Poco a poco Cali supera las emergencias registradas por las fuertes lluvias ocurridas entre la tarde y la noche de este jueves, las cuales generaron graves afectaciones en el norte, el oeste y el centro de la ciudad.En varios sectores se reportó caída de granizo, mientras que en vías principales como la Avenida Sexta, en inmediaciones del sector de Chipichape, hubo inundaciones por el colapso del alcantarillado. Los bomberos atendieron la caída de once árboles en diferentes calles, en algunos de estas atenciones se rescataron personas que quedaron atrapadas dentro de los vehículos.Entre las situaciones atendidas por los organismos de socorro, hubo varias casas destechadas en los barrios Nacional, Brisas de Mayo y Terrón Colorado, en este último además se rescataron dos personas que habían sido arrastradas por la creciente de una quebrada. Mientras que en zona rural, en el corregimiento de Montebello, el desbordamiento del río Aguacatal inundó varias casas inundadas."Atendimos la rotura de un ventanal por caída de una valla, por los fuertes vientos en un cuarto piso de edificación. También tenemos otras múltiples viviendas, las cuales por efecto del viento sus techos han salido desprendidos y sus ventanales. Y así mismo estamos haciendo evaluación de la salida de una quebrada en la vía Montebello", explicó el bombero Jefferson Agudelo, Coordinador del centro de Telemática de bomberos Cali.Cabe recordar que en el resto del Valle del Cauca otros once municipios también han tenido afectaciones por las fuertes lluvias, durante esta semana. Por lo que más de la mitad del departamento está en alerta.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena en primera instancia contra el exgobernador del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por irregularidades en la contratación de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba en Istmina, un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.La Corte concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras comprobar que tramitó y celebró negocios jurídicos sin observar condiciones esenciales de la contratación estatal.Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación, al no poder comprobarse que se hubiera apropiado indebidamente de recursos públicos.¿Cuáles son los contratos que tuvo en cuenta la Corte?Este proceso judicial se centró en dos contratos suscritos en 2013: uno de interventoría y otro para la construcción de la primera etapa de la sede universitaria en el municipio de Istmina.Según el fallo, el contrato de interventoría fue celebrado mediante un acuerdo interadministrativo con la universidad sin que su objeto misional justificara esa modalidad de contratación directa.La Corte concluyó que la institución educativa no contaba con la capacidad técnica, administrativa ni logística para ejecutar la interventoría de dicha edificación, lo que llevó a que posteriormente subcontratara esas funciones con un tercero, evidenciando fallas de planeación y transparencia.En cuanto al contrato de obra, el alto tribunal determinó que se adjudicó sin estudios previos completos sobre el terreno, los diseños y las condiciones técnicas del proyecto.Además, se firmó el acta de inicio sin contar con licencia de construcción y el predio presentaba conflictos de ocupación por terceros, lo que impidió la ejecución normal de las obras y generó múltiples suspensiones y modificaciones contractuales.En su decisión, la Corte estableció que existe certeza sobre la responsabilidad penal de Palacios Mena por celebrar contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por ello, anunció sentido condenatorio por ese delito en concurso homogéneo, mientras que dispuso su absolución por peculado.La sentencia completa será dada a conocer en una etapa posterior, en la que se fijará la pena correspondiente por la que deberá responder el exgobernador.
