Desde el Congreso de la República se abrió el debate sobre el alto costo de las multas por infracciones de tránsito en Colombia, una situación que, según líderes regionales, afecta de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos sin garantizar una mayor protección de la vida en las vías.Desde Cali, Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, hizo un llamado a los congresistas para que lideren una discusión nacional que permita replantear el valor de las sanciones, argumentando que proteger la vida, educar y corregir conductas no debe implicar el cobro de sumas excesivas.“Las multas por infracciones de tránsito en Colombia son excesivamente caras. Por eso hoy estoy acá en el Congreso porque desde Cali queremos pedirles que se apropien de la conversación y lideren la protección por la vida y además por el bolsillo de los colombianos. Las multas este año también subirán junto con el aumento del salario mínimo. Y así lo hiciesen, el costo de una infracción de tránsito puede ser el equivalente a los ingresos totales de una persona durante todo un mes o aún más. No es justo sacrificar lo que una familia destina para su comida, para la educación de los hijos, para arriendo porque las multas sean caras”, dijo el secretario.Actualmente, infracciones como no portar el SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción pueden costar cerca de un salario mínimo, mientras que el exceso de velocidad equivale aproximadamente a la mitad de ese ingreso. La situación se vuelve más crítica segun el secretario de movilidad, si se tiene en cuenta que más del 45 % de los colombianos gana menos de un salario mínimo, lo que hace que estas multas sean impagables para una gran parte de la población.“Muchos reciben multas porque se equivocan, otro tanto porque se rehúsan a respetar la ley. Para los primeros es un castigo excesivo, para los segundos en muchos casos es irrelevante porque ni siquiera las pagan. Hoy por no tener SOA, técnico mecánica o licencia se debe pagar aproximadamente un salario mínimo entero, por exceso de velocidad la mitad. Colombia necesita orden, sí, pero un orden que salve vidas, no uno que castigue reventando el bolsillo.”, explicó el funcionario público.Finalmente, Orozco propuso al Congreso reducir el valor de las multas y modificar el mecanismo de aumento anual, señalando que en países con vías más seguras las sanciones suelen equivaler al ingreso de entre uno y cinco días, además de indicar que el país necesita normas que salven vidas sin castigar de manera excesiva a los ciudadanos.
Tras una reunión realizada en Bogotá entre varios gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda, los mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones frente al decreto de emergencia económica y el impacto que tendría el incremento del impuesto a licores y cigarrillos en las finanzas territoriales.La gobernadora explicó que este gravamen afectaría directamente las rentas departamentales, recursos que se destinan a garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Advirtió que una disminución en estos ingresos pondría en riesgo programas esenciales como el PAE, el transporte escolar y el régimen subsidiado de salud.“Yo creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto, decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas, que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Como resultado del encuentro, la mandataria anunció que los gobernadores participarán en una mesa técnica con el fin de analizar el comportamiento de los tributos. Además, informó que se elevará una solicitud ante la Corte Constitucional para establecer una salvaguarda frente a las medidas que afectan las rentas por licores y cigarrillos.“Vamos a atender la invitación del ministro de hacer una mesa técnica para poder evaluar los tributos, cómo van disminuyendo y si en un momento determinado tienen que salvaguardar, porque quien va a definir esto es la Corte Constitucional. Esta es una medida que acabamos de tomar, de tomar la decisión de que vamos a solicitar a la Corte Constitucional de que nos genere una salvaguarda para el tema de licores y una protección temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillos.”, expresó Toro.Finalmente, la gobernadora del Valle del Cauca alertó que las rentas provenientes del cigarrillo ya registran una caída cercana al 40 %, principalmente por el contrabando, una actividad que además fortalece estructuras criminales y agrava los problemas de seguridad. En el caso del Valle del Cauca, la medida también se traduciría en un fuerte aumento para los consumidores, con una botella de aguardiente de 750 ml que pasaría de $39.300 a $65.200, y el ron de $51.300 a $82.800.
