La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.
La comunidad de la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, continúa siendo intimidada por integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que además de exigir la realización de asonadas contra el Ejército, están ingresando a las instituciones educativas para reclutar menores de edad.Esta situación se está registrando principalmente en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, donde miembros de este grupo armado se infiltran como estudiantes, para ganarse la confianza de los jóvenes y así convencerlos de unirse a sus filas, además, utilizan las redes sociales como Facebook y Tik Tok, para cautivar a los menores."Esta situación de reclutamiento es de conocimiento de la administración municipal desde el 2023. Las actuaciones han sido pocas porque la institucionalidad no hace presencia de manera permanente en estos territorios, porque realmente no pueden. Si fuera así, no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos. Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio", señaló Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.Según esta fundación, en los últimos tres años se pasó de 76 reportes de jóvenes reclutados en Jamundí, a superar los 300 casos, todos han sido debidamente denunciados, documentados y evidenciados ante las autoridades judiciales, para que se avance en las investigaciones correspondientes.Ante esta situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió la colaboración de la comunidad especialmente en la denuncia de estos casos, teniendo en cuenta que la información suministrada de manera oficial es la que permite tener un panorama más claro para las indagaciones."Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les de miedo porque aquí lo que necesitamos es información", señaló la mandataria vallecaucana.Las autoridades aseguran que la ofensiva militar se mantiene en la zona rural alta de Jamundí para recuperar el control territorial. Mientras que la comunidad exige garantías de seguridad para poder realizar las respectivas denuncias.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Desde hace varios meses, habitantes de los barrios San Judas y Villa del Sur, en el sur de Cali, vienen denunciando el hallazgo constante de gatos muertos en diferentes puntos de estos sectores. Según los residentes, las alertas fueron puestas en conocimiento de las autoridades desde los primeros casos, sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta clara ni acciones visibles frente a la situación.La preocupación ha crecido entre la comunidad, que teme que detrás de estas muertes pueda existir maltrato sistemático. Entre las hipótesis que circulan están posibles envenenamientos, uso de los animales en prácticas esotéricas o incluso ataques por parte de personas en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.El activista y defensor de los derechos de los animales Terry Hurtado señaló que la situación debe ser investigada con celeridad y pidió a las autoridades ambientales y a la Policía Ambiental adelantar las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Por su parte, el concejal Roberto Ortiz hizo un llamado a los organismos competentes para que atiendan las denuncias de la comunidad y garanticen la protección de los animales en estos sectores del sur de la capital vallecaucana.Los habitantes esperan un pronunciamiento oficial que permita conocer las causas de estas muertes y, de ser el caso, la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación colombiana contra el maltrato animal. Entre tanto, la situación continúa generando consternación y preocupación entre los vecinos.
Montería será escenario de un encuentro clave para las regiones. La cumbre, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, busca no solo expresar solidaridad, unión y compromiso con Córdoba y su población afectada por la actual emergencia invernal, sino también construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los territorios en materia de gestión del riesgo de desastres.Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con los mecanismos de atención inmediata, mitigación y recuperación de los sectores productivos, la infraestructura vial y el tejido social impactado por las lluvias. Asimismo, se discutirá la articulación entre instituciones como herramienta fundamental para poder responder de manera eficaz a las emergencias ambientales que golpean a distintas regiones del país.El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los mandatarios departamentales y al Gobierno nacional para construir una hoja de ruta que permita acelerar la recuperación del departamento y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. “Esta emergencia necesita de varias etapas, la primera: la atención de la emergencia urgente y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y de los daños”, señaló.La agenda también incluirá discusiones sobre paz electoral, garantías para el voto libre en las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales.Se espera la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entre otros altos funcionarios.
Más de 11 millones de colombianos afectados por el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” podrían beneficiarse de una propuesta que busca ofrecer alternativas legales y sostenibles de financiamiento.La iniciativa, presentada por Aníbal Gaviria, plantea un modelo de crédito con tasas de interés más justas y mecanismos de acceso para pequeños empresarios, emprendedores y familias que hoy no cuentan con respaldo del sistema financiero formal.El documento propone modificar el esquema actual de la tasa de usura —el tope máximo de interés permitido por la ley— para pasar de una tasa única general a una tasa personalizada por usuario. Este cambio permitiría reducir el costo de los créditos tanto para quienes recurren a préstamos informales como para quienes tienen obligaciones financieras más altas en la banca tradicional.“Hoy existe una tasa de usura igual para todos, lo que termina excluyendo a millones de personas del crédito formal. Con una tasa diferenciada, se busca que quienes tienen menos capacidad de pago puedan acceder a préstamos legales y seguros”, explicó Gaviria durante la presentación de la propuesta.El “gota a gota”, modalidad de préstamo ilegal que puede alcanzar intereses de hasta el 500 %, afecta a sectores de bajos ingresos, pequeños comercios y trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones citadas en el documento, su impacto no solo compromete la estabilidad económica de las familias, sino que también fortalece estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y al lavado de dinero.La propuesta también incluye mecanismos de acompañamiento financiero y fortalecimiento de las entidades de crédito público y cooperativo, con el fin de ampliar la cobertura y reducir los riesgos asociados al endeudamiento ilegal.En el ámbito económico, la iniciativa prevé que tasas más razonables y créditos accesibles impulsen la formalización de pequeños negocios, la generación de empleo y la dinamización de la economía local.Según el equipo técnico que respalda el proyecto, se trata de una medida estructural que busca equilibrar el acceso al crédito, reducir la dependencia del sistema informal y proteger a los usuarios financieros más vulnerables del país.