El avistamiento de murciélagos volando en pleno día encendió las alarmas en varios sectores de Cali. En redes sociales y grupos comunitarios comenzó a circular la preocupación de que estos animales podrían estar propagando rabia, generando temor entre los ciudadanos.Ante la inquietud, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se pronunció para aclarar la situación y desmentir que este comportamiento represente, por sí solo, un riesgo sanitario.En Cali habitan al menos 18 especies de murciélagos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en Colombia se han identificado cerca de 200. Muchas de estas especies están adaptadas a entornos urbanos y periurbanos, y su actividad, incluso en horas diurnas, puede estar asociada a la búsqueda de alimento o refugio, sin que ello represente automáticamente una amenaza sanitaria.La bióloga del grupo de gestión de fauna silvestre del Dagma, Jessica Galíndez, señaló que estos animales enfrentan riesgos derivados principalmente de la desinformación y la pérdida de hábitat.“Este grupo tan importante se ha visto amenazado por la pérdida de hábitat y también por los falsos mitos que se generan por su imagen. Es importante no generar alarma por ver murciélagos volando en el día o en la noche, dado que es una actividad natural en la cual están buscando dónde dormir o qué comer”.La funcionaria insistió en que la presencia de murciélagos no significa que exista un brote de rabia. La enfermedad se transmite principalmente por mordedura o contacto directo con la saliva de un animal infectado, por lo que el riesgo se presenta únicamente si hay manipulación directa.Además, destacó la importancia ecológica de esta especie para el equilibrio ambiental de la ciudad.“Es importante resaltar la importancia de los murciélagos en la naturaleza, dado que contribuyen en la polinización, en la dispersión de semillas y como controladores de insectos que podrían convertirse en plagas. La recomendación del Dagma es no manipularlos y reportar cualquier caso a las autoridades ambientales”.Desde el Dagma reiteraron que, si un murciélago es encontrado herido, en el suelo o dentro de una vivienda, no debe ser tocado ni capturado. En esos casos, la ciudadanía debe comunicarse con la autoridad ambiental para activar el protocolo de atención de fauna silvestre.El llamado final es a la convivencia responsable con la fauna urbana y a evitar la difusión de información falsa que pueda generar miedo injustificado frente a una especie que cumple funciones fundamentales en el ecosistema caleño.
Las recientes alteraciones al orden público en el Valle del Cauca están generando preocupación sobre las garantías de seguridad para las elecciones al Congreso de la República previstas para el próximo 8 de marzo. En municipios con antecedentes de presencia de grupos armados ilegales, las autoridades locales ya evalúan posibles traslados de puestos de votación.Uno de los casos que más inquieta es el de Dagua, donde en las últimas horas se registraron ataques contra la fuerza pública en zona rural. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los hostigamientos encendieron las alertas frente a la participación electoral en corregimientos apartados.El personero municipal, Hamlet Caicedo, confirmó que existe una solicitud para revisar la permanencia de tres puestos de votación en áreas rurales del municipio.“Hay una solicitud para dejar tres puestos de votación, puntualmente El Danubio, La Isla y La Cascada. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de autorización para el traslado. Se entiende que la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad es importante, pero también hay que reconocer que parte de la labor de la fuerza pública es brindarle seguridad a la comunidad y permitir que la gente pueda desarrollar en paz su derecho al sufragio”, señaló el funcionario.La situación también genera preocupación en la zona rural de Buenaventura, donde la presencia de estructuras armadas ilegales ha motivado solicitudes de revisión en algunos puestos de votación.El defensor del Pueblo en el Pacífico advirtió que, además de los riesgos de seguridad, existen factores humanitarios que deben analizarse, especialmente en sectores con comunidades desplazadas.“En el corregimiento 8 tenemos comunidades que están desplazadas desde hace mucho tiempo. Esa situación hay que revisarla y verificar si vale la pena mantener puestos de votación allí, donde actualmente permanecen tres o cuatro personas, o si deben trasladarse al casco urbano, donde hoy se encuentra la mayoría de la población desplazada. En el Bajo Calima, en cambio, las comunidades siguen allá y la seguridad debe ser garantizada por la fuerza pública. Esto será objeto de discusión en los próximos comités electorales”, explicó.Las solicitudes serán evaluadas en la próxima mesa de seguridad electoral, donde autoridades locales, departamentales y organismos de control definirán si procede el traslado de puestos de votación y qué medidas adicionales se adoptarán para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en el departamento.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
