Las lluvias no dan tregua en el departamento del Chocó y, por ello, las comunidades en Acandí llevan cerca de dos meses con inundaciones, por lo que sus habitantes se han visto obligados a movilizarse tomados de cuerdas o en embarcaciones.Y es que el nivel del río Acandí subió y gran parte del casco urbano quedó bajo el agua, motivo por el que hasta ahora más de 2.500 familias han resultado afectadas."Puentes, carreteras, casas, se han visto perjudicadas, incluso ganado, las tierras de los campesinos se han visto bastante perjudicadas gracias a que hay desbordamiento de todo, prácticamente de todos los ríos del municipio", indicó Karim Arriaga, personero de este municipio.El único hospital local, que atiende a más de 16.000 habitantes en ese municipio, está en estado crítico, poniendo en riesgo a los pacientes y al personal de la salud."Encontramos el cielo raso parcialmente destruido, encontramos humedad en todas las zonas del hospital. Encontramos baldes, canecas, lo que recogen las aguas lluvias que, por estos tiempos, por la ola invernal que a esta fecha nos está azotando", agregó el personero.Por lo pronto, en Acandí fue declarada la calamidad pública y se mantiene en alerta roja en los afluentes, porque las lluvias continúan.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad en varias regiones del país debido a la incidencia indirecta de un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores.Los mayores acumulados están previstos en departamentos como así como en Chocó y Antioquia, así como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en el Caribe.
Autoridades de los departamentos de Cauca y Valle advierten que existe una amenaza de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral del próximo 8 de marzo en varios municipios. Un riesgo por el que pedirán que se evalúe el traslado de puestos de votación de la zona rural de municipios como Buenaventura y Jamundí.Esta advertencia se hace teniendo en cuenta los ataques terroristas que las autoridades han podido frustrar en el área metropolitana de Cali, y en segundo lugar, los hostigamientos con drones contra la Fuerza Pública ocurridos en zona rural de Jamundí, Dagua y Buenaventura días atrás.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que son más de 60 puestos de votación los que se ha solicitado su trasladado, por el riesgo de la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez'."En el Valle tenemos 62 puestos que están solicitando que se puedan trasladar, sin embargo se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí y Buenaventura para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero se hizo la solicitud, para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres", indicó la mandataria.La gobernadora del Valle señaló que el departamento ha estado protegido en las últimas opotunidades por la rápida reacción de la Fuerza Pública, sin embargo, la amenaza aún no se ha ido y no hay que desconocer el riesgo que se corre."Hay amenazas sobre Cali, eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que querían venir a hacer actos terroristas. Es muy importante que la gente lo sepa, se ha venido trabajando para evitarlos, pero no es que no haya habido intentos, sin embargo, la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos ha logrado evitar esos actos terroristas", finalizó.Cabe recordar que el fin de semana, el comandante de las FF. MM. el general Hugo Alejandro López, lideró en Cali una reunión de seguridad donde se confirmó que más de 8.000 militares, miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, acompañarán a la Policía en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante estas elecciones.A finales de esta semana se tiene programado un consejo de seguridad bidepartamental, entre Cauca y Valle, para que en conjunto puedan definir más acciones de protección a los votantes. Y conocer la solicitud de la Registraduría.
Las lluvias en el Valle del Cauca persisten y siguen generando afectaciones, producto de emergencias como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos, que han dejado aisladas a múltiples comunidades que residen en la zona rural del departamento.La situación más reciente se registró en el municipio de Guacarí, específicamente en el corregimiento de Puente Rojo, donde se registraron fuertes precipitaciones durante más de diez horas. El exceso de agua sobrepasó la capacidad de la quebrada Lulos, la cual se desbordó e inundó varias viviendas."Las lluvias nos han pegado muy fuerte este año, tenemos deslizamientos en la parte alta en el sector conocido como La Magdalena, también en Santa Rosa, en Alto de Tapias y estamos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla. Durante las últimas emergencias hemos tenido unas 30 familias afectadas en la zona rural", señaló Enuar Narváez, líder del Grupo de Gestión del Riesgo de Guacarí.La zona más afectada del departamento es el centro, pues desde el inicio de las fuertes lluvias se han reportado afectaciones en municipios como Tuluá, Buga, El Cerrito y más recientemente Ginebra y Guacarí."Estamos llegando a la comunidad con kits humanitarios de emergencia y, en municipios del centro del Valle especialmente afectados, estamos interviniendo con maquinaria amarilla para habilitar vías y atender contingencias", añadió el funcionario.
