La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.
La comunidad de la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, continúa siendo intimidada por integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que además de exigir la realización de asonadas contra el Ejército, están ingresando a las instituciones educativas para reclutar menores de edad.Esta situación se está registrando principalmente en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, donde miembros de este grupo armado se infiltran como estudiantes, para ganarse la confianza de los jóvenes y así convencerlos de unirse a sus filas, además, utilizan las redes sociales como Facebook y Tik Tok, para cautivar a los menores."Esta situación de reclutamiento es de conocimiento de la administración municipal desde el 2023. Las actuaciones han sido pocas porque la institucionalidad no hace presencia de manera permanente en estos territorios, porque realmente no pueden. Si fuera así, no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos. Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio", señaló Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.Según esta fundación, en los últimos tres años se pasó de 76 reportes de jóvenes reclutados en Jamundí, a superar los 300 casos, todos han sido debidamente denunciados, documentados y evidenciados ante las autoridades judiciales, para que se avance en las investigaciones correspondientes.Ante esta situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió la colaboración de la comunidad especialmente en la denuncia de estos casos, teniendo en cuenta que la información suministrada de manera oficial es la que permite tener un panorama más claro para las indagaciones."Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les de miedo porque aquí lo que necesitamos es información", señaló la mandataria vallecaucana.Las autoridades aseguran que la ofensiva militar se mantiene en la zona rural alta de Jamundí para recuperar el control territorial. Mientras que la comunidad exige garantías de seguridad para poder realizar las respectivas denuncias.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
A pocas horas de confirmarse la muerte del menor de 16 años en Gachancipá, estudiante de primer semestre de la Universidad El Bosque, identificado como Cristian Sneyder Marín, continúan conociéndose nuevos detalles del caso.Según confirmó la madre del joven a Noticias Caracol, Cristian había obtenido una beca tras lograr el mejor puntaje Icfes de su colegio, lo que le permitió ingresar a estudiar Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque.En medio del dolor, la madre aseguró que se trataría de una muerte en la que podrían estar involucradas más personas. Por su parte, la hermana del menor afirmó que su madre recibió mensajes en los que aseguraban tener a Cristian y solicitaban cerca de dos millones de pesos para devolverlo.La desaparición se registró en horas de la mañana de este lunes 16 de febrero, luego de que el joven saliera de su vivienda con destino a la universidad para cumplir con su jornada habitual. Sin embargo, nunca volvió a responder los mensajes enviados por su familia.La madre relató cuál fue la última conversación que sostuvo con su hijo: “Mami, nos vemos”. A lo que ella respondió: “Bueno, que la Virgen te proteja”.Tras varias llamadas sin obtener respuesta, hacia las 6:00 de la tarde la madre acudió a la Policía para reportar la desaparición. Posteriormente, el equipo del Ojo de la Noche acompañó a la familia en la búsqueda.Una de las pistas clave fue el teléfono celular del menor, cuya ubicación permanecía activa, lo que permitió rastrear su último punto de localización. Familiares, amigos y su pareja se desplazaron hasta Gachancipá, donde figuraba el último registro del dispositivo, y allí encontraron el cuerpo sin vida del joven. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.Tras conocerse diversas hipótesis sobre lo ocurrido, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y entregó nuevos detalles. “Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, indicó.Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor Cristian Sneyder Marín.