El mercado de repuestos en Colombia arranca 2026 con una base sólida de demanda, impulsada por la recuperación que tuvo el sector automotor durante 2025. Sin embargo, el panorama para este año estará marcado por mayores cargas fiscales, ajustes arancelarios y cambios regulatorios que, según el gremio, podrían impactar precios, liquidez y abastecimiento.De acuerdo con la Asopartes, el entorno económico actual redefine las condiciones de operación para una industria que depende en gran medida de importaciones y que compite directamente con el mercado informal.¿Por qué habría presión sobre los repuestos en Colombia en 2026?Durante 2025 se matricularon 254.438 vehículos nuevos en el país, lo que representó un crecimiento del 26,4 % frente a 2024. En el caso de las motocicletas, las cifras alcanzaron 1’125.540 registros, con un aumento del 35,1 %, que amplió el parque automotor y fortaleció la demanda de mantenimiento y reposición.Ese crecimiento sostiene la necesidad de autopartes, especialmente en un contexto donde la reparación y el mantenimiento siguen siendo determinantes para la movilidad diaria. Sin embargo, el inicio de 2026 coincide con el primer ciclo fiscal completo bajo nuevas reglas tributarias.El gremio ha advertido que el decreto 572, que establece un anticipo de impuestos mediante retención en la fuente, afecta el capital de trabajo de las empresas del sector. La medida entró en vigor el 1 de junio de 2025, pero este año marca el momento en que sus efectos se sienten de manera integral en la operación financiera de las compañías.Según explicó Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, el mercado muestra señales de consumo activo, pero las decisiones fiscales reducen la liquidez en una industria donde cerca del 85 % de las autopartes son importadas y requieren flujo constante para garantizar inventarios.¿Qué impacto tendrían los aranceles en vehículos y repuestos?A finales de 2025, el Gobierno colombiano propuso incrementos arancelarios de hasta 40 % para vehículos de combustión y de hasta 35 % para motocicletas de combustión y sus insumos.Según Asopartes, estas medidas no solo afectarían el precio de los vehículos nuevos, sino también el costo de piezas mecánicas y repuestos de colisión que no se fabrican localmente. El encarecimiento de estos productos podría ubicarse por encima de la inflación general, elevando el valor final del mantenimiento.Desde el sector se ha señalado que aumentos acelerados en el mercado formal tienden a abrir espacio al comercio informal, especialmente en categorías donde el precio es determinante para el consumidor.¿Cómo influye la transición a híbridos y eléctricos?En paralelo, el avance de los vehículos híbridos y eléctricos introduce nuevos retos para el sector autopartista. Aunque en 2025 este segmento mostró un crecimiento relevante, existe incertidumbre frente a la continuidad de algunos beneficios tributarios.Para Asopartes, los vehículos híbridos son estratégicos porque integran componentes tradicionales con sistemas electrónicos que exigen mayor especialización técnica. Esto implica mayores necesidades de capacitación y adaptación tecnológica dentro del sector formal.¿Cuánto crecería el mercado de autopartes en 2026?En este escenario, el gremio proyecta que el mercado podría expandirse alrededor de un 8 % durante 2026. El envejecimiento del parque automotor y la demanda de mantenimiento preventivo y correctivo impulsarían categorías como lubricantes, filtros, frenos, suspensión y llantas.No obstante, el desempeño final dependerá de la evolución de las condiciones fiscales y arancelarias.“El 2026 será un año de decisiones. El sector tiene demanda, pero necesita reglas claras y estabilidad para crecer de manera formal, proteger el empleo y garantizar la seguridad vial de los colombianos”, concluyó Pineda.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
Autoridades encontraron un tigrillo lanudo hembra en estado crítico en un cerro tutelar de Medellín. Las autoridades investigan si es una posible víctima de cautiverio y tráfico ilegal.Una hembra de tigrillo lanudo fue encontrada en las últimas horas en estado crítico en el Cerro de las Tres Cruces, en Medellín, con evidentes signos de maltrato, desnutrición severa y posible cautiverio ilegal, según confirmaron las autoridades ambientales y el alcalde Federico Gutiérrez.El felino fue recuperado por personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá al borde de un sendero. Según el reporte oficial, presentaba deshidratación severa, extrema delgadez, abundantes parásitos y fracturas en sus dientes, lo que podría estar relacionado con la práctica ilegal de cortárselos para evitar que muerda durante su cautiverio.Además, los profesionales detectaron un exceso de pulgas, lo que evidencia un probable contacto prolongado con animales domésticos, lo que refuerza la hipótesis de que el tigrillo habría estado en cautiverio y posteriormente fue abandonado.Durante la atención inicial por parte del AMVA, el animal sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero logró ser reanimado y estabilizado por parte del equipo veterinario. Actualmente permanece hospitalizado en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde está bajo monitoreo permanente, pero su pronóstico es reservado.Gutiérrez calificó el caso como un grave atentado contra la biodiversidad. “Todo indica cautiverio ilegal. Esto no es menor: es un crimen contra la vida y contra nuestra biodiversidad. Nuestra fauna silvestre no está para el encierro ni para el tráfico ilegal. Cada animal que sacan de su hábitat debilita nuestros ecosistemas y afecta el equilibrio ambiental de la ciudad”, señaló.Por lo pronto, las autoridades continúan con la atención médica del felino en el mencionado centro en Barbosa y avanzan en las investigaciones para determinar las responsabilidades detrás de este caso de presunto tráfico ilegal de fauna.
