En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
La industria de la publicidad exterior en Colombia atraviesa un proceso de transformación marcado por el crecimiento sostenido de la inversión y la incorporación de herramientas tecnológicas. De acuerdo con datos de Mediabrands, la inversión publicitaria en el país aumentaría un 9 %, hasta alcanzar los 6,6 billones de pesos. Este comportamiento confirma la relevancia del sector dentro del ecosistema de medios, en un contexto donde las marcas buscan mayor precisión y eficiencia en sus estrategias de comunicación.A nivel internacional, el informe Global Expenditure Report señala que la pauta Out Of Home (OOH) alcanzó los 46,2 mil millones de dólares en 2024, representando cerca del 4,8 % del gasto publicitario total. Estas cifras reflejan que la publicidad exterior mantiene un papel estratégico dentro del mix de medios, especialmente en entornos urbanos donde el alcance masivo se combina con nuevas capacidades de segmentación y medición.En este escenario, Publicis Groupe realizó en Medellín una edición especial de Woohland 2026, un evento enfocado en fortalecer la visión estratégica del OOH. La jornada, diseñada para el Grupo Nutresa, se desarrolló bajo un formato técnico tipo showroom que permitió a los equipos de mercadeo conocer de primera mano soluciones basadas en tecnología Digital Out Of Home (DOOH), análisis de datos y formatos innovadores orientados a mejorar la conexión con las audiencias."Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Buscamos que los equipos del Grupo Nutresa vivieran una experiencia técnica, práctica e inspiradora, validando que el OOH es una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano", resaltó Sheyla Bedoya directora de OOH Publicis Groupe.Durante el encuentro se abordaron temas como métricas de efectividad, tendencias globales y oportunidades en el sector retail, en una dinámica centrada en la aplicación práctica de la data para optimizar resultados. La iniciativa evidencia cómo la publicidad exterior en Colombia evoluciona hacia modelos más medibles y estratégicos.
Un fuerte accidente se registró en la mañana de este martes, 17 de febrero, sobre las 11:00 de la mañana, cuando un camión de basura que se movilizaba a alta velocidad terminó impactando contra una vivienda en el centro de Bogotá, específicamente en el sector de la calle 10 con carrera 2.Gracias a un video difundido en redes sociales, se conoció el momento exacto en que el vehículo perdió el control y se estrelló contra la casa. Es importante recordar que la primera hipótesis sobre las causas del accidente apunta a una posible falla en los frenos. En el clip se observa que el camión no reduce la velocidad antes del impacto, lo que obligó a varias personas que se encontraban en el lugar a correr para evitar ser atropelladas.El siniestro ocurrió cerca de la Universidad de La Salle. Al lugar llegaron autoridades de tránsito y organismos de emergencia para evaluar la situación y establecer la gravedad de lo ocurrido. De manera preliminar, el hecho dejó únicamente daños materiales, entre ellos un automóvil que también resultó afectado, tal como se aprecia en el video, donde el camión lo impacta antes de chocar contra la vivienda.En el video también se pudo apreciar el momento en que el camión destruyó por completo uno de los laterales de la casa en el centro de Bogotá, provocando la caída de una gran cantidad de escombros. Estos daños tuvieron que ser atendidos por las autoridades que hicieron presencia en el lugar.El accidente de tránsito continuará siendo materia de investigación para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Por ahora, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas por este hecho.Este es el video del momento del choque del camión
En medio de una creciente controversia política por la entrega de avales a figuras que no pertenecen tradicionalmente a comunidades originarias, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) defendió públicamente sus decisiones y aseguró que actúa bajo el principio de autonomía de los pueblos.Jesús Cuasapud, representante legal de la colectividad, respondió a las críticas en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM y sostuvo que las determinaciones adoptadas por el movimiento obedecen a sus estatutos internos y a la autodeterminación de los siete pueblos que lo conforman.Avales bajo la lupa: el caso de Rubén Marino BorgesLa polémica se intensificó tras conocerse el respaldo de AICO a Rubén Marino Borges, aspirante al Senado con ascendencia italiana, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como precandidato presidencial.En el caso de Borges, el debate se centra en su aspiración a una curul de circunscripción especial indígena en el Senado, figura creada por la Constitución de 1991 para garantizar representación a los pueblos originarios.Cuasapud explicó que AICO cuenta con tres espacios al Senado: dos tradicionalmente asignados al departamento de Nariño y uno correspondiente al pueblo Wayúu en La Guajira. Según indicó, fue precisamente esta comunidad la que, en ejercicio de su autonomía, decidió postular a Borges.“Ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la Constitución para las curules especiales, que es ser indígena”, afirmó.El dirigente aseguró que el aspirante cuenta con certificación oficial del Ministerio del Interior que lo acredita como miembro de una comunidad indígena. Además, enfatizó que cada pueblo valida a sus integrantes de acuerdo con sus propios usos y costumbres.Daniel Quintero y la apuesta presidencialLa decisión de otorgar aval al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para aspirar a la Presidencia de la República también ha generado cuestionamientos y reacciones en redes sociales. Para Cuasapud, sin embargo, se trata de una estrategia política que busca posicionar a AICO en el escenario nacional.“AICO es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia”, señaló.El representante legal reconoció que alcanzar la Casa de Nariño es un desafío mayor, pero afirmó que el propósito es abrir camino para que, en el futuro, un líder indígena formado desde las bases pueda competir por el máximo cargo del país.Asimismo, rechazó las burlas y caricaturizaciones que han circulado en redes sociales, al considerar que desconocen el papel del partido en la representación no solo de comunidades indígenas, sino también de sectores campesinos y afrodescendientes.“Jamás hemos cobrado un recurso por un aval”Otro de los puntos sensibles en la discusión tiene que ver con posibles cobros económicos a cambio de avales políticos. Frente a ello, Cuasapud fue enfático. Según reveló, en 2023 el movimiento otorgó 3.765 avales para distintos cargos regionales sin exigir contraprestación económica.“Jamás hemos cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar. (…) Usted a cualquiera de ellos puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario”, afirmó.Explicó que los acuerdos con figuras como Quintero son de carácter político y programático, enfocados en la defensa del medio ambiente, la ancestralidad y los derechos colectivos. Entre los compromisos planteados estaría la expedición de decretos para salvaguardar territorios y fortalecer instrumentos jurídicos que protejan a las comunidades.El horizonte inmediato de AICO está puesto en el 8 de marzo de 2026, fecha clave para la renovación de su personería jurídica.De acuerdo con Cuasapud, la estrategia de ampliar la entrega de avales —incluyendo a campesinos y madres cabeza de familia que no necesariamente pertenecen a comunidades indígenas— busca fortalecer la presencia del movimiento en municipios y corporaciones públicas en todo el país.“El único compromiso es que, en estos momentos en que AICO necesita sostener su personería jurídica, le abran las puertas al movimiento”, concluyó.Escuche la entrevista compelta aquí
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 17 de febrero de 2026:La Registraduría descartó suspender, aplazar o cancelar las elecciones legislativas y las consultas en el departamento de Córdoba.La Contraloría adelanta una reunión clave para evaluar la atención a los damnificados en el departamento de Córdoba.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, hizo un llamado a todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, a respetar la independencia de las decisiones judiciales.Capturan en Cúcuta a un presunto capo de la mafia brasileña, señalado de liderar una red de tráfico de cocaína y heroína.El joven Cristian Martín, de 16 años y estudiante universitario, fue hallado muerto en Gachancipá, Cundinamarca. Escuche el programa completo aquí:
Un ciudadano, que acababa de retirar una importante suma de dinero de una sucursal bancaria, ubicada en la Avenida Roosevelt con calle 25, sur de Cali, fue abordado por un hombre que portaba un arma de fuego. Cuando el delincuente intentaba quitarle el dinero, apareció su escolta y se registró un enfrentamiento a disparos en plena vía pública.La balacera dejó tres personas heridas, la víctima del fleteo, el escolta y el asaltante. La Policía reaccionó rápidamente, varias patrullas llegaron al lugar y lograron la captura de delincuente."Cuando finalizan las transacciones, al momento de salir son sorprendidos por el delincuente el cual acciona su arma de fuego, estas personas reaccionan y hay un intercambio de disparos, lo cual salen lesionados tanto el delincuente como dos de las personas en la sucursal bancaria", confirmó el coronel Nelson Prieto, comandante del Tercer Distrito de Policía de Cali.Todos los heridos fueron trasladados a hospitales del sur de Cali. Todos está fuera de peligro de acuerdo con información de las autoridades
Permanece la incertidumbre en Buenaventura ante el recrudecimiento de la violencia en las calles del distrito. La guerra entre 'Los Shottas' y 'Los Espartanos', bandas que delinquen en el puerto, ha obligado a la comunidad a refugiarse en sus casas antes del anochecer.Es así como las empresas y negocios del distrito decidieron modificar la duración de su jornadas laborales, con el fin de proteger a su trabajadores, y evitar que queden en medio de alguna confrontación de estas bandas criminales."Ellos vienen imponiendo unos horarios para que las personas puedan ingresar o salir de sus barrios, entonces ¿qué nos ha tocado? restringir los horarios, dejando que la gente pueda salir máximo entre cuatro o cinco de la tarde, para que ellos puedan ingresar a sus casas de manera