Desde el Congreso de la República se abrió el debate sobre el alto costo de las multas por infracciones de tránsito en Colombia, una situación que, según líderes regionales, afecta de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos sin garantizar una mayor protección de la vida en las vías.Desde Cali, Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, hizo un llamado a los congresistas para que lideren una discusión nacional que permita replantear el valor de las sanciones, argumentando que proteger la vida, educar y corregir conductas no debe implicar el cobro de sumas excesivas.“Las multas por infracciones de tránsito en Colombia son excesivamente caras. Por eso hoy estoy acá en el Congreso porque desde Cali queremos pedirles que se apropien de la conversación y lideren la protección por la vida y además por el bolsillo de los colombianos. Las multas este año también subirán junto con el aumento del salario mínimo. Y así lo hiciesen, el costo de una infracción de tránsito puede ser el equivalente a los ingresos totales de una persona durante todo un mes o aún más. No es justo sacrificar lo que una familia destina para su comida, para la educación de los hijos, para arriendo porque las multas sean caras”, dijo el secretario.Actualmente, infracciones como no portar el SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción pueden costar cerca de un salario mínimo, mientras que el exceso de velocidad equivale aproximadamente a la mitad de ese ingreso. La situación se vuelve más crítica segun el secretario de movilidad, si se tiene en cuenta que más del 45 % de los colombianos gana menos de un salario mínimo, lo que hace que estas multas sean impagables para una gran parte de la población.“Muchos reciben multas porque se equivocan, otro tanto porque se rehúsan a respetar la ley. Para los primeros es un castigo excesivo, para los segundos en muchos casos es irrelevante porque ni siquiera las pagan. Hoy por no tener SOA, técnico mecánica o licencia se debe pagar aproximadamente un salario mínimo entero, por exceso de velocidad la mitad. Colombia necesita orden, sí, pero un orden que salve vidas, no uno que castigue reventando el bolsillo.”, explicó el funcionario público.Finalmente, Orozco propuso al Congreso reducir el valor de las multas y modificar el mecanismo de aumento anual, señalando que en países con vías más seguras las sanciones suelen equivaler al ingreso de entre uno y cinco días, además de indicar que el país necesita normas que salven vidas sin castigar de manera excesiva a los ciudadanos.
Tras una reunión realizada en Bogotá entre varios gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda, los mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones frente al decreto de emergencia económica y el impacto que tendría el incremento del impuesto a licores y cigarrillos en las finanzas territoriales.La gobernadora explicó que este gravamen afectaría directamente las rentas departamentales, recursos que se destinan a garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Advirtió que una disminución en estos ingresos pondría en riesgo programas esenciales como el PAE, el transporte escolar y el régimen subsidiado de salud.“Yo creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto, decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas, que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Como resultado del encuentro, la mandataria anunció que los gobernadores participarán en una mesa técnica con el fin de analizar el comportamiento de los tributos. Además, informó que se elevará una solicitud ante la Corte Constitucional para establecer una salvaguarda frente a las medidas que afectan las rentas por licores y cigarrillos.“Vamos a atender la invitación del ministro de hacer una mesa técnica para poder evaluar los tributos, cómo van disminuyendo y si en un momento determinado tienen que salvaguardar, porque quien va a definir esto es la Corte Constitucional. Esta es una medida que acabamos de tomar, de tomar la decisión de que vamos a solicitar a la Corte Constitucional de que nos genere una salvaguarda para el tema de licores y una protección temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillos.”, expresó Toro.Finalmente, la gobernadora del Valle del Cauca alertó que las rentas provenientes del cigarrillo ya registran una caída cercana al 40 %, principalmente por el contrabando, una actividad que además fortalece estructuras criminales y agrava los problemas de seguridad. En el caso del Valle del Cauca, la medida también se traduciría en un fuerte aumento para los consumidores, con una botella de aguardiente de 750 ml que pasaría de $39.300 a $65.200, y el ron de $51.300 a $82.800.