Tras persecución de película, capturaron en Medellín a presunto responsable de ataque armado en Rionegro, Antioquia. Una persona resultó herida y se recupera en un centro asistencialUn ataque armado ocurrido en el sector Barro Blanco del municipio de Rionegro dejó a una persona herida por una bala perdida y desencadenó un operativo que terminó con la captura de uno de los presuntos responsables en Medellín.Según indicaron las autoridades, el atentado iba dirigido contra los ocupantes de un vehículo. Durante el hecho en zona urbana se registraron disparos y una persona que no estaba involucrada resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica, y se encuentra fuera de peligro.Tras el ataque, las autoridades iniciaron el seguimiento del vehículo en el que habrían huido los responsables. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar un taxi que, según los reportes, participó en el hecho y salió del municipio en el Oriente del departamento con dirección al Valle de Aburrá.Por su parte, Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro informó que el seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo fue posible rastrear la ruta de escape y facilitar la acción policial que llevó a la captura.“Gracias a la oportuna reacción y protocolo de nuestro centro de monitoreo y control. En articulación, por supuesto, de nuestra Policía Nacional se logra la ubicación del vehículo en donde se movilizaba el presunto delincuente, dando como resultado la captura y la incautación del arma de fuego”, afirmó.De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, el sistema de cámaras de la capital antioqueña también permitió ubicar el vehículo e iniciar una persecución.El conductor omitió la orden de detenerse, el taxi se volcó durante la huida y, según Villa, el hombre intentó apuntar con un arma a los policías, momento en el que los uniformados dispararon, lo hirieron y procedieron con el operativo.Por lo pronto, el detenido quedó bajo custodia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que asumió el procedimiento judicial correspondiente.
La polémica Carpa de la 66, que anteriormente estaba ubicada en el sur de Cali, en un predio localizado sobre la avenida Pasoancho con carrera 66, al parecer, volvería a hacer eventos durante las festividades de fin de año en la ciudad en el marco de la versión No. 68 de la Feria de Cali. Esto lo confirmó el empresario de eventos Carlos Paz, representante legal del 'Mejor Parche de la Feria', quien aseguró que, desde este momento, está gestionando los permisos correspondientes con las autoridades, para evitar intervenciones como las que ocurrieron el año pasado, donde la mitad de los conciertos fueron cancelados y varias veces el lugar fue cerrado por las autoridades aún con público.Hay que recordar que esta carpa ha sido polémica por las quejas que ha recibido por parte de la comunidad vecina, que denuncian exceso de ruido por los conciertos y eventos que ahí se realizan, además, también se adelantó un proceso legal con la inspección de Policía de la Comuna 17, donde se definió que el predio donde estaba instalada no contaba con la autorización para realizar eventos masivos y expender licor. "Pedimos permiso cuatro meses antes, para que el administrador del lote en sus tiempos, que por ley son 15 días, diga si dan permiso o si no, que nos digan por qué no lo piensan otorgar. No nos vamos a enterar faltando una hora para el evento y nos digan no se pudo, nos daremos cuenta tres meses antes si se puede o no", dijo el empresario.El empresario aseguró que este formato busca dar opciones más económicas a los caleños para disfrutar la Feria de Cali y reiteró que actualmente no tiene ningún proceso vigente por parte de la autoridad ambiental por exceso de ruido. "Vamos a solicitar nuevamente alquilado el predio de la 66 Central Park en el marco de la Feria de Cali y vamos a tener el 'Mejor Parche de la Feria' de esta manera: La Carpa Carnaval del Sur, con cinco dinámicas de 26 al 30 de diciembre", añadió Paz.
