Los habitantes del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, se encuentran atemorizados por las consecuencias que pueda generar para el turismo los últimos ataques contra la estación de policía del sector.Los comerciantes del corregimiento están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, y le extendieron a los visitantes una invitación, junto a un parte de tranquilidad, para que tengan la confianza de seguir visitando el pueblo."Mi papá tiene un negocio allá cerca en el pueblo, él nos comentó lo de ese tema, un amigo también, que tiene su panadería al frente del comando, hasta metralla les cayó ahí adentro del negocio, esquirlas, salieron bastante asustados. Realmente pues no eso no es común, no es de todo el tiempo, o sea el pueblo es muy tranquilo", indicó un comerciante de El Queremal.Aunque la normalidad ha vuelto al corregimiento, el temor persiste teniendo en cuenta que El Queremal cada fin de semana es visitado por ciudadanos de Cali y el resto del departamento, especialmente para las fincas y la presencia de grupo armados pondría en riesgo este sector económico.Por su parte, la alcaldesa del municipio, Karol Villarejo, aseguró que la fuerza pública está completamente desplegada no solo en el Queremal sino también en el resto de la zona rural, para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los visitantes."Bajo ninguna circunstancia el terrorismo puede ser una de las opciones, estamos viviendo momentos complejos y difíciles en el territorio. Pero, por fortuna tenemos nuestra Policía, al Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea", añadió la mandataria.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato en todo el país del producto infantil Delicada Espuma Limpiadora 210 mL, destinado a bebés y niños, correspondiente al lote 2506022, tras evidenciar una alteración microbiológica. La decisión fue informada este 17 de febrero de 2026 en Bogotá, en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control y del programa institucional “Demuestra la Calidad”.Según la entidad, los análisis realizados por su laboratorio detectaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, de acuerdo con lo establecido en la Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia mediante la Resolución 2120 de 2019. Por esta razón, el lote fue clasificado como Producto Alterado (Alterado 2) y se ordenó su retiro del mercado.El registro sanitario del producto pertenece a la empresa ECOTU S.A.S. y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A.. De acuerdo con el comunicado, no se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote involucrado en la alerta.Como parte de las medidas preventivas, el Invima recomendó a la ciudadanía suspender de inmediato el uso del producto y reportar a la entidad o a las autoridades territoriales de salud los lugares donde se esté distribuyendo o comercializando. También pidió informar cualquier evento no esperado relacionado con su aplicación a través de sus canales oficiales.A las secretarías de salud les solicitó reforzar las labores de inspección en establecimientos donde pueda encontrarse el producto y adoptar las medidas sanitarias correspondientes, así como notificar a la autoridad en caso de hallarlo. A los establecimientos comerciales les advirtió que deben abstenerse de distribuir o vender el lote señalado, ya que podrían ser objeto de sanciones.La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima indicó que estas acciones hacen parte de las estrategias para proteger la salud pública y asegurar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos.
La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica emitió una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Congreso de la República de Colombia, la Defensoría del Pueblo y a la opinión pública, en la que expone una situación relacionada con el acceso a tratamientos para niños y adolescentes con hemofilia y otras coagulopatías.Según la organización, en el país hay más de 6.000 personas diagnosticadas con estos trastornos, entre ellas más de 3.200 pacientes con hemofilia, y se han presentado casos de interrupciones en la entrega de factores de coagulación, medicamentos necesarios para prevenir hemorragias y otras complicaciones.En el documento, la asociación señala que la falta de suministro oportuno de estos tratamientos se ha asociado con hospitalizaciones, daños articulares y episodios de sangrado en menores de edad.Por ello, solicita a las autoridades garantizar la entrega continua de los medicamentos, reforzar las labores de inspección y control a las EPS, priorizar a esta población dentro de las estrategias de aseguramiento y establecer mesas técnicas de trabajo con participación de sociedades científicas y asociaciones de pacientes para identificar causas y proponer soluciones.