La oportuna reacción de unidades de la Armada Nacional evitó la entrega de más de una tonelada y media de cocaína de alta pureza, que tenía como destino Centroamérica, y permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno colombiano.El capitán de corbeta, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, Andrés Henao, dijo a Blu Radio que la Armada Nacional, a través del Departamento de Inteligencia, fue alertada sobre los movimientos de una lancha rápida que se desplazaba por aguas del Pacífico, a unas 197 millas del puerto nariñense de Tumaco.El oficial indicó que de inmediato se dio la orden a una unidad de reacción rápida para realizar la interdicción de la embarcación, en cuyo interior —según explicó— se encontraron 62 costales en los que iban mimetizados los kilos de cocaína.Tras la llegada de la motonave y sus tripulantes a Tumaco, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada y determinaron que los costales contenían 1.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína.Según Henao, con este resultado se logró una afectación económica de más de 64 millones de dólares, que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 3,3 millones de dosis en las calles del mundo.Este es el segundo cargamento incautado en los primeros 19 días de enero de 2026.El oficial agregó que, gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, el pasado 14 de enero unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación tipo “go fast” que se desplazaba de manera sospechosa a 140 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) hasta el lugar de los hechos para efectuar la interdicción de la embarcación. Al realizar la inspección, los marinos de Colombia hallaron en su interior 68 bultos que, por sus características, se asemejarían a sustancias ilícitas, así como 18 canecas plásticas con combustible.
Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez continúa conmocionando a los colombianos. El artista falleció el pasado 10 de enero en un siniestro aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, junto a varios integrantes de su equipo de trabajo.Según confirmó Medicina Legal, las personas que murieron junto al cantante fueron identificadas como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.Aunque en redes sociales comenzó a circular información sobre la supuesta última fotografía y el último lugar donde estuvo el artista antes del accidente, el programa La Red, de Caracol Televisión, reconstruyó las últimas horas de vida de Jiménez y encontró nuevos detalles.El cantante había partido desde Málaga rumbo a Paipa, donde abordaría la aeronave. Sin embargo, a las 2:18 de la tarde, él y su equipo realizaron varias paradas en el municipio de Belén, Boyacá, donde compraron algunos productos típicos de la región.“Compró un queso campesino, queso con bocadillo y un bloque de queso doble crema. Dijo que tenía afán, nos regaló la foto y se fue”, relataron las dos mujeres que atendieron al artista, quienes inicialmente fueron señaladas como las personas que habrían captado la última imagen con el cantante.No obstante, se conoció que la verdadera última fotografía no fue tomada en la tienda, sino en un restaurante, donde Yeison Jiménez y su equipo consumieron su último almuerzo, alrededor de las 2:56 de la tarde.Edgar Araque, trabajador del establecimiento, relató que el artista “entró y primeramente pidió seis aguas de panela; después pidió que le dieran seis truchas para él y los acompañantes que iban con él, y dijo que las quería bien asaditas, que no importaba si se demoraban”.Araque agregó que, mientras esperaban el almuerzo, Jiménez cantaba una canción relacionada con la muerte. “La canción decía: ‘cuando yo me muera, no quiero que lloren’. Se tocaba la cabeza y se golpeaba en el momento”, recordó sobre los últimos minutos del cantante y su equipo.Estas son las fotosTras conocerse la noticia de la muerte de Jiménez, se han realizado diversos actos de homenaje en memoria del artista. Uno de los más representativos tuvo lugar el 14 de enero en el Movistar Arena, donde cantantes como Pipe Bueno, Alzate, Jessi Uribe y Paola Jara interpretaron algunas de sus canciones ante miles de asistentes.Además, los organizadores confirmaron que el concierto previsto para marzo en El Campín fue reprogramado para el 31 de enero, fecha en la que se llevará a cabo un tributo oficial para honrar su legado musical. Durante las exequias, familiares del cantante, entre ellos su madre Luz Mery Galeano y su hija mayor Taliana, agradecieron las múltiples muestras de apoyo recibidas por parte del público.
