La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.
La comunidad de la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, continúa siendo intimidada por integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que además de exigir la realización de asonadas contra el Ejército, están ingresando a las instituciones educativas para reclutar menores de edad.Esta situación se está registrando principalmente en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, donde miembros de este grupo armado se infiltran como estudiantes, para ganarse la confianza de los jóvenes y así convencerlos de unirse a sus filas, además, utilizan las redes sociales como Facebook y Tik Tok, para cautivar a los menores."Esta situación de reclutamiento es de conocimiento de la administración municipal desde el 2023. Las actuaciones han sido pocas porque la institucionalidad no hace presencia de manera permanente en estos territorios, porque realmente no pueden. Si fuera así, no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos. Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio", señaló Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.Según esta fundación, en los últimos tres años se pasó de 76 reportes de jóvenes reclutados en Jamundí, a superar los 300 casos, todos han sido debidamente denunciados, documentados y evidenciados ante las autoridades judiciales, para que se avance en las investigaciones correspondientes.Ante esta situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió la colaboración de la comunidad especialmente en la denuncia de estos casos, teniendo en cuenta que la información suministrada de manera oficial es la que permite tener un panorama más claro para las indagaciones."Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les de miedo porque aquí lo que necesitamos es información", señaló la mandataria vallecaucana.Las autoridades aseguran que la ofensiva militar se mantiene en la zona rural alta de Jamundí para recuperar el control territorial. Mientras que la comunidad exige garantías de seguridad para poder realizar las respectivas denuncias.
En entrevista con Noticias Caracol, la madre del menor Cristian Esneider Martín entregó detalles sobre el hallazgo sin vida de su hijo en Gachancipá, a varias horas de su vivienda, luego de que saliera de casa rumbo a clases en la mañana del lunes 16 de febrero de 2026.Según relató, el rastro del joven se perdió en horas de la mañana. Tras múltiples llamadas e intentos fallidos por comunicarse con él, y al no tener ninguna noticia sobre su paradero, decidió acudir a la Policía hacia las 6:00 de la tarde para reportar su desaparición y solicitar ayuda en la búsqueda.La mujer explicó que, junto a la novia del menor y algunos amigos, se dirigieron hacia Gachancipá debido a que el celular del joven tenía activada la ubicación, lo que permitió establecer que se encontraba en esa zona. Al llegar al municipio, el padre del adolescente lo encontró en una vereda, en medio de la vegetación. “Mi esposo y mi hermano están por allá, en el cerro, con los policías buscándolo”, recordó la madre sobre los momentos previos al hallazgo. Según indicó, el cuerpo fue encontrado hacia la 1:05 de la madrugada.En medio del dolor, la mujer realizó una llamada contando la desgarradora noticia: “Encontraron a mi bebé… encontraron a mi bebé muerto”, se le escucha decir entre lágrimas.La familia sostiene que detrás de la muerte del menor podría haber terceras personas. De acuerdo con la hermana de Cristian, mientras se desplazaban hacia el lugar comenzaron a recibir llamadas en las que les aseguraban que lo tenían retenido. “Decían que un carro, que no sé qué, que plata, que dos millones de pesos”, afirmó, al referirse a presuntas extorsiones.Finalmente, la madre envió un mensaje a quienes estarían involucrados en el caso: “Yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que le hizo eso a mi hijo pague, pague. No me importa hasta dónde tenga que llegar. El que lo hizo, ojalá me escuche y me vea, que sienta que lo que me hizo está mal, que me mató el corazón en vida”.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
En una reciente entrevista, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), desestimó la teoría del Gobierno Nacional que sugiere que las exportaciones son las responsables del alza en el precio de la carne en el país. Según Lafaurie, la intención de suspender las ventas al exterior no tendría el efecto esperado de reducir los costos para el consumidor final, basándose en la estructura del mercado y en experiencias históricas.La desproporción entre exportación y consumo internoLafaurie calificó como una falta de "rigor" la premisa del presidente Gustavo Petro, quien sostiene que los ganaderos cobran precios de exportación internamente. El dirigente gremial explicó que el volumen de carne exportada es mínimo en comparación con el mercado local: mientras que el año pasado se exportaron cerca de 34,000 toneladas, el consumo interno superó el millón 100,000 toneladas.Para dar perspectiva internacional, comparó a Colombia con Brasil, el mayor exportador mundial, que alcanzó los 4.15 millones de toneladas frente a las cifras marginales de Colombia. Según el presidente de Fedegán, lo que realmente está impulsando el sector es el mercado interno, que creció un 7.1%, apalancado por sectores con mayor liquidez y el incremento del salario mínimo.Intermediarios: el obstáculo para la reducción de preciosUno de los argumentos centrales de Lafaurie para afirmar que el precio no bajará es el papel de los expendedores. Recordó una experiencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, cuando se cerraron las exportaciones a Venezuela por tensiones políticas. En aquel entonces, el precio del ganado en pie cayó significativamente (de $2,800 a $2,100), pero el precio al consumidor en ciudades como Bogotá no varió."El mercado de Bogotá no tuvo ninguna variación de precios porque el expendedor se quedó con el diferencial", señaló Lafaurie, explicando que el intermediario marginó casi el 40% del valor en ese momento. En sus palabras, el "libre mercado" se tragó cualquier posible beneficio para el bolsillo de los ciudadanos.Escuche aquí la entrevista:
Un giro inesperado e insólito ha dado el caso de un bebé de nueve meses de nacido que a mediados de diciembre falleció en el barrio Juan XXIII de la Comuna 13 en Medellín, aparentemente tras sufrir un golpe al caerse de la cama.Sin embargo, a la investigación de lo ocurrido estaba vinculado su padre, un hombre de 24 años de edad, pues en el momento el niño estaba a su cuidado y según las valoraciones médicas registraba lesiones que denotaban algún grado de violencia contra su humanidad.Tras varias semanas de investigación y recopilación de información en campo, con testigos e incluso el mismo vinculado al caso, en las últimas horas fue capturado por parte de la policía tras dictámenes de Medicina Legal que indican que efectivamente la víctima sufrió un impacto en su cabeza tras ser lanzado con fuerza contra el piso.Sin embargo, uno de las circunstancias que ha generado mayor conmoción es que el procedimiento policial, según pudo conocer extraoficialmente Blu Radio, se produjo en las últimas horas en el cementerio Jardines Montesacro, al sur de Medellín, justo cuando el padre visitaba la tumba del niño para conmemorar lo que hubiera sido su primer año de vida.Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles sobre la captura de este hombre tan pronto finalicen las diligencias judiciales que lidera la Fiscalía General. "Lo que necesitamos es que se haga justicia. Esta persona ha sido capturada. Pero es muy importante también otros casos que vamos a mostrar frente que tienen que ver con seguridad y buenos golpes, que hemos dado a todos estos criminales", confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.En el caso, tras las primeras revisiones en la Unidad Intermedia de San Javier, el bebé fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe por la complejidad de sus lesiones, pero a pesar de los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
Todo un operativo de búsqueda han desplegado las autoridades en el municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, para identificar y capturar a los responsables de la muerte de Jhon Eduard Caicedo Perlaza, un soldado de 22 años de edad, quien se encontraba de permiso en el municipio.El crimen se registró en el barrio Las Veraneras, donde el joven se encontraba visitando a amigos y familiares, al salir de una de las viviendas, fue abordado por desconocidos quienes le propinaron varios disparos, dejándolo gravemente herido.De inmediato la comunidad salió a auxiliarlo y llevarlo a un centro asistencial, sin embargo, la gravedad de sus heridas le provocó la muerte. Por el momento no se tiene pista alguna de cuáles serían las causas del crimen, pues el joven no había reportado amenazas en su contra."Salía de su residencia y minutos después se escuchan unas detonaciones y él resulta afectado con arma de fuego. Lo que se sabe hasta el momento es que se encontraba vinculado al Ejército y estaba de descanso. Hasta ahora no se tiene alguna versión oficial sobre la causa de los hechos ni los autores", dijo Martín Hincapié, es el secretario de Gobierno de Tuluá.Las autoridades en el centro del Valle del Cauca se encuentran en alerta ante el incremento de estos hechos de violencia en Tuluá, pues solo en lo corrido de este mes, han sido asesinadas 12 personas.
En medio de la tensión que se vive en Buenaventura, por el recrudecimiento de la guerra entre 'Shottas' y 'Espartanos', distintos sectores del distrito están exigiendo conocer el verdadero estado de la Mesa Socio-Jurídica que se adelanta con estas dos bandas criminales.Por esta razón, Fabio Cardozo, el delegado del Gobierno Nacional en este espacio, aseguró que, aunque él siempre ha mantenido la disposición para avanzar en el proceso y constantemente tiene comunicación con los líderes de estos grupos, la realidad de los últimos días demuestra que la voluntad de paz de las bandas únicamente se queda en las palabras y sus comunicados."Simplemente están mintiendo, no hay sinceridad, lo que expresan en los comunicados no es lo que pasa en la calle. Son acciones criminales, lo que está pasando es la muerte en Buenaventura, y hoy el distrito está de luto. Entonces, si es cierto que tienen voluntad de seguir adelante, la única manera de demostrarlo es con hechos, con compromisos reales. Pero hablar de paz y asesinar gente inocente es un absurdo; a ese juego macabro no queremos sumarnos", señaló Cardozo.En cuanto a la posibilidad del regreso de la tregua entre ambas bandas, el delegado aseguró que siempre fue un acuerdo entre los grupos, y Buenaventura no puede estar esperanzada en la paz de los violentos.