La oportuna reacción de unidades de la Armada Nacional evitó la entrega de más de una tonelada y media de cocaína de alta pureza, que tenía como destino Centroamérica, y permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno colombiano.El capitán de corbeta, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, Andrés Henao, dijo a Blu Radio que la Armada Nacional, a través del Departamento de Inteligencia, fue alertada sobre los movimientos de una lancha rápida que se desplazaba por aguas del Pacífico, a unas 197 millas del puerto nariñense de Tumaco.El oficial indicó que de inmediato se dio la orden a una unidad de reacción rápida para realizar la interdicción de la embarcación, en cuyo interior —según explicó— se encontraron 62 costales en los que iban mimetizados los kilos de cocaína.Tras la llegada de la motonave y sus tripulantes a Tumaco, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada y determinaron que los costales contenían 1.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína.Según Henao, con este resultado se logró una afectación económica de más de 64 millones de dólares, que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 3,3 millones de dosis en las calles del mundo.Este es el segundo cargamento incautado en los primeros 19 días de enero de 2026.El oficial agregó que, gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, el pasado 14 de enero unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación tipo “go fast” que se desplazaba de manera sospechosa a 140 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) hasta el lugar de los hechos para efectuar la interdicción de la embarcación. Al realizar la inspección, los marinos de Colombia hallaron en su interior 68 bultos que, por sus características, se asemejarían a sustancias ilícitas, así como 18 canecas plásticas con combustible.
Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
Un procedimiento rutinario de control vial terminó dejando al descubierto a un hombre con una orden de captura vigente por tentativa de homicidio. El hecho se registró en la vía que comunica a los municipios de San Francisco y Supatá, en Cundinamarca, durante actividades de prevención, registro y control adelantadas por uniformados de la estación de Policía de San Francisco.De acuerdo con el reporte oficial, en el marco de la ofensiva integral contra el delito, la Policía Nacional capturó a un hombre de 44 años por los presuntos delitos de uso de documento falso y falsedad marcaria. La detención se produjo luego de que el sujeto se identificara ante las autoridades con una licencia de tránsito que despertó sospechas durante la verificación de rutina.Al ingresar los datos suministrados por el conductor en los sistemas de información de la Policía Nacional, los uniformados detectaron inconsistencias entre el número de cédula, la licencia de tránsito presentada y la placa de la motocicleta en la que se movilizaba, lo que llevó a establecer que el documento no era original.Ante esta situación, el hombre fue capturado en flagrancia por el delito de uso de documento falso y falsedad marcaria. Sin embargo, la verificación permitió, además, confirmar que el detenido tenía una orden de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio, lo que agravó su situación judicial.Tras la detención, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial. Posteriormente, un juez de control de garantías legalizó la captura, teniendo en cuenta que tanto el documento presentado como el sistema de identificación del vehículo no correspondían a registros auténticos.Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad para que denuncie oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana, a través de la línea de emergencia 123.
El general en retiro Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente de la República, aclaró públicamente las razones por las cuales decidió no aspirar a la Presidencia de Colombia y fijó distancia frente a los extremos políticos, en una entrevista concedida a Néstor Morales en el programa Mañanas Blu. Naranjo también se refirió a su relación política con Iván Cepeda, senador y figura clave del proceso de paz con las Farc. Precisó que, si bien existe una afinidad política histórica entre Cepeda y la antigua guerrilla, “eso no lo gradúa de guerrillero”.En la entrevista, Naranjo se marcó una diferencia política profunda con el senador del Pacto Histórico: “Mi diferencia con Iván Cepeda es realmente profunda porque no comparto el modelo de país que él nos propone: un modelo de estatización, de nacionalismo que genera tensiones con Estados Unidos y un discurso de lucha de clases”, afirmó. Sin embargo, fue claro en rechazar señalamientos que buscan asociar a Cepeda con la guerrilla.“Esa cercanía que él tenía de acceso al secretariado es innegable, pero eso no lo gradúa de guerrillero”, enfatizó Naranjo.La candidatura que se evaluó, pero no se concretóNaranjo confirmó que, por primera vez desde su retiro del servicio público, consideró seriamente la posibilidad de ser candidato presidencial. Según explicó, esta reflexión estuvo motivada por la preocupación frente al momento que atraviesa el país.