La primera 'Megatoma' de la Fuerza Pública en Cali tuvo lugar en el oriente de la ciudad, específicamente en los barrios Los Naranjos, Alirio Mora, Marroquín 1 y 2. En la comuna 14, con un despliegue de policías, soldados y funcionarios de diferentes entidades.Estas intervenciones en territorio tienen dos objetivos, en primer lugar, contrarrestar los índices de criminalidad en las zonas más vulnerables de la ciudad, y segundo prevenir ataques terroristas, logrando reaccionar a tiempo econtrando explosivos u otros artefactos sospechosos."Tenemos más de 200 hombres y mujeres de diferentes especialidades acompañados por el Ejército Nacional, para hacer capturas, control del tráfico de estupefacientes y verificación de antecedentes. Obviamente vamos a impactar la mayoría de barrios acá de la Comuna 14 y todo el oriente de la ciudad", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía de Cali.Esta denominada 'Megatoma' fue liderada por el alcalde Alejandro Eder, quien estuvo en las calles acompañando estos recorridos. Ahí aseguró que esta estrategia se adelantará de manera sorpresiva durante el tiempo que Cali lo requiera."Es una presencia muy fuerte, vamos a asegurar sectores que sabemos que han sido muy golpeados por la violencia, por la criminalidad o por el microtráfico. Estos son esfuerzos sostenidos que se van a mantener durante varias semanas, por lo menos hasta que podamos controlar un poco más, la situación de orden público en Cali.", indicó el mandatario.El alcalde Eder aseguró, además, que espera comunicarse con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en los próximos días para definir qué acciones adicionales se pueden implementar para seguir restaurando la seguridad en la ciudad, tras diferentes hechos violentos e intentos de atentados frustrados de las últimas semanas.
La desaparición de Diana Ospina en Bogotá, tras salir de una fiesta en la discoteca Theatron el sábado 21 de febrero de 2026, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades, que continúan con la búsqueda para esclarecer lo ocurrido.De acuerdo con sus allegados, la mujer fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero al salir de la discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero. Según el relato entregado por su sobrina, Diana habría cancelado un servicio de transporte por aplicación y decidió abordar un vehículo particular a las afueras del establecimiento para dirigirse a su vivienda en el barrio Santa María del Lago. Sin embargo, nunca llegó a su destino.Frente a lo ocurrido, la discoteca Theatron emitió un comunicado en el que aseguró que está colaborando con las autoridades. “En colaboración con el grupo Gaula y las autoridades, hemos entregado los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a DIANA OSPINA saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”, indicó el establecimiento.Asimismo, el lugar aclaró que cuenta con un convenio con el servicio de Taxis Seguros, disponible para los clientes que lo requieran y cuya información se brinda desde el ingreso al establecimiento. En el comunicado reiteraron su compromiso de colaborar con las autoridades y de apoyar a la familia y amigos en la búsqueda, al tiempo que invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya a la localización de Diana.El caso tomó un giro aún más preocupante luego de que la familia denunciara movimientos bancarios irregulares y la presunta manipulación de las redes sociales de la mujer. Según explicaron, se realizaron retiros no autorizados de su cuenta de Davivienda y un mensaje enviado por Diana a un amigo, en el que compartía las placas del vehículo en el que se movilizaba, fue eliminado “para todos”, lo que, a juicio de sus allegados, indicaría que terceros tendrían control de su teléfono.A esto se suman llamadas extorsivas en las que exigen hasta 10 millones de pesos por su liberación. La familia informó que ya realizó un pago inicial de 2,5 millones de pesos; sin embargo, hasta el momento no han recibido pruebas de supervivencia.Ante la gravedad de las denuncias, el Gaula de la Policía asumió la investigación para dar con el paradero de la mujer y establecer la identidad de los responsables. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que se están analizando las cámaras de vigilancia del sector de Chapinero con el fin de reconstruir la ruta del vehículo.