Integrantes de grupos armados ilegales y bandas transnacionales, al parecer, habrían convertido a Cali, no solo en su centro de negocios, sino en el sitio de reclutamiento de nuevos miembros. Ahora no solo desde departamentos vecinos estarían llegando a a las zonas más vulnerables de la ciudad para persuadir a los jóvenes e involucrarlos en la criminalidad, sino que también de sitios como Venezuela, México o Ecuador.Esta situación fue alertada, tanto por la Personería de Cali como la Defensoría del Pueblo, en su más reciente alerta temprana, donde se advertía que en la ciudad existe un conflicto híbrido, donde grupos como las disidencias de las Farc y el ELN estarían aliándose con bandas locales, sino que también habría interés de grupos de otros países en los jóvenes caleños, llegando con falsas ofertas de empleo u oportunidades deportivas."Además de las disidencias de las Farc y los grupos locales, opera la criminalidad organizada que está tomando como presa a nuestros menores, niños, niñas y adolescentes. Lo venimos denunciando, esta presencia de bandas trasnacionales en el suroccidente colombiano, tratando de fortalecerse en las economías ilegales y es allí donde quieren instrumentalizar a nuestros menores", dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Esta misma situación fue alertada en el Concejo de la ciudad, donde piden a las autoridades prestar atención a estos llamados y así frenar el riesgo para los jóvenes caleños, con el incremento de vigilancia y control en zonas que sean frecuentadas por los menores de edad, como colegios, parques y zonas deportivas y de recreación."Están llegando a las instituciones educativas de Cali para reclutar a los muchachos que están estudiando ahí, incitándolos a la violencia y a pertenecer a estructuras ilegales", dijo el concejal de Cali Roberto Ortiz.Por su parte, el concejal Carlos Andrés Arias hizo un llamado a las autoridades a reforzar las acciones para proteger a la comunidad, "la ciudad está asediada, somos un corredor no solo del narcotráfico sino de todos los elementos que generan violencia, tenemos grupos criminales, reclutamiento, gran cantidad de microtráfico, es decir, aquí hay muchas complejidades", añadió.Por el momento, las autoridades no se han referido a este último llamado de atención, lo que sí se conoció es que recientemente hubo una reunión de seguridad a puerta cerrada para definir un plan de acción frente a esta alerta.
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresó fuertes críticas frente a la decisión del Gobierno nacional de entregar a la Aeronáutica Civil la administración del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, y anunció un debate de control político a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.El congresista aseguró que la medida representa un retroceso para los planes de modernización del terminal aéreo, conocido popularmente como Palmaseca, y que su administración por parte del Estado no garantiza la inversión que requiere la región.El traspaso de la operación se hizo luego de la reversión del contrato con Aerocali S.A., la empresa concesionaria que administró el aeropuerto por varios años. Según la ministra Rojas, la Aerocivil asumirá el manejo con un equipo de 158 funcionarios, entre ellos 58 controladores aéreos y 45 bomberos aeronáuticos.“Más de 6 millones de pasajeros al año pueden estar tranquilos. Desde hoy la Aeronáutica Civil se hace cargo de la operación pública del Alfonso Bonilla Aragón”, afirmó la ministra, al anunciar una inversión de entre 44.000 y 90.000 millones de pesos para mantenimiento e infraestructura básica durante el primer año de gestión estatal.López, sin embargo, sostuvo que los anuncios del Gobierno no son suficientes para garantizar el desarrollo del proyecto que ha venido impulsando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).“Estamos muy preocupados. Ahí no va a haber ninguna inversión. Esos 44 mil o 90 mil millones que llegan son para el mantenimiento mínimo que hay que tener en el aeropuerto, o sea, ahí no van a construir ni una pared adicional”, señaló el presidente de la Cámara en entrevista con Blu Radio.El congresista advirtió que están en riesgo más de 4,5 billones de pesos en inversión privada, 34.000 empleos y cerca de 2 billones de pesos en sobretasa que, según dijo, estaban proyectados para Palmira.