En la noche de este martes, haciendo uso del derecho contemplado en el Estatuto de la Oposición, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático realizaron la réplica a la alocución del presidente Gustavo Petro realizada el pasado domingo 16 de febrero en el que defendió el incremento del salario mínimo a un 23,7 %.La réplica de Cambio Radical estuvo representada por el senador cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, y el representante Julio César Triana, quienes denunciaron una profunda inestabilidad institucional y una falta de seguridad jurídica que mantiene al país en la incertidumbre.Desde Cali, el senador Motoa señaló que el Gobierno ha sumido a la nación en un “limbo jurídico” debido a su falta de respeto por la Constitución y la ley. Según Motoa, el Ejecutivo ha demostrado ser “incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales”.El senador también cuestionó el rol actual del mandatario, afirmando que Petro “no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos”, sino que actúa como “jefe de debate de un candidato presidencial que es aún más fanático que él”, posiblemente refiriéndose al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.“Colombia merece certeza, estabilidad y un liderazgo amplio que gobierne para la totalidad, no para una base política. Desde la oposición al Gobierno nacional tenemos una invitación clara: no coman cuento ni traguen entero. Si a Petro le interesara el pueblo colombiano tomaría decisiones con vocación de permanencia, en vez de decisiones pensadas para agitar a sus adeptos”, aseguró Motoa.Por su parte, el representante Julio César Triana centró su intervención en la indignación ciudadana frente a lo que calificó como un Gobierno de imposiciones populistas. Triana exigió que el ingreso digno se busque “bajo la concertación y el diálogo” y no mediante la confrontación.Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el cuestionamiento sobre la movilización social: “Presidente, la pregunta que hoy nos formulamos miles de colombianos es: ¿por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno?”.El representante recordó escándalos protagonizados por funcionarios de este gobierno como el de la Unidad para la Gestión de Riesgo, en donde dice, se robaron más de $8 billones de pesos de recursos necesarios para atender a los damnificados por la ola invernal en departamentos como Córdoba.Triana también mencionó otros escándalos, incluyendo el cartel de títulos, la financiación irregular de la campaña y contratos millonarios para servicios de maquillaje y fotografía para la exprimera dama, señalando que estos hechos son los que realmente le duelen al pueblo colombiano.
A meses de que se ponga en funcionamiento el esperado Túnel del Toyo, nuevamente hay confrontaciones entre las autoridades antioqueñas y el Gobierno nacional.Esta vez, porque la Nación está retrasando la instalación de los equipos electromecánicos a pesar de que, aparentemente, los requisitos ya se cumplieron hace varios meses.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el compromiso de la instalación estaba desde la presidencia de Iván Duque y el Gobierno nacional estaba en la obligación de comprar e instalar los equipos electromecánicos una vez se culminaran las obras del primer tramo, mismas que finalizaron el año pasado y ahora todo se enredó."Aquí pareciera existir un ánimo, una vez más, de fastidiar del Gobierno nacional. Esos equipos están embodegados desde hace mucho más de un año, tal vez año y medio, un poco más, pero no hay razón alguna para que ellos se rehúsen a poner los equipos electromecánicos en el setenta y cinco por ciento del trayecto", indicó Rendón.Ahora, y ante esta decisión que podría retrasar la apertura del Túnel del Toyo, el mandatario departamental aseguró que enviarán un oficio ante la Contraloría General de la República porque había un compromiso desde mediados de 2025 y al no entregar los equipamientos podría estar recurriendo en un detrimento al patrimonio. Ante esta situación desde la Gobernación se ha buscado una solución para no seguir postergando la inauguración.Rendón explicó que se necesitan 170.000 millones de pesos, de los cuales solo hay aproximadamente 50.000 millones de pesos y el Gobierno nacional ya le habría indicado a la empresa encargada de la instalación que sí dará los recursos pero entre 2027 y 2028, por lo que el mandatario propuso una alternativa."Los 120.000 restantes, la Nación se los puso en el 2027, les puso como 90.000 millones y el resto se los ponen en el 2028. Ayer en Consejo de Gobierno decidimos, hablemos con el contratista, advirtamos del detrimento patrimonial, que la idea le ponga esos 120.000 que necesita ya, pueda instalar los equipos electromecánicos y la gobernación asume el costo financiero", explicó el gobernador de Antioquia.A la espera que se haga la reunión entre Gobernación y contratista y así se pueda definir el camino a seguir, otro que mostró su voz de rechazo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió que la situación nuevamente pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros.