“Lo consideré particularmente por preocupación con el país, por la situación tan dramática que estamos viviendo, una sociedad que parece cada vez no solamente polarizada políticamente, sino fragmentada, socialmente quebrada”, afirmó.No obstante, el general en retiro fue enfático en señalar que nunca tomó una decisión definitiva en favor de su aspiración. “La decisión de sí nunca estuvo ahí”, sostuvo, al explicar que su formación y trayectoria lo han llevado siempre a tomar decisiones informadas, basadas en análisis y evidencia.Para Naranjo, lanzarse a la contienda sin las condiciones adecuadas habría significado “lanzar una moneda al aire” y contribuir a la perturbación del proceso electoral, en lugar de fortalecerlo con debates de fondo y propuestas.Su relación con Juan Manuel SantosDurante la entrevista, el general también respondió a versiones que lo señalaban como un supuesto “as bajo la manga” del expresidente Juan Manuel Santos. Frente a ello, aclaró que su proceso de reflexión fue completamente autónomo.“Nunca fui un subordinado político de ningún presidente. Este proceso de reflexión fue autónomo mío”, señaló, al tiempo que expresó respeto, admiración y afecto por el exmandatario.Naranjo confirmó que sí conversó con Santos sobre la posibilidad de una candidatura y reveló que el expresidente manifestó públicamente que votaría por él “con los ojos cerrados”, aunque reconociendo que no era candidato.Críticas a los extremos y apuesta por el centro políticoNaranjo también se refirió a otros actores del espectro político, como Abelardo de la Espriella, con quien reconoció tener “diferencias abismales” debido a sus trayectorias opuestas frente al delito y la justicia.En ese contexto, reiteró que no se identifica con los extremos ideológicos y que su respaldo político estaría condicionado a principios básicos: “Yo apoyaré un candidato que nos asegure que respetará derechos y libertades, que cumplirá la Constitución y que fortalezca la democracia colombiana”, aseguró. Para el general en retiro, el centro político enfrenta el desafío de dejar de ser solo una postura de moderación y convertirse en una opción con contenido programático sólido. “Ese centro hay que llenarlo de propuestas que entusiasmen a los colombianos”, señaló.Un actor vigente en el debate nacionalAunque descartó su candidatura presidencial, Óscar Naranjo dejó claro que no se marginará del debate público ni del proceso electoral. Su intención, dijo, es contribuir con opiniones que ayuden a encontrar “senderos de entendimiento” y a reducir la confrontación que domina el ambiente político.
Savia Salud le respondió al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien, incluso, lloró por las graves afectaciones de la crisis de la salud a su personal. Mientras está EPS intervenida defendió que sí le ha pagado, la Nueva EPS tomó una postura diferente y prometió girar urgentemente 1.500 millones de pesos.Savia Salud, la EPS que tiene la mayor cantidad de afiliados del régimen subsidiado en AntioquiasAntioquia, le salió a la polémica generada por el Hospital San Rafael de Itagüí, que se ahoga en deudas de por lo menos 22.000 millones de pesos por parte de las entidades intervenidas por el Gobierno nacional.En respuesta a las declaraciones del gerente Luis Fernando Arroyave, quien se hizo viral en las redes sociales y popular en los medios de comunicación por exponer la miseria que vive su personal tras cuatro meses sin salario, Savia Salud defendió haberles girado más de $18.707 millones en la vigencia 2025, lo que equivale a más del 80% de lo radicado en ese año, que en total fueron más de $1.540 millones.Pero la denuncia de Arroyave fue más allá, pues, como reveló en mañanas Blu, el problema radica en que estas entidades no dan cita para conciliar facturas, es decir, cruzar las cuentas para saber cuánto deben girar las EPS al centro asistencial.“Savia nos viene consignando lo que ellos consideran que nos pueden pagar, no lo que la norma dice de acuerdo al que los facturamos. 9 PS eh agosto nos hizo un giro y después no nos ha venido pagando. Por ahí en noviembre me facturó 90 millones de bonus más de 8720 millones de bonus que no debe. Eso ha sido muy difícil”, aseguró.En contraste, y en una postura muy diferente, Arroyave destacó que el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Carlos Galves, se comunicó con él para mirar las deudas y se comprometió a girarle a este centro asistencial, por lo menos 1.500 millones de pesos, de manera urgente. Además, le dio cita para conciliar las facturas, teniendo en cuenta que en un 90% los ingresos dependen de Savia Salud y de la Nueva EPS, al ser un hospital público.De momento quien también se pronunció fue el alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien le envió una carta al gobernador Andrés Julián Rendón a quien le dijo que también tiene la responsabilidad de inyectar capital, al ser un centro asistencial del departamento. Aseguró que está dispuesto a buscar soluciones colectivas.La crisis en el San Rafael, por deudas de más de 22.000 millones de pesos de las EPS intervenidas por el gobierno, es parte del impacto en el departamento, donde la Secretaría Seccional de Salud advirtió que las entidades le adeudan 2 billones de pesos a los centros asistenciales públicos y seis billones a los privados.Frente al punto de conciliar facturas, Savia Salud también argumentó que del total de las facturas radicadas en el 2025 (más de $24.000 millones), se logró una auditoría del 104% (incluyendo lo radicado de vigencias anteriores), lo que generó luego de glosas y devoluciones un giro corresponde al 102% (vigencia actual y anteriores), lo que representó según la entidad un pago mensual promedio de más de $1.500 millones.
