Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
La crisis del sistema de salud continúa afectando gravemente a los pacientes en la capital del Valle del Cauca. En esta ocasión, se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de tan solo siete años que enfrenta una compleja condición médica y cuya vida hoy depende de la oportuna atención que no ha recibido.Francisco padece hemofilia y una enfermedad renal crónica. Desde su nacimiento cuenta únicamente con un riñón, lo que lo obliga a depender de una máquina de diálisis para poder continuar con su vida diaria.Durante un tiempo, el menor era atendido en la Clínica Imbanaco, uno de los centros médicos especializados de la ciudad. Sin embargo, en octubre del año pasado el convenio fue cancelado, dejándolo por fuera del sistema de atención y afectando de manera directa y grave su estado de salud. El drama también golpea a su madre, quien desde hace cuatro meses está a la espera de un trasplante de riñón para su hijo."Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le esta dando esa condición, esta semana tuvo complicaciones y yo lo lleve a la Clínica Imbanaco porque yo no se donde más llevarlo y no hay otro sitio que le brinde atención, pero ya el convenio acabo, me dijeron que lo llevará al Hospital Universitario del Valle pero yo tengo que proteger a mi hijo" expresó Leidy Delgado, madrede Francisco. Según denunció la madre de Francisco , ha interpuesto acciones de tutela y ha agotado todas las vías posibles para lograr que su hijo reciba sus citas y medicamentos a tiempo, sin obtener hasta el momento respuesta por parte de la EPS."Francisco esta a la espera que su EPS le busque el prestador para ingresar al programa para el trasplante de riñón, nosotros hemos hablado con la EPS Coosalud para que se pueda vincular al niño y pueda estar en la lista de espera para su trasplante de riñón." dijo el defensor del paciente , César revelo. La preocupación de su madre es aún mayor, ya que ella también padece hemofilia y diabetes, y asegura que desde hace dos meses no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades. Ante este panorama, la mujer hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho a la salud tanto de su hijo como el de ella.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La más reciente Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) 2025, elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló una disminución en los niveles de hurto y una mejora en la percepción de seguridad en la capital del país. Los resultados fueron socializados este martes por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó avances en 14 de las 20 localidades evaluadas, especialmente en el sur y occidente de la ciudad.De acuerdo con la encuesta —considerada la medición técnica más amplia del país en materia de seguridad urbana—, el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó pasó de 69,4 % en 2024 a 66 % en 2025. Asimismo, la proporción de ciudadanos que fueron víctimas de al menos un delito se redujo de 15,3 % a 14,9 %.Uno de los datos más relevantes está relacionado con la percepción en los barrios. El porcentaje de personas que consideran que su sector es seguro pasó del 31 % al 43 %, lo que representa un incremento cercano al 35 % en el número de ciudadanos que expresan sentirse tranquilos en su entorno. Para la administración distrital, este resultado responde a estrategias como las Zonas Seguras y el trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal y los frentes locales de seguridad.En el sistema de TransMilenio también se evidenció una mejora. El porcentaje de usuarios que considera que el servicio no es seguro disminuyó de 70,6 % en 2024 a 62,7 % en 2025.La encuesta igualmente mostró una reducción en la extorsión, que pasó de 7,3 % en 2024 a 4,6 % en 2025, tras dos años consecutivos de incrementos. Para el alcalde, estos indicadores deben complementarse con el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, una herramienta clave para conocer la dimensión real del delito.No obstante, el mandatario advirtió que persisten desafíos estructurales. Señaló que 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia recuperan la libertad, al igual que 95 de cada 100 detenidos por otros delitos, lo que —según afirmó— obliga a abrir una discusión nacional sobre la eficacia del sistema penal y la necesidad de garantizar sanciones efectivas.“Evidentemente, tenemos todavía un número alto de ciudadanos que manifiestan percepción de inseguridad. Yo creo que esa es la mayor importancia de esta reforma constitucional, es decir, eso es significativo, pero sigue siendo insuficiente también. En la mayoría de los delitos sigue habiendo muchos casos. Si yo les menciono que pasamos, tal vez, de 130.000 o 129.000 a 123.000, pues es una baja de 7.000 o menos, pero sigue habiendo 123.000. Y eso seguramente explica esa percepción, que, aunque bajó, sigue siendo alta”.Aunque reconoció que los avances son graduales, Galán reiteró que el objetivo es consolidar la tendencia positiva y profundizar las acciones territoriales para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 17 de febrero de 2026:Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló de la reunión de concertación del salario mínimo con empresarios y sindicatosAlexis Mina, consejero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, se refirió de las manifestaciones de ayer en Bogotá.César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles de las manifestaciones de ayer en la capital.El doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, se refirió sobre el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió esperando un medicamento.Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, habló del caso de su hijo de siete años, quien murió esperando un medicamento.Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de Perú, dio detalles de las acusaciones contra el presidente interino José Jerí de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo.Trino Hoyos, concejal de Montería, habló de las protestas de damnificados contra el Concejo.José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió de por qué se disparó el precio de la carne y la propuesta del presidente Gustavo Petro de suspender la exportación.Escuche el programa completo aquí:
