Una situación de alteración de orden público se presentó en el municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, en las últimas horas, luego de que un grupo de ciudadanos increpara a un uniformado de la Policía, a quien señalaron verbalmente como presunto responsable del asesinato de una persona, hecho donde también resultó lesionada otra persona.En un video grabado por uno de los ciudadanos se observa y se escuchan los reclamos dirigidos al policía, a quien acusan de que el supuesto homicidio habría sido cometido con un arma particular y no con su arma de dotación. En las imágenes también se aprecia cómo varios ciudadanos persiguen al agente durante algunos metros mientras le lanzan insultos y amenazas.“Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, dijo Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.Más adelante, el video muestra el momento en el que el agente ingresa a las instalaciones del CAI de la Policía, mientras que dos de sus compañeras permanecen en la parte externa. Es entonces cuando varios ciudadanos atacan físicamente a las uniformadas. De manera extraoficial, se ha indicado que una de ellas habría sido despojada de su arma de dotación y, tras la agresión, las patrulleras logran ingresar a la estación.“Todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”, explicó la funcionaria.Posteriormente, las imágenes evidencian cómo varios ciudadanos atacan la infraestructura del CAI, causando daños en paredes, ventanas y puertas. Minutos después, un uniformado sale de las instalaciones para enfrentar a los manifestantes y es en ese momento cuando, según se observa y se escucha en los videos, se registra un intercambio de disparos entre el policía y algunos ciudadanos.
Este lunes, 22 de diciembre, fueron dejados en libertad los 18 militares que había sido secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó, por comunidades indígenas instrumentalizadas por el ELN.Estos miembros de la fuerza pública estuvieron privados de su libertad durante cerca de 48 horas en zona rural de ese municipio tras una asonada protagonizada por comunidades indígenas que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN mientras los militares adelantaban operaciones contra esa guerrilla en el resguardo La Puria. El secuestro ocurrió cuando "una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena", señaló el domingo la XV Brigada del Ejército en un comunicado.Blu Radio pudo confirmar que los militares fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo.El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en los últimos meses en el país porque, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son "instrumentalizados" por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.El secuestro de los 18 militares en el Chocó se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que, por parte del Gobierno, "no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".
Con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la temporada decembrina y en el desarrollo de la versión número 68 de la Feria de Cali, la Policía Metropolitana anunció la implementación de un robusto dispositivo de seguridad que contará con más de 1.200 uniformados desplegados en distintos puntos de la capital vallecaucana.Según las autoridades, se estima que cerca de 140.000 personas llegarán a la ciudad para participar en los eventos culturales, musicales y gastronómicos que hacen parte de la tradicional Feria de Cali. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Edwin Urrego, confirmó que los uniformados estarán enfocados en la ejecución de diversas estrategias preventivas y de control, entre ellas la instalación de puestos de control en las principales vías de acceso, así como presencia permanente en centros comerciales y zonas de alta afluencia."Estaremos desarrollando planes como puestos de control y presencia en centros comerciales y en el sector gastronómico, teniendo en cuenta la llegada de cerca de 140.000 personas a la feria. Por esta razón, hemos reforzado el personal en sitios turísticos y comerciales. Además, se adelantarán operativos de revisión a vehículos de servicio público y presencia en establecimientos nocturnos, ya que no solo garantizamos la seguridad de los más de 50 eventos de la feria, sino también de toda la ciudad", explicó el general Urrego.Como parte del dispositivo, la Policía Metropolitana dispondrá del helicóptero ‘Halcón’ para labores de vigilancia aérea, además del uso de drones que realizarán recorridos estratégicos en zonas priorizadas. Estas acciones se complementarán con el monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Cali."Vamos a tener puestos de control para blindar la ciudad en los puntos de ingreso, pero también contaremos con controles internos móviles, realizando requisas a vehículos y garantizando que las personas se movilicen sin portar armas, evitando así cualquier situación que pueda vulnerar la seguridad de la ciudad", señaló el comandante de la Policía Metropolitana.A este despliegue se suman los constantes operativos contra el licor adulterado que se adelantan en la ciudad. El más reciente dejó como resultado la incautación de 580 botellas que, según las autoridades, pretendían ser distribuidas durante los eventos de la Feria de Cali. Estos operativos se realizaron en los barrios Obrero y Santa Elena.
