroz, de entrar a un hospital y ultimar a una persona por una disputa económica", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Un intento de hurto en inmediaciones del barrio El Trébol finalizó en un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de ladrones, situación que generó pánico entre la comunidad del oriente de Cali. Los hechos ocurrieron en un reconocido supermercado ubicado sobre la autopista Suroriental entre las calles 58 y 59, hasta este lugar llegaron varios hombres armados que intimidaron a las personas que estaban haciendo sus compras, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias.Uno de los vecinos logró avisarle a las autoridades, por lo que rápidamente el lugar fue acordonado, teniendo incluso apoyo del helicóptero Halcón de la Policía, con el fin de evitar que los sujetos lograran escapar."Eso había un poco de gente, patrullas, ambulancias, antimotines, el helicóptero, mejor dicho. Ahorita salieron dos esposados y la Policía estaba corriendo a la gente, un poco de carros parqueados", indicó una testigo del hecho.Según los habitantes del sector, se lograron escuchar por lo menos diez disparos, en el enfrentamiento entre las autoridades y los presuntos delincuentes. Algunos sujetos intentaron huir, pero fueron interceptados metros más adelante."Había personas vestidas de civil pero con chalecos antibalas persiguiendo a los ladrones y ahí fue que empezó la balacera. Después de eso, viene uno de los tipos y corre hacia los lados del motel del lado, vuelve para el supermercado y vuelven a disparar", narró otro vecino del lugar.Esta es la tercera balacera registra en Cali en menos de 48 horas, una situación que enciende las alarmas de la comunidad, la cual exige el refuerzo de la seguridad en la ciudad para evitar estos episodios. Según el primer reporte de la Policía, tras el incidente cinco personas fueron capturadas, una de ellas resultó levemente herida en medio del enfrentamiento.
Un trágico hecho ocurrido en Estados Unidos mantiene de luto a una familia caleña y ha generado conmoción tanto en Colombia como en la comunidad latina en el exterior. Se trata del asesinato de Johan David Adarve, un joven de 17 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando salía de su jornada académica en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.De acuerdo con la información conocida, el menor residía junto a su familia en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años. El crimen se registró cuando Johan David se disponía a regresar a su vivienda, luego de salir del colegio, en compañía de su pareja sentimental, quien también es menor de edad y su primo, que también fue agredido.En ese momento, el joven habría sido abordado por uno de sus compañeros de institución, quien presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia, el adolescente falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.Keila Adarve, tía del joven, manifestó que la familia solicitó acompañamiento y medidas de protección, al advertir que el adolescente era objeto de burlas, intimidaciones y amenazas por parte de algunos compañeros. Sin embargo, sostienen que no recibieron una respuesta efectiva que permitiera prevenir una situación de riesgo."Johan venía presentando problemas de acoso escolar, el cual se reportó a la escuela, pero la escuela nunca tomó medidas acerca de esto. El niño que disparó el arma de fuego estaba afuera, lo estaba esperando junto a otras personas, cuando lo vieron, se fueron detrás de mi sobrino, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el pie", manifestó la tía.Los familiares también expresaron su preocupación por la seguridad de otros jóvenes cercanos a Johan David, quienes, según indican, continúan siendo víctimas de acoso, por lo que temen que se presenten nuevos hechos de violencia si no se adoptan acciones oportunas.Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existían antecedentes que permitan determinar responsabilidades adicionales. En el proceso se adelantan labores de recolección de testimonios y análisis de material audiovisual de la zona donde ocurrió el ataque.Por su parte, la institución educativa a la que asistía el menor emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Entre tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado manifestaciones y actos simbólicos en memoria de Johan David Adarve, exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los estudiantes, especialmente frente a situaciones de acoso escolar y violencia juvenil.
El pasado jueves 14 de enero, en horas de la noche, se registró el homicidio de un menor de 17 años en el barrio Barberena, comuna 12, en el oriente de Cali, hecho que generó un amplio despliegue de las autoridades en esta zona de la ciudad.Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali activaron de manera inmediata un plan candado con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Durante el procedimiento, los presuntos implicados, al notar la presencia de los uniformados y verse acorralados, abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación.En medio del intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos y, posteriormente, fueron capturados por las autoridades. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los detenidos presentan antecedentes judiciales y entregó detalles del operativo.“Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación”, precisó el oficial.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y establecer si estaría relacionado con disputas por el control territorial, conocidas como fronteras invisibles, o si existen otras causas detrás de este hecho violento. Asimismo, se busca determinar la plena responsabilidad de los capturados en el asesinato del menor.
Una vez más, el oriente de Cali fue escenario de un enfrentamiento violento entre jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La riña, que se prolongó durante varios minutos, se presentó en las afueras de la estación del MIO de Aguablanca.De acuerdo con la información preliminar, en el hecho habrían participado pandillas juveniles de los barrios Mojica y Bonilla Aragón. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión y la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena vía pública.La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron afectaciones a viviendas y riesgos para personas ajenas al conflicto. David Moreno, residente de la zona, expresó su rechazo a estos hechos y pidió una intervención urgente por parte de las autoridades.“Es muy triste porque se dañan las casas, los vidrios, y también se afecta a personas que no tienen nada que ver con esto. De todo corazón, le pedimos a las autoridades que hagan presencia, que nos den soluciones y que nos brinden seguridad a la comunidad”, señaló Moreno.Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta el lugar, lograron dispersar a los involucrados, y restablecer el orden en el sector.Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia manifestaron que este tipo de enfrentamientos, conocidos como ‘Guireo’ o ‘Chacaleo’, están asociados a conflictos por fronteras invisibles entre barrios. La entidad aseguró que se adelantan acciones de prevención e intervención para evitar que estos hechos se sigan presentando en la ciudad.
Aunque los homicidios y enfrentamientos entre las bandas criminales en Buenaventura se han reducido en las últimas semanas, en la realidad la comunidad continúa siendo intimidada y amenazada por los integrantes de estos grupos.La situación más preocupante la viven los comerciantes bonaverenses quienes todos los días se ven obligados a pagar altas sumas de dinero a integrantes de estas bandas, para evitar ataques a sus negocios y a sus trabajadores. Esto ha obligado en las últimas horas a dos reconocidos establecimientos de comidas del distrito, a realizar su cierre definitivo, pues se ha vuelto insostenible."Este es un fenómeno que ha existido siempre y ahorita con lo que estamos viviendo, el anuncio de muchos negocios que cierran. Parte del sector pesquero también ya lo están pensando, hablan de seis u ocho negocios que cierran las puertas. Entonces eso es complicado, estamos mirando cómo buscamos de reunirnos con esas personas.", señaló Emiliano Muñoz, presidente de la Agremiación de Comerciantes de Buenaventura.Por su parte, el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, hizo un llamado a las autoridades locales a garantizar la tranquilidad de los bonaverenses, teniendo en cuenta que si bien los enfrentamientos entre bandas criminales se han reducido, otras conductas delictivas como las extorsiones, el reclutamiento de menores, entre otros, aún siguen activas."Efectivamente, esa es la gran preocupación que tenemos, que lo que sucedió en 2025 no se vuelva a presentar, cuando más de 200 comerciantes solicitaron traslado de sus negocios. Estamos en 2026, justamente queremos minimizar ese riesgo de que la gente por falta de seguridad tome la decisión de cerrar su negocio", añadió el personero.
En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.