Hay conmoción en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, por el asesinato de Nancy Díaz, reconocida defensora de los derechos de los animales, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. La mujer presentaba signos de asfixia mecánica y se encontraba amarrada de pies y manos, según confirmaron las autoridades.El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle 86 con carrera 26G5, luego de que los vecinos y familiares, acompañados por uniformados de la Policía, lograran ingresar a la vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la casa estaba completamente desordenada y se reportó la desaparición de algunos elementos, entre ellos un teléfono celular, aspectos que hacen parte de la investigación.En el crimen al parecer estaría involucrado el propio hijo de la víctima, quien, según denuncias de la comunidad y personas cercanas, habría ejercido de manera reiterada maltrato e intimidaciones contra la adulta mayor. Vecinos del sector aseguran que estos episodios de violencia eran frecuentes y que incluso días antes del homicidio la mujer habría sido amenazada para despojarla de 20.000 pesos.“Siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: "Má, deme 1.000 pesos aunque sea". Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”. Señaló a una amiga de la víctima.El presunto agresor fue retenido y golpeado por la comunidad, que después lo entregó a las autoridades.Desde la Personería de Cali se rechazó de manera contundente este crimen y se hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con celeridad y firmeza, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea judicializado.
En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, presentó una denuncia y contrapropuesta ante la Defensoría del Pueblo, en la que advierte que Colombia enfrenta un "riesgo real, estructural y progresivo de deterioro democrático". De la Espriella se dirigió a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a través de una carta en la que afirma que, en las actuales condiciones, no existen garantías suficientes para un proceso electoral libre y en paz.En el documento, el candidato sostiene que la oposición "no compite hoy en igualdad de condiciones". Su denuncia se centra en el presunto uso político de los medios públicos, la intervención política de altos funcionarios y la estigmatización de la oposición al Gobierno Petro. Según la carta, los medios del Estado estarían siendo utilizados para "atacar sistemáticamente a sectores opositores" y para "promover narrativas favorables al Gobierno como si fueran información institucional".Otro de los ejes centrales de la denuncia es la violencia política. El candidato cita cifras de la Misión de Observación Electoral, según las cuales en 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, y un aumento del 22 % en hechos de violencia letal frente a 2021. El documento advierte que esta situación estaría afectando directamente la participación política y la campaña electoral en varias regiones del país.El texto también señala el fracaso de la política del Gobierno de Gustavo Petro, la Paz Total, por la presencia y el control de grupos armados ilegales en amplias zonas del territorio nacional, donde estas estructuras estarían teniendo capacidad de intimidar votantes, condicionar campañas y alterar resultados electorales. "No puede hablarse de elecciones libres y democráticas cuando quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben vivir bajo miedo constante", señaló Abelardo de la Espriella.Como parte de su contrapropuesta, el candidato y su movimiento, el Movimiento Defensores de la Patria, piden que cualquier acuerdo por las garantías electorales incluya compromisos verificables del Gobierno, entre ellos, cero uso político de medios públicos; la prohibición de participación política del presidente y altos funcionarios; sanciones por uso indebido de recursos públicos; protección reforzada para candidatos en riesgo; recuperación del control territorial, y veeduría independiente del proceso electoral.
Momentos de pánico quedaron registrados en video luego de que varios proyectiles impactaran en las inmediaciones del hotel Fairmont The Palm, ubicado en la exclusiva isla artificial de Palm Jumeirah, en Dubái. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran una densa columna de humo negro elevándose sobre el complejo turístico, mientras el fuego consumía parte de la estructura.Las grabaciones captadas por residentes y turistas evidencian el momento exacto en que se escuchan explosiones, seguido por el avance de las llamas que alcanzan varios niveles del edificio. El hotel, reconocido por su oferta de lujo, restaurantes de alta cocina, piscinas y spa, quedó parcialmente envuelto en fuego, generando escenas de evacuación desesperada entre quienes se encontraban en el lugar.Testigos relataron que el sonido de sirenas antiaéreas precedió el impacto. Segundos después, un fuerte estallido sacudió la zona cercana a la marina, lo que obligó a decenas de personas a correr en busca de refugio. Algunos afirmaron haber visto fragmentos caer desde el cielo, aumentando el temor entre la población civil.Estos son los videosLas autoridades de Emiratos Árabes Unidos confirmaron la ocurrencia de un “incidente” en Palm Jumeirah y desplegaron unidades de emergencia para controlar la situación. Según el reporte oficial, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos. El gobierno aseguró que la prioridad inmediata es proteger a residentes y visitantes, mientras continúan las labores de inspección y seguridad.Este hecho ocurre en medio de una escalada militar sin precedentes en Oriente Medio. Horas antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el lanzamiento de una ofensiva que calificó como “preventiva”, con el objetivo de neutralizar amenazas estratégicas provenientes de Irán.De acuerdo con información divulgada por la Associated Press, fuerzas estadounidenses también habrían participado en operaciones contra territorio iraní. Posteriormente, se reportaron explosiones en varias ciudades, entre ellas Teherán, Isfahán, Tabriz, Kermanshah y Qom.En respuesta, Irán habría lanzado ataques contra objetivos militares vinculados a Estados Unidos e Israel en distintos puntos de la región. Entre los lugares señalados se encuentran bases ubicadas en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.Por ahora, las autoridades emiratíes mantienen operativos de seguridad reforzados, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el avance de una confrontación que amenaza con extenderse aún más en Oriente Medio.