“Con el proyecto de concesión que se venía estructurando se contemplaba la llegada de entre 14 y 20 millones de pasajeros en los próximos años. Hoy el aeropuerto mueve 7 millones. No podemos perder esa oportunidad de convertir a Palmaseca en un hub logístico para competir con Lima, Panamá o Bogotá y abrirle la cara al Pacífico”, agregó.Proyecto de la ANI en incertidumbreDe acuerdo con López, la ANI ha retrasado en al menos ocho ocasiones el cronograma del proyecto de modernización, que lleva casi una década en estructuración.El plan incluía la ampliación de los muelles nacionales e internacionales, una segunda pista, un nuevo edificio para la Aeronáutica Civil y la construcción de una torre de control. “Se trata de un aeropuerto mucho más moderno y competitivo que, enlazado con el dragado de Buenaventura, le daría un impulso definitivo al Valle del Cauca”, explicó.El representante insistió en que el Estado no tiene los recursos para financiar estas obras: “El gobierno no tiene 4,5 billones de pesos para invertir inicialmente 2 billones en la ampliación del aeropuerto y otros 2 billones para la operación. Por eso insistimos en que se debe avanzar con una concesión bajo la ley de las APP”.Debate de control políticoEl presidente de la Cámara confirmó que en los próximos días citará a la ministra de Transporte y a funcionarios de la ANI a un debate de control político en la Comisión Sexta de la corporación.“El debate será dentro de ocho o máximo quince días. Lo que pedimos es claridad en el cronograma y una hoja de ruta seria para no perder la inversión privada que necesita el aeropuerto”, puntualizó López.Al cierre de la entrevista, el congresista recalcó que su postura no obedece a un cálculo político, sino a la necesidad de defender un proyecto estratégico para el suroccidente del país. “Soy de Palmira y en este caso Palmira tiene presidente de la Cámara. No se trata de izquierda o derecha, se trata de desarrollo para la región”, dijo.
Este martes atacaron con explosivos una patrulla militar en zona rural de El Patía, Cauca. Por este nuevo atentado contra la Fuerza Pública se conoció que tres uniformados resultaron heridos y fueron trasladados hacia el hospital local para su atención.De manera preliminar se conoció que el ataque vendría departe de las disidencias de Carlos Patiño.Gobiernos locales y departamentales se pronunciaronEl alcalde local exigió medidas definitivas al Gobierno nacional para superar el conflicto que afecta a los civiles y a la Fuerza Pública, mientras que el gobernador Octavio Guzmán rechazó este nuevo ataque en la zona de El Patía."Nuevamente el municipio de El Patía es víctima de los violentos, ocho atentados en 2025 y el segundo en menos de 48 horas. Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil. Instalaremos PMU con autoridades civiles y militares y activaremos rutas de atención y control en la zona. Reiteramos al Gobierno nacional la urgencia para atender de manera focalizada el sur del Cauca. Nuestros territorios rechazan a los violentos y reafirman que la paz y la seguridad integral debe ser el camino", indicó el mandatario.
El personero de Sevilla, en el Valle del Cauca, confirmó que durante el hostigamiento a la subestación de Policía se registraron daños en varias viviendas, situación que está siendo documentada con las declaraciones de las víctimas. Recordó que este es el segundo hecho de este tipo en lo corrido del año, luego de un ataque similar ocurrido en febrero contra la subestación del corregimiento de San Antonio.Según explicó, el hostigamiento inició hacia las 4:30 de la tarde, cuando sujetos en motocicleta lanzaron una granada y posteriormente dispararon con fusiles durante cerca de diez minutos.La Policía respondió de inmediato y, minutos después, el Ejército hizo presencia en la zona, logrando controlar la situación sin dejar personas heridas.Como respuesta a la ola de violencia que ha afectado la zona rural de Sevilla, Valle del Cauca, las autoridades anunciaron el consejo de seguridad que determinó el despliegue de un plan de defensa que incluye un aumento significativo en la presencia de pie de fuerza en el corregimiento de San Antonio. Así mismo, el personero municipal rechazó categóricamente los recientes hechos violentos que han dejado consternada a la comunidad, especialmente el asesinato de una pareja de esposos en Tuluá."Como personero municipal de Sevilla rechazó categóricamente los hechos violencia en la zona rural, desde la personería hacemos acompañamiento a las victimas y hacemos un llamado al respeto por la vida", señaló Osorio.
