Una situación de alteración de orden público se presentó en el municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, en las últimas horas, luego de que un grupo de ciudadanos increpara a un uniformado de la Policía, a quien señalaron verbalmente como presunto responsable del asesinato de una persona, hecho donde también resultó lesionada otra persona.En un video grabado por uno de los ciudadanos se observa y se escuchan los reclamos dirigidos al policía, a quien acusan de que el supuesto homicidio habría sido cometido con un arma particular y no con su arma de dotación. En las imágenes también se aprecia cómo varios ciudadanos persiguen al agente durante algunos metros mientras le lanzan insultos y amenazas.“Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, dijo Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.Más adelante, el video muestra el momento en el que el agente ingresa a las instalaciones del CAI de la Policía, mientras que dos de sus compañeras permanecen en la parte externa. Es entonces cuando varios ciudadanos atacan físicamente a las uniformadas. De manera extraoficial, se ha indicado que una de ellas habría sido despojada de su arma de dotación y, tras la agresión, las patrulleras logran ingresar a la estación.“Todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”, explicó la funcionaria.Posteriormente, las imágenes evidencian cómo varios ciudadanos atacan la infraestructura del CAI, causando daños en paredes, ventanas y puertas. Minutos después, un uniformado sale de las instalaciones para enfrentar a los manifestantes y es en ese momento cuando, según se observa y se escucha en los videos, se registra un intercambio de disparos entre el policía y algunos ciudadanos.
Este lunes, 22 de diciembre, fueron dejados en libertad los 18 militares que había sido secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó, por comunidades indígenas instrumentalizadas por el ELN.Estos miembros de la fuerza pública estuvieron privados de su libertad durante cerca de 48 horas en zona rural de ese municipio tras una asonada protagonizada por comunidades indígenas que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN mientras los militares adelantaban operaciones contra esa guerrilla en el resguardo La Puria. El secuestro ocurrió cuando "una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena", señaló el domingo la XV Brigada del Ejército en un comunicado.Blu Radio pudo confirmar que los militares fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo.El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en los últimos meses en el país porque, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son "instrumentalizados" por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.El secuestro de los 18 militares en el Chocó se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que, por parte del Gobierno, "no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".
Con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la temporada decembrina y en el desarrollo de la versión número 68 de la Feria de Cali, la Policía Metropolitana anunció la implementación de un robusto dispositivo de seguridad que contará con más de 1.200 uniformados desplegados en distintos puntos de la capital vallecaucana.Según las autoridades, se estima que cerca de 140.000 personas llegarán a la ciudad para participar en los eventos culturales, musicales y gastronómicos que hacen parte de la tradicional Feria de Cali. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Edwin Urrego, confirmó que los uniformados estarán enfocados en la ejecución de diversas estrategias preventivas y de control, entre ellas la instalación de puestos de control en las principales vías de acceso, así como presencia permanente en centros comerciales y zonas de alta afluencia."Estaremos desarrollando planes como puestos de control y presencia en centros comerciales y en el sector gastronómico, teniendo en cuenta la llegada de cerca de 140.000 personas a la feria. Por esta razón, hemos reforzado el personal en sitios turísticos y comerciales. Además, se adelantarán operativos de revisión a vehículos de servicio público y presencia en establecimientos nocturnos, ya que no solo garantizamos la seguridad de los más de 50 eventos de la feria, sino también de toda la ciudad", explicó el general Urrego.Como parte del dispositivo, la Policía Metropolitana dispondrá del helicóptero ‘Halcón’ para labores de vigilancia aérea, además del uso de drones que realizarán recorridos estratégicos en zonas priorizadas. Estas acciones se complementarán con el monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Cali."Vamos a tener puestos de control para blindar la ciudad en los puntos de ingreso, pero también contaremos con controles internos móviles, realizando requisas a vehículos y garantizando que las personas se movilicen sin portar armas, evitando así cualquier situación que pueda vulnerar la seguridad de la ciudad", señaló el comandante de la Policía Metropolitana.A este despliegue se suman los constantes operativos contra el licor adulterado que se adelantan en la ciudad. El más reciente dejó como resultado la incautación de 580 botellas que, según las autoridades, pretendían ser distribuidas durante los eventos de la Feria de Cali. Estos operativos se realizaron en los barrios Obrero y Santa Elena.