El Grupo Volkswagen estudia aplicar nuevos recortes de costes que podrían alcanzar un 20 % adicional, según informó la revista alemana Manager Magazin, en medio de una de las mayores crisis que ha atravesado la compañía en los últimos años.A finales de 2024, el grupo pactó con los sindicatos el despido de hasta 35.000 trabajadores hasta 2030 y acordó valorar el posible cierre de alguna de sus fábricas en Alemania.¿Por qué Volkswagen quiere recortar un 20 % más sus gastos?Según la revista económica, la marca estaría buscando un recorte adicional del 20 %, que se sumaría a los ahorros ya implementados.Volkswagen alcanzó recientemente un acuerdo con Amazon para ahorrar hasta 1.000 millones de euros en sus fábricas en los próximos años. Sin embargo, ese ajuste no sería suficiente.Además, la compañía puso en marcha hace tres años un programa de reducción de costes que, según declaró un portavoz citado por Reuters, ha permitido recortar “decenas de miles de millones de euros”.De acuerdo con ese portavoz, estos ajustes ayudaron al grupo a superar “contratiempos geopolíticos” como los aranceles a los coches producidos fuera de Estados Unidos impuestos por la administración de Donald Trump, así como la creciente competencia en el mercado chino.¿Qué fábricas podría cerrar Volkswagen?La revista alemana señala que, a mediados de enero, el consejero delegado Oliver Blume y el director financiero Arno Antlitz presentaron a los directivos del grupo un plan a medio plazo durante una reunión privada.Ese plan incluiría “grandes” ahorros que podrían alcanzar un 20 % adicional y contemplar el cierre de alguna de sus fábricas, una posibilidad que ya se había planteado a finales de 2024.No obstante, la publicación no detalla en qué plantas podrían producirse esos recortes.¿Volkswagen mantendrá su apuesta por los carros eléctricos?Pese al ajuste de costes, el grupo no renuncia a su estrategia de electrificación. Según declaraciones recogidas por Reuters, un portavoz de la compañía afirmó:“Independientemente de los acontecimientos políticos o regulatorios, el Grupo Volkswagen sigue comprometido con su plan de transformación a largo plazo [hacia los eléctricos]”.El portavoz también señaló que, como empresa global, el grupo tiene en cuenta las condiciones específicas de cada mercado en su planificación estratégica y cumple con los requisitos regulatorios en todos los países.Mientras tanto, Volkswagen continúa centrado en sus próximos lanzamientos de eléctricos pequeños, como el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Polo, que se fabricarán en España.
En la vereda Bocas de Albín, zona rural de Barbacoas, Nariño, tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional, destruyeron un laboratorio de producción de cocaína perteneciente a las disidencias de las FARC, estructura Iván Ríos.El complejo, compuesto por nueve subestructuras, tenía capacidad de producir hasta cuatro toneladas mensuales de cocaína y estaba avaluado en 10.000 millones de pesos. Durante la operación fueron hallados 1.615 kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 1.000 galones de base en suspensión, cerca de 1.000 galones de cocaína líquida, además de insumos químicos como ácido sulfúrico e hidrocarburos.Según información de inteligencia militar, el grupo armado mantenía nexos con carteles mexicanos, a través de los cuales movilizaban cargamentos de droga desde el Pacífico colombiano, utilizando rutas costeras en Ecuador hasta llegar a México y Estados Unidos.Con esta acción, las Fuerzas Militares evitaron que circularan aproximadamente 1,6 millones de dosis de cocaína en el mercado ilegal, reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y las economías ilícitas en el país.