Autoridades advierten que en once municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia grupos armados tendrían censos de población rural para controlar las elecciones. Autoridades indicaron que podrían obligar a habitantes tanto a votar por algún candidato como a no votar.En medio de los preparativos en materia logística y de seguridad para lo que serán los procesos electorales tanto presidenciales como legislativos, hay preocupación en autoridades antioqueñas por la presencia y el control que muchos grupos armados pueden llegar a ejercer en la población civil.La situación se ha evidenciado en diferentes mesas de seguimiento al proceso tanto departamentales como regionales donde se advierte una compleja práctica que puede afectar directamente la participación en las urnas.Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, hay catalogadas once localidades bajo riesgo extraordinario que hacen parte del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde grupos armados tendrían el control de la población a la hora de ejercer el derecho al voto con el levantamiento de ‘censos’.Con este mecanismo, aseguró el funcionario, los ilegales podrían direccionar los comicios en municipios como Briceño, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Segovia, Cáceres, Ituango, Valdivia, Amalfi, Tarazá y El Bagre.“Ellos pueden hacer dos cosas, obligar a que voten por determinado candidato o prohibir votar una de dos. Por eso es que estamos trabajando la fuerza pública para que la fuerza pública nos garantice seguridad”, afirmóA partir de esta situación el funcionario destacó que hasta ahora no se han registrado solicitudes para el cambio de mesas en ninguna zona del departamento y que desde el Ministerio de Defensa está el compromiso de disponer efectivos policiales y militares en todas las zonas de Antioquia.Sobre las acciones a implementar en materia de seguridad actualmente hay cuatro municipios que requieren disposiciones de manera inmediata, 18 con otras de menor riesgo catalogadas como urgentes, 57 con prioritarias y los restantes 46 en observación permanente.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
La solicitud fue presentada ante las autoridades competentes y dirigida al partido político responsable de las inscripciones. Bustos recordó que la senadora Berenice Bedoya fue denunciada desde comienzos de la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción y abuso de poder.Las denuncias incluyen nombramientos irregulares de familiares, adjudicación directa de contratos, entre ellos el del acueducto de Yarumal por cerca de $10 mil millones, y cobro de comisiones ilegales a sus dependientes en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).El veedor insistió en que tanto Bedoya como su fórmula, Juan David Flórez, conocido como “El Itaguaseño”, deben ser retirados de las listas como una sanción ética y política, en tanto avanzan las investigaciones judiciales.
Polémica ha generado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, el caso de un motociclista luego de que otro conductor, al parecer, se pasara un semáforo en rojo y estuviera a punto de ocasionar un grave accidente, además de que transitaba con una mujer sin casco.El hecho quedó registrado en una cámara de 360° instalada en su motocicleta, donde se muestra incluso que al reclamarle al otro ciudadano su comportamiento, este reaccionó de manera agresiva, lanzando insultos y amenazas, asegurando pertenecer a “los muchachos del barrio”. Además, habría sacado un arma cortopunzante con la que intentó agredirlo e intimidarlo.En medio de la situación, el motociclista buscó ayuda de agentes de tránsito que pasaban por el lugar, por estos lejos de prestarle apoyo en el caso, no habrían impuesto comparendos ni actuado frente a la presunta agresión, a la par que uno de ellos incluso le recomendó retirarse del sitio.Por los hechos, aunque la ley indica que la Policía puede mediar en situaciones de convivencia derivados de accidentes de tránsito, en el sitio no se hicieron presentes uniformados ya que no fueron alertados, ni por parte de los agentes de tránsito ni del ciudadano víctima de la intimidación.Por lo pronto, la Alcaldía de Bello indicó a través de un comunicado que indagará la actuación de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que estuvieron en el procedimiento, mientras que evaluará si hay alguna falta disciplinaria. Ante las dudas que quedan sobre el altercado, Blu Radio se comunicó con la administración municipal y está indicó a través de su equipo de comunicaciones que todo es materia de investigación, pero que de momento se puede afirmar que el motociclista víctima de amenazas no cometió ninguna infracción de tránsito.
La Policía investiga un nuevo presunto caso de feminicidio que se registró en las últimas horas en el barrio Villa del Lago de la comuna 13, ubicada en el oriente de Cali, Valle del Cauca. Según las autoridades, la víctima es una mujer de 34 años, identificada como Johana Andrea Morales Ocampo, quien fue atacada con arma de fuego, al parecer por su pareja sentimental.Los hechos se presentaron al interior de la vivienda de la mujer, hasta allí llegó el hombre con quien sostuvo una fuerte discusión durante varios minutos. Una de la hipótesis, sería porque la víctima ya no quería seguir sosteniendo la relación, lo que causó furia en el hombre y la asesinó.El hombre que huyó del lugar, es buscado por la policía, quienes decidieron activar un plan candado por toda la zona. Solicitan a la comunidad brindar cualquier información que permita ubicar su paradero.
