Los habitantes del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, se encuentran atemorizados por las consecuencias que pueda generar para el turismo los últimos ataques contra la estación de policía del sector.Los comerciantes del corregimiento están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, y le extendieron a los visitantes una invitación, junto a un parte de tranquilidad, para que tengan la confianza de seguir visitando el pueblo."Mi papá tiene un negocio allá cerca en el pueblo, él nos comentó lo de ese tema, un amigo también, que tiene su panadería al frente del comando, hasta metralla les cayó ahí adentro del negocio, esquirlas, salieron bastante asustados. Realmente pues no eso no es común, no es de todo el tiempo, o sea el pueblo es muy tranquilo", indicó un comerciante de El Queremal.Aunque la normalidad ha vuelto al corregimiento, el temor persiste teniendo en cuenta que El Queremal cada fin de semana es visitado por ciudadanos de Cali y el resto del departamento, especialmente para las fincas y la presencia de grupo armados pondría en riesgo este sector económico.Por su parte, la alcaldesa del municipio, Karol Villarejo, aseguró que la fuerza pública está completamente desplegada no solo en el Queremal sino también en el resto de la zona rural, para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los visitantes."Bajo ninguna circunstancia el terrorismo puede ser una de las opciones, estamos viviendo momentos complejos y difíciles en el territorio. Pero, por fortuna tenemos nuestra Policía, al Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea", añadió la mandataria.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
La Nueva EPS explicó que la demora en la aplicación de un medicamento al menor Kevin Arley Acosta se originó tras una solicitud de portabilidad presentada por la madre en noviembre de 2025 para trasladar temporalmente su afiliación desde Pitalito hacia Charalá por un periodo de cuatro meses. Según el comunicado, tras la petición a mediados de noviembre, la entidad activó la ruta administrativa y asistencial para garantizar la continuidad del tratamiento en la red del departamento de Santander.De acuerdo con la EPS, en el marco de ese proceso se gestionó la articulación con el prestador Integral Solutions, que programó una cita para finales de enero de 2026 en Bucaramanga con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis sin interrupciones. La entidad señaló que el tratamiento no fue suspendido y que se activaron oportunamente los mecanismos de traslado de prestador para asegurar la continuidad terapéutica conforme al principio de portabilidad del aseguramiento en salud.Sin embargo, la EPS indicó que en la última semana de enero la madre del menor acudió a una oficina en Pitalito para solicitar la terminación de la portabilidad, pese a que el agendamiento en Santander ya estaba realizado. Ese mismo día, según el registro de la entidad, la usuaria regresó a su municipio de residencia en el departamento de Huila. Para la EPS, este cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual del medicamento.Tras la notificación formal de la cancelación de la portabilidad, la entidad informó que reactivó de inmediato la gestión en Huila, incluida la activación de cohorte y la articulación con la red prestadora en Pitalito, con el objetivo de restablecer la continuidad del tratamiento en esa ciudad. Según el comunicado, estas acciones buscaron asegurar nuevamente la prestación del servicio dentro de la red local.