Se cumplen cinco días del secuestro de dos personas vinculadas a una firma contratista de la compañía Energética de Occidente, quienes fueron retenidas contra su voluntad mientras adelantaban actividades operativas en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del CaucaCauca.El secuestro ocurrió el pasado 18 de diciembre en zona rural de ese municipio, cuando los trabajadores fueron abordados por sujetos desconocidos que los obligaron a desplazarse con rumbo desconocido. Posteriormente, el grupo armado que se los llevó exigió a las directivas de la empresa una alta suma de dinero a cambio de su libertad."Ellos estaban realizando unas labores ni siquiera tan técnicas, sino relacionadas con el cumplimiento de un tema de legislación ambiental. Empezamos a gestionar con la comunidad si era posible su regreso, su retorno a casa, pero nos dicen que no porque ya están en manos de un grupo al margen de la ley. Posteriormente, recibimos del contratista la información de que se está solicitando una cantidad, una suma de dinero, para que ellos puedan ser devueltos a la libertad", dijo Paola Ramos Caicedo, gerente de Asuntos Corporativos de CEO.En este momento, las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de los secuestrados, mientras que la empresa decidió suspender temporalmente las operaciones en la zona hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para proteger la integridad del personal y según lo denunciado por la misma empresa, los responsables del secuestro estarían solicitando más de 200 millones de pesos por su liberación."Estos hechos representan un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el territorio. Rechazamos de manera categórica estos actos que atentan contra la vida, el bienestar de los trabajadores y contratistas, y que afectan la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica", señala un comunicado emitido por la compañía. Además, advierten que durante este año se han registrado 54 incidentes graves, de los cuales 22 comprometen directamente a la compañía y 32 a contratistas, incluyendo este secuestro. A esto se suma que, en lo corrido de 2025, varios vehículos han sido robados, razón por la cual solicitan mayores garantías de seguridad a las autoridades competentes para el ejercicio de su labor en el Cauca.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
Con el arribo de 80 nuevos policías, Bucaramanga refuerza su esquema de seguridad durante las festividades de diciembre y en medio de la alerta nacional por los recientes ataques terroristas registrados en el oriente del país. La Alcaldía de Bucaramanga destacó que este refuerzo permitirá blindar la ciudad y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los uniformados, hombres y mujeres provenientes de distintas escuelas del país, llegan capacitados y entrenados para cumplir diversas funciones operativas. “Estos policías entrarán a reforzar la vigilancia de los cuadrantes, que es nuestro eje fundamental en el área metropolitana. En buena hora llegan a una ciudad que necesita fortalecer la seguridad, como lo vienen solicitando los ciudadanos”, señaló el oficial.El despliegue no se limita a los nuevos patrulleros. Las labores de control y vigilancia estarán respaldadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuyas unidades cuentan con entrenamiento avanzado en tácticas de reacción y control. Bajo el liderazgo del brigadier general Quintero y el alcalde Cristian Portilla, el operativo se desplegó de inmediato en el sector bancario y las zonas comerciales del centro de la ciudad.Durante los recorridos, las autoridades visitaron puntos estratégicos como La Isla, donde interactuaron con comerciantes y transeúntes para entregar recomendaciones de seguridad y cerrar los canales a delitos como el hurto y la extorsión, especialmente en esta época de alta actividad comercial.El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró dos servicios clave para la ciudadanía durante la temporada decembrina. El primero es el acompañamiento bancario, un servicio gratuito que puede solicitarse a través de la línea 123 para el retiro de grandes sumas de dinero. El segundo es la lucha contra la extorsión, a través de la campaña del GAULA, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intimidación mediante la línea 165.“Estamos en las calles, de cara a la gente. Con estos nuevos uniformados y el apoyo del GOES, buscamos que cada bumangués se sienta seguro al realizar sus compras y trámites bancarios”, puntualizó el general Quintero.
Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de comerciantes y ciudadanos durante la temporada navideña, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad en los principales centros comerciales de Bucaramanga, una estrategia que se suma a la llegada de 80 nuevos policías a la ciudad.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, lideró un recorrido por el Centro Comercial La Quinta, junto al comandante de la Policía Metropolitana, el general Quintero, donde reiteró el compromiso de la administración municipal para proteger la actividad comercial y a quienes realizan sus compras en diciembre.“Estamos en este momento en el Centro Comercial La Quinta, garantizándole la seguridad en esta Navidad a cada uno de nuestros comerciantes, junto a la Policía Metropolitana. Queremos que la gente salga tranquila, compre tranquila y disfrute de esta temporada”, señaló el mandatario local.Por su parte, el general Quintero explicó que los operativos incluyen patrullajes permanentes, acompañamiento a comerciantes y campañas de prevención contra la extorsión. Durante la jornada, las autoridades entregaron volantes informativos y recordaron la línea 165, habilitada para denunciar este tipo de delitos.“Estamos haciendo un recorrido con los comerciantes, sensibilizándolos para que denuncien cualquier intento de extorsión. Queremos que en esta temporada no tengamos personas afectadas por estos delitos y que todos los visitantes se sientan seguros”, indicó el oficial.El alcalde enfatizó que el trabajo articulado con la Policía Nacional busca que nada empañe la celebración de la Navidad en la capital santandereana.“Vamos a defender a Bucaramanga del lado de la Policía Nacional, para que en esta Navidad la alegría sea completa y la seguridad esté garantizada”, concluyó.Las autoridades anunciaron que estos controles se mantendrán durante todo el mes de diciembre, especialmente en zonas comerciales y de alta afluencia de público.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, anunció este domingo un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias puedan pasar estas fechas en paz."Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del ELN informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo.Hace unas horas, el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las Farc que opera en el Catatumbo anunció, mediante un video divulgado por medios locales y del que no se ha podido comprobar su autenticidad, otro cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública.Intensificación de ataques guerrillerosEstos anuncios coinciden con la persistente crisis humanitaria en varias regiones del país, en particular en el Catatumbo, donde desde enero de este año se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del EMBF, que han dejado cerca de un centenar de muertos y provocado desplazamientos masivos, confinamientos y otras afectaciones a comunidades campesinas.El EMC es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa y quien no participa actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.En contraste, el Ejecutivo mantiene conversaciones con otras organizaciones disidentes, entre ellas el EMBF, con el que en noviembre pasado alcanzó acuerdos para no reclutar menores de edad, promover el acceso a la tierra y proteger el medioambiente, en el marco de la política de 'Paz total' del presidente Petro.Tanto el EMC como el ELN perpetraron en los últimos días violentos ataques contra la Policía y el Ejército en los departamentos del Cauca y Cesar.En Buenos Aires, una toma del EMC que duró más de siete horas dejó ocho policías heridos y varias edificaciones de ese pueblo destruidas, mientras que en Aguachica, el ELN mató a siete soldados y dejó 31 más heridos en un ataque con drones contra una base del Ejército.
Por varias horas, fuertes combates se registraron en en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca, entre el Ejército y la estructura "Yair Bermúdez" de las disidencias de las Farc, dejando como resultado tres integrantes de este frente abatidos ,entre los cuales se encuentra alias Jefrey, tercer cabecilla.En el lugar de los hechos fue incautado abundante material de guerra e intendencia los cuales, al parecer, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.“En desarrollo de operaciones militares ofensivas, fueron abatidos tres presuntos integrantes del GAO-r Estructura 57 y otra persona fue capturada", dijo el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército NacionalPor otro lado, en el municipio de Jamundí, Valle, fue capturado uno de los cabecilla de las finanzas de la "Jaime Martínez", durante esta captura también se registraron fuertes combates en el corregimiento de San Antonio zona rural de este municipio.