Tras el consejo de seguridad realizado en Palmira que tenía como enfoque principal la atención de la fuerza pública al sur y el occidente del Valle del Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de la preocupación que le produce la actual crisis de orden público que se vive en Buenaventura.Hay que recordar que en el mes de abril ya se había implementado un plan de choque para mitigar el número de homicidios en el distrito, el cual tuvo resultados hasta la última semana, donde nuevamente se recrudeció la guerra entre 'Shottas' y 'Espartanos'.El ministro confirmó que antes de finalizar este año llegarán nuevos miembros de la fuerza pública para contrarrestar las diferentes acciones delictivas en el puerto, además del refuerzo de las capacidades tecnológicas de las autoridades en el distrito."En Buenaventura ha vuelto ese factor de inestabilidad a pesar de los esfuerzos, por ello, además de los policías que había anunciado la gobernadora, llegará un destacamento de Gaula Militar y también se fortalecerán y se enviarán fuerzas especiales, aunadas con un radar que permitirá un mejor control en ese puerto", indicó el ministro de Defensa.Son en total 200 hombres de la Policía los que llegarán a Buenaventura en el mes de diciembre, sumados al primer refuerzo que se anunció días atrás de 500 policías. Por su parte la Armada enviará desde el Caribe, tres buques para controles marítimos y 11 botes para hacer recorridos en los ríos de la región.En este consejo también se anunció un plan de choque para el corredor de los municipios de Pradera, Florida, Palmira, Candelaria y Cali, una conexión directa que tiene la región con el departamento del Cauca.
En el batallón Agustín Codazzi de Palmira se desarrolló, en la tarde de este sábado, 27 de septiembre, un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para discutir los avances de la ofensiva contra el terrorismo que se adelanta en el Valle del Cauca.El encuentro se centró en la seguridad del sur del departamento, específicamente en el corredor que conecta a los municipios de Pradera, Florida, Candelaria, Palmira y Cali, así como en el orden público en Dagua y Buenaventura.El ministro de Defensa aseguró que en la región se vive “una guerra híbrida compuesta por narcotráfico, microtráfico, minería ilegal y contrabando”. Indicó además que existen diferentes objetivos criminales a combatir, entre ellos grupos armados ilegales y bandas delincuenciales.Con el objetivo de restablecer la seguridad en la región, se anunció un segundo plan de choque en Buenaventura y el primero en el sur del Valle, que incluye el fortalecimiento de la fuerza pública y acciones de inteligencia.“Avanza ya, en fase de planeación, un plan de choque en Pradera, Florida y también en Palmira, que esperamos se ejecute con total efectividad y lo más rápido posible. Pero hay que aclarar: la inteligencia en las operaciones no se puede ir narrando como un partido de fútbol, porque se pierde uno de los valores fundamentales, que es la sorpresa”, señaló el ministro Sánchez.La situación de orden público en Buenaventura es la más preocupante para las autoridades debido al aumento de homicidios en los últimos días. Por ello, a los 500 policías que ya se habían confirmado para reforzar la seguridad en el distrito, se sumarán 200 miembros adicionales de la fuerza pública.Asimismo, llegarán al Pacífico vallecaucano tres buques para controles marítimos y 11 botes para vigilancia y patrullajes en los ríos, con el fin de blindar la región tanto por tierra como por agua.
Unidades del Gaula Militar y demás autoridades del Valle del Cauca rescataron a dos jóvenes secuestrados en la zona rural de Buenaventura. El hecho se registró en el sector de Zabaletas, en inmediaciones de la antigua vía al Mar, cuando la camioneta en la que se movilizaban las víctimas fue interceptada por otro vehículo cuyos ocupantes se encontraban armados.Los delincuentes les robaron la camioneta y sus pertenencias, y los llevaron amarrados a una zona boscosa. Minutos después, se comunicaron con las familias de las víctimas y exigían una alta suma de dinero por su liberación. Sin embargo, se hizo la denuncia ante las autoridades y se logró adelantar el operativo de rescate.El personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, aseguró que este es un caso más de los secuestros exprés adelantados por grupos armados en la zona rural del distrito, una práctica que se está haciendo repetitiva en las últimas semanas."Sabemos que la 'Jaime Martínez' tiene incidencia en el corregimiento Ocho, en la parte baja que es zona carreteable, y que unas bandas criminales también aprovechan esta situación. Se están presentando secuestros exprés, en los que a las personas les hurtan las pertenencias y les retiran el poco dinero que tengan en sus cuentas. Efectivamente, esta situación está pasando y se están intensificando los retenes ilegales en este corregimiento", indicó Potes.El personero de Buenaventura está pidiendo una intervención inmediata de las autoridades con la estrategia de Corredores Seguros, teniendo en cuenta que la comunidad que reside en esta zona del distrito depende principalmente del turismo.