Un caso en Sibaté, Cundinamarca, ha generado temor en la comunidad por la gravedad de los hechos, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores registrados recientemente en el municipio. Lo que inició como una discusión por el pago incompleto de un trabajo de carpintería terminó en homicidio y posterior desmembramiento.La víctima, un carpintero de 31 años y propietario del negocio, sostuvo una confrontación con su empleado, Carlos Eduardo Caro Herrera, por la elaboración de unas puertas. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, la pelea escaló en cuestión de minutos: pasó de reclamos verbales a agresiones físicas con un objeto contundente y luego con un arma cortopunzante.Fiscalía revela detalles de asesinato en SibatéDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el mismo taller donde ambos trabajaban. Allí, Caro habría atacado a su jefe en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, informó la entidad.El caso no terminó únicamente en homicidio. La investigación señala que, utilizando herramientas del establecimiento, el agresor desmembró el cuerpo de su jefe y lo guardó en bolsas plásticas con el propósito de ocultar evidencias.Partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en SoachaTras la captura del señalado responsable, la Fiscalía detalló que partes del cuerpo fueron trasladadas hasta la vereda Alto del Cabra, en el vecino municipio de Soacha, donde fueron abandonadas envueltas en una cobija y dentro de una bolsa. El hallazgo se produjo el 18 de diciembre, un día después del asesinato.Durante el proceso judicial se conoció que, tras cometer el crimen, Caro habría hurtado:Una motocicleta de la víctima.Dinero en efectivo.Un celular y otras pertenencias.Los elementos fueron vendidos posteriormente en Bogotá, según la investigación.Las pruebas recolectadas en el taller y los hallazgos forenses resultaron determinantes para esclarecer el caso. El procesado aceptó los cargos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado.El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino también por la frialdad evidenciada en el intento de ocultarlo. Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que las pruebas permitieron sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el responsable.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Todo un operativo de búsqueda han desplegado las autoridades en el municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, para identificar y capturar a los responsables de la muerte de Jhon Eduard Caicedo Perlaza, un soldado de 22 años de edad, quien se encontraba de permiso en el municipio.El crimen se registró en el barrio Las Veraneras, donde el joven se encontraba visitando a amigos y familiares, al salir de una de las viviendas, fue abordado por desconocidos quienes le propinaron varios disparos, dejándolo gravemente herido.De inmediato la comunidad salió a auxiliarlo y llevarlo a un centro asistencial, sin embargo, la gravedad de sus heridas le provocó la muerte. Por el momento no se tiene pista alguna de cuáles serían las causas del crimen, pues el joven no había reportado amenazas en su contra."Salía de su residencia y minutos después se escuchan unas detonaciones y él resulta afectado con arma de fuego. Lo que se sabe hasta el momento es que se encontraba vinculado al Ejército y estaba de descanso. Hasta ahora no se tiene alguna versión oficial sobre la causa de los hechos ni los autores", dijo Martín Hincapié, es el secretario de Gobierno de Tuluá.Las autoridades en el centro del Valle del Cauca se encuentran en alerta ante el incremento de estos hechos de violencia en Tuluá, pues solo en lo corrido de este mes, han sido asesinadas 12 personas.
En medio de la tensión que se vive en Buenaventura, por el recrudecimiento de la guerra entre 'Shottas' y 'Espartanos', distintos sectores del distrito están exigiendo conocer el verdadero estado de la Mesa Socio-Jurídica que se adelanta con estas dos bandas criminales.Por esta razón, Fabio Cardozo, el delegado del Gobierno Nacional en este espacio, aseguró que, aunque él siempre ha mantenido la disposición para avanzar en el proceso y constantemente tiene comunicación con los líderes de estos grupos, la realidad de los últimos días demuestra que la voluntad de paz de las bandas únicamente se queda en las palabras y sus comunicados."Simplemente están mintiendo, no hay sinceridad, lo que expresan en los comunicados no es lo que pasa en la calle. Son acciones criminales, lo que está pasando es la muerte en Buenaventura, y hoy el distrito está de luto. Entonces, si es cierto que tienen voluntad de seguir adelante, la única manera de demostrarlo es con hechos, con compromisos reales. Pero hablar de paz y asesinar gente inocente es un absurdo; a ese juego macabro no queremos sumarnos", señaló Cardozo.En cuanto a la posibilidad del regreso de la tregua entre ambas bandas, el delegado aseguró que siempre fue un acuerdo entre los grupos, y Buenaventura no puede estar esperanzada en la paz de los violentos.