Se cumplen cinco días del secuestro de dos personas vinculadas a una firma contratista de la compañía Energética de Occidente, quienes fueron retenidas contra su voluntad mientras adelantaban actividades operativas en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del CaucaCauca.El secuestro ocurrió el pasado 18 de diciembre en zona rural de ese municipio, cuando los trabajadores fueron abordados por sujetos desconocidos que los obligaron a desplazarse con rumbo desconocido. Posteriormente, el grupo armado que se los llevó exigió a las directivas de la empresa una alta suma de dinero a cambio de su libertad."Ellos estaban realizando unas labores ni siquiera tan técnicas, sino relacionadas con el cumplimiento de un tema de legislación ambiental. Empezamos a gestionar con la comunidad si era posible su regreso, su retorno a casa, pero nos dicen que no porque ya están en manos de un grupo al margen de la ley. Posteriormente, recibimos del contratista la información de que se está solicitando una cantidad, una suma de dinero, para que ellos puedan ser devueltos a la libertad", dijo Paola Ramos Caicedo, gerente de Asuntos Corporativos de CEO.En este momento, las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de los secuestrados, mientras que la empresa decidió suspender temporalmente las operaciones en la zona hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para proteger la integridad del personal y según lo denunciado por la misma empresa, los responsables del secuestro estarían solicitando más de 200 millones de pesos por su liberación."Estos hechos representan un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el territorio. Rechazamos de manera categórica estos actos que atentan contra la vida, el bienestar de los trabajadores y contratistas, y que afectan la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica", señala un comunicado emitido por la compañía. Además, advierten que durante este año se han registrado 54 incidentes graves, de los cuales 22 comprometen directamente a la compañía y 32 a contratistas, incluyendo este secuestro. A esto se suma que, en lo corrido de 2025, varios vehículos han sido robados, razón por la cual solicitan mayores garantías de seguridad a las autoridades competentes para el ejercicio de su labor en el Cauca.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
En Chocó, 18 militares fueron secuestrados por la comunidad, en zona rural de El Carmen de Atrato. Las tropas adelantaban operaciones de seguridad en la zona rural. El ministro de Defensa, Pedro Sanchéz, rechazó el secuestro.Sobre el secuestroLo que comenzó como una asonada, donde participaron 200 personas de una comunidad indígena del resguardo La Puria, terminó en el secuestro de 18 militares, 2 suboficiales, 16 soldados, que fueron rodeados por todos lados, en zona rural del Carmen de Atrato.Los militares que adelantan operaciones en contra de la guerrilla del ELN, en el departamento de Chocó, fueron obligados a trasladarse hasta un resguardo indígena en donde los mantienen a esta hora.Todo comenzó, según un comunicado del resguardo, porque una mujer y sus dos hijos que iban hacer actividades de pancoger, por parte de la fuerza pública, llegaron en shock y llanto al centro de la comunidad.De inmediato, reaccionó la guardia indígena Enríque Arcw, que insistió que no hay secuestro y que no van a permitir la presencia de ningún grupo armado, legal o ilegal, dentro de sus límites territoriales.El Ejército Nacional rechazó enfáticamente estas acciones, la retención de los militares, señalando que vulneran la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública. Y se advierte que sería en retaliación por 7 acciones contra el ELN, que instrumentaliza a la población.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su cuenta en X fue enfático en señalar que: “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”, en referencia a la facultad constitucional que tienen las autoridades para actuar en cualquier punto del territorio nacional.Advirtió que impedir la labor de la Fuerza Pública favorece directamente a las estructuras ilegales y pone en riesgo a las comunidades.Los líderes de la comunidad indígena La Puría, dieron a conocer un video donde se ve a los militares, en buen estado, eso sí sin fusiles, armamentos, ya se espera se avance en una mesa de diálogo.La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que esta mañana habrá un consejo de seguridad con altos mendoza militares y de Policía, donde se pidió la presencia de los ministros del Interior Armando Benedetti y el de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez.