Autoridades confirmaron el secuestro de Juan Pablo Cifuentes, funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caloto, del departamento del Cauca. Según información entregada por la Alcaldía, el hombre fue retenido en contra de su voluntad en la vereda Morales de ese municipio en horas de la tarde de este viernes.La alerta se dio porque nunca llegó a su trabajo, además de no contestar las llamadas ni los mensajes vía WhatsApp, por lo que sus familiares hicieron la respectiva denuncia a la Fiscalía General de la Nación."Estamos haciendo un llamado a las personas que lo tengan y a sus captores para que, en un gesto humanitario, le den la libertad y él pueda regresar pronto donde su madre, que es la persona que más ha estado preocupada por él. Desconocemos si hay amenazas en su contra, pero ya son las autoridades las encargadas de consultar esa información", dijo Cristián Camilo Cuenca, secretario de Gobierno de Caloto.La víctima es familiar del actual alcalde, Óscar Hernán Cifuentes, y hermano de un exconcejal. Su padre era un líder político del municipio, quien fue asesinado en el año 2023, en hechos que aún son materia de investigación por las autoridades."Es primo del alcalde, y esta persona tiene entre 36 y 37 años aproximadamente. Ya con los familiares y las entidades pertinentes se está tocando el tema, porque dicen ellos que no es usual que no conteste sus llamadas, y por eso hay que lograr su ubicación. Él es familiar de líderes políticos y estamos con la Alcaldía tratando de saber su paradero", manifestó el funcionario público.Por esta razón, desde la Alcaldía se decidió realizar un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades competentes para iniciar la respectiva búsqueda, además de solicitar apoyo a entidades de derechos humanos internacionales para lograr su pronto regreso sano y salvo a casa.
Diez viviendas resultaron gravemente afectadas en sus estructuras por cuenta de las fuertes lluvias y el vendaval de las últimas horas que se registró en Candelaria, Valle del Cauca. El fenómeno natural duró aproximadamente 47 minutos, ocasionando caos en diferentes sectores de ese municipio.Los corregimientos más impactados fueron Juanchito, en un sector conocido como Manzanares, y San Joaquín, ubicado sobre la vía, donde los organismos de socorro identificaron las casas con los daños provocados por las precipitaciones de 46 mm de agua."En Manzanares fueron cinco viviendas en sus techos, especialmente de una casa de tres pisos que por el vendaval se desprendió y afectó a otras viviendas, dañándoles las estructuras del techo entre un 50 y 60 %, pero en San Joaquín también fueron otras cinco, una de las viviendas con el 100 % de su techo y estructura afectadas", dijo Arnaldo Coronel, coordinador de la Oficina de Riesgos de la Alcaldía de Candelaria.Es por esta razón que un equipo especial de la Alcaldía se encuentra en las zonas más perjudicadas para realizar un balance de qué otras afectaciones se dieron producto de las lluvias y el fuerte vendaval, para brindar las primeras ayudas humanitarias."La lluvia arrancó cerca de las 5:30 p. m. y, ante esto, hemos decidido estar en los puntos con un equipo hasta altas horas de la noche, pero hoy sábado regresamos con el personal para seguir haciendo el barrido y conocer más, porque hay otras afectaciones de menor tamaño en los puntos", explicó el funcionario público.Según los organismos de socorro, durante esta semana y hasta el próximo 18 de julio se espera que se presenten fuertes lluvias acompañadas de vientos que pueden ocasionar tragedias, por lo que el municipio decidió activar una alerta ante nuevas emergencias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de "X", confirmó que el Gobierno nacional está ofreciendo una recompensa de hasta $200 millones por información para ubicar a los responsables de los dos ataques con drones en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, y que dejaron una patrullera muerta y dos uniformados más lesionados.La víctima fue identificada como Maryory Stefaniet Ramos Mamián, de 26 años, quien cumplía funciones de vigilancia y control en el municipio. Los hechos se presentaron en la estación de Policía del sector La Joyita de ese municipio."A su familia, a sus compañeros y a toda nuestra Policía, mi solidaridad y las sentidas condolencias de toda una patria. Maryory servía con vocación, coraje y amor por Colombia. Su servicio no será olvidado, su entrega, valor y uniforme no se manchan con el miedo, se elevan con el honor", escribió en la red social.Y es que la secretaria de Gobierno de ese municipio, María Luisa Holguín, hizo una grave denuncia sobre estos hechos. Aseguró que Santander de Quilichao no cuenta con las suficientes herramientas para contrarrestar estos ataques de los grupos armados, por lo que son un blanco fácil para las disidencias."Estamos en una desigualdad de condiciones, evidentemente porque la tecnología que tienen estos grupos no es la que tiene nuestra Fuerza Pública. Por eso nosotros hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional para que nos vean de forma diferencial, pues no tenemos la capacidad para enfrentar esta guerra tecnológica", expresó la funcionaria pública.Santander fue blanco de dos ataques en menos de 24 horas por las disidencias, con drones cargados de explosivos, mientras que hasta altas horas de la madrugada, las autoridades estuvieron alertas por la presencia de varios drones que sobrevolaban el municipio.