En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país se encuentra en alerta, en medio de lo que han denominado la crisis del Etanol. Esto debido a la gran cantidad de litros almacenados de este biocombustible, en los tanques de los ingenios que aún no son comercializados.Esta situación hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28 mil empleos. Según Asocaña, esto se debe a la falta de controles claros en la comercialización de etanol importado, que en los últimos meses ha reemplazado el producto nacional."Sí, estamos en una crisis, porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse, vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. Nosotros hoy estamos con una acumulación de inventarios que todos los días se incrementa y que está desplazando el producto nacional por producto importado", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.La líder gremial actualmente se encuentra mediando entre los sindicatos y el gobierno nacional, en medio de las protestas que se adelantan en la ciudad de Bogotá, solicitando medidas estructurales para superar la sobre producción del biocombustible, equilibrando el mercado entre el producto nacional con el importado."Que pueda consumirse el producto nacional, que se bajen los inventarios y que las plantas no paren y por supuesto que el empleo no se afecte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por el otro lado también, establecer una medida estructural que limite que estas crisis se vuelvan cíclicas, de manera que no volvamos a tener esta crisis que nos tiene a días de parar", aseguró Calero.Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector actualmente, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca.
El Valle del Cauca sigue destacándose a nivel educativo y así quedó demostrado con la inauguración de una nueva biblioteca universitaria que se destaca a nivel nacional.Se trata de la biblioteca Santiago Cadena Copete ubicada en la Universidad Santiago de Cali, un moderno espacio académico que marca un hito en la transformación institucional de la región.Este nuevo entorno, concebido para fortalecer los procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje, cuenta con una infraestructura superior a los 2.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, la biblioteca destaca por su diseño funcional, enfocado en la digitalización, la comodidad y la versatilidad, promoviendo el aprendizaje colaborativo y una experiencia integral para la comunidad universitaria.El espacio cuenta además con una sala de lectura general con capacidad para 500 personas, ocho cabinas de estudio grupal, más de 60 computadores para préstamo, una colección general con capacidad para 60.000 libros, una colección especial de 5.000 ejemplares.La biblioteca facilita el acceso a amplias colecciones físicas y bases de datos especializadas, posicionándose como uno de los centros de información más completos a nivel nacional, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción académica y al desarrollo científico de estudiantes, docentes e investigadores.Este nuevo espacio lleva el nombre de Santiago Cadena Copete, uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali en 1958, cuyo legado ha sido fundamental en la consolidación del proyecto educativo que hoy ubica a la institución como una de las más importantes del suroccidente colombiano.La adecuación y puesta en marcha de la biblioteca representó una inversión superior a los 9.300 millones de pesos, reflejando el compromiso de la USC con la modernización institucional y la calidad académica.“En la USC seguimos fortaleciendo nuestras colecciones bibliográficas y bases de datos, al tiempo que promovemos espacios colaborativos que permiten aprender, compartir y crecer en comunidad, sin dejar de lado el valor del libro físico y el avance hacia la transformación digital”, indicó el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo.
En menos de cinco horas, los habitantes del corregimiento de Timba, en Jamundí, vivieron dos ataques con explosivos perpetrados por el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, contra las tropas del Ejército que se encuentran desplegadas en los límites de los departamentos de Valle y Cauca.El más reciente se registró en la noche de este miércoles, en inmediaciones del sector de La Torre, ahí la comunidad reportó por lo menos cinco explosiones, que los obligaron a confinarse en sus viviendas, mientras los militares respondían con un contraataque.Esta misma situación ocurrió en horas de la tarde, en límites de Timba con el corregimiento de Guachinte, donde varios artefactos fueron lanzados también desde drones para afectar a las tropas, afortunadamente en ninguno de los casos hubo lesionados.Estas alteraciones al orden público se suman a las ocurridas en el municipio de Dagua, en el corregimiento de El Queremal, donde en menos de 24 horas fue atacada la estación de policía del sector.