Avanza la investigación por la muerte de Cristian Martín, el joven estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Gachancipá tras haber salido en la madrugada rumbo a su jornada académica en Bogotá.El menor había salido de su vivienda a las 4:40 de la mañana rumbo a su jornada académica en la Universidad El Bosque, como lo hacía habitualmente, pero horas después dejó de responder su celular, aunque permanecía encendido. La geolocalización del dispositivo condujo a su familia hasta ese municipio de Cundinamarca, donde finalmente fue encontrado sin vida hacia la 1:15 de la madrugada en zona montañosa.¿Cómo murió Cristian Martín?Después del hallazgo, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y reveló una hipótesis preliminar basada en los primeros reportes conocidos por la administración local.López aseguró que el reporte preliminar indica que en el cuerpo no se evidenciaron signos de violencia.“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario.¿Qué pasó?Martín salió de su vivienda a las 4:40 de la mañana, como lo hacía habitualmente, para dirigirse a su jornada académica. Se despidió de su madre y le dijo que regresaría en la noche, aunque no sabía si alcanzaría a ir a almorzar.Durante la mañana y la tarde no volvió a responder llamadas. Aunque el celular permanecía encendido, no contestaba. Ante la preocupación, su familia revisó información en el correo del portátil del joven y logró ubicar la geolocalización del dispositivo, que marcaba el municipio de Gachancipá, a cerca de 50 minutos de Bogotá.La familia se trasladó hasta la estación de Policía del municipio y, junto con uniformados, inició la búsqueda en la zona montañosa donde señalaba el celular. Hacia la 1:15 de la madrugada fue hallado sin signos vitales en área boscosa.El joven cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. Según relataron sus familiares, había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES de su colegio, lo que le permitió acceder a una beca.Personas cercanas indicaron que era un joven tranquilo y que no tenía conflictos conocidos.Aunque el alcalde habló de un posible suicidio con base en información preliminar, el caso continúa bajo investigación para determinar oficialmente la causa de la muerte.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, denunció un incidente en el consejo de seguridad realizado en Palmira (Valle del Cauca), donde asegura que a uno de sus colaboradores le borraron material audiovisual.“Estamos pensando en colocar denuncias penales por el caso. A uno del equipo de comunicaciones le quitaron el celular y borraron los videos, incluso de eliminados. Eso es muy grave”, señaló el congresista en diálogo con Mañanas Blu de Blu Radio.De acuerdo con López, los equipos de comunicaciones de la Gobernación y de algunas alcaldías registraban las intervenciones de cada participante, pero su equipo fue víctima de este hecho.El presidente de la Cámara también criticó las medidas de seguridad implementadas en el Valle. Aseguró que el Gobierno nacional y las autoridades locales se han limitado a acciones superficiales: “Se han dedicado es a soluciones cosméticas: entregar carros y algunas motos, comprar material de inteligencia… pero sin estrategia de fondo”.López cuestionó además la labor de la gobernadora Dilian Francisca Toro, a quien acusó de priorizar acciones políticas sobre la seguridad: “Dilian responde por todo el departamento. Se ha metido a entregar cuanta cosa politiquera en las comunas de Cali. Ella es responsable y tiene que trabajar de manera articulada con lo que ocurre en Cali, Palmira, Buga y Buenaventura”.El congresista no ocultó su inconformidad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “Me dejó desilusionado el MinDefensa. Espero que reconfigure la estrategia en el Valle del Cauca, porque seguimos en lo mismo con delitos como asesinatos y hurtos. El ministro que deje de ser comité de aplausos de Dilian y se dedique a trabajar”.Finalmente, López recordó que la crisis de seguridad en la región no es nueva, pues lleva más de una década. Aunque reconoció avances en la reducción de desigualdades por parte del Gobierno nacional, advirtió que la estrategia en materia de seguridad sigue siendo deficiente.
Conmoción generó en el norte del Valle del Cauca el homicidio del joven Jerónimo Castaño, de 16 años, estudiante de grado once de la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla, del municipio de La Victoria, quien fue atacado a disparos a las afueras de su casa.El crimen fue perpetrado por dos hombres jóvenes que llegaron hasta el sector donde residía el menor y, después de dispararle, intentaron huir a bordo de una motocicleta; sin embargo, gracias a la rápida reacción de las autoridades, fueron capturados metros más adelante. Aunque la familia de la víctima lo trasladó al hospital, falleció minutos después.“Rechazamos el vil asesinato del estudiante Jerónimo Castaño Martínez. La violencia arrebata la vida de un joven que tenía grandes sueños por cumplir, y esto nos golpea como sociedad de manera profunda. Nuestra solidaridad con su familia. Pedimos celeridad en la investigación, pues sus victimarios fueron capturados”, indicó Ana Milena Ortiz Sánchez, subsecretaria de Calidad Educativa del Valle.En el momento de la captura se identificó que los agresores tenían 18 y 17 años de edad; además, se les incautó un arma de fuego tipo revólver y el vehículo en el que pretendían huir.“Con este asesinato son ya más de seis los casos que se suman en nuestro departamento de estudiantes de nuestras instituciones educativas que han sido asesinados este año. Pedimos justicia y solicitamos que las autoridades actúen con diligencia”, finalizó la subsecretaria.