Durante los últimos días, los hechos violentos en el distrito de Buenaventura han tenido un incremento preocupante, pues en lo corrido de este año se han registrado 83 homicidios, superando así la cifra total del año 2024, el cual cerró con 79 casos.Ante este panorama, el representante del Gobierno Nacional en la Mesa Socio Jurídica que se adelanta en el distrito, Fabio Cardozo, aseguró que estos indicadores evidencian que no hay una verdadera voluntad de paz por parte de las bandas que delinquen en el puerto: 'Los Shottas' y los 'Espartanos', las cuales participan en el diálogo de paz."Uno aspiraría que estos diálogos contribuyan a mejorar las condiciones en esa materia en Buenaventura, que se reduzca el homicidio, pero lo que estamos observando es que no hay esa decisión de los grupos armados. Seguiremos insistiendo, y les tendré que decir una vez más que la paz no se construyen asesinando, irrespetando derechos y libertades de la ciudadanía", señaló el representante del Gobierno Nacional.Cardozo reiteró su exigencia a autoridades locales a garantizar la seguridad y tranquilidad para la población bonaverense, asegurando que la protección de la vida de las comunidades es responsabilidad institucional y no puede depender de las voluntades de los grupos ilegales.Aunque la mayor preocupación radica en las vidas que se han perdido por la disputa entre ambas bandas, el delegado también manifestó su preocupación por otras acciones delictivas que afectan a únicamente comunidad, como posibles alianzas entre comerciantes y los cabecillas de estos grupos ilegales para controlar los precios de los alimentos.
La Dirección General Marítima (Dimar) informó a las comunidades de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca sobre la presencia de condiciones meteomarinas en la cuenca del Pacífico colombiano, previstas entre el martes 24 y el jueves 26 de febrero de 2026.De acuerdo con la autoridad marítima, se espera un incremento en la altura del oleaje de hasta 2,5 metros en aguas oceánicas, así como el fortalecimiento de los vientos en la cuenca del Pacífico, con velocidades iguales o superiores a los 20 nudos, es decir, 37 kilómetros por hora.La entidad explicó que este fenómeno se presenta por el arribo de mar de viento, generado por sistemas meteorológicos localizados en el Caribe. Además, está asociado al paso de un frente frío en la zona norte del país, lo que incrementa la velocidad del llamado jet de Panamá e impacta, de manera progresiva, a la cuenca del Pacífico colombiano.Estas condiciones podrían afectar la navegación de embarcaciones mayores que operan dentro de las 25 millas náuticas, así como la pesca artesanal y otras actividades marítimas. Por ello, la Dimar recomendó extremar las medidas de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades locales.La Autoridad Marítima Colombiana indicó que continuará con el monitoreo permanente del evento y emitirá actualizaciones en caso de presentarse cambios significativos. Los reportes meteomarinos están disponibles en el portal oficial de la entidad y en el sitio web del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, donde fue asesinado el patrullero de la Policía Luis Felipe Méndez Calero.El uniformado, de 32 años, se dirigía hacia su residencia en motocicleta junto a su pareja sentimental cuando fue interceptado por un hombre que, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió hacia las 12:18 de la madrugada.Méndez Calero llevaba 14 años en la institución y estaba adscrito a la estación El Diamante de la Policía Metropolitana de Cali. Al momento de los hechos se encontraba en periodo de vacaciones.La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, rechazó el crimen y confirmó que se adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido.“La Policía Nacional en el departamento del Valle del Cauca rechaza categóricamente el homicidio del patrullero Luis Felipe Méndez, adscrito a la estación de Policía El Diamante de la Metropolitana de Cali. El uniformado llevaba 14 años en la institución y se encontraba en periodo vacacional. Desafortunadamente, en el lugar de los hechos nuestro uniformado pierde la vida y en este momento su cónyuge es asistida en un centro hospitalario”, indicó.Unidades de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asumieron los actos urgentes y trabajan para dar con el responsable del ataque.