Comerciantes, residentes y, en general, toda la comunidad del centro de Cali permanece conmocionada tras esta escena de película de acción que se vivió en las últimas horas en este sector de la ciudad.Cuando policías y delincuentes se enfrentaron a disparos en plena calle 15, un sector donde hay varios locales comerciales y que, a la hora de los hechos, tenía mucho movimiento de personas, las cuales rápidamente tuvieron que refugiarse para evitar quedar entre las balas.Lo que se conoce hasta el momento es que este cruce de disparos fue resultado de un atentado sicarial. En la balacera, un hombre murió y otra persona resultó herida. La reacción de la Policía permitió capturar a dos de los responsables.Con este caso, ya son 734 homicidios los registrados en Cali en este año, situación que pone en alerta a las autoridades. Por el momento no se conoce la identidad de la persona fallecida; las autoridades confirmaron que el herido era un transeúnte de la zona.
Después de varios meses de búsqueda de un operador para administrar la Zona Franca de Palmaseca, ubicada en Palmira, Valle del Cauca, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo logró adjudicar el arrendamiento. Por esta razón, en el lugar se encuentran representantes del Gobierno nacional presentando oficialmente al nuevo operador.Diana Morales, ministra de Comercio, manifestó que se trata de la misma entidad que venía administrando la zona años atrás, pero esta vez el contrato se extiende por 30 años más, con un enfoque diferencial para las economías populares.“Desde el ministerio escuchamos, dialogamos, construimos consensos y promovimos espacios interinstitucionales con todos los actores involucrados, recogiendo sus observaciones y experiencias, con el fin de superar los obstáculos que en el pasado habían impedido la adjudicación. Por eso, hoy nos complace anunciarle al país que este resultado no solo da estabilidad a uno de los principales polos de desarrollo del suroccidente, sino que también refuerza la confianza en Colombia como destino atractivo para la inversión, la producción y el comercio exterior”, expresó la ministra.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, resaltó que el nuevo ítem permitirá que microempresas, pequeños negocios y emprendimientos puedan acceder de manera directa a este espacio, integrándose al mercado.“Fortalece la operación logística de la región y mantiene un entorno competitivo para la atracción de inversión, la promoción de exportaciones y el crecimiento de las empresas que están en el Valle del Cauca. Así que es una buena noticia para la región, el departamento y el sector productivo”, explicó Sanclemente.Finalmente, la continuidad de la misma empresa también beneficia a los trabajadores, evitando que se vean afectados alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos que existen actualmente en la Zona Franca de Palmaseca.
Un ciudadano, que acababa de retirar una importante suma de dinero de una sucursal bancaria, ubicada en la Avenida Roosevelt con calle 25, sur de Cali, fue abordado por un hombre que portaba un arma de fuego. Cuando el delincuente intentaba quitarle el dinero, apareció su escolta y se registró un enfrentamiento a disparos en plena vía pública.La balacera dejó tres personas heridas, la víctima del fleteo, el escolta y el asaltante. La Policía reaccionó rápidamente, varias patrullas llegaron al lugar y lograron la captura de delincuente."Cuando finalizan las transacciones, al momento de salir son sorprendidos por el delincuente el cual acciona su arma de fuego, estas personas reaccionan y hay un intercambio de disparos, lo cual salen lesionados tanto el delincuente como dos de las personas en la sucursal bancaria", confirmó el coronel Nelson Prieto, comandante del Tercer Distrito de Policía de Cali.Todos los heridos fueron trasladados a hospitales del sur de Cali. Todos está fuera de peligro de acuerdo con información de las autoridades
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.
La comunidad de la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, continúa siendo intimidada por integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que además de exigir la realización de asonadas contra el Ejército, están ingresando a las instituciones educativas para reclutar menores de edad.Esta situación se está registrando principalmente en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, donde miembros de este grupo armado se infiltran como estudiantes, para ganarse la confianza de los jóvenes y así convencerlos de unirse a sus filas, además, utilizan las redes sociales como Facebook y Tik Tok, para cautivar a los menores."Esta situación de reclutamiento es de conocimiento de la administración municipal desde el 2023. Las actuaciones han sido pocas porque la institucionalidad no hace presencia de manera permanente en estos territorios, porque realmente no pueden. Si fuera así, no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos. Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio", señaló Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.Según esta fundación, en los últimos tres años se pasó de 76 reportes de jóvenes reclutados en Jamundí, a superar los 300 casos, todos han sido debidamente denunciados, documentados y evidenciados ante las autoridades judiciales, para que se avance en las investigaciones correspondientes.Ante esta situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió la colaboración de la comunidad especialmente en la denuncia de estos casos, teniendo en cuenta que la información suministrada de manera oficial es la que permite tener un panorama más claro para las indagaciones."Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les de miedo porque aquí lo que necesitamos es información", señaló la mandataria vallecaucana.Las autoridades aseguran que la ofensiva militar se mantiene en la zona rural alta de Jamundí para recuperar el control territorial. Mientras que la comunidad exige garantías de seguridad para poder realizar las respectivas denuncias.