El mundo digital quedó en shock tras la muerte de una reconocida influencer, en especial por su fallecimiento, que aún no se esclarece por completo, pues se creía que era sometida a un proceso seguro.Gabriela Martins Santos de Moura, la brasileña de 31 años, generó conmoción en redes sociales y en el ámbito profesional donde se desempeñaba como abogada y terapeuta enfocada en psicología positiva, mindfulness y neurociencia. La creadora de contenido perdió la vida luego de sufrir complicaciones mientras era sometida a un tratamiento de fecundación in vitro en Sao Paulo, tras dos años intentando quedar en embarazo.De acuerdo con lo revelado por el Hospital Sírio-Libanés, Gabriela presentó un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento. La complicación la dejó en coma durante ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta que el 24 de febrero se confirmó la muerte cerebral.El caso encendió la alerta sobre los riesgos médicos que, aunque poco frecuentes, pueden presentarse en este tipo de procedimientos de fertilidad.Ocho días en coma tras tratamiento de fecundaciónSegún lo revelado por médicos brasileños y familiares, la influencer atravesaba uno de los momentos más importantes de su vida personal. Un día antes de que ocurrieran las complicaciones médicas, había celebrado su aniversario de bodas con Samuel Moura, cirujano de manos.Durante ocho días, Gabriela permaneció bajo observación especializada, mientras su familia esperaba una evolución favorable.En medio del dolor, sus familiares emitieron un comunicado en el que señalaron:Que la muerte cerebral fue confirmada por el equipo médico.Que autorizaron la donación de órganos.Que el gesto busca “llevar esperanza y vida a otras personas”.Así mismo, desmintieron rumores que señalaban que la influencer se había sometido a una cirugía estética. De hecho, su prima, la periodista Nahiza Monteles, afirmó: “No se estaba sometiendo a una cirugía plástica ni a un procedimiento estético; estaba intentando crear una vida”.Finalmente, tras confirmar la muerte de la joven, la familia inició trámites para trasladar el cuerpo desde Sao Paulo hasta Teresina, su ciudad natal. Además, reiteraron que el procedimiento se realizó en una clínica reconocida y que no existieron intervenciones cosméticas.
Pensar una y otra vez en el mismo problema, anticipar escenarios negativos o revivir errores del pasado es más común de lo que parece. A este fenómeno se le conoce como rumiación mental, un proceso que, según especialistas, puede afectar el sueño, el ánimo y la toma de decisiones.Para hablar del tema, Anabela del Valle, magíster en neurociencias y terapeuta en biodescodificación, explicó que este patrón no es un fallo personal, sino un mecanismo natural del cerebro."La función del tu cerebro es que vos permanezcas con vida todo el tiempo. Y para eso, ¿qué hace? Te alerta todo el tiempo de posibles peligros".De acuerdo con la experta, la rumiación inicia cuando un pensamiento negativo se encadena con otros hasta convertirse en una “tormenta mental”: preocupaciones laborales, recuerdos dolorosos o miedos futuros que se repiten de forma automática.Intentar frenarlos, dice, no funciona. La clave está en aceptarlos y redirigir la atención. "Lo primero que hay que hacer cuando estamos en esa rumiación mental es poder aceptarlo", agregó.Entre las estrategias que propone están identificar modelos de vida saludables, cambiar rutinas diarias, repetir afirmaciones con impacto emocional y escribir los pensamientos para tomar distancia de ellos. También sugiere enfocarse en metas concretas para romper el círculo de la angustia."Si vos no te decís quién querés ser, el de al lado va a definir quién vos tenés que ser", explicó. La especialista recordó que, si la rumiación se vuelve constante y afecta el descanso o la vida diaria, es importante buscar apoyo profesional.En un contexto de estrés permanente, aprender a gestionar los pensamientos puede ser tan importante como cuidar el cuerpo: la mente, concluye la experta, también se entrena.Escuche la entrevista completa aquí:
Este sábado, 28 de febrero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:Tensión mundial tras ataques ordenados por Estados Unidos e Israel contra Irán durante la madrugada.Desde mañana 1 de marzo, la gasolina bajará 500 pesos por galón en todo el país.Este fin de semana finalizan las campañas para las elecciones legislativas del 8 de marzo.Habrá cierre de fronteras y ley seca desde las 6:00 p.m. del 7 de marzo hasta el lunes 9, por la jornada electoral.El Instituto Nacional de Salud confirmó tres casos de sarampión importados desde México.Escuche el programa completo aquí:
Comunidad, el Comité de Libertad Religiosa, y diferentes entidades públicas de Jamundí, Valle del Cauca, llevaron a cabo una movilización en la que exigieron respeto por la vida de Lyan Hortúa, el niño que se encuentra secuestrado desde el pasado de 3 de mayo, por la disidencia ‘Jaime Martínez’ de las Farc.En medio del recorrido se hizo un anuncio por parte del Gobierno nacional que designó un representante para que haga el acompañamiento a la mesa de diálogo que se adelanta en el proceso de liberación del niño, junto con las otras entidades de derechos humanos.“Por orientaciones del comisionado Otty Patiño, vamos a sumarnos al esfuerzo humanitario por la libertad del niño Lyan, sumarme a las voces que se han escuchado en todo Colombia, en el sentido que los niños debe ser intangibles“, dijo Fabio Cardozo, representante en el Valle del Cauca de la oficina del alto comisionado para la paz del Gobierno nacional.Entre tanto, Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, manifestó que es necesario el apoyo de la Nación para avanzar en la gestión de liberación del pequeño: “Decirle al señor presidente, que esta situación desborda nuestras capacidades, y hacemos un llamado, un SOS, un auxilio que le estamos pidiendo para que de manera concreta nos acompañen en estas en esta situación“, expresó la alcaldesa.La Iglesia Católica, por su parte, reveló detalles sobre los avances que han tenido las conversaciones con el grupo armado que tienen secuestrado al menor de edad.“Estamos allí a la espera de que estas personas manifiesten pues también el deseo de comenzar un camino de retorno, un protocolo humanitario, que permite el retorno de Lyan a su casa “, explicó el Padre Diego Fernando Guzmán, delgado de la arquidiócesis de Cali para la mesa de conversación en la liberación del niño.La marcha terminó en el parque principal del municipio, desde allí nuevamente pidieron que sea liberado, ya que este lunes se cumplen 10 días del secuestro del pequeño.
Mujeres de colectivos feministas y compañeros de Sirley López, la mujer que murió tras ser atacada a disparos junto a su amiga en la sede Palmira de la Universidad del Valle, protestan en las instalaciones administrativas de la institución en Cali exigiendo justicia por este crimen, además de mejoras en la ruta de atención a las víctimas de violencia de género.Con grafitis y pintura de color rojo vandalizaron las oficinas de la rectoría, después se reunieron a las afueras de la universidad para realizar bloqueos intermitentes en la Avenida Pasoancho, que obligó a las autoridades a implementar un plan de desvíos.Horas antes, el novio de Sirley, la estudiante que murió, publicó un comunicado señalando que lo ocurrido con su pareja y su compañera es un profundo golpe a la comunidad universitaria, por lo que se convocarán más actos de protesta y manifestación, pidiendo justicia por este crimen, siendo la próxima jornada la noche de este lunes 12 de mayo a las 6:00 pm.Mientras tanto, en la clínica Palma Real de Palmira continúa en delicado estado de salud María José Valencia, la otra estudiante que resultó herida en este ataque, quien cabe señalar era la expareja sentimental de hombre que cometió la agresión.