La Asociación de Pacientes de Alto Costo denunció que la Nueva EPS no ha firmado el contrato con el Hospital Universidad de Mari, situación que mantiene a más de 2.000 personas con VIH en Bogotá sin acceso a tratamiento desde el 1 de febrero.La denuncia fue hecha por su vocero, Néstor Álvarez, quien señaló que durante 16 años consecutivos los usuarios recibieron atención en ese centro médico, pero la falta de un nuevo convenio interrumpió la entrega de medicamentos y los controles clínicos.Según la asociación, la situación ha sido expuesta ante el interventor de la EPS en la denominada “mesa por la vida”, donde se exige la firma inmediata del contrato. Sin embargo, hasta el 17 de febrero no se han entregado respuestas concretas por parte de las directivas de la entidad, que únicamente han indicado que el acuerdo se suscribiría en una fecha aún indefinida.La organización también advirtió que casos similares se estarían presentando con pacientes oncológicos y con otros programas de atención a VIH en ciudades como Ibagué, así como en instituciones como la Fundación Valle del Lili. De acuerdo con los denunciantes, la falta de pagos estaría generando suspensión de servicios, escasez de medicamentos y retrasos en la atención, lo que califican como una crisis humanitaria en salud.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
Una decisión de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia permitir que José Ismael Peña Reyes asuma como rector para el período 2024-2027 y dio un plazo de 48 horas para cumplir la decisión, al concluir que se vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido.La determinación se tomó dentro de una acción de tutela en la que el tribunal revisó la controversia sobre la rectoría de la universidad. En primera instancia, un juzgado laboral de Bogotá había negado el amparo, pero esa decisión fue revocada por el tribunal. Según la sentencia, la elección de Peña Reyes realizada en marzo de 2024 sigue vigente porque no ha sido anulada por un juez. Por eso, impedirle posesionarse equivale a desconocer un acto oficial que aún tiene efectos legales y afecta su derecho a desempeñar funciones públicas.En su análisis, los magistrados señalaron que, aunque las universidades públicas tienen autonomía para organizarse, esa facultad no permite ignorar decisiones administrativas válidas. El fallo enfatiza que la institución debe respetar la elección mientras no exista una orden judicial que diga lo contrario y que la protección de los derechos fundamentales exige una solución inmediata.Con esta orden, el Consejo Superior Universitario deberá adoptar en dos días las medidas necesarias para hacer efectiva la posesión del rector. Si la decisión no se cumple, podrían iniciarse sanciones por desacato contra los funcionarios responsables. El expediente será remitido a la Corte Constitucional de Colombia para su eventual revisión, y al tratarse de un fallo de segunda instancia en tutela, no admite nuevas impugnaciones.
La consternación y la indignación no para de crecer en Medellín, luego de conocerse la cruel muerte de un bebé de tan solo 9 meses en el barrio Juan XXIII. El menor ingresó a un centro hospitalario por una supuesta caída, sin embargo, el paso de los días permitió esclarecer que no murió por un accidente sino que fue asesinado.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que las investigaciones permitieron establecer que el padre del menor, un hombre de 24 años, fue el responsable de la muerte del bebé de 9 meses luego de golpearlo."El padre había dicho que se le había caído. Después ya de que Medicina Legal evalúe el caso, básicamente estableció que el trauma fue causado con un elemento justamente de manera contundente. Lo que evidencia es que no fue una caída, no fue un accidente, sino que fue una muerte violenta. A este niño lo asesinó su propio padre", indicó el mandatario.Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que ya el hombre fue judicializado por ser el presunto responsable de provocarle un trauma craneoencefálico el bebé porque, supuestamente, había comenzado a llorar y habría podido calmarlo, recurriendo a la fuerza desmedida.Gutiérrez indicó que la captura de esta persona fue posible gracias al trabajo de las autoridades quienes lo encontraron en el Cementerio Montesacro visitando la tumba del menor de edad."Justo en el momento en el que él visitaba la tumba de su hijo, porque cumplía un año de nacido. Justo ese día, el papá lo visitaba en el cementerio, ahí es donde la policía logra capturar a esta persona. A nosotros nos duelen mucho esos casos", manifestóPor estos hechos, una fiscal de la Unidad de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó al hombre el delito de homicidio agravado, pero no aceptó el cargo y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Gobernación del Valle, a través de la secretaría de Infraestructura, finalizó el proceso licitatorio para la construcción del proyecto de obras de mejoramiento y complementarias de la vía Cañasgordas entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara.La firma Consorcio AV Cañasgordas será la encargada de la construcción de este proyecto, de 226.000 millones de pesos, que beneficiará a más de 360 mil personas de Cali y Jamundí.“La construcción de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas generará alrededor de 24.000 empleos y beneficiará a 360.000 personas que transitan habitualmente en este corredor”, señaló la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.La mandataria también destacó que la obra facilitará los accesos a servicios como salud y educación y fortalecerá el turismo: “En este corredor existe numerosos colegios y universidades; de igual manera se potencia el turismo hacia Jamundí y por supuesto, se impacta el desarrollo económico integral, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cali y Jamundí y el departamento”, indicó.Esta vía tiene contemplado en su alcance seis frentes de obra, destacando la construcción de dos puentes vehiculares, la ejecución de dos retornos, la ampliación de glorieta de Alfaguara y la iluminación de todo el corredor.“Es importante destacar, además, que esta es una obra responsable con el medio ambiente y sostenible, dado que contará con los pasos de fauna y un manejo hidráulico adecuado en beneficio de la conservación de la cuenca del río Jamundí”, resaltó el ingeniero Ramírez.Con este proyecto se mejorarán las condiciones de movilidad de los cerca de 4.300 vehículos que diariamente transitan por esta vía.