Hay tensión entre los habitantes de la comuna 21 de Cali por el regreso del 'güireo' a la zona. Esta es una práctica en la que menores de edad, usualmente de barrios distintos, se enfrentan entre sí, utilizando piedras, palos, en algunas ocasiones machetes y hasta armas de fuego.El más reciente episodio inició como una pelea entre dos jovencitas al lado de una cancha; sin embargo, los ánimos llegaron al punto de desatar toda una disputa entre decenas de personas en plena calle.Tras esta situación las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia del oriente de la ciudad para trabajar en conjunto y así ponerle fin al 'güireo' en el sector, complementando las acciones que ya se adelantan en los territorios."No es solamente una responsabilidad de nosotros como autoridades, los padres de familia, las comunidades organizadas necesitamos seguir trabajando para contener estas actividades de 'güireo' y chacaleo que solamente afectan la seguridad de nuestros niños y niñas", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.Inicialmente en estos enfrentamientos participaban hombres jóvenes entre los 14 y 17 años, sin embargo, en los más recientes casos se ha evidenciado la participación de mujeres adolescentes y hasta niños.Las autoridades incrementarán los operativos con la Policía de Infancia y Adolescencia, las Comisarías de Familia y el ICBF para intervenir a tiempo estos hechos y evitar más riesgos para los menores de edad.
Luego de conocer las denuncias de las comunidades de los corregimientos de San Antonio y Villacolombia, en la parte alta de Jamundí, Valle del Cauca, que aseguran están siendo extorsionadas por disidentes de la estructura 'Jaime Martínez' para construir de una nueva vía hacia el sector, las autoridades anunciaron que esta obra se adelantará de manera legal.Esto con el propósito de atender las necesidades de la comunidad y también evitar que el grupo armado les sigan cobrando estas extorsiones. Es entonces que, para garantizar que la cuadrilla que adelantará la obra no sea afectada, la Policía se encargará de custodiar esta intervención vial."Bueno y cualquier riesgo que se dé en el marco de la construcción de esta vía que anuncia la señora gobernadora, estamos dispuestos a acompañar, a identificar cualquier amenaza. Cualquier delincuente que se proponga efectuar alguna acción criminal, podremos identificarlo, judicializarlo", señaló el subdirector de la Policía Nacional, el general Rosemberg Novoa.Las autoridades aseguran que una de las dificultades que se tiene para identificar a los responsables de estas extorsiones en la zona es que los disidentes se visten de civil y pasan desaparecidos entre la comunidad, por lo que piden que se denuncie tanto a personas como números desde donde se estén haciendo exigencias de dinero."Yo hablé con el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Descanso, que es el sector donde iniciaría la vía y nos pusimos de acuerdo desde la Gobernación, con la comunidad, para hacer la carretera hasta San Antonio", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Pasajeros de un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Cali, en el Valle, y los municipios de San Pablo y La Cruz, en el norte de Nariño, fueron testigos a plena luz del día del robo a mano armada a un transportador por parte de hombres fuertemente armados que instalaron un retén ilegal en la vía Panamericana que del Cauca comunica, vía terrestre, con Nariño.En un video de 30 segundos que circula en las redes sociales se puede ver a varios hombres portando armas de largo alcance y desviando una tractomula que, de acuerdo con los casuales testigos, hurtaron la carga que llevaba, cuyo contenido se desconoce.Según las declaraciones que entregaron los testigos a las autoridades, el conductor, al parecer, fue obligado a huir con los hombres armados que vestían de civil y apuntaban ante los indefensos conductores de motos y carros que a esa hora hacían tránsito por la carretera internacional.El hecho se registró pasadas las siete de la mañana de este domingo 28 de septiembre en el sitio conocido como La Fonda, sin que hasta el momento las autoridades del Cauca hayan entregado un reporte de lo sucedido.Un vocero local que pidió reserva de su identidad dijo que fueron minutos de pánico, porque cuando uno de los tres hombres armados con fusiles se dio cuenta de que los estaban grabando con los celulares, no dudó un instante en apuntar su arma, lo que produjo temor entre los pasajeros, que de inmediato escondieron sus teléfonos móviles.Transportadores de carga, de servicio de pasajeros y conductores particulares han manifestado que el tramo vial entre el sur del Cauca y el norte de Nariño está a merced de la delincuencia, a pesar de los continuos anuncios de las fuerzas militares y de Policía de que se han incrementado los operativos y la presencia en puntos neurálgicos de la carretera internacional que permite el tránsito terrestre entre Colombia y Ecuador.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