El candidato independiente en las presidenciales Daniel Palacios, que se encuentra en EE.UU. promoviendo su propuesta de mano dura contra el crimen y el narcotráfico en su país, realizó una petición a la Fiscalía estadounidense para que investiguen las menciones del también candidado Iván Cepeda en los computadores del abatido 'Raúl Reyes'.Palacios asegura que está en Washington para presentar una solicitud formal a la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, para que revise las menciones del hoy candidato del oficialismo a la presidencia, Iván Cepeda (al que él califica "como heredero de las FARC"), en los computadores del guerrillero Édgar Devia, alias Raúl Reyes, fallecido en una operación militar en 2008.El político considera que esos computadores "en Colombia fueron decretados inadmisibles por la Corte Suprema de Justicia, pero aquí en EE.UU. hacen parte y son pieza fundamental de la acusación federal (por narcoterrorismo y conspiración) contra (el expresidente venezolano) Nicolás Maduro" y por ello podrían ameritar una investigación formal contra Cepeda.Promesa de mano duraEn entrevista con EFE aseguró que, si resulta elegido, Bogotá y Washington pueden desarrollar los lazos más sólidos de su historia común gracias a sus intereses compartidos.El candidato responsabiliza enteramente al presidente Gustavo Petro del distanciamiento bilateral que se ha dado desde el retorno al poder en EE.UU. de Donald Trump en enero de 2025 y considera que más allá "insultar" o "criticar" políticas del republicano, el mandatario suramericano no ha cumplido a la hora de combatir la criminalidad a nivel interno y transfronterizo.La relación con Washington según Palacios, que entre 2020 y 2022 fue ministro del Interior bajo la presidencia de Iván Duque, "podría tener el mejor momento de la historia de Colombia porque se alinearían los intereses de EE.UU. con los intereses de Colombia en una presidencia de Daniel Palacio".El primer objetivo compartido es, según él, "derrotar a la criminalidad, derrotar al narcotráfico, perseguir el terrorismo y hacer una migración ordenada y regulada".Además de tener en Bogotá a "un aliado comercial estratégico fundamental", Palacios señala otro interés común, que es el de lograr que la inversión que se va a hacer en Venezuela a partir de la venta de crudo gestionada por EE.UU. se "reinvierta" en las regiones fronterizas que Colombia comparte con el país caribeño.Palacios cree que esta inyección a ambos lados de la divisoria podría superar los 6 billones de dólares y que debe centrarse en "tener fronteras seguras, para poder derrotar a los grupos de narcotráfico y terrorismo que operan en esas zonas", pero también "en infraestructura, en zonas de comercio, en temas de hidrocarburos tan importantes para las dos naciones".El que fuera exsecretario personal del expresidente Álvaro Uribe cree que también debe invertirse parte de ese dinero en "una operación de retorno de migrantes venezolanos (que están actualmente en suelo colombiano) a Venezuela que se haga de manera ordenada, segura y humana, porque en esa reconstrucción de Venezuela, muchos venezolanos van a querer regresar".Candidatura de PalaciosPalacios concurrirá como independiente tras recolectar 1,3 millones de firmas ya avaladas y abandonar en enero la Gran Consulta por Colombia, el bloque de centro‑derecha que escogerá el 8 de marzo candidato único para primera vuelta, que se celebra en mayo.El exiministro, de 43 años, insiste en que "a algunos de esos candidatos les pareció que yo era muy de derecha y que entonces no debía participar en esa consulta"."Yo he dicho que si mi firmeza en contra de la criminalidad, si mi firmeza en contra del Gobierno de Gustavo Petro, me descalifican de estar en esa consulta, pues que nos descalifiquen", explica, insistiendo en que su propuesta de mano dura en materia de seguridad o su negativa a sentarse a dialogar con grupos armados son innegociables.Palacios insiste en que no va a ser un obstáculo si más adelante "hay una candidatura que se consolide y tenga mayor chance de derrotar al candidato de Petro y lo que representa el continuismo de Gustavo Petro".