La pérdida de competitividad del Puerto de Buenaventura ya genera preocupación en el sector avícola del Valle del Cauca. Según el gremio, en 2011 por esta terminal ingresaba el 51% de la carga a granel del país —principalmente maíz y soya—, pero actualmente esa participación se redujo al 30%, en medio de demoras en el descargue, sobrecostos logísticos y dificultades en las vías de acceso.El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Gonzalo Moreno, explicó que la terminal ha venido perdiendo terreno frente a otros puertos como Puerto de Barranquilla, Puerto de Santa Marta y Puerto de Cartagena, e incluso ante la entrada en operación del Puerto Antioquia.“En el año 2011 por Buenaventura ingresaba el 51% de la carga a granel del país, en nuestro caso maíz, soya y torta de soya. En los últimos años esa participación ha venido disminuyendo y hoy está alrededor del 30%, perdiendo competitividad frente a otros puertos del país.En su momento se utilizaba Buenaventura para traer maíz y torta de soya incluso con destino a Bogotá, el Eje Cafetero, Huila y Tolima, pero hoy esa carga está migrando hacia la costa Caribe. El puerto está teniendo un problema de competitividad: se están demorando demasiado los buques en descargar, se generan sobrecostos y se está perdiendo la confianza. Este año tuvimos sobrecostos de más de mil dólares por tonelada”.El dirigente gremial reconoció que el problema es estructural y que la falta de granos representa un riesgo importante para el departamento, que produce cerca del 25% del pollo y el huevo del país.“Tenemos que reconocer el problema. La falta de grano es importante para el Valle del Cauca y estamos preocupados porque esta región representa el 25% de la producción de pollo y huevo del país. Hace 15 o 20 años el futuro de la agricultura colombiana estaba en esta región; hoy se está yendo a otras partes del país. Necesitamos pensar por fuera de la caja y buscar soluciones integrales. No es solo un tema de lluvias o del muelle , es algo mucho más de fondo lo que está causando que productores del Valle del Cauca decidan importar por otros puertos en lugar de utilizar Buenaventura, que es el principal puerto del Pacífico colombiano”, indicó.Fenavi estima que entre 800 y 1.000 empresas de la cadena de granos podrían verse afectadas por esta coyuntura. El gremio insiste en la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan recuperar la competitividad del principal puerto del Pacífico y garantizar el abastecimiento oportuno de insumos estratégicos para el sector avícola.
La Policía en Cali frustró otro atentado terrorista con la captura de tres mujeres que transportaban más de 60 kilos de pentolita, provenientes de Ecuador. Los explosivos fueron encontrados al interior de un vehículo de servicio público que había llegado desde Ipiales (Nariño) a la Terminal de Transportes de Cali.Según las autoridades, las detenidas debían entregar el material a estructuras criminales que delinquen en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, entre ellas disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, a quien se le atribuyen varios ataques contra la Policía registrados en la capital del Valle durante el último año.En medio de las actividades de registro al vehículo, la Policía encontró 150 barras de pentolita, con las cuales se pretendía cometer varios atentados contra la fuerza pública, especialmente en Cali.De inmediato, las tres mujeres fueron capturadas y se avanzan las investigaciones para identificar a los destinatarios de los explosivos y proceder con su judicialización.Cabe señalar que este no es el primer atentado que logran frustrar las autoridades en Cali este año. Hace algunas semanas, en la avenida Ciudad de Cali, la Policía interceptó un vehículo cargado con explosivos con el que pretendían atacar una estación del norte de la ciudad.