Desde hace varios meses, habitantes de los barrios San Judas y Villa del Sur, en el sur de Cali, vienen denunciando el hallazgo constante de gatos muertos en diferentes puntos de estos sectores. Según los residentes, las alertas fueron puestas en conocimiento de las autoridades desde los primeros casos, sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta clara ni acciones visibles frente a la situación.La preocupación ha crecido entre la comunidad, que teme que detrás de estas muertes pueda existir maltrato sistemático. Entre las hipótesis que circulan están posibles envenenamientos, uso de los animales en prácticas esotéricas o incluso ataques por parte de personas en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.El activista y defensor de los derechos de los animales Terry Hurtado señaló que la situación debe ser investigada con celeridad y pidió a las autoridades ambientales y a la Policía Ambiental adelantar las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Por su parte, el concejal Roberto Ortiz hizo un llamado a los organismos competentes para que atiendan las denuncias de la comunidad y garanticen la protección de los animales en estos sectores del sur de la capital vallecaucana.Los habitantes esperan un pronunciamiento oficial que permita conocer las causas de estas muertes y, de ser el caso, la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación colombiana contra el maltrato animal. Entre tanto, la situación continúa generando consternación y preocupación entre los vecinos.
Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' nuevamente pretendían atacar a la Fuerza Pública en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. En el corregimiento de San Vicente, ubicado a 20 minutos del casco urbano del municipio, fueron encontrados dos cilindros acondicionados con explosivos, ubicados en la misma zona donde días atrás fueron instaladas dos banderas alusivas a este grupo armado.Una vez hallados estos artefactos, la zona fue completamente acordonada para evitar que la vida de la población civil estuviera en riesgo. Durante varias horas, expertos antiexplosivos se encargaron de verificar el sector para proceder con la detonación controlada de estos elementos. "Nos encontramos realizando operaciones ofensivas contra la estructura 'Jaime Martínez'. Se ubican, localizan y destruyen dos explosivos improvisados tipo cilindro de 60 libras, igualmente se retira la bandera alusiva a esa organización criminal", aseguró el sargento segundo Reinaldo Loaiza, comandante de Pelotón del Batallón de Infantería Liviana No.8.El despliegue de las tropas del Ejército se mantiene, a pesar de la última asonada registrada días atrás, donde comunidades campesinas expulsaron a los militares que se encontraban adelantando acciones ofensivas en los corregimientos de Ampudia y Timba.
Las autoridades en Cali tratan de esclarecer el más reciente asesinato de un menor, ocurrido en el centro de la capital vallecaucana. El hecho se registró en inmediaciones del barrio Sucre, cuando el joven de 17 años, junto a otras dos personas se movilizaban en una camioneta, fueron interceptados por los sicarios, quienes dispararon en varias ocasiones.Según los reportes preliminares, al parecer, el ataque iba dirigido contra el padre del menor, quien se encontraba en el mismo vehículo, y quien sería uno de los heridos que fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque."Este no es un hecho aislado, es una realidad que se repite y que como sociedad no podemos seguir tolerando. Expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Exigimos respuestas inmediatas, una investigación efectiva y la judicialización de los responsables", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Lo que mayor alerta genera entre las autoridades, es que este es el tercer menor de edad asesinado en el Valle del Cauca en la última semana, el segundo en Cali. Justo el fin de semana, una pequeña de siete años de edad perdió la vida en medio de una balacera, en el municipio de Versalles, en este hecho también fue asesinado un adulto."Hemos anunciado una recompensa de hasta 30 millones de pesos que nos permita ubicar a los delincuentes que asesinaron a esta persona y a esta niña”, indicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.Sigue siendo preocupante estos hechos de violencia en la ciudad de Cali, pues este año ya se registran más de 120 homicidios. Entre las víctimas hay por lo menos 10 menores de edad.