Se conocen los detalles de lo que fue el secuestro de Sara Sofía Gonzales Fajardo, la joven lideresa de 19 años que fue secuestrada el pasado viernes por hombres armados que llegaron a su vivienda en el corregimiento de San Antonio del municipio de Jamundí, Valle.La joven narró que los hombres se identificaron y que la esperaron a que ella se cambiara de ropa, ya que se encontraba en pijama. Luego la subieron a un vehículo y que solo tuvo conocimiento hasta un punto del corregimiento de Villacolombia."Cuando nosotros salimos a ver quienes eran los que habían llegado a la casa, ellos se presentaron como de las disidencias de las Farc y me dijeron que tenía que ir con ellos. Lo primero que hace mi madre es ponerse a llorar y decirles que por favor no me llevaran, pero yo de una entre a mi cuarto por ropa, me puse una sudadera, tenis y un saco, lo primero que cogí, y pues yo me fui voluntariamente, ahí me amarraron de pies y manos y me taparon la cara. Recuerdo todo el trayecto, pero después abrí los ojos y ya estaba en el Cauca en lugar que no conocía", dijo Sara Sofía Gonzales Fajardo.Al llegar al lugar, pidió comunicación con su madre y que en una llamada telefónica le dijo que estaba en poder de las disidencias.Narró que, durante esos días, estuvo en un cuarto, vigilada las 24 horas del día y que nunca se le vulneraron sus derechos. Sobre los motivos de su secuestro, manifestó que prefiere no revelarlos."El trato fue muy bueno, eso sí, yo lo puedo agradecer infinitamente y nunca vulneraron mis derechos. Yo estuve en muy buenas condiciones y el día sábado sí, ellos me dijeron que llorara por mi libertad, y les dije que me prestaran mi teléfono porque ese me lo quitaron y llamé a mi mamá y mi familia, pero realmente el secuestro fue por temas personales que me abstengo de decirlos", reveló la lideresa social. Después de quedar libre este domingo, agradeció a los organismos de derechos humanos y los diferentes líderes sociales las gestiones.También manifestó que las declaraciones que entregó Jhon Fredy Montoya, presidente de la junta de Acción comunal del corregimiento de San Antonio de donde ella es la secretaria, no corresponden a la realidad. "Las declaraciones que él dio no fueron con mi autorización, pero quiero dejar claro que en ningún momento nadie intervino por mi liberación, a mí sí me entregaron con mis familiares, pero yo fui la que intermedie con ellos, con los hombres de las disidencias. Yo fui la que hablé con ellos durante esos días, y también fui yo quien llamó a mi familia para que me fueran a recogerme a otro punto del Cauca de donde yo estaba", indicó la joven. Sobre su carrera como lideresa social, manifestó que, a pesar de tener temor, seguirá con los procesos en sus territorios, y que en estos momentos está feliz de regresar a su casa con su familia.
Cali registró su segundo fin de semana violento consecutivo con 15 homicidios ocurridos en diferentes hechos en la ciudad. La mayoría de las víctimas de estos crímenes eran hombres, quienes fueron atacados con armas de fuego, y los casos se concentraron principalmente en el oriente de la ciudad.Esta situación genera alerta en diferentes sectores de la capital vallecaucana, teniendo en cuenta que este es apenas el inicio del último trimestre del año, donde se concentran celebraciones y festividades, que podría aumentar el riesgo de casos de intolerancia."Manifestamos nuestra preocupación por el registro de 31 homicidios en los últimos dos fines de semana en Cali. Hacemos un llamado a las autoridades para reforzar las estrategias de control que permitan reducir estos hechos, especialmente en esta temporada del año. Advertimos que en estas fechas suelen presentarse situaciones de conflictos interpersonales que pueden derivar en hechos lamentables", indicó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.En lo corrido de este año se han registrado 772 homicidios en la capital vallecaucana, por lo que