El Padre Diego Fernando Guzmán, director de Pastoral Social en la Arquidiócesis de Cali, habló sobre el caso del niño Lyan José, de 11 años, quien fue secuestrado en Jamundí. En una entrevista, Guzmán informó que la Iglesia está dispuesta a acompañar al menor y su familia en un proceso humanitario para facilitar su regreso a casa. "La situación es muy delicada y hay una disposición clara desde el arzobispo para abrir canales de comunicación y asistencia," afirmó. Un acercamiento inicial El proceso de acercamiento al caso de Lyan José está en una fase inicial. Guzmán destacó que aún no tienen detalles concretos sobre las demandas del grupo disidente que sostiene al niño. "Estamos a la espera de cualquier tipo de camino que se pueda ir construyendo para facilitar el retorno del niño a su hogar", agregó. A pesar de no contar con información detallada sobre la situación del menor o las condiciones en las que se encuentra, la Iglesia trabaja en estrecha coordinación con las autoridades para establecer un protocolo de regreso. Condiciones del niño y la preocupación familiar Al ser cuestionado sobre las condiciones en las que se encuentra Lyan José, Guzmán expresó su deseo de que el niño esté en condiciones dignas. Sin embargo, insistió en que la Arquidiócesis no tiene información exacta sobre su bienestar. "Como Iglesia, hacemos votos por su salud y por un desenlace positivo," concluyó. En cuanto a la madre del niño, Angie Vanessa Bonilla, el clérigo comentó que ella sigue hospitalizada debido al impacto emocional del secuestro. Se encuentran disponibles para ofrecer apoyo espiritual y psicosocial. La combinación de estas crisis familiares y la violencia asociada al secuestro del menor ha dejado a la comunidad de Jamundí y toda Colombia en un estado de consternación y preocupación. Escuche aquí la entrevista:
La Iglesia católica reveló detalles sobre los avances que han tenido las conversaciones con los hombres de la disidencia de las Farc 'Jaime Martínez', que tiene retenido desde el pasado sábado, 3 de mayo, a Lyan José Hortua, el niño de 11 años que fue secuestrado en su vivienda.Según la mesa negociadora, que la integran la iglesia católica y otras entidades de derechos humanos, el grupo armado tiene toda la intención de dejar en libertad al menor de edad en las próximas horas.“Ellos lo han manifestado desde el segundo o tercer día desde que inicio esta situación, lo primero que nos dijeron es que esto fue un error, y lo segundo es que están dispuestos a hacer un gesto humanitario de devolver al niño, y lo tercero es que estaban buscando las condiciones para lograrlo”, dijo el sacerdote Omar Arturo López, delegado de la arquidiócesis de Cali para integrar la mesa de conversación en la liberación del niño.Es por esto que, de manera constante, se sostienen conversaciones con el propósito de buscar el momento adecuado para entregarlo a la mesa negociadora y posteriormente llevado de regreso con su familia.“Nosotros como arquidiócesis de Cali, junto con La ONU, y con la Cruz Roja, hemos estado en contacto con un canal continuo, y estamos esperando que nos den esa buena noticia de ir a recoger el niño en las circunstancias que sea y donde sea nosotros estamos dispuestos a ir por el menor, sería el mejor regalo que regrese a su casa”, explicó el sacerdote.Es por esto que este lunes la comunidad realizará una movilización convocada por el Comité de Libertad Religioso, y entidades públicas, en la que se exigirán su liberación, además del respeto por la vida de los niños, niñas y adolescentes de la región. El recorrido inicia a las 9:30 a.m. en el hospital Piloto para finalizar en el parque principal de ese municipio. Piden asistir con camisetas blancas.
A través de un comunicado, la Universidad del Valle confirmó la muerte de una de las estudiantes que resultó lesionada en medio de un ataque que se registró el pasado 8 de mayo al interior del campus La Carbonera, en la sede del municipio de Palmira, por parte de un joven quien ingresó con un arma de fuego a sus instalaciones y, tras protagonizar el atentado, él mismo se disparó.La víctima fue identificada como Sirley Vanessa López Loaiza, de 22 años, quien cursaba octavo semestre del programa académico de Licenciatura en Literatura. Según las autoridades, la estudiante recibió uno de los disparos durante el ataque en la universidad."Esta muerte es producto de las violencias basadas en género, la intolerancia y el menosprecio de la vida, que atentan contra la misión sagrada de la Universidad y sus recintos, que deben ser espacios de paz y respeto de la existencia. Se reitera el llamado para que este triste día se convierta, como tributo a la memoria de Sirley Vanessa, en un momento de duelo y reflexión", dice el comunicado.La otra víctima, una estudiante de 19 años de la carrera de Contaduría Pública, en este momento se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Palma Real de Palmira, con graves lesiones. Según las autoridades, el sujeto tenía como objetivo asesinarla a ella, por un tema personal y sentimental."Ella se encuentra en estado crítico y en estado reservado, luchando por su vida, luego de esta agresión por arma de fuego. Todos los palmiranos, la institucionalidad, el Ministerio Público, nos encontramos orando y en solidaridad con los estudiantes y con las familias de estas dos mujeres en este lamentable caso: ya una de ellas muerta y la otra en la clínica", señaló Willian Andrey Espinoza, personero de Palmira.Por estos hechos, Víctor Ramos, alcalde de ese municipio, convocó a una mesa técnica que se realizará este 12 de mayo, con estudiantes, entidades de Derechos Humanos (DD. HH.) y diferentes áreas de la administración, para tomar decisiones que permitan proteger a la mujer y a los estudiantes, mientras que las puertas de la universidad permanecen cerradas y las clases suspendidas, como medida preventiva de las directivas académicas.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.