El llamado 'caso Epstein' ha tenido en 2025 varios episodios convulsos, tras conocerse nuevas revelaciones que han puesto al presidente estadounidense, Donald Trump, en el centro de la polémica y que han salpicado incluso a la monarquía británica, al haber obligado al rey Carlos III a despojar a su hermano Andrés de su título de príncipe.Los correos del pederasta Jeffrey Epstein, divulgados por congresistas demócratas, revelaron que Trump conocía sus crímenes y que, además, había pasado “horas” con una de las víctimas.Una serie de batallas judiciales y una prolongada tensión legislativa mantuvo a la Casa Blanca bajo presión, hasta que la Cámara de Representantes logró los 218 votos necesarios el 18 de noviembre para aprobar una ley que obliga a publicar los archivos del pederasta de forma íntegra.Desgastado por haber perdido las elecciones de Nueva York, los comicios locales más importantes del año, junto a la bajada de popularidad por el cierre de Gobierno más largo de la historia, Trump decidió permitir la liberación de los archivos, que han quedado ahora en manos del Departamento de Justicia.Sin embargo, aún no existe certeza del mecanismo para publicarlos o si serán publicados sin reserva.La tensión por los posibles alcances de la implicación del mandatario republicano en los archivos provocaron fisuras en el mundo MAGA. Prueba de ello es el distanciamiento con la representante del estado de Georgia Marjorie Taylor Green -antaño una ferviente defensora de Trump-, quien dimitió de su cargo y optó por respaldar a las víctimas del caso Epstein en medio de ataques contra ella del propio presidente.Los más de 20.000 correos divulgados en octubre salpicaron a varias figuras públicas y políticas estadounidenses, entre ellos Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard University, quien se vio obligado a renunciar a su puesto de profesor en la universidad tras revelarse que había mantenido correspondencia con Epstein sobre asuntos personales y sociales.También figuran en la lista de amigos citados por Epstein el magnate tecnológico Peter Thiel; Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca e ideólogo del mundo MAGA; el multimillonario Elon Musk y otros ejecutivos y donantes prominentes que aparecen en los archivos como parte de la red de relaciones sociales y políticas de Epstein.Sacudida en la Casa Real británicaLa onda expansiva de los correos de Epstein llegó hasta el otro lado del Atlántico cuando aparecieron las memorias póstumas de Virginia Giuffre, que muchos años atrás había asegurado que el príncipe Andrés había abusado de ella siendo todavía menor de edad, tras haber sido 'prestada' por Epstein, quien también la había violado repetidamente.En estas memorias, tituladas 'Nobody's Girl' (Chica de nadie), Giuffre relata con lujo de detalles las tres veces en que Andrés la violó, en lugares diferentes, una de ellas en medio de una orgía donde ella estaba rodeada de chicas extranjeras aparentemente menores y que apenas sabían hablar inglés.Andrés había negado repetidamente el relato de Giuffre, pero el hecho de que ya en 2019 hubiera renunciado a sus títulos reales y de haber acordado en 2022 un arreglo millonario con Giuffre -se habló de 12 millones de euros- hacían dudar de la honestidad del príncipe.Las memorias, aparecidas tras el suicidio de Giuffre y en medio de una ola internacional de compasión por la mujer, pusieron de nuevo al príncipe en la picota y el propio rey Carlos, harto de que su hermano siguiera contemporizando, tomó en octubre de 2025 una decisión inédita: quitó a su hermano el último título de 'príncipe' y le ordenó salir de la mansión que ocupaba en las propiedades de la Corona y por las que pagaba un simbólico grano de pimienta.El príncipe destronado pasará a ser conocido como Andrés Mounbatten-Windsor. Ese nuevo guion entre sus apellidos, de reminiscencias aristocráticas, parece haber sido la última concesión del rey Carlos a su hermano díscolo, el favorito de su madre y que con su conducta ponía sistemáticamente en apuros a una monarquía que cuenta aún con el favor del pueblo, pero sin el fervor que despertaba la reina Isabel.
Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio. Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas 24 horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.
Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha enviado una carta a la Corte Constitucional solicitando la suspensión de cualquier norma emitida al amparo de una posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional. Según el líder gremial, esta medida representa una "jugada" política orquestada desde hace semanas para eludir el control del Congreso tras el fracaso de la ley de financiamiento.Una estrategia para eludir al CongresoEn diálogo con Mañanas Blu, McMaster aseguró que el Ejecutivo condujo deliberadamente los trámites legislativos hacia el final de la legislatura para que coincidieran con la vacancia judicial. El objetivo, según la ANDI, sería implementar una reforma tributaria vía decreto, lo cual calificó como una acción "tramposa con la Constitución". Esta postura se ve reforzada por las recientes confesiones del Ministro del Interior, quien admitió que no gestionó el proyecto por orden directa del Presidente de la República.Para el gremio de empresarios, el país no atraviesa condiciones que justifiquen una emergencia económica, y el actuar del Ejecutivo se percibe como un intento sistemático de saltarse las otras ramas del poder público, incurriendo en actitudes de arbitrariedad que amenazan la estabilidad democrática.El daño irreparable a la institucionalidadMás allá de las implicaciones económicas o el aumento de impuestos, McMaster enfatizó que el perjuicio más grave es sobre la institucionalidad. El líder de la ANDI advirtió que ignorar el respeto por la separación de poderes y la Constitución generará una sociedad "no viable", lo que a largo plazo destruirá la capacidad de generar confianza, atraer inversión extranjera y mantener la credibilidad crediticia del país.Voces de rechazo desde la academia y la técnicaA esta preocupación se sumó el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien calificó la intención del gobierno como un "error histórico". Ocampo señaló que una emergencia económica requiere de un "hecho sobreviniente", situación que no se cumple en este caso, ya que el hundimiento de una ley en el Congreso es una decisión legítima del Legislativo y no una catástrofe imprevista.Ocampo también criticó la falta de anuncios sobre el recorte del gasto público y expresó su preocupación por propuestas impositivas desproporcionadas, como elevar el impuesto al patrimonio al 5% e incluir a personas jurídicas, lo cual se aleja de la tradición tributaria del país. Asimismo, el exministro alertó sobre una reciente operación de endeudamiento por 6.000 millones de dólares con un solo inversionista, calificándola como un hecho "sin precedentes" que genera dudas sobre el marco legal y las tasas de interés pactadas.Escuche aquí la entrevista:
Faltan pocos días para que inicie la Feria de Cali y ya hay decenas de eventos preparados para que miles de propios y turistas se gocen los días más festivos en la capital del Valle del Cauca.Uno de ellos es ‘Brisas Caleñas’, un festival alternativo con una rica programación de música en vivo que se tomará el Parque Uribe, diagonal a la tradicional iglesia La Ermita en el centro de la ciudad.El festival se realizará del 25 al 30 de diciembre donde también hay experiencias urbanas y actividades abiertas al público, conectando la identidad de la ciudad con sonidos del Pacífico, escenas urbanas contemporáneas, propuestas tropicales alternativas, rock independiente y los ritmos tradicionales que marcan el cierre del año en el país.La programación musical reúne artistas de distintas generaciones y regiones, reflejando la diversidad sonora que atraviesa a Cali y al suroccidente colombiano.El cartel incluye a Herencia de Timbiquí, Kronos y Julio Victoria Live Band, junto a propuestas como Element Black, Venesti, Branbel, Últimos Nietos, Tropicana Club, Los Borbotones, More, Polo y Teban, Maikcel, Mangle Sonoro, Juanito Alimaña, Emberatriz y Carmela de Buxiraco. La experiencia se amplía con los sets de Prieto Riddiman, DJ Wins, DJ Animal, Molano, Marton Selektor, Caramelo Difícil, Darkfox, Los Indajaus y Chonta DJ, que conectan distintos públicos y escenas musicales. Más allá de los conciertos, Brisas Caleñas plantea una experiencia de ciudad.El festival es presentado por La Divina, cuenta con el patrocinio de BBC y el apoyo de Corfecali, y se integra a la Feria de Cali como una apuesta complementaria que busca descentralizar la experiencia y ofrecer nuevos puntos de encuentro durante la temporada.“Brisas Caleñas nace de la necesidad de mostrar que Cali tiene mucho más que decir. Aquí celebramos la música, las tradiciones y el encuentro, y proponemos que la ciudad se convierta en un gran escenario abierto durante diciembre”, indicó Jaramillo, director de La Divina.Durante los seis días del festival se desarrollará una agenda paralela de actividades culturales y comunitarias que buscan promover la apropiación del espacio público y la participación ciudadana. Entre ellas se encuentran jam poético, podcast en vivo, caminatas urbanas, recorridos por el centro de la ciudad, jornadas de limpieza del río Cali y espacios de juego y encuentro como canchas de tejo. Estas iniciativas amplían el alcance del festival y refuerzan su carácter social y cultural.