diferentes sectores de la ciudad están exigiendo mayores operativos de prevención. Para evitar más muertes violentas en lo que queda del 2025."Tenemos diferentes condiciones asociadas a estos delitos, como crimen organizado, delincuencia común y también violencia interpersonal, lo que podemos decir es que el esfuerzo de prevención de la violencia se mantiene, con los procesos de investigación judicial, más controles en las comunas y continuaremos generando estas acciones para buscar el resultado de reducción de los indicadores de homicidio", aseguró el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al personero del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, Vanny Yefre Perea Mosquera, por presuntamente acosar sexualmente a varias funcionarias y usuarias de la entidad municipal.En un documento, la entidad señaló que, al parecer, se presentaron denuncias por situaciones de carácter sexual y abusivo, hostigamiento, asedio y otros comportamientos no consentidos por parte de las posibles víctimas en ese territorio vallecaucano.“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago abrió investigación disciplinaria al funcionario. El Ministerio Público resaltó que las denuncias se trabajaron con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley”, dice el comunicado.Blu radio consultó con el implicado en dichas denuncias, y este aseguró que desconoce de este tipo de acusaciones y que seguirá el proceso de la ley para defender su buen nombre, su cargo y su labor como personero de este municipio, el cual asumió en el año 2024.“Los hechos de los cuales se me acusan ya alguien se había referido en otra instancia, pero tengo que decir que no corresponden a la verdad, es decir, los hechos no han sucedido. Yo me he caracterizado como defensor de los derechos, por protegerlos y defenderlos, y la posición del personero a veces causa inconformidad. Creo que estoy incomodando como personero en el ejercicio de mis funciones y por eso se da esta situación tan grave, pero les reitero: no corresponde a la verdad”, explicó Vanny Yefre Perea Mosquera, personero de El Cairo.Finalmente, el ente de control advirtió que la medida cautelar de suspensión al personero se podría prorrogar por el mismo término, es decir, otros tres meses más. Por ahora, se adelantan las respectivas investigaciones para verificar la ocurrencia de los hechos denunciados.
Después de permanecer secuestrada durante tres días, fue dejada en libertad en la tarde de este domingo Sara Sofía González Fajardo, la joven lideresa de 18 años y secretaria de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.Sobre su liberación se conoció que se produjo en el departamento del Cauca bajo el liderazgo social y comunitario, que desde el día del secuestro emprendió las gestiones necesarias para que la joven regresara a su hogar.“Desde FUNDTERPAZ celebramos la liberación de Sara Sofía González Fajardo, secretaria de la JAC del corregimiento de San Antonio, Jamundí, Valle del Cauca. Abrazamos la vida y reiteramos el llamado a los actores armados para que respeten los DD. HH. y el DIH”, señala un comunicado emitido por la Fundación Territorio de Paz.La denuncia de su secuestro se conoció inicialmente por medio de la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Desde la Fundación manifestaron en el comunicado que la liberación fue netamente humanitaria y social.“La liberación de la lideresa social se da bajo el liderazgo social y comunitario. No se tuvo intervención de la ONU, MAPP-OEA, CICR ni de ningún organismo internacional”, puntualiza el documento.En este momento la lideresa se encuentra con su familia. Por parte de las autoridades no se logró identificar qué grupo armado la obligó a salir de su casa el viernes pasado. Cabe recordar que en esa zona de Jamundí y en el norte del Cauca delinque la disidencia de las Farc conocida como 'Jaime Martínez', bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.
