Todo está listo en Cali para recibir este sábado 21 de marzo al reconocido artista de música urbana J Balvin, quien se presentará en el Estadio Pascual Guerrero. El evento promete no solo un espectáculo de alto nivel, sino también un importante impacto en la economía local.De acuerdo con la secretaria de proyectos especiales, Mabel Lara, diversos sectores se verán beneficiados, especialmente el turismo. Se estima que la ocupación hotelera podría alcanzar hasta un 60 % con más de 16 mil visitantes ."Este concierto tiene un impacto social y turístico, va a generar una derrama económica de aproximadamente a los 20 mil millones de pesos, generación de empleo alrededor de 2 mil, beneficia a sectores del trasporte, a comercio a los restaurantes" dijo la funcionaria. La funcionaria destacó que este tipo de espectáculos fortalecen la imagen de Cali como destino atractivo para grandes eventos, lo que contribuye a posicionarla como una de las ciudades más importantes del país en materia de entretenimiento y cultura."El evento posiciona a Cali como sede de grandes espectáculos, fortaleceremos nuestra reputación nacional y fortalecemos a la ciudad, hablamos de una Cali de puertas al mundo" expresó Lara. En cuanto a la logística, las autoridades han dispuesto medidas especiales para garantizar la movilidad de los asistentes. El sistema de transporte masivo anunció un plan operativo que incluye la habilitación de tres rutas del MIO, diseñadas específicamente para el retorno de los espectadores una vez finalice el concierto. Los buses estarán ubicados sobre la Calle Quinta y cubrirán recorridos hacia el norte, sur y oriente de la ciudad.
La intensa temporada de lluvias sigue generando emergencias en el Valle del Cauca. En zona rural del municipio de Pradera, los fuertes aguaceros han provocado múltiples afectaciones que mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades.Las precipitaciones han causado daños significativos en viviendas y pérdidas en cultivos, impactando directamente a varias familias campesinas.“El fuerte aguacero hizo muchos daños, dañó cultivos, no tenemos energía porque dañó el poste, dañó los techos de las viviendas. Estamos pidiendo colaboración del gobierno departamental para que nos colabore”, manifestó Carlos Rojas, habitante del sector, quien fue es uno de los afectados por esta situación.Entre las zonas más golpeadas se encuentran los corregimientos de Bolo Blanco, El Retiro y La Carbonera, así como los sectores de La Tupía, La Granja y Vallecitos, donde las comunidades enfrentan dificultades para su movilidad y acceso.Desde la Alcaldía de Pradera informaron que ya se han desplegado equipos para atender a las familias damnificadas y avanzar en las labores necesarias para mitigar la emergencia.Por su parte, la secretaria de Gobierno, Nini Jhoana Viafara, aseguró que “se trabaja de manera articulada para brindar apoyo a la población afectada.”Cabe recordar que actualmente son nueve los municipios del Valle del Cauca que se encuentran en alerta roja debido a la temporada de lluvias. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento se reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención y evitar situaciones que pongan en peligro la vida.
El equipo de salud del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal realizó este miércoles una protesta que derivó en el cierre de la carretera que comunica a Zarzal con Cali, a la altura del corregimiento de La Paila.La movilización busca presionar el pago de recursos adeudados por parte de la EPS Emssanar, señalada por los trabajadores como responsable de la difícil situación financiera que atraviesa el centro asistencial.Según denunciaron, llevan varios meses sin recibir sus honorarios, mientras que la falta de suministros básicos y medicamentos ha complicado la atención a los pacientes. A esto se suma la salida de personal médico, lo que ha debilitado aún más la prestación del servicio.“Nos deben varios meses de salario, los proveedores han suspendido la entrega de insumos y la crisis económica es bastante grave. Somos cerca de 300 trabajadores afectados, y ya se han presentado múltiples renuncias; muchos profesionales no quieren continuar en estas condiciones”, manifestó uno de los empleados.En consecuencia, los usuarios afiliados a Emssanar han sido los más perjudicados, pues desde hace semanas no están recibiendo atención en este hospital.La problemática se extiende a otros centros de salud del Valle del Cauca, donde también se reportan retrasos en pagos por parte de esta EPS. Mientras tanto, crece la incertidumbre frente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de entidades promotoras de salud con dificultades financieras, una medida que genera preocupación entre pacientes y trabajadores del sector.
