Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
La Arquidiócesis de Bogotá difundió un mensaje con motivo del aniversario número 60 de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura que decidió militar en el ELN y que murió en 1966 en su primer combate.“La Iglesia ora por el eterno descanso del padre Camilo y ruega al Señor por el fin definitivo de toda forma de violencia en Colombia. Al mismo tiempo, nos exhorta a trabajar sin desfallecer por la justicia social” dijo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, en el comunicado titulado “El amor nos hace pasar de la muerte a la vida”. Esto con la necesidad de consolidar una paz estable y duradera.La Iglesia afirma en ese texto que la guerra y la violencia representan un fracaso humano y una herida persistente para la nación, también subraya el dolor de las familias afectadas por el conflicto y llama a trabajar por la justicia social dentro del marco del Estado Social de Derecho, además, invita a acoger el clamor de los sectores más vulnerables y a promover una sociedad más incluyente.El comunicado concluye reiterando que la reconciliación y la unidad nacional solo serán posibles si se supera la violencia por vías no armadas y si se fortalecen el diálogo y el respeto por la vida.Este pronunciamiento de la Iglesia se produce en un contexto marcado por nuevos avances en torno a la identificación de los restos óseos que podrían corresponder a Camilo Torres, sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aclaró que aún no hay resultados definitivos y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el proceso ha enfrentado limitaciones debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al ELN, en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente sobre el hallazgo de restos que podrían corresponderle.Aunque se cuenta con una muestra biológica orientadora, esta no ha permitido por sí sola establecer una identificación científica definitiva, por lo que se siguen adelantando estudios bajo estrictos criterios técnicos.Medicina Legal explicó también, que la identificación humana exige el vínculo de evidencia genética, antropológica y contextual, y anunció “un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
Tiendas D1 entregó 46.080 kg de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por la fuerte temporada de lluvias en el país. Esta representa una de las mayores donaciones individuales en esta fase inicial de atención, según informó la compañía desde Bogotá.De acuerdo con las autoridades, la emergencia invernal ha dejado más de 69.500 familias damnificadas en 16 departamentos y 104 municipios, con mayores afectaciones en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Chocó, La Guajira y Santander. Ante este panorama, se activó un corredor humanitario que articula a más de 24 donantes, 11 bancos de alimentos y una diócesis, con el objetivo de acelerar la llegada de ayudas a los territorios más afectados.La donación de Tiendas D1 estuvo compuesta por alimentos, productos de aseo e higiene personal y artículos de cuidado infantil, que serán distribuidos a través de su alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), red que se encarga de coordinar el acopio, el transporte y la entrega a las comunidades priorizadas.Para la compañía, la participación en este corredor humanitario hace parte de una estrategia de apoyo directo a las poblaciones más vulnerables en medio de la crisis climática. “Unirnos a este esfuerzo colectivo nos permite contribuir en una situación tan difícil que atraviesan varias regiones del país”, señaló Silvia Juliana Rueda, vicepresidenta de asuntos corporativos de la empresa.
Las tropas del Batallón de Infantería de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir dos artefactos explosivos improvisados que fueron instalados en una vía terciaria de la vereda El Pescado en el municipio de Briceño.Lo que explica la fuerza pública es que en esta zona del Norte antioqueño se realizó este procedimiento que permitió neutralizar el accionar criminal del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que pretendían atentar contra la población civil.Además, el Ejército Nacional aseguró que la injerencia del frente 36 no solo afecta la tranquilidad de los pobladores, sino que también golpea fuertemente las operaciones militares para poder contrarrestar la disputa territorial de las disidencias de alias 'Calarcá, Clan de Golfo y ELN.Hay que mencionar que no es el único procedimiento que se hizo recientemente en esta zona de Antioquia, ya que se logró ubicar cuatro artefactos explosivos que fueron instalados a cerca de 500 metros del corregimiento Charcón de Liberia en el municipio de Anorí.Según mencionaron desde las Fuerzas Militares, los explosivos fueron destruidos de manera controlada luego de determinar que, al parecer, los elementos fueron instalados por integrantes del Frente Capitán Mauricio del ELN.Por ahora las autoridades a nivel departamental y la Fuerza Pública buscan fortalecer los operativos en esta zona para poder mitigar los posibles riesgos que se generan con este tipo de explosivos y que eventualmente pueden generar graves daños tanto en uniformados como en la misma población civil.