Comerciantes, residentes y, en general, toda la comunidad del centro de Cali permanece conmocionada tras esta escena de película de acción que se vivió en las últimas horas en este sector de la ciudad.Cuando policías y delincuentes se enfrentaron a disparos en plena calle 15, un sector donde hay varios locales comerciales y que, a la hora de los hechos, tenía mucho movimiento de personas, las cuales rápidamente tuvieron que refugiarse para evitar quedar entre las balas.Lo que se conoce hasta el momento es que este cruce de disparos fue resultado de un atentado sicarial. En la balacera, un hombre murió y otra persona resultó herida. La reacción de la Policía permitió capturar a dos de los responsables.Con este caso, ya son 734 homicidios los registrados en Cali en este año, situación que pone en alerta a las autoridades. Por el momento no se conoce la identidad de la persona fallecida; las autoridades confirmaron que el herido era un transeúnte de la zona.
Después de varios meses de búsqueda de un operador para administrar la Zona Franca de Palmaseca, ubicada en Palmira, Valle del Cauca, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo logró adjudicar el arrendamiento. Por esta razón, en el lugar se encuentran representantes del Gobierno nacional presentando oficialmente al nuevo operador.Diana Morales, ministra de Comercio, manifestó que se trata de la misma entidad que venía administrando la zona años atrás, pero esta vez el contrato se extiende por 30 años más, con un enfoque diferencial para las economías populares.“Desde el ministerio escuchamos, dialogamos, construimos consensos y promovimos espacios interinstitucionales con todos los actores involucrados, recogiendo sus observaciones y experiencias, con el fin de superar los obstáculos que en el pasado habían impedido la adjudicación. Por eso, hoy nos complace anunciarle al país que este resultado no solo da estabilidad a uno de los principales polos de desarrollo del suroccidente, sino que también refuerza la confianza en Colombia como destino atractivo para la inversión, la producción y el comercio exterior”, expresó la ministra.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, resaltó que el nuevo ítem permitirá que microempresas, pequeños negocios y emprendimientos puedan acceder de manera directa a este espacio, integrándose al mercado.“Fortalece la operación logística de la región y mantiene un entorno competitivo para la atracción de inversión, la promoción de exportaciones y el crecimiento de las empresas que están en el Valle del Cauca. Así que es una buena noticia para la región, el departamento y el sector productivo”, explicó Sanclemente.Finalmente, la continuidad de la misma empresa también beneficia a los trabajadores, evitando que se vean afectados alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos que existen actualmente en la Zona Franca de Palmaseca.
Un ciudadano, que acababa de retirar una importante suma de dinero de una sucursal bancaria, ubicada en la Avenida Roosevelt con calle 25, sur de Cali, fue abordado por un hombre que portaba un arma de fuego. Cuando el delincuente intentaba quitarle el dinero, apareció su escolta y se registró un enfrentamiento a disparos en plena vía pública.La balacera dejó tres personas heridas, la víctima del fleteo, el escolta y el asaltante. La Policía reaccionó rápidamente, varias patrullas llegaron al lugar y lograron la captura de delincuente."Cuando finalizan las transacciones, al momento de salir son sorprendidos por el delincuente el cual acciona su arma de fuego, estas personas reaccionan y hay un intercambio de disparos, lo cual salen lesionados tanto el delincuente como dos de las personas en la sucursal bancaria", confirmó el coronel Nelson Prieto, comandante del Tercer Distrito de Policía de Cali.Todos los heridos fueron trasladados a hospitales del sur de Cali. Todos está fuera de peligro de acuerdo con información de las autoridades
Desde hace varios meses, habitantes de los barrios San Judas y Villa del Sur, en el sur de Cali, vienen denunciando el hallazgo constante de gatos muertos en diferentes puntos de estos sectores. Según los residentes, las alertas fueron puestas en conocimiento de las autoridades desde los primeros casos, sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta clara ni acciones visibles frente a la situación.La preocupación ha crecido entre la comunidad, que teme que detrás de estas muertes pueda existir maltrato sistemático. Entre las hipótesis que circulan están posibles envenenamientos, uso de los animales en prácticas esotéricas o incluso ataques por parte de personas en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.El activista y defensor de los derechos de los animales Terry Hurtado señaló que la situación debe ser investigada con celeridad y pidió a las autoridades ambientales y a la Policía Ambiental adelantar las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Por su parte, el concejal Roberto Ortiz hizo un llamado a los organismos competentes para que atiendan las denuncias de la comunidad y garanticen la protección de los animales en estos sectores del sur de la capital vallecaucana.Los habitantes esperan un pronunciamiento oficial que permita conocer las causas de estas muertes y, de ser el caso, la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación colombiana contra el maltrato animal. Entre tanto, la situación continúa generando consternación y preocupación entre los vecinos.
Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' nuevamente pretendían atacar a la Fuerza Pública en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. En el corregimiento de San Vicente, ubicado a 20 minutos del casco urbano del municipio, fueron encontrados dos cilindros acondicionados con explosivos, ubicados en la misma zona donde días atrás fueron instaladas dos banderas alusivas a este grupo armado.Una vez hallados estos artefactos, la zona fue completamente acordonada para evitar que la vida de la población civil estuviera en riesgo. Durante varias horas, expertos antiexplosivos se encargaron de verificar el sector para proceder con la detonación controlada de estos elementos. "Nos encontramos realizando operaciones ofensivas contra la estructura 'Jaime Martínez'. Se ubican, localizan y destruyen dos explosivos improvisados tipo cilindro de 60 libras, igualmente se retira la bandera alusiva a esa organización criminal", aseguró el sargento segundo Reinaldo Loaiza, comandante de Pelotón del Batallón de Infantería Liviana No.8.El despliegue de las tropas del Ejército se mantiene, a pesar de la última asonada registrada días atrás, donde comunidades campesinas expulsaron a los militares que se encontraban adelantando acciones ofensivas en los corregimientos de Ampudia y Timba.
Las autoridades en Cali tratan de esclarecer el más reciente asesinato de un menor, ocurrido en el centro de la capital vallecaucana. El hecho se registró en inmediaciones del barrio Sucre, cuando el joven de 17 años, junto a otras dos personas se movilizaban en una camioneta, fueron interceptados por los sicarios, quienes dispararon en varias ocasiones.Según los reportes preliminares, al parecer, el ataque iba dirigido contra el padre del menor, quien se encontraba en el mismo vehículo, y quien sería uno de los heridos que fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque."Este no es un hecho aislado, es una realidad que se repite y que como sociedad no podemos seguir tolerando. Expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Exigimos respuestas inmediatas, una investigación efectiva y la judicialización de los responsables", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Lo que mayor alerta genera entre las autoridades, es que este es el tercer menor de edad asesinado en el Valle del Cauca en la última semana, el segundo en Cali. Justo el fin de semana, una pequeña de siete años de edad perdió la vida en medio de una balacera, en el municipio de Versalles, en este hecho también fue asesinado un adulto."Hemos anunciado una recompensa de hasta 30 millones de pesos que nos permita ubicar a los delincuentes que asesinaron a esta persona y a esta niña”, indicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.Sigue siendo preocupante estos hechos de violencia en la ciudad de Cali, pues este año ya se registran más de 120 homicidios. Entre las víctimas hay por lo menos 10 menores de edad.
Las tropas de la Tercera Brigada del Ejercito continúan desplegadas en la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, para recuperar el control territorial de este sector, donde hay presencia de la disidencia 'Jaime Martínez', al mando de alias 'Iván Mordisco'.Las acciones se adelantan con patrullajes y ofensivas, para restablecer la tranquilidad en corregimientos como Ampudia, San Antonio, y Timba, esto a pesar de la asonada ocurrida días atrás, donde un grupo de aproximadamente 50 soldados, fue expulsado de este territorio, por un grupo de 400 campesinos."Fueron cercados por un grupo de personas que posteriormente los bajaron a la fuerza. Hacemos un llamado para que haya un respeto por la dignidad, la seguridad y el bienestar de nuestros soldados. Las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento", señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Cabe señalar que estas asonadas contra el Ejército son organizadas por los mismos disidentes, quienes obligan a la comunidad a expulsar a las tropas de sus territorios, quienes no participen deben pagar una multa."Andan los guerrilleros junto con campesinos obligando a la gente de las veredas a salir. El que no vaya, tiene multa de dos millones de pesos", denunció un habitante de la zona rural de este municipio.La comunidad de Jamundí pide un acompañamiento permanente de la fuerza pública, especialmente en las vías que conectan a San Antonio con el corregimiento de Villa Colombia, teniendo en cuenta que es el corredor que conecta esta zona del municipio con la región del Naya.