En la mañana de este miércoles, habitantes de la Comuna 20 de Cali realizan un bloqueo total de la avenida de Los Cerros, al oeste de la ciudad, a la altura de la glorieta del barrio Siloé, como señal de protesta por la falta de servicio de agua potable en el sector.Algunos usuarios aseguran que hay viviendas que desde hace más de dos meses no cuentan con el servicio, motivo por el cual salieron a bloquear las calles.“Somos alrededor de 300 personas y esta protesta es porque ya estamos cansados de esta situación. Aquí estamos realizando una manifestación pacífica porque hay casas que desde hace dos meses no tienen agua, o a veces la ponen por pocas horas y eso nos está afectando. También hay viviendas que reportan que hace cinco días les suspendieron el servicio y, aun así, la factura llega normal”, dijo Andrés López, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén.En el bloqueo, las personas utilizaron llantas, carteles, pitos y otros elementos para llamar la atención de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, de su gerente, Roger Mina, y del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder. “En estos momentos el equipo de la Gerencia de Acueducto de Emcali adelanta una mesa de diálogo con líderes de la Comuna 20, con el propósito de definir acciones para garantizar el servicio de agua potable en la zona de ladera, en medio del bajo caudal del río Meléndez”, respondió Emcali a través de un comunicado.Los barrios más afectados de la Comuna 20 son Brisas de Mayo y La Sultana, donde aproximadamente más de 2.000 personas han tenido que comprar agua en los supermercados. Desde el punto de bloqueo manifestaron que, si no hay una solución, se tomarán la Calle 5 con apoyo de los motorratones que trabajan en la zona.
Mientras avanza la búsqueda de los responsables del ataque contra el vehículo del director regional del INPEC en Cali, las autoridades revelaron la primera hipótesis del caso, que apunta a una retaliación de bandas criminales contra esta entidad.Según la Policía Metropolitana de Cali, este ataque habría sido una reacción a modificaciones que recientemente se han realizado al interior de la cárcel de Villa Hermosa, específicamente el traslado de alias 'Chinga Pipe', líder de una peligrosa banda que delinque en el oriente de la ciudad, quien recientemente fue enviado a Girón, Santander."Este delincuente 'Chinga Pipe' lo trasladamos hace 15 días y esto obedece a esos controles que se están adelantando por la Policía y el INPEC al interior de los centros penitenciarios. También el pasado martes hicimos operativos en las cárceles de Villa Hermosa y Jamundí, y esto obedece a un mecanismo que ellos utilizan para generar zozobra de acuerdo a los operativos", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali.El ataque se registró alrededor de las diez de la noche, en inmediaciones de la avenida 2da norte con Calle 23A, donde actualmente se ubica la sede regional occidental del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cuando una granada fue lanzada por hombres en motocicleta, contra una camioneta de la UNP asignada al director regional de la institución, Guillermo Andrés Gonzáles Andrade.Cabe señalar que justo hace una semana, otro explosivo había sido lanzado contra la cárcel de Villa Hermosa, hecho que dejó varias afectaciones materiales. Las autoridades confirmaron que ambos hechos estarían relacionados entre sí. "La información que tenemos es que todas las actividades que se han venido haciendo, controles dentro de este establecimiento carcelario está generando este tipo de actuaciones, pero vamos a continuar en coordinación con el INPEC previniendo estos hechos e identificando a los responsables para capturarlos" señaló el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.Hay que tener en cuenta que recientemente el alias de 'Chinga Pipe' ha resonado en los últimos hechos de violencia ocurridos en la capital vallecaucana, pues están relacionados a la guerra que este criminal sostiene con alias 'Dimax'. Días atrás se había atacado una vivienda con una granada, y hace más de un mes 'Chinga Pipe' había sido capturado portando un fusil.
En la noche de este miércoles, 24 de septiembre, se reportó la explosión de una granada en Cali. El artefacto fue dejado en el vehículo del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González, el cual estaba parqueado en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.Por fortuna no este hecho no dejó personas lesionadas, ya que el funcionario se encontraba en su vivienda al momento del ataque. La detonación causó únicamente daños materiales en la zona y en el vehículo que es asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), destinado al esquema de seguridad del director regional.Blu Radio conoció que, aparentemente, este ataque contra el funcionario regional del Inpec estaría relacionado con los operativos, así como los recientes cambios de patios y traslados que se están realizando de las personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios de la cárcel de Villahermosa.Las autoridades informaron que en las próximas horas entregarán más detalles sobre lo ocurrido.