En medio de la emergencia por inundaciones que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, hizo un llamado a la solidaridad y a la coordinación institucional, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo negara una solicitud para agilizar el traslado de recursos destinados a la atención de los damnificados.La iniciativa buscaba permitir, por seis meses y exclusivamente en el marco de la calamidad pública, mayor flexibilidad para mover recursos hacia áreas críticas como alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas. La propuesta no contemplaba nuevos recursos ni endeudamiento, sino reducir trámites que pueden tardar hasta diez días.“Si hoy tuvieras el agua a la cintura, ¿esperarías 10 días para que alguien firme un trámite? Eso fue lo que intentamos evitar. Es mi deber decir con claridad que en una emergencia la rapidez en la ejecución puede marcar una diferencia real para las familias afectadas. El tiempo hoy significa alimentación. Significa techo. Significa seguridad. Significa dignidad. Significa también educación”, expresó el mandatario local al explicar el alcance del proyecto.Kerguelen afirmó que, aunque respeta el análisis jurídico presentado por la Comisión de Presupuesto, la administración continuará actuando dentro del marco legal para atender la emergencia y buscará mecanismos que permitan acelerar la respuesta institucional.“Hay instituciones educativas afectadas. Hay calendarios escolares que requieren atención urgente para no seguir retrasando el proceso académico. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades para muchas familias. Como alcalde, mi prioridad es la gente. Y vamos a seguir actuando dentro del marco legal para atender esta emergencia con la mayor eficiencia posible”, indicó Kerguelen.La Alcaldía recordó que esta emergencia ha afectado a más de 40 mil familias que permanecen fuera de sus hogares y que se necesita atención social especialmente en barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo.Kerguelen aseguró que seguirá gestionando los traslados presupuestales necesarios y que insistirá en herramientas que faciliten una atención más rápida y eficaz a las comunidades afectadas por las inundaciones.
En Buenaventura, por orden del Ministerio de Defensa, se le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil el traslado de 14 puestos de votación de zona rural, que tuvieron que ser reubicados por razones de orden público. Mientras tanto, en el resto del departamento y en ciudades como Cali, la jornada ha transcurrido con total normalidad.A través de algunos videos que circulan en redes sociales, se puede observar cómo las personas hacen largas filas sin avances para lograr votar en los diferentes puestos habilitados en Buenaventura, Valle del Cauca, tras la reubicación de mesas.“Estamos dando absolutamente todas las garantías para la consulta que se celebra hoy, domingo 26 de octubre. Estamos en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con todas las autoridades, garantizando este proceso democrático en total paz y efectividad”, dijo Fernando Grillo, secretario de Gobierno de Cali.Desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cali, se monitorea minuto a minuto lo que sucede en los 332 puestos de votación habilitados en la ciudad y el área metropolitana, en municipios como Candelaria, Jamundí y Yumbo.“Estamos en el Puesto de Mando Unificado con la Gobernación del Valle, con toda la Fuerza Pública, con la Registraduría y, por supuesto, con todos los entes de control, para decirle a los caleños que hemos garantizado todas las condiciones para las elecciones del día de hoy. Esperamos un resultado positivo para toda la ciudad. Nuestra Policía ha desplegado a más de 1.200 hombres y mujeres para el acompañamiento”, señaló Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.Cabe recordar que en el Valle del Cauca hay habilitadas más de 270 mesas de votación y, solo en Cali, están inscritas 857.000 personas para participar en esta consulta que también se realiza en otras ciudades del país.¿Por qué hay largas filas en jornada electoral de consulta del Pacto Histórico para votar en Buenaventura?Tras conocerse una denuncia de la comunidad de Buenaventura sobre la falta de mesas en los puestos de votación, las autoridades departamentales confirmaron que las demoras y congestiones durante la jornada electoral se deben a que algunas mesas de la zona rural tuvieron que ser trasladadas al casco urbano. Esta situación incrementó el número de votantes en los puntos del distrito y actualmente es atendida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.“Al realizarse el traslado de puestos de votación y concentrarlos en la zona urbana por decisión de la entidad nacional, se generó congestión y largas filas en los puestos. La Registraduría ha estado activando otras capacidades para atender a los ciudadanos que llegan en este momento a ejercer su derecho al voto. Estas mesas pertenecen a diferentes sectores rurales; fueron alrededor de 16 las que tuvieron que ser reubicadas”, explicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Justicia del Valle.