segura", señaló Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.Los comerciantes y en general toda la comunidad bonaverense está pidiendo a los líderes de las bandas criminales una verdadera voluntad de paz, con el fin de recuperar la tranquilidad para salir a las calles."Es un llamado a los grupos que están en esta situación porque, veníamos con una percepción de seguridad y tranquilidad, la comunidad nuevamente estaba saliendo y reactivando el comercio, y cuando empiezan a pasar estas situaciones, entonces vuelve y se baja la situación, (a) la comunidad le da temor salir de sus casas", indicó Emiliano González, representante de los comerciantes del centro de Buenaventura.Más de 200 negocios han cerrado este año por los hechos de violencia en Buenaventura, siendo los más afectados los vinculados al sector nocturno, esto teniendo en cuenta que es el horario donde las familias deciden refugiarse."Es algo que tiene una trazabilidad en todo el comercio, sobre todo el nocturno. El comercio se afecta en un 70% u 80%, pues toda la ciudad se paraliza", aseguró Johnny Castaño, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura.
La Gobernación del Chocó confirmó hace pocos minutos que tras diálogos con el gremio transportador, se levantó el paro en la carretera Quibdó–Medellín, lo que permitirá la normalidad en el tránsito por este corredor, tras por lo menos dos días de protestas ante las restricciones nocturnas impuestas por el Invías para prevenir deslizamientos.De igual forma, la administración departamental anunció que la vía Quibdó–Pereira tendrá apertura vial durante tres horas, mientras se define una solución definitiva en la mesa de concertación entre la Gobernación de Risaralda y el resguardo indígena Gitó Dodokabú, responsable del bloqueo en el sector de Santa Cecilia. La decisión final se espera para este viernes 26 de septiembre.La gobernadora Nubia Carolina Córdoba advirtió que esta coyuntura había roto la conectividad terrestre del Chocó, provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles, y dejando a la población dependiente del transporte aéreo, donde se ha registrado un alza notoria en los precios de los tiquetes.Pide regular preciosEl restablecimiento parcial de la movilidad terrestre se da en medio de un llamado de la mandataria a la Aeronáutica Civil para que intervenga en la regulación de las tarifas aéreas y la implementación de un puente aéreo regulado hacia el departamento.En una carta enviada al director de la Aerocivil, brigadier general José Henry Pinto Rodríguez, la gobernadora solicitó evaluar medidas que permitan ampliar la oferta de vuelos, con más frecuencias u horarios adicionales cuando la seguridad lo permita, y establecer lineamientos que promuevan tarifas solidarias mientras dure la emergencia.“Acudo a su autoridad, con carácter urgente, para solicitar la implementación de un puente aéreo regulado hacia el departamento del Chocó, orientado a estabilizar las tarifas de los tiquetes aéreos, las cuales han registrado incrementos significativos debido al cierre de las vías terrestres”, señaló Córdoba en la comunicación oficial.
Después de seis horas de bloqueo sobre la calle 5 con 52 en el sur de Cali, habitantes de la comuna 20 dejaron el corredor libre para la movilidad, pero decidieron mantener el bloqueo en la glorieta de Siloé, que completo más de diez hora bloqueada, vía que fue tomada desde muy tempranas horas de este jueves y cuyo bloqueo se extenderá hasta este viernes.Los ciudadanos protestan por la falta de agua que en algunas viviendas hace más de dos meses no cuentan con el servicio, por lo que piden urgente la presencia del alcalde de Cali, Alejandro Eder, ya que desde Emcali, manifestaron que no cuentan con el servicio por tratarse de asentamientos irregulares.“Ellos dicen que son asentamientos pero estos barrios ya llevan más de 40 años, el problema acá es que tampoco los han querido legalizar, y son barrios que están pagando los recibos de los servicios públicos, y esa es la problemática que tenemos, y hemos citado al alcalde y el no ha llegado a dialogar con las personas.“, dijo Andrés López, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Belén.Tras sostener una reunión con varios representantes de la comunidad, las Empresas Municipales reiteraron que primero deben legalizar los predios para poder suministrar el servicio. Además, explicaron que, en las viviendas que sí están legalizadas, la falta de suministro se debe al bajo nivel de los ríos que abastecen las comunas 18 y 20, lo que ha impedido contar con agua las 24 horas del día.“Nos reunimos y le explicamos el efecto del cambio climático, por eso hay que hacer uso racional del agua, en este momento estamos colocándonos el servicio en alternancia, porque el rio Meléndez que abastece de agua esas comunas no está en las mejores condiciones, pero estamos haciendo lo posible con máquinas de bombero para que tengan por días el agua en los barrios “, explicó Marco León Villega, gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado.Es por esta razón que desde la entidad se ha programado un recorrido para este viernes con líderes de la comuna 20 que están a la planta de tratamiento de agua de la reforma, para que se conozca de primera mano la situación actual que presenta el rio Meléndez.