Un nuevo ataque se registró contra unidades militares pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina No. 2, en zona rural del corregimiento de Bajo Calima, en Buenaventura, Valle del Cauca. El hecho fue perpetrado por integrantes de la estructura “Wilson González”, de la disidencia de las Farc “Jaime Martínez”, que delinque en esta zona.El grupo armado utilizó armas de fuego y granadas, las cuales fueron lanzadas por drones en el sector donde se encontraban las tropas y la población civil. Afortunadamente, estos hechos no dejaron militares ni civiles heridos.“Realizaron un ataque terrorista que incluyó el uso de drones y el lanzamiento de aproximadamente ocho granadas de manera indiscriminada, poniendo en riesgo a la población civil y atentando contra las tropas desplegadas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2. Es una acción infame que demuestra la degradación de esta organización y su desprecio por la integridad de las comunidades que habitan en este importante corregimiento”, afirmó el coronel de Infantería de Marina Carlos Andrés Castellanos Rivera, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.Por este atentado, se solicitó reforzar la seguridad en la zona para evitar nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de los militares y de la población civil, que en otras oportunidades ha tenido que soportar los intensos combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.“El compromiso de la Armada Nacional es permanecer en el lugar y fortalecer la acción ofensiva contra estas estructuras, con el objetivo de brindar seguridad a la población civil y atacar las economías ilícitas que son el motor de la actividad criminal en la región”, explicó el coronel Castellanos.Finalmente, la Armada de Colombia, en un comunicado, rechazó los hechos y manifestó que este tipo de actuaciones constituyen una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, por lo que serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
Nuevamente, encapuchados protagonizaron disturbios a las afueras de la Universidad del Valle, en el sur de Cali, en la tarde de este miércoles, lo que obligó a la evacuación del personal administrativo y estudiantil del lugar debido a la detonación de papas bomba.Este hecho ocasionó el bloqueo de las vías aledañas y la intervención de la Secretaría de Movilidad con un plan de desvíos para evitar que los ciudadanos que se movilizan por el sector quedaran atrapados en los enfrentamientos."Vuelve y juega: esto no es protesta, es terrorismo. El rector de Univalle debe actuar para prevenir estos hechos violentos. Alcalde @alejoeder, recupere el orden y evite que se repita lo de la semana pasada", manifestó Juan Felipe Murgueitio, concejal de Cali.Y es que esto ocasionó pánico en los habitantes de las zonas aledañas al sitio, quienes tuvieron que resguardarse en sus hogares. Además, algunos locales comerciales tuvieron que cerrar sus puertas para evitar quedar en medio de los enfrentamientos."En menos de una semana, encapuchados de Univalle bloquean la Pasoancho y afectan a miles de caleños. La semana pasada quemaron tractomulas y hurtaron una moto oficial; hoy repiten los disturbios", dijo el cabildante.La Policía Metropolitana, por su parte, se desplegó con varios uniformados en la zona para evitar mayores afectaciones e intervenir el plantel educativo ante posibles desmanes que pudieran presentarse por cuenta de los encapuchados.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
La crisis del sistema de salud continúa afectando gravemente a los pacientes en la capital del Valle del Cauca. En esta ocasión, se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de tan solo siete años que enfrenta una compleja condición médica y cuya vida hoy depende de la oportuna atención que no ha recibido.Francisco padece hemofilia y una enfermedad renal crónica. Desde su nacimiento cuenta únicamente con un riñón, lo que lo obliga a depender de una máquina de diálisis para poder continuar con su vida diaria.Durante un tiempo, el menor era atendido en la Clínica Imbanaco, uno de los centros médicos especializados de la ciudad. Sin embargo, en octubre del año pasado el convenio fue cancelado, dejándolo por fuera del sistema de atención y afectando de manera directa y grave su estado de salud. El drama también golpea a su madre, quien desde hace cuatro meses está a la espera de un trasplante de riñón para su hijo."Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le esta dando esa condición, esta semana tuvo complicaciones y yo lo lleve a la Clínica Imbanaco porque yo no se donde más llevarlo y no hay otro sitio que le brinde atención, pero ya el convenio acabo, me dijeron que lo llevará al Hospital Universitario del Valle pero yo tengo que proteger a mi hijo" expresó Leidy Delgado, madrede Francisco. Según denunció la madre de Francisco , ha interpuesto acciones de tutela y ha agotado todas las vías posibles para lograr que su hijo reciba sus citas y medicamentos a tiempo, sin obtener hasta el momento respuesta por parte de la EPS."Francisco esta a la espera que su EPS le busque el prestador para ingresar al programa para el trasplante de riñón, nosotros hemos hablado con la EPS Coosalud para que se pueda vincular al niño y pueda estar en la lista de espera para su trasplante de riñón." dijo el defensor del paciente , César revelo. La preocupación de su madre es aún mayor, ya que ella también padece hemofilia y diabetes, y asegura que desde hace dos meses no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades. Ante este panorama, la mujer hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho a la salud tanto de su hijo como el de ella.
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.