En el mercado automotor de lujo en China un sedán eléctrico desarrollado por Huawei en alianza con JAC acaba de dar un golpe sobre la mesa tras superar en ventas a referentes históricos como BMW, Porsche y Maybach, todos combinados, dentro de uno de los segmentos más exclusivos del país asiático.Se trata del Maextro S800, un modelo que compite en el rango de precios más alto del mercado y que, pese a ello, se convirtió en el vehículo más vendido entre los sedanes con valores superiores a los 700.000 yuanes, equivalentes a más de 100.000 dólares.¿Cuántos carros se vendieron en diciembre del Maextro S800?De acuerdo con datos de la consultora china Haidaxing ECC, durante diciembre de 2025 el Maextro S800 alcanzó 4.376 unidades matriculadas, lo que representó un crecimiento mensual del 104 %, con lo que no solo lo posicionó como líder del segmento, sino que dejó atrás a marcas tradicionales de lujo europeo.Para ponerlo en contexto, el Porsche Panamera, que ocupó el segundo lugar, registró 1.593 unidades. Detrás quedaron el BMW Serie 7 con 1.429 ventas y el Maybach Clase S con 1.118. En conjunto, estos tres modelos sumaron 4.140 unidades, una cifra inferior a la alcanzada por el sedán de Huawei y JAC de forma individual.El desempeño del Maextro S800 también contrastó con otros fabricantes chinos que buscan posicionarse en el segmento premium. Modelos como el Yangwang U7, de BYD, alcanzaron 333 unidades en el mismo mes, mientras que Nio entregó 185 unidades de su sedán insignia ET9.Analistas del sector atribuyen este dominio a varios factores, entre ellos la red de ventas HIMA, impulsada por Huawei, que ha permitido una mayor exposición del modelo y una estrategia comercial más agresiva dentro del mercado chino de alta gama.Un modelo que ya supera las 11.000 entregasEl crecimiento del Maextro S800 no se limita a un solo mes. El 16 de diciembre se entregó la unidad número 10.000, y los registros más recientes indican que el total de entregas acumuladas ya supera las 11.400 unidades, un hito poco común para un sedán eléctrico de lujo en su primer periodo comercial.El modelo inició entregas en agosto de 2025, con un precio base de 100.000 dólares, mientras que la versión más equipada alcanza los 150.000 dólares, ubicándose en el mismo rango que los sedanes de representación de marcas alemanas.Diseño, tecnología y versiones del Maextro S800El Maextro S800 es un sedán de gran tamaño, con casi 5,5 metros de longitud y una distancia entre ejes de más de 3,3 metros, lo que se traduce en un amplio espacio interior. En el habitáculo, el enfoque está claramente puesto en la tecnología, con una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra de 16 pulgadas dedicada al copiloto.En cuanto a la mecánica del carro, se ofrece en versiones 100 % eléctricas y eléctricas de autonomía extendida. La variante eléctrica cuenta con doble motor y una potencia superior a los 520 caballos, mientras que las opciones EREV pueden alcanzar hasta 852 caballos, combinando motores eléctricos con un generador a combustión.
La educación privada de Bogotá atraviesa una de las crisis más delicadas de los últimos años. El aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 amenaza con provocar el cierre de al menos un centenar de colegios en la capital, según advirtió Carlos Ramos, director de la Mesa Distrital de Colegios Privados, en diálogo con Mañanas Blu.De acuerdo con Ramos, “más de 100 instituciones privadas en Bogotá tienen menos de 30 estudiantes, y muchas de ellas no resistirán este incremento en los costos”. Los colegios pequeños, conocidos como “colegios de barrio”, son los más vulnerables ante la diferencia entre el aumento salarial decretado por el Gobierno y la limitada capacidad de ajustar las matrículas y pensiones, reguladas por el Ministerio de Educación.Efectos de un aumento no previstoEl aumento del salario mínimo para 2026 tomó por sorpresa a gran parte del sector educativo privado. Las instituciones habían programado sus presupuestos y establecidos los incrementos de pensiones antes de conocerse la magnitud de la medida. “El promedio de incremento autorizado fue del 7%, y frente a un aumento del 23% en el salario mínimo, hay un desfase del 16% que los colegios no pueden absorber”, explicó Ramos.La situación ya había mostrado señales críticas el año anterior: durante 2025 cerraron 35 colegios privados en la capital, de los 1.317 que estuvieron en funcionamiento. Ahora, la Mesa Distrital advierte que hasta 100 instituciones podrían dejar de operar en 2026, la mayoría en los estratos 1, 2 y 3, donde la pensión promedio no supera los 300.000 pesos.