Faltan pocos días para que inicie la Feria de Cali y ya hay decenas de eventos preparados para que miles de propios y turistas se gocen los días más festivos en la capital del Valle del Cauca.Uno de ellos es ‘Brisas Caleñas’, un festival alternativo con una rica programación de música en vivo que se tomará el Parque Uribe, diagonal a la tradicional iglesia La Ermita en el centro de la ciudad.El festival se realizará del 25 al 30 de diciembre donde también hay experiencias urbanas y actividades abiertas al público, conectando la identidad de la ciudad con sonidos del Pacífico, escenas urbanas contemporáneas, propuestas tropicales alternativas, rock independiente y los ritmos tradicionales que marcan el cierre del año en el país.La programación musical reúne artistas de distintas generaciones y regiones, reflejando la diversidad sonora que atraviesa a Cali y al suroccidente colombiano.El cartel incluye a Herencia de Timbiquí, Kronos y Julio Victoria Live Band, junto a propuestas como Element Black, Venesti, Branbel, Últimos Nietos, Tropicana Club, Los Borbotones, More, Polo y Teban, Maikcel, Mangle Sonoro, Juanito Alimaña, Emberatriz y Carmela de Buxiraco. La experiencia se amplía con los sets de Prieto Riddiman, DJ Wins, DJ Animal, Molano, Marton Selektor, Caramelo Difícil, Darkfox, Los Indajaus y Chonta DJ, que conectan distintos públicos y escenas musicales. Más allá de los conciertos, Brisas Caleñas plantea una experiencia de ciudad.El festival es presentado por La Divina, cuenta con el patrocinio de BBC y el apoyo de Corfecali, y se integra a la Feria de Cali como una apuesta complementaria que busca descentralizar la experiencia y ofrecer nuevos puntos de encuentro durante la temporada.“Brisas Caleñas nace de la necesidad de mostrar que Cali tiene mucho más que decir. Aquí celebramos la música, las tradiciones y el encuentro, y proponemos que la ciudad se convierta en un gran escenario abierto durante diciembre”, indicó Jaramillo, director de La Divina.Durante los seis días del festival se desarrollará una agenda paralela de actividades culturales y comunitarias que buscan promover la apropiación del espacio público y la participación ciudadana. Entre ellas se encuentran jam poético, podcast en vivo, caminatas urbanas, recorridos por el centro de la ciudad, jornadas de limpieza del río Cali y espacios de juego y encuentro como canchas de tejo. Estas iniciativas amplían el alcance del festival y refuerzan su carácter social y cultural.
Un ataque contra la estación de policía del municipio de Suárez interrumpió la tranquilidad de la comunidad durante la tarde del pasado domingo, dejando un saldo de un civil herido. El incidente ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, mientras se desarrollaba un campeonato anual de fútbol interbarrios en el que participaban equipos de "rodillones" y de categoría libre.El hostigamiento, atribuido a grupos de disidencias que operan en la región, se realizó mediante varias ráfagas de disparos que no fueron continuas, sino separadas en el tiempo. Según explicó el alcalde de Suárez, César Cerón, la ubicación geográfica de la cabecera municipal, situada en una zona baja, facilitó que el ataque se perpetrara desde la parte alta y desde el otro lado del río Cauca.Población civil en medio del fuego cruzadoLa cancha de fútbol donde se encontraba reunida la comunidad está ubicada a escasos 300 metros de la estación de policía, lo que provocó que los asistentes quedaran atrapados en medio del conflicto."Se desarrollaba un campeonato que se hace anualmente, donde juegan los rodillones, como llamamos popularmente, y el equipo libre. Estando allí la comunidad reunida se da un ataque contra la estación de policía, quedando en medio del fuego cruzado toda la comunidad. Fueron varias ráfagas en un tiempo separado, tanto del grupo armado como de la Fuerza Pública defendiéndose. Nunca nos había pasado un evento como esto y eso lo que único que hace es poner en riesgo mucho más a la población civil. Esto es, entre otras muchas, violación del derecho internacional humanitario", afirmó el mandatario. Le puede interesar: Pánico en Suárez, Cauca, por ataque guerrillero durante encuentro deportivo y familiarComo resultado del cruce de disparos entre el grupo armado y la fuerza pública, un joven de 23 años resultó herido en una de sus extremidades superiores. El herido fue trasladado a una clínica en Cali, donde se encuentra en estado estable.El alcalde Cerón denunció que, tras los disparos, se produjo una estampida humana, lo que aumentó el riesgo para los habitantes. Llamado urgente al Gobierno nacionalEl alcalde expresó su rechazo absoluto a la violencia, señalando que la comunidad de Suárez no debe estar sometida a un conflicto que "no les pertenece"."No es posible que nosotros tengamos que vivir sometidos a toda esa clase de situaciones que no son las mejores para nosotros. Pedimos al Gobierno nacional que revise la situación que estamos viviendo y a los grupos al margen de la ley, que nos dejen tranquilos, finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.