Se trata del teniente coronel Efrén Blanco Quintero, quien en las últimas horas fue reportado por sus familiares como desaparecido tras salir de Tuluá, Valle del Cauca, rumbo al municipio de Trujillo.El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, confirmó que el oficial retirado, quien en su carrera fue comandante en Palmira y Chocó, aún no ha sido localizado desde el momento en que emprendió su desplazamiento.“La Policía Nacional dispuso un equipo especial para la búsqueda y recolección de información que permita dar con su paradero. Están habilitadas las líneas contra el crimen 314-358-7212 y la línea de atención 123”, dijo Astaiza.Es por esta razón que, desde el primer momento, unidades policiales y organismos de socorro de la región están realizando diferentes operativos en el centro del Valle del Cauca para ubicar su paradero y esclarecer los hechos que rodean su desaparición.
En una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército Nacional fueron inmovilizados insumos valorados en más de dos mil millones de pesos durante acciones en los departamentos de Bolívar y Chocó.De acuerdo con el reporte, los Batallones Fluviales de Infantería de Marina No. 16 y 17 realizaron la incautación de 9.300 galones de ACPM y 35 toneladas de cemento en los municipios de Pinillos (Bolívar) y Quibdó (Chocó).El material era transportado sin los certificados de carencia y registro exigidos para el manejo de sustancias químicas controladas, lo que lo convierte en un insumo clave dentro de las actividades ilegales.“Con esta operación se logra afectar directamente la cadena logística de las organizaciones al servicio del narcotráfico, que emplean estos insumos para la producción de alcaloides y la minería ilegal”, señaló la Brigada de Infantería de Marina No. 1 en un comunicado oficial.Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de mantener operaciones sostenidas en todo el territorio nacional para contrarrestar los delitos que financian la violencia y afectan el medioambiente. También hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera oportuna cualquier actividad ilícita ante las autoridades competentes.
Se trata de alias 'Benito', de la banda delincuencial 'La Inmaculada', quien fue capturado en zona urbana del municipio de Tuluá, en un gigantesco operativo realizado en el casco urbano de este municipio vallecaucano.Este hombre fungía como coordinador y perfilador de víctimas con alta capacidad económica, a quienes realizaba exigencias extorsivas. Para ello, utilizaba diferentes métodos de intimidación y amenazas con armas de fuego."Este hombre amenazaba a sus víctimas y las intimidaba de tal manera que las obligaba a pagar hasta $100 millones de pesos mensuales en el centro del departamento del Valle. También era el encargado de realizar extorsiones. La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, continúa desarrollando acciones investigativas y operativas para desmantelar por completo esta organización criminal y proteger la vida e integridad de los ciudadanos", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle.Las investigaciones permitieron establecer que este individuo delinquía bajo las órdenes directas de alias 'Pipe Tuluá', cabecilla principal del GDCO 'La Inmaculada', estructura criminal dedicada a la extorsión, el tráfico de estupefacientes y otros delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de los tulueños.
En el departamento del Chocó, la Armada de Colombia rescató a dos personas que habían sido secuestradas, presuntamente por integrantes del ELN, en zona rural del municipio de Docordó. El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 durante un control de rutina sobre el río San Juan.Las autoridades detectaron una embarcación con cinco ocupantes que se desplazaba de forma sospechosa. Al intentar verificar la situación, tres de los sujetos se lanzaron al agua y huyeron hacia el casco urbano, mientras las dos personas restantes pidieron ayuda y denunciaron que minutos antes habían sido sacadas a la fuerza de su residencia y obligadas a abordar la lancha en contra de su voluntad.“Las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 logran la liberación de dos personas las cuales habían sido secuestradas al parecer por el GAO ELN. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todas las poblaciones sobre el río San Juan”, aseguró el coronel de Infantería de Marina Ricardo Visbal Heilbut, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.Durante la inspección, las autoridades hallaron seis cartuchos calibre 38 y se presume que uno de los fugitivos portaba un arma de fuego. Las dos personas liberadas recibieron acompañamiento del personal militar y del inspector de la Policía de Docordó para formalizar la denuncia ante la Fiscalía.La Armada reiteró que continuará con sus operaciones fluviales en esta zona del Chocó, con el fin de contrarrestar los delitos asociados a los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades que habitan a orillas del río San Juan.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.