Un ataque contra la estación de policía del municipio de Suárez interrumpió la tranquilidad de la comunidad durante la tarde del pasado domingo, dejando un saldo de un civil herido. El incidente ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, mientras se desarrollaba un campeonato anual de fútbol interbarrios en el que participaban equipos de "rodillones" y de categoría libre.El hostigamiento, atribuido a grupos de disidencias que operan en la región, se realizó mediante varias ráfagas de disparos que no fueron continuas, sino separadas en el tiempo. Según explicó el alcalde de Suárez, César Cerón, la ubicación geográfica de la cabecera municipal, situada en una zona baja, facilitó que el ataque se perpetrara desde la parte alta y desde el otro lado del río Cauca.Población civil en medio del fuego cruzadoLa cancha de fútbol donde se encontraba reunida la comunidad está ubicada a escasos 300 metros de la estación de policía, lo que provocó que los asistentes quedaran atrapados en medio del conflicto."Se desarrollaba un campeonato que se hace anualmente, donde juegan los rodillones, como llamamos popularmente, y el equipo libre. Estando allí la comunidad reunida se da un ataque contra la estación de policía, quedando en medio del fuego cruzado toda la comunidad. Fueron varias ráfagas en un tiempo separado, tanto del grupo armado como de la Fuerza Pública defendiéndose. Nunca nos había pasado un evento como esto y eso lo que único que hace es poner en riesgo mucho más a la población civil. Esto es, entre otras muchas, violación del derecho internacional humanitario", afirmó el mandatario. Le puede interesar: Pánico en Suárez, Cauca, por ataque guerrillero durante encuentro deportivo y familiarComo resultado del cruce de disparos entre el grupo armado y la fuerza pública, un joven de 23 años resultó herido en una de sus extremidades superiores. El herido fue trasladado a una clínica en Cali, donde se encuentra en estado estable.El alcalde Cerón denunció que, tras los disparos, se produjo una estampida humana, lo que aumentó el riesgo para los habitantes. Llamado urgente al Gobierno nacionalEl alcalde expresó su rechazo absoluto a la violencia, señalando que la comunidad de Suárez no debe estar sometida a un conflicto que "no les pertenece"."No es posible que nosotros tengamos que vivir sometidos a toda esa clase de situaciones que no son las mejores para nosotros. Pedimos al Gobierno nacional que revise la situación que estamos viviendo y a los grupos al margen de la ley, que nos dejen tranquilos, finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
Son 30 los vallecaucanos lesionados con pólvora en el Valle del Cauca, 12 de ellos menores de edad. Es por este motivo que desde el Gobierno departamental se reitera el llamado para que los ciudadanos eviten el uso inadecuado de estos artefactos que afectan la integridad física de las personas.“La recomendación sigue siendo: no use pólvora, si van a quemar pólvora, que lo hagan los expertos. Recuerde que la pólvora afecta la vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente los niños, adultos mayores, aquellas personas que tienen problema de enfermedad mental, las personas en condición de discapacidad, la fauna y la flora”, detalló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.Buga, Buenaventura, Tuluá y Florida, son los municipios que mayor número de casos registran a la fecha. “Este año seamos generosos y tengamos una fiesta tranquila. Vivamos nuestro 24 de diciembre lleno de ilusión y de esperanza, en familia y sin pólvora”, agregó Lesmes.Las quemaduras en miembros superiores, seguidas por lesiones en cara, cuello, cabeza y miembros inferiores, son las más frecuentes en este tipo de consultas.
Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación controlada de un cilindro que había sido cargado con explosivos en el sector de Las Piñas, específicamente en la vía que comunica a Cali con el municipio de Buenaventura.De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos habrían dejado este artefacto en plena carretera, un corredor vial de gran importancia para el suroccidente del país.Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.Conductores que se movilizaban por esta ruta reportaron, a través de las redes sociales, una fuerte congestión vehicular y largos tiempos de espera debido a la restricción del paso.A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen declaraciones oficiales para conocer más detalles sobre este hecho y avanzar en las investigaciones que permitan establecer quiénes serían los responsables.
En un operativo conjunto de las autoridades contra grupos criminales que operan en el suroccidente del país, fue capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, señalado integrante del Clan del Golfo y requerido por Interpol mediante circular azul.La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Colombia y otros países, lo que permitió ubicar y detener a este hombre, considerado una pieza importante dentro de esta organización ilegal.Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia. Desde municipios como Riofrío y Trujillo, se encargaba de observar y reportar los movimientos de la Fuerza Pública, información que luego era usada por los jefes del grupo para planear traslados de armas, municiones y personas, así como para cometer asesinatos.“Su función era alertar sobre la presencia de las autoridades para facilitar las acciones criminales de la organización”, señaló la mandataria, al destacar la importancia de esta captura para la seguridad del departamento.Las autoridades indicaron que alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Por información que ayudara a dar con su paradero, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 50 millones de pesos.La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, afirmó que esta captura representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo, especialmente en su red de apoyo logístico y armado en el suroccidente del país.Tras el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.
Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.