Javier Tascón es el hombre de 73 años que, desde hace cinco días, permanece en una UCI de la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, después de haber sido víctima de disidentes de las Farc, quienes le dispararon por no detenerse en un retén ilegal, en inmediaciones del corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle.Junto a su familia son reconocidos agricultores de este corregimiento desde hace varias décadas. Él, sus padres y cuatro hermanos se han destacado por brindar oportunidades laborares en el pueblo, teniendo tiendas y cultivos. Durante este tiempo, señalan que nunca habían vivido una situación como la que hoy están atravesando, pues aseguran que todas las personas de Timba, los han conocido."En la vía antes de la Balsa lo estaba esperando un tipo en una moto, lo hizo parar y le dijo ¿vos quién sos?, él le respondió: Yo soy Javier Tascón, yo soy de aquí de Timba, de la familia Tascón y el otro le dijo, yo no te conozco H*, te bajás. Mi hermano no se quiso bajar. Cuando el tipo sacó la ametralladora, salió volado en el carro. La balacera fue terrible y lo cogió. De milagro como le digo, no lo mataron", dijo Julia Tascón, hermana de la víctima, narrando cómo sucedió el ataque.Javier había llegado a Jamundí desde hace ocho años de los Estados Unidos, país donde estuvo radicado durante un largo tiempo junto a su familia, por lo que cuenta con ciudadanía americana. Su propósito al volver a Colombia era cuidar y vivir de su finca."Son 85 años hace que el pueblo nos conoce, siempre de negocitos, de tiendas. Mi hermano fue para Estados Unidos, regresó ya pensionado para poder vivir acá en el país en su finquita, que él con los ahorros había comprado y había sembrado los frutales y así fue, esa es su vida", añadió doña Julia.Hoy, la familia Tascón no solo está atravesando el ataque de Javier, sino que están agotando todos sus esfuerzos para impedir su traslado de Valle del Lili a la Clínica Nuestra, proceso que, en su condición actual, puede comprometer aún más su estado de salud. Incluso, un juez falló a su favor una tutela, para garantizar que don Javier siga siendo atendido donde está."Él es consciente de que tiene que hacer unas terapias, pero estamos tratando de que la clínica no lo saque de allí, porque quieren sacarlo de esta clínica para mandarlo a otra, él tiene un tiro en el cuerpo. Si lo mueven, él puede quedar inválido", explicó su hermana.Los familiares manifiestan su descontento por la falta de respuesta por parte de las autoridades de Jamundí, asegurando que, hasta el momento, no se han comunicado con ellos, ni para conocer el estado de salud de Javier, ni para iniciar un proceso de acompañamiento o reparación.
Crecen las alertas desde distintos sectores frente a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la liquidación de varias EPS. Tanto Asocajas como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) coincidieron en que, sin una planeación adecuada, la medida podría agravar la crisis del sistema y afectar a millones de usuarios.Asocajas advirtió que el principal riesgo está en el traslado masivo de afiliados sin un plan claro, lo que podría generar desorden en la atención y afectar la continuidad de tratamientos. El gremio señaló que muchas de las personas que serían reubicadas provienen de EPS con fallas, por lo que llegan con citas atrasadas, procedimientos pendientes y necesidades urgentes, lo que aumentaría la presión sobre las entidades receptoras.En la misma línea, la Andi aseguró que el país enfrenta uno de los momentos más críticos en materia de salud, con problemas financieros que ya están impactando la prestación de servicios, el pago al personal médico y la entrega de medicamentos. Según el gremio, la eventual liquidación podría afectar al menos a 11,8 millones de afiliados.Ambas organizaciones coincidieron en que uno de los puntos más delicados es la capacidad real del sistema para recibir a estos pacientes. Advirtieron que las EPS que asuman a los nuevos usuarios podrían no estar preparadas, lo que se traduciría en demoras en citas, procedimientos e interrupciones en tratamientos, incluso en casos de alta complejidad.Además del impacto en la atención, la ANDI alertó sobre las consecuencias económicas de la medida. Señaló que una liquidación podría agravar la crisis financiera del sistema, afectar a clínicas y hospitales, y poner en riesgo el pago al talento humano en salud.Frente a este panorama, tanto Asocajas como la ANDI hicieron un llamado al Gobierno nacional para evitar decisiones improvisadas y garantizar una transición organizada. Insisten en que cualquier cambio debe priorizar a los pacientes y asegurar que la atención en salud no se vea interrumpida.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años al agente de la Polícia Cristian Andrés Chica Gómez, por haber excedido el uso de la fuerza con su arma de dotación durante un procedimiento policial. Los hechos ocurrieron en el municipio de La Plata, Huila, el 16 de mayo de 2021.La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva estableció que al momento de realizar el operativo, el agente atacó verbal y físicamente a una de las personas que se encontraba en el lugar. Le ocasionó una lesión en la cara con el bolillo policial y accionó su arma de dotación.El argumento del Ministerio Público se centra en que, a pesar de que hubo un forcejeo previo, la persona a la que el agente le disparó, se encontraba desarmada. Chica habría sido herida en el rostro con un arma cortopunzante, antes de disparar, sin embargo, el organismo de control argumenta que debió mantener el autocontrol y la neutralidad.“La fuerza que utilizó al lesionar a la víctima con su tonfa y luego en el forcejeo accionando su arma de fuego no fue proporcional ni racional sino simplemente