Luis Ernesto Sánchez, de 55 años de edad, era un reconocido líder social de la zona rural del municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca, que durante varios años se desempeñó como docente, en la institución educativa del corregimiento de Tenerife.Su trabajo se destacaba por los esfuerzos y acciones que adelantaba con su estudiantes para evitar que fueran víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona, como el frente ‘Adán Izquierdo’ de las disidencias de las Farc, así como el frente 57.Sánchez se encontraba en Cali realizando varias diligencias, y mientras se movilizaba en un taxi por el sur de la ciudad, fue abordado por hombres armados, quienes le dispararon varias veces, y aunque el conductor alcanzó a llevarlo a un centro asistencial, el profesor murió por la gravedad de sus heridas.Las autoridades ya iniciaron la investigación para determinar las causas de este crimen, teniendo en cuenta que el profesor no había denunciado amenazas en su contra. Según Indepaz, Luis Ernesto se convierte en el líder número 150 en ser asesinado en el país en lo corrido de este año."Fue un reconocido líder social y docente, destacado por su trabajo en favor de los derechos de la niñez y la juventud en Tenerife, Valle del Cauca. A través de un aula tecnológica, impulsaba procesos educativos que buscaban motivar a niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados presentes en la zona", indicó Indepaz a través de un comunicado.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' nuevamente pretendían atacar a la Fuerza Pública en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. En el corregimiento de San Vicente, ubicado a 20 minutos del casco urbano del municipio, fueron encontrados dos cilindros acondicionados con explosivos, ubicados en la misma zona donde días atrás fueron instaladas dos banderas alusivas a este grupo armado.Una vez hallados estos artefactos, la zona fue completamente acordonada para evitar que la vida de la población civil estuviera en riesgo. Durante varias horas, expertos antiexplosivos se encargaron de verificar el sector para proceder con la detonación controlada de estos elementos. "Nos encontramos realizando operaciones ofensivas contra la estructura 'Jaime Martínez'. Se ubican, localizan y destruyen dos explosivos improvisados tipo cilindro de 60 libras, igualmente se retira la bandera alusiva a esa organización criminal", aseguró el sargento segundo Reinaldo Loaiza, comandante de Pelotón del Batallón de Infantería Liviana No.8.El despliegue de las tropas del Ejército se mantiene, a pesar de la última asonada registrada días atrás, donde comunidades campesinas expulsaron a los militares que se encontraban adelantando acciones ofensivas en los corregimientos de Ampudia y Timba.
Las autoridades en Cali tratan de esclarecer el más reciente asesinato de un menor, ocurrido en el centro de la capital vallecaucana. El hecho se registró en inmediaciones del barrio Sucre, cuando el joven de 17 años, junto a otras dos personas se movilizaban en una camioneta, fueron interceptados por los sicarios, quienes dispararon en varias ocasiones.Según los reportes preliminares, al parecer, el ataque iba dirigido contra el padre del menor, quien se encontraba en el mismo vehículo, y quien sería uno de los heridos que fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque."Este no es un hecho aislado, es una realidad que se repite y que como sociedad no podemos seguir tolerando. Expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Exigimos respuestas inmediatas, una investigación efectiva y la judicialización de los responsables", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Lo que mayor alerta genera entre las autoridades, es que este es el tercer menor de edad asesinado en el Valle del Cauca en la última semana, el segundo en Cali. Justo el fin de semana, una pequeña de siete años de edad perdió la vida en medio de una balacera, en el municipio de Versalles, en este hecho también fue asesinado un adulto."Hemos anunciado una recompensa de hasta 30 millones de pesos que nos permita ubicar a los delincuentes que asesinaron a esta persona y a esta niña”, indicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.Sigue siendo preocupante estos hechos de violencia en la ciudad de Cali, pues este año ya se registran más de 120 homicidios. Entre las víctimas hay por lo menos 10 menores de edad.
Las tropas de la Tercera Brigada del Ejercito continúan desplegadas en la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, para recuperar el control territorial de este sector, donde hay presencia de la disidencia 'Jaime Martínez', al mando de alias 'Iván Mordisco'.Las acciones se adelantan con patrullajes y ofensivas, para restablecer la tranquilidad en corregimientos como Ampudia, San Antonio, y Timba, esto a pesar de la asonada ocurrida días atrás, donde un grupo de aproximadamente 50 soldados, fue expulsado de este territorio, por un grupo de 400 campesinos."Fueron cercados por un grupo de personas que posteriormente los bajaron a la fuerza. Hacemos un llamado para que haya un respeto por la dignidad, la seguridad y el bienestar de nuestros soldados. Las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento", señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Cabe señalar que estas asonadas contra el Ejército son organizadas por los mismos disidentes, quienes obligan a la comunidad a expulsar a las tropas de sus territorios, quienes no participen deben pagar una multa."Andan los guerrilleros junto con campesinos obligando a la gente de las veredas a salir. El que no vaya, tiene multa de dos millones de pesos", denunció un habitante de la zona rural de este municipio.La comunidad de Jamundí pide un acompañamiento permanente de la fuerza pública, especialmente en las vías que conectan a San Antonio con el corregimiento de Villa Colombia, teniendo en cuenta que es el corredor que conecta esta zona del municipio con la región del Naya.