Los niños, niñas y adolescentes de Santander retornan a clases en Santander este lunes, 19 de enero de 2026, con matrícula en curso y Plan de Alimentación Escolar. Las instituciones educativas del departamento garantizan la matrícula, el transporte, la alimentación y la conectividad en los 82 municipios no certificados.La Gobernación de Santander a través de “La Matriculatón. Crea, Sueña y Pinta tu futuro”, una campaña que busca que los menores del departamento no se queden sin estudiar y vuelvan a clases, tiene matrículas abiertas. Karina Araújo, secretaria de educación departamental, dio detalles del programa, “primera vez que se hace en esa búsqueda activa incentivando a los directivos docentes, quienes desde octubre están juiciosos matriculando por grados. Queremos volver el corazón de los docentes hacia los niños y los niños hacia los docentes”.A la fecha, Santander tiene el 60% de cobertura en matrículas escolares en las instituciones educativas oficiales del departamento. Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) los niños y niñas cuentan con la garantía de los primeros seis meses totalmente cubiertos para incentivar a los estudiantes a estudiar.De acuerdo con la Gobernación, son más de 99.800 estudiantes los vinculados al sistema educativo. En acción unificada con las alcaldías municipales se están motivando a los menores a retomar las aulas educativas y vivir su etapa desde el disfrute y la sana convivencia. Yolanda Poveda, líder de cobertura educativa de Santander indicó el trabajo en articulación, “nuestras gestoras sociales, nuestros comisarios de familia, nuestros personeros municipales y líderes campesinos están trabajando para evitar la deserción escolar”.Por otra parte, el departamento de Santander está ejecutando el proyecto “It’s time for education 2026”, (es tiempo para la educación), con el objetivo de que los programas educativos en las instituciones tengan la oportunidad de ser bilingües. “Estamos revisando el destino para Reino Unido, Canadá o Estados Unidos para enviar nuestros estudiantes a aprender inglés. Tenemos una niña en Güepsa que vivió la inmersión cultural el año pasado, ella aprendió otras habilidades como la educación inclusiva, así son todos los 90 niños que pudimos llevar en la vigencia 2025”, comentó Karina Araújo.La Gobernación invita a los empresarios y alcaldes para que se sumen a este programa en la vigencia 2026 para que sean más los niños que tengan la experiencia de salir internacionalmente y compartir con niños y niñas de otros países.
Arranca el año 2026 y, con ello, el aumento del salario mínimo en un 23 %, llegando a $2.000.000 incluido el auxilio de transporte. Sin embargo, también llegan los impuestos, lo que para muchos representa un dolor de cabeza debido a los costos y a la urgencia de cumplir con estos pagos.De esa manera, por ejemplo, el impuesto predial unificado es una obligación clave para miles de ciudadanos. Esta contribución, de carácter municipal, debe ser asumida por los propietarios de bienes inmuebles como viviendas, terrenos, locales comerciales y edificios, y se determina a partir del avalúo catastral de cada predio.No obstante, una noticia le da alivio al bolsillo de muchos colombianos, pues no todos están obligados a pagar este impuesto anual. De hecho, según lo establece la Ley 44 de 1990, norma que regula el catastro y los impuestos sobre la finca raíz, existen varias exenciones aplicables a determinados predios.Impuesto predial 2026: viviendas que no deben pagarUna de las principales exenciones, tipificadas en la norma para el año 2026, aplica para casas y apartamentos de uso residencial ubicados en los estratos socioeconómicos 1 y 2, siempre y cuando el avalúo catastral se encuentre por debajo de los 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.De esta manera, los propietarios de estos inmuebles quedarían exentos del pago del impuesto predial durante este año, conforme a lo establecido por la ley.Predios exentos del impuesto predial en 2026Además de las viviendas de estrato 1 y 2, existen otros bienes que tampoco tendrían que pagar el impuesto predial en 2026. Entre ellos se encuentran:Salones de las juntas de acción comunal (JAL).Tumbas y bóvedas funerarias, siempre que no sean propiedad de los cementerios.Inmuebles pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas por el Estado.Bienes de uso público.Predios de entidades como la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana u otras instituciones signatarias de convenios internacionales destinadas a funciones públicas o de emergencia.Instalaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía, el Hospital Central y bienes utilizados por entidades de la rama judicial.Cabe destacar que estos predios no hacen parte del universo gravable del impuesto predial. Por lo tanto, sus dueños o poseedores no deberán asumir el pago de este gravamen durante el año fiscal 2026, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 44 de 1990.