Para facilitar la movilidad de los usuarios que diariamente utilizan el sistema masivo de transporte en la capital del Valle del Cauca, se habilitará el pago de pasajes con tarjetas débito y crédito de las franquicias Visa y Mastercard. Esta medida busca mejorar el acceso a las diferentes rutas del MIO.Álvaro Rengifo, gerente de Metrocali, aseguró que se están ultimando los detalles para que la opción quede totalmente operativa la próxima semana: "Los usuarios podrán ingresar al sistema sin necesidad de recargar la tarjeta. Estamos desplegando el sistema en todos los validadores: ya están instalados en las estaciones y terminaremos de implementarlo este fin de semana. Desde la próxima semana, viajar con tarjeta débito o crédito Visa o Mastercard será igual que hacerlo con la tarjeta del MIO", explicó.Agregó que este nuevo sistema permitirá realizar transbordos entre rutas y contará con tecnología de punta, con más de mil validadores instalados en estaciones y buses del MIO."Estos validadores cumplen con todos los estándares y tienen un costo entre un 10 y un 15 % del precio de un validador cerrado. Fue una implementación bastante económica en comparación con otros sistemas. Reemplazamos todos los validadores en estaciones y buses", precisó el gerente.La inversión total fue de 5.000 millones de pesos, recursos aportados por Metrocali y la UTR&T, Unión Temporal de Recaudos, empresa encargada de desarrollar e implementar la tecnología.
Tras seis meses de investigación, la Policía capturó a 'Los de la quinta' , una estructura criminal dedicada al hurto violento de motocicletas que venía afectando al sur de Cali. Las detenciones se llevaron acabo en los sectores de Los Chorros y Prados del Sur, donde las autoridades hicieron efectivas nueve ordenes de capturas contra los presuntos integrantes por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificadoSegún explicó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, esta banda multicrimen afectaba, principalmente, a las comunas 17, 18 y 19 de Cali. Hurtaban motocicletas por encargo criminal para, posteriormente, llevarlas al departamento del Cauca, donde eran vendidas.“En días pasados vimos imágenes en redes sociales de cómo robaban estos hombres, usando métodos violentos de cerrar a sus víctimas hasta hacerlas caer de sus motocicletas. Hoy estos delincuentes están a disposición de la justicia, vinculados a 18 denuncias de hurto. Estas bandas de ‘moto-ladrones’ tarde o temprano van a caer”, enfatizó el secretario.Según las autoridades, al menos 18 denuncias formales han sido interpuestas por hechos relacionados con este modus operandi por esta banda.El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Yesid Bello, destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía para desmantelar esta banda: “Estos delincuentes trabajaban por encargos de otros departamentos cercanos a Cali. Se recepcionaron más de 18 noticias criminales, que dan cuenta de cómo planeaban sus caravanas fachada para poder actuar y delinquir”, explicó.La banda delincuencial estaba conformada por nueve hombres, todos integrantes de una misma familia, que planeaban sus golpes a través de conversaciones vía chat. Alias ‘Perafán’ era quien lideraba y daba instrucciones sobre qué clase de moto, marca y referencia debían robar.