La Gobernación del Valle, a través de la secretaría de Infraestructura, finalizó el proceso licitatorio para la construcción del proyecto de obras de mejoramiento y complementarias de la vía Cañasgordas entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara.La firma Consorcio AV Cañasgordas será la encargada de la construcción de este proyecto, de 226.000 millones de pesos, que beneficiará a más de 360 mil personas de Cali y Jamundí.“La construcción de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas generará alrededor de 24.000 empleos y beneficiará a 360.000 personas que transitan habitualmente en este corredor”, señaló la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.La mandataria también destacó que la obra facilitará los accesos a servicios como salud y educación y fortalecerá el turismo: “En este corredor existe numerosos colegios y universidades; de igual manera se potencia el turismo hacia Jamundí y por supuesto, se impacta el desarrollo económico integral, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cali y Jamundí y el departamento”, indicó.Esta vía tiene contemplado en su alcance seis frentes de obra, destacando la construcción de dos puentes vehiculares, la ejecución de dos retornos, la ampliación de glorieta de Alfaguara y la iluminación de todo el corredor.“Es importante destacar, además, que esta es una obra responsable con el medio ambiente y sostenible, dado que contará con los pasos de fauna y un manejo hidráulico adecuado en beneficio de la conservación de la cuenca del río Jamundí”, resaltó el ingeniero Ramírez.Con este proyecto se mejorarán las condiciones de movilidad de los cerca de 4.300 vehículos que diariamente transitan por esta vía.
La crisis del sistema de salud continúa afectando gravemente a los pacientes en la capital del Valle del Cauca. En esta ocasión, se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de tan solo siete años que enfrenta una compleja condición médica y cuya vida hoy depende de la oportuna atención que no ha recibido.Francisco padece hemofilia y una enfermedad renal crónica. Desde su nacimiento cuenta únicamente con un riñón, lo que lo obliga a depender de una máquina de diálisis para poder continuar con su vida diaria.Durante un tiempo, el menor era atendido en la Clínica Imbanaco, uno de los centros médicos especializados de la ciudad. Sin embargo, en octubre del año pasado el convenio fue cancelado, dejándolo por fuera del sistema de atención y afectando de manera directa y grave su estado de salud. El drama también golpea a su madre, quien desde hace cuatro meses está a la espera de un trasplante de riñón para su hijo."Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le esta dando esa condición, esta semana tuvo complicaciones y yo lo lleve a la Clínica Imbanaco porque yo no se donde más llevarlo y no hay otro sitio que le brinde atención, pero ya el convenio acabo, me dijeron que lo llevará al Hospital Universitario del Valle pero yo tengo que proteger a mi hijo" expresó Leidy Delgado, madrede Francisco. Según denunció la madre de Francisco , ha interpuesto acciones de tutela y ha agotado todas las vías posibles para lograr que su hijo reciba sus citas y medicamentos a tiempo, sin obtener hasta el momento respuesta por parte de la EPS."Francisco esta a la espera que su EPS le busque el prestador para ingresar al programa para el trasplante de riñón, nosotros hemos hablado con la EPS Coosalud para que se pueda vincular al niño y pueda estar en la lista de espera para su trasplante de riñón." dijo el defensor del paciente , César revelo. La preocupación de su madre es aún mayor, ya que ella también padece hemofilia y diabetes, y asegura que desde hace dos meses no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades. Ante este panorama, la mujer hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho a la salud tanto de su hijo como el de ella.
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.