“Un colegio con 30 estudiantes apenas logra sostener a una maestra y a una persona de apoyo. Si se incrementan los costos sin la posibilidad de ajustar tarifas, simplemente no hay forma de subsistir”, señaló el directivo. Según sus cálculos, el 51% de los colegios privados de Bogotá cobra menos de 300.000 pesos mensuales, mientras el 87% atiende población de bajos ingresos.Escuelas en riesgo y peticiones al GobiernoEl gremio le ha solicitado al Ministerio de Educación una revisión urgente de la resolución que fija los topes de cobro para el año escolar. “Hemos propuesto dos caminos: una revocatoria directa de la resolución de costos educativos o, en su defecto, un alcance que permita a los gobiernos escolares revisar la pertinencia de los servicios acordados con los proveedores antes del cierre del año pasado”, indicó Ramos.No obstante, hasta el momento, las comunicaciones con el Ministerio han sido limitadas. “La Mesa Distrital no ha tenido diálogo directo con el ministro Daniel Rojas, sólo con asesores y directivos de área”, aseguró el vocero del sector privado. En los próximos días esperan una respuesta formal a las solicitudes, de cara al inicio del calendario A, previsto para finales de enero.El líder gremial insistió en que el reclamo no busca encarecer las matrículas, sino garantizar la sostenibilidad de colegios que no reciben recursos públicos. “Lo que estamos pidiendo es que se reconozca que los colegios privados viven de los pagos de los padres. No todos pueden cumplir puntualmente, y debemos asumir una cartera morosa del 20 al 25%. Sin margen de maniobra, simplemente no hay manera de cubrir los nuevos salarios ni mantener la calidad educativa”, afirmó.Impacto social y educativoEl cierre de colegios privados no solo afecta a los propietarios y trabajadores del sector. Cada institución que deja de operar obliga a reubicar a decenas de estudiantes, trasladando la carga al sistema público. La Secretaría de Educación debe garantizar la continuidad educativa de esos niños y recibir los archivos académicos de las instituciones clausuradas durante los dos años posteriores a su cierre.“El padre de familia elige dónde matricular a su hijo —explicó Ramos—, pero cuando desaparece una opción privada, el Estado debe responder por ese derecho fundamental. Si la tendencia continúa, el sistema oficial podría enfrentar una presión que no está preparado para absorber”.Un llamado de auxilio desde los barriosEl panorama para los llamados “colegios de barrio” resulta especialmente crítico. Muchos nacieron hace décadas como iniciativas familiares o comunitarias para ofrecer educación accesible en sectores populares. “Somos colegios fundados por maestros que decidieron, con esfuerzo propio, atender a sus comunidades. Son parte de la historia de los barrios y de miles de familias”, recordó Ramos, director también del histórico Colegio San Alejo en Puente Aranda.La crisis demográfica —con menos niños en edad escolar— agrava el problema, mientras las plataformas virtuales y los cambios culturales restan matrícula a las instituciones tradicionales. “El problema es multifactorial —reconoce Ramos—, pero el golpe del salario mínimo ha sido decisivo. En cuestión de meses podríamos ver desaparecer a una generación de colegios pequeños que han formado a Bogotá por décadas”.Mientras tanto, la incertidumbre crece. El gremio espera la respuesta del Ministerio para intentar amortiguar el impacto antes de que inicie el nuevo año lectivo. Si no hay ajustes en la política de costos, advierten, 2026 podría marcar la mayor ola de cierres de colegios privados en la historia reciente de la capital.
El veredicto fue emitido por un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama, dentro del proceso judicial adelantado contra el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización, International Rights Advocates.De acuerdo con la decisión judicial, el jurado determinó que el abogado Collingsworth incurrió en difamación, al formular señalamientos falsos contra Drummond, y que además violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado mediante conductas como extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración.En las demandas presentadas, el jurado otorgó a Drummond 52 millones de dólares por la acción de difamación y 68 millones de dólares adicionales por la demanda bajo la Ley RICO. Conforme a esta normativa, la indemnización por RICO se triplica automáticamente, lo que elevó el monto final a 256 millones de dólares.El fallo da cuenta de que los acusados enviaron cartas con información falsa y difamatoria a terceros, diseñadas para afectar la reputación de la compañía y perjudicar sus negocios. El jurado de esa Corte probó que Collingsworth incurrió en soborno y manipulación de testigos, a través de pagos no revelados que superaron los 400.000 dólares a personas como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias ‘El Viejo Miguel’, entre otros.Además, fueron declarados responsables como conspiradores aliados el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes también fueron hallados culpables por violaciones a la Ley RICO.Este pleito comenzó con las declaraciones de Jairo de Jesús Charris en la JEP, quien señaló a los directivos de Drummond de tener relación con homicidios perpetrados por las AUC.
La Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del departamento de Policía de Santander, presentó el cartel de los más buscados en la región. Según las autoridades, la iniciativa hace parte de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana y por eso piden la colaboración de la comunidad para lograr la captura.“Desde el Departamento de Policía Santander reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Estas personas son requeridas por graves delitos y su captura es una prioridad institucional. Invitamos a la comunidad a denunciar de manera confidencial cualquier información que contribuya a su ubicación, a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314-3587212”, expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander.En el cartel de los más buscados figuran Edilson Albeiro Sánchez, John Sebastián Deslgado Velasco, Camilo Antonio Yáñez Chacón, Jorge Andrés Pinzón Pardo y Duvier Asned Balaguera Zapata.Le puede interesar: Revelan cartel de los más buscados por homicidio y millonarios robos en Bogotá: suplantaban policíasDe acuerdo con las autoridades “estas personas son requeridas por las autoridades judiciales por hechos ocurridos en diferentes municipios del departamento, relacionados con delitos como homicidio, feminicidio, delitos sexuales y porte ilegal de armas de fuego”.El Departamento de Policía de Santander invitó a la ciudadanía a suministrar información oportuna y veraz que permita la ubicación y captura de estas personas, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que las personas se pueden comunicar a través de las líneas 314-3559654 y 314-3560191, o también vía correo electrónico desan.sijin@policia.gov.co. En cualquiera de los casos se garantiza absoluta reserva.
El IDEAM emitió alerta roja por el incremento de caudal del Río Cauca tras las fuertes lluvias que se han venido registrando en los últimos días en la región, especialmente en municipios como Cali, Candelaria, Yumbo, Palmira, Vijes, Buga, San Pedro y Tuluá.Este río ya superó su nivel de 8.10 metros, motivo por el que las autoridades de Gestión del Riesgo realizan monitoreos constantes para prevenir emergencias, sin embargo, ya hay varios barrios de Cali y Candelaria aledaños al afluente que han sufrido algunas afectaciones.“En esta época nos interesa más el nivel por el tema de los desbordamientos por las inundaciones, en el sur del departamento ya hay alerta roja ya se está desbordando, para el caso de puerto Mallarino ya hay alterna naranja", dijo Oscar Ramírez, técnico de Meteorología de la CVC.Desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se confirmó que las fuertes lluvias podrían extenderse hasta el mes de junio, por lo que la recomendación es permanecer atentos a las condiciones del afluente.“Este mes es de transmisión a la temporada de lluvias por eso vamos a continuar con las precipitaciones hasta el mes de Junio, de acuerdo a nuestra climatología en el océano Pacífico hay exceso de lluvias”, expresó Ramírez.Por otro lado, en el Valle del Cauca, actualmente, se lleva a cabo un monitoreo constante en los dos distritos y 40 municipios del departamento ante las emergencias que puedan generarse.
La Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó la protección del cementerio Católico San Miguel Arcángel, en el municipio de Corinto.En ese lugar, se logró determinar la presencia de al menos ocho cuerpos sin identificar inhumados en los pabellones.Además, debido al deterioro del lugar, hay un riesgo para los cuerpos inhumados en ese cementerio.“La Sección con Ausencia de Reconocimiento ha establecido que, al encontrar los cementerios en condiciones precarias y de evidente descuido, se refleja la renuencia de los administradores de los mismos y un incumplimiento de la norma sobre el cuidado de Cuerpos No Identificado y Cuerpos Identificados No Reclamados, los cuales pudiesen ser de víctimas desaparecidas forzadamente, o ser de personas dadas por desaparecidas, lo que impacta no solo las competencias de la JEP en particular, sino también de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como entidad creada para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón o con ocasión del conflicto armado. Lo anterior conlleva un riesgo permanente para los derechos de las víctimas, familias de buscadoras y buscadores de personas dadas por desaparecidas, que es preciso proteger”, señala la JEP.La medida cautelar fue solicitada por los colectivos de víctimas y víctimas individuales pertenecientes al Pueblo Negro y Afrocolombiano, acreditadas en el Macro caso 05, que investiga la violencia en el Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca.“A la Parroquia San Miguel Arcángel de Corinto, en su calidad de administradora del camposanto que, en coordinación con la Alcaldía de Corinto y la Gobernación del Cauca, realicen todas las acciones tendientes a garantizar la custodia, protección e integridad de los Pabellones San Gabriel, San Antonio y San Rafael del Cementerio San Miguel Arcángel de Corinto, acatando el cumplimiento de medidas”, ordena la JEP.