El puerto de Buenaventura atraviesa una nueva crisis de seguridad tras un violento fin de semana que dejó siete asesinatos. Entre las víctimas se encuentra Vladimir Bravo Núñez, joven futbolista de 24 años considerado una promesa del deporte local.El crimen ocurrió en el barrio La Independencia, donde Bravo fue atacado a tiros mientras compraba comida. Su caso no fue aislado, pues se sumó a otros seis homicidios registrados en distintos sectores del distrito portuario.La situación encendió las alarmas entre líderes sociales y comunitarios. Johaner Delgado, referente juvenil de la ciudad, advirtió sobre los riesgos crecientes que enfrenta la población civil en medio de las disputas entre grupos armados.La Iglesia católica también elevó su voz de protesta. El arzobispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, hizo un llamado al Gobierno nacional para adoptar medidas inmediatas que protejan a los habitantes del puerto.Desde el ámbito político, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez exigió al Ministerio de Defensa implementar un plan urgente que frene la escalada violenta y devuelva la tranquilidad a la ciudadanía.En paralelo, continúa el Espacio de Conversación Socio-Jurídico con los grupos 'Shottas' y 'Espartanos'. Pese a la captura de algunos de sus voceros y a las acusaciones contra estas estructuras, las mesas siguen activas en medio de un clima de intimidación hacia la población.
En el oriente de Cali hay indignación ante un presunto caso de abuso de autoridad, ocurrido en el barrio Potrero Grande, donde un patrullero de la Policía al parecer golpeó con su bolillo a una mujer, quien con su cuerpo evitaba que su hijo fuera detenido tras haber participado en una riña.Los uniformados habían llegado al sitio para atender este caso de intolerancia, el cual se había convertido en una batalla campal en medio de la calle.A nivel interno de la Policía se inició una investigación disciplinaria para determinar si de verdad hubo exceso de fuerza por parte del patrullero, mientras tanto, desde la alcaldía de Cali hacen un llamado a la tolerancia, especialmente en espacios de celebraciones familiares.“Conflictos entre familias, conflictos entre amigos que terminan siendo lesiones personales y hasta homicidios. Hay que rechazar esos comportamientos porque requieren un gran esfuerzo institucional y son comportamientos entre adultos: mal manejo del consumo del alcohol, mal manejo del conflicto genera las capacidades que se requieren para mayor acción contra la criminalidad terminen siendo para contención de estos hechos”, dijo Jairo García, secretario de seguridad de Cali.Durante las próximas horas se reforzarán los patrullajes en este barrio del oriente de Cali para evitar más actos de intolerancia entre la comunidad misma y por parte de las personas a la fuerza pública.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
La crisis del sistema de salud continúa afectando gravemente a los pacientes en la capital del Valle del Cauca. En esta ocasión, se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de tan solo siete años que enfrenta una compleja condición médica y cuya vida hoy depende de la oportuna atención que no ha recibido.Francisco padece hemofilia y una enfermedad renal crónica. Desde su nacimiento cuenta únicamente con un riñón, lo que lo obliga a depender de una máquina de diálisis para poder continuar con su vida diaria.Durante un tiempo, el menor era atendido en la Clínica Imbanaco, uno de los centros médicos especializados de la ciudad. Sin embargo, en octubre del año pasado el convenio fue cancelado, dejándolo por fuera del sistema de atención y afectando de manera directa y grave su estado de salud. El drama también golpea a su madre, quien desde hace cuatro meses está a la espera de un trasplante de riñón para su hijo."Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le esta dando esa condición, esta semana tuvo complicaciones y yo lo lleve a la Clínica Imbanaco porque yo no se donde más llevarlo y no hay otro sitio que le brinde atención, pero ya el convenio acabo, me dijeron que lo llevará al Hospital Universitario del Valle pero yo tengo que proteger a mi hijo" expresó Leidy Delgado, madrede Francisco. Según denunció la madre de Francisco , ha interpuesto acciones de tutela y ha agotado todas las vías posibles para lograr que su hijo reciba sus citas y medicamentos a tiempo, sin obtener hasta el momento respuesta por parte de la EPS."Francisco esta a la espera que su EPS le busque el prestador para ingresar al programa para el trasplante de riñón, nosotros hemos hablado con la EPS Coosalud para que se pueda vincular al niño y pueda estar en la lista de espera para su trasplante de riñón." dijo el defensor del paciente , César revelo. La preocupación de su madre es aún mayor, ya que ella también padece hemofilia y diabetes, y asegura que desde hace dos meses no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades. Ante este panorama, la mujer hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho a la salud tanto de su hijo como el de ella.
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.