Desde el concejo de Cali se evalúa la posibilidad de implementar una medida de choque que eviten las agresiones entre menores de edad, especialmente el oriente de Cali, donde se registran los "guireos" , razón por la cual plantearon el Gobierno distrital que adopte el toque de queda para estos jóvenes .Carlos Andrés Arias, concejal de Cali, afirmó que niños de Pizamos se agreden con armas blancas, mientras que otros, convocan enfrentamientos en el sector de República de Israel, en los que participan niños que no superan los 14 años.“Hoy el tema es de salud mental y demanda atención urgente, por eso insisto en un toque de queda para menores en el oriente de Cali, nuestros niños no se pueden seguir matando, le hago el llamado a la Administración Distrital y a la Policía Metropolitana, para que acoja esta medida que busca es proteger la vida”, precisó el concejal. En Cali, cifras relacionadas entre el año 2022 y 2024, indican que el 44 % de homicidios que se cometieron en esta ciudad cobraron la vida de jóvenes entre los 13 y 28 años; la deserción escolar aumentó en un 4 %, mientras que el desempleo juvenil sobrepasa el 18 %“Este tipo de acciones lo que demuestra es la degradación de la sociedad y en especial los niños, niñas y adolescentes, que se convocan para agredirse, muchas veces hasta perder la vida. Los niños tienen derechos fundamentales que están en la Constitución, por eso la invitación es a la institucionalidad, para que atienda este tipo de eventos y evitar la confrontación”, dijo Arias .Otros concejales propusieron conformar una comisión accidental permanente para que desde el concejo se haga seguimiento a las inversiones, programas y políticas públicas enfocadas a atender a la primera infancia, la infancia y la adolescencia, que permita garantizar a esta población su pleno desarrollo sin riesgos.
En medio del bloque regional pacífico la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad para proyectos claves de la región como el dragado del puerto de Buenaventura, además exigió fijar un cronograma para la licitación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.“Le estamos exigiendo al Director de la ANI y a la Ministra de Transporte, que se establezca un cronograma claro y rápido del proceso de la concesión del aeropuerto. Faltan cuatro cosas muy sencillas que se pueden hacer muy rápidamente, pero sí necesitamos un cronograma, de lo contrario, no vamos a poder generar la apertura de la licitación”, indicó la gobernadora.Toro explicó que para poder abrir la licitación se necesita primero, dar trámite a la aprobación del comparador público-privado por parte del Departamento Nacional de Planeación. “Nosotros no estamos de acuerdo con que el aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’ se revierta al Gobierno nacional, sino que haya una licitación transparente. Esta licitación es clave para realizar las acciones necesarias para ampliar el aeropuerto, hacer la segunda pista y tener un mejoramiento en la ampliación de la pista del aeropuerto de Buenaventura”, dijo la mandataria regional.A este llamado también se unió el alcalde de Cali, Alejandro Eder quien pidió al Gobierno Nacional para que agilice la concesión del operador del aeropuerto, incluso, aseguró que ya ha entablado diálogos con los operadores de importantes terminales aéreas a nivel mundial.
Autoridades en Cali, Valle, definieron las medidas de seguridad para la jornada de marchas, las cuales serán monitoreadas desde un Puesto de Mando Unificado, que contará con un dispositivo de más de 750 uniformados de la Policía y 20 gestores de las secretarías de Paz y de Seguridad.A esto se suman más de 100 agentes de tránsito que apoyarán los planes de desvíos en los dos puntos de las marchas programadas para este miércoles, con el fin de evitar bloqueos y congestiones vehiculares."Hemos tenido esta mesa técnica con la participación de todos los organismos que hoy acompañan las marchas que vamos a tener en Cali, y queremos decirles a los caleños que vamos a tener un acompañamiento de mas de 600 policías durante la jornada, y por su puesto con la secretaria de movilidad haciendo cierres", dijo Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.Las manifestaciones están planeadas para iniciar a las 9:00 de la mañana desde el norte de Cali en la Estación del Ferrocarril hasta llegar a la Plazoleta de San Francisco. La segunda saldrá desde el Parque de las Banderas también para finalizar en la Plazoleta San Francisco."Se socializaron las distintas marchas que se va a llevar a cabo el día de mañana, vamos atender toda la jornada, desde la prevención y a través del puesto de mando unificado se hará un monitoreo garantizando la protesta pacifica y si pasa algún hecho de alteración de orden publico se actuara de manera inmediata para garantizar la seguridad de los ciudadanos", expresó el general, Carlos Oviedo, comandante de la policía metropolitana de Cali.Por su parte, la Policía del departamento del Valle, contará con más de 400 uniformados para el acompañamiento de las manifestaciones.
Los bloqueos en el departamento de Nariño, debido a un derrumbe en la vía Panamericana por las fuertes lluvias y el paro que realiza la veeduría ciudadana en el municipio de la Unión restringiendo el paso en otras de las rutas alternas, hacen que este departamento actualmente esté incomunicado con el resto del país.Esta situación está ocasionando un impacto en la canasta familiar del Valle del Cauca, ya que varios de los alimentos que provienen de sur del país, no llegaron a la central de abastecimientos más grande del departamento en las cantidades habituales, uno de ellos es la papa pastusa, que tuvo un incremento del 20 % en su precio.“Se incrementa el precio de la papa amarilla pastusa, este producto, aunque sube de precio aún sigue siendo favorable, todo esto porque el clima y los bloqueos hicieron incrementar los costos para que lleguen a la región, algunos transportadores se vieron en la necesidad de incrementar el precio de sus fletes”, dijo Oliver Medina, coordinador de información y precios de la Central de Abastos del Valle del Cauca, Cavasa.Un bulto de papa que hasta la semana pasada costaba $50.000 pesos hoy se está comercializando en $60.000, efecto que también se incrementará en las despensas de los principales supermercados y tiendas de Cali.“La papa es uno de los productos que incrementara su precio en el mercado mayorista por su puesto incrementa su valor comercial en el mercado donde las personas compran sus alimentos, esto hace parte de los gastos que han tenido los cultivadores y los bloqueos de Nariño, esperamos que esta situación mejore porque seguirán incrementando“, explicó Medina.Otros de los alimentos que llegan de Nariño al Valle son la cebolla cabezona, cebolla larga, arveja verde, remolacha, repollo morado, zanahoria, lechuga batavia y frutas como la mora y el lulo, que aunque no han tenido ninguna variación en sus preciosm con el paso de los días y de los bloqueos podrían incrementar su precio.
Cientos de usuarios de la nueva EPS en Cali, se encuentran indignados a las afueras del edificio las Américas en la Avenida 3 norte con 19, en la sede del dispensario Disfarma, donde actualmente se deberían entregar los medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS.Durante toda la mañana, la mayoría de estas personas esperan ser atendidos, sin embargo, al llegar a la ventanilla les indican que se está trabajando con Pico y Cédula, y que no hay autorización aún para dar medicamentos que no les entregaron semanas atrás en el dispensario anterior.“Aquí no hay claridad en cómo van a atender a los usuarios, nos dicen que repartieron 1.200 fichas y sigue llegando gente sin tener idea que ya no hay más. Nadie ha salido a explicar el procedimiento, no atienden los pendientes de Audifarma, que las fórmulas viejas tampoco la reciben” denuncio Andrea Gutiérrez una de las usuarias afectadas.La larga fila se extiende por cuatro cuadras en esta zona del centro de la ciudad, donde la mayoría de las personas formadas son adultos mayores, quienes aseguran que han permanecido horas a la intemperie sin tener razón de si su espera valdrá la pena.Lo que genera mayor indignación, según la denuncia de los usuarios, es que los funcionarios del dispensario no muestran empatía con las personas que tienen condiciones especiales de salud.“Estamos aquí llevando aguacero, no hay baño, no hay donde sentarse, no dejan entrar discapacitados, ni con sillas ni con bastones, ni caminador, con nada. No sé qué está pasando, nosotros no estamos mendigando, estamos pagando nuestra salud, esto es un maltrato para nosotros que somos adultos mayores”, señaló Graciela Murillo, otra de las usuarias.Cabe señalar que, horas atrás, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por la crisis del sistema, especialmente por las dificultades en la entrega de medicamentos.“La Nueva EPS está implementando un plan de contingencia y espera que en las próximas dos semanas se comiencen a abrir nuevos puntos de entrega de medicamentos. Estamos monitorizando esto, casi en tiempo real”, señaló el funcionario.Se está a la espera de la llegada del defensor del paciente de Cali al dispensario de la Nueva EPS para brindarles soluciones a las personas que completan varias horas a la espera de ser atendidos.
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.