A través de su cuenta de X, el secretario de salud de Cali, Germán Escobar, señaló que luego de una reunión que sostuvo con representantes de las EPS intervenidas para analizar la crítica situación financiera del sistema, aún no evidencia signos de mejora.Si bien la cartera hospitalaria de la ciudad, ha fluctuado en los últimos seis meses, aún se siguen incumpliendo con las obligaciones de pago. "El corriente de un mes se está girando al siguiente y a veces puede superar los 60 días. Y cuando se gira, hemos encontrado algunas inconsistencias en el proyectado que se tenía sobre ese giro, una disminución de recursos generalmente con nuestra red pública hospitalaria", indicó el secretario.Respecto a las dificultades en la entrega de medicamentos, el funcionario señaló que permanentemente se está monitoreando el plan de contingencia de la nueva EPS, verificando la apertura de nuevos dispensarios. Además, se inició un nuevo modelo de seguimiento de los pacientes más delicados, para velar por la realización adecuada de sus tratamientos.
En el hospital Tomás Uribe de Tuluá, Valle del Cauca, se recupera un contratista de una empresa azucarera de la región quien resultó herido en medio de un atraco, cuando delincuentes le dispararon para robar una millonaria suma de dinero.Este hombre al parecer debía ir al municipio de Andalucía, donde realizaría el pago de nómina de la empresa a la que está vinculado, por lo que primero fue al banco para retirar 43 millones de pesos. Sin embargo, al realizar la transacción decidió volver a su casa, y es al llegar a su vivienda donde es abordado por los delincuentes."Llegando a la casa le aparecen estos individuos, uno de ellos dispara, hiriéndolo a la altura del fémur y se le llevan el dinero. Esta persona es llevada al hospital y es ahí, en el centro asistencial que la Policía se entera de la situación e inicia el proceso de investigación", señaló Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.Las autoridades han desplegado un Plan Candado en este municipio del centro del Valle para localizar a los delincuentes y verificar si habría más personas involucradas en el crimen. La víctima ya se encuentra fuera de peligro en el hospital local.
"Creemos en la palabra del presidente Petro cuando dice que Colombia es un país soberano y estamos seguros de que, en ese sentido, negará la extradición de Andrés Rojas, alias 'Araña', plenipotenciario de la mesa de diálogos de paz", afirmó alias 'Walter Mendoza', cabecilla de la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, tras la reanudación de los acercamientos con el Gobierno Nacional.Mendoza explicó a Blu Radio que la reunión preparatoria, realizada en el resguardo indígena Inda Zabaleta de la comunidad Awá, en la zona rural de Tumaco, fue el punto de partida para relanzar la mesa de conversaciones de paz, suspendida desde el pasado 12 de febrero.El cabecilla de las disidencias aseguró que la extradición de Andrés Rojas, alias "Araña", está en manos del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en su llamado al Gran Acuerdo Nacional y reiteró su compromiso con la Paz Total.Rojas fue capturado recientemente por solicitud de la justicia estadounidense, que lo requiere por cargos relacionados con narcotráfico. Su detención generó tensiones dentro de las negociaciones de paz, pues las disidencias lo consideran un actor clave en el proceso de diálogo con el Gobierno."Por eso estamos seguros de que el presidente Petro no se dejará presionar más por la política de Estados Unidos ni por la extrema derecha de Colombia, que nunca ha apoyado la paz", afirmó Mendoza.Durante el encuentro de dos días en Tumaco, en la región del Pacífico nariñense, las partes acordaron continuar con los compromisos suscritos el pasado 12 de febrero en el tercer ciclo de negociaciones. Según Mendoza, ya se definieron fechas exactas para iniciar la sustitución de 3.000 hectáreas de hoja de coca en Nariño y Putumayo.Asimismo, se acordó la creación de una subcomisión de transformaciones territoriales, que tendrá la tarea de identificar los polígonos donde se implementará el plan piloto de transición a economías legales en municipios de ambos departamentos.En cuanto a las garantías de seguridad para el proceso de paz, se pactó la conformación de una subcomisión especializada, encargada de construir los documentos necesarios para la planificación, diseño y ejecución de un cese al fuego bilateral y territorial. El objetivo es avanzar en la terminación del conflicto y generar condiciones para la reincorporación de los integrantes de la Coordinadora Ejército Bolivariano a la vida civil.Mendoza también afirmó que, durante el encuentro del 14 y 15 de marzo, se insistió en la necesidad de agilizar la creación de una subcomisión jurídica. Su propósito será definir el marco legal de la Paz Total, así como los mecanismos para examinar la situación jurídica de los combatientes, asegurando que dicho marco esté en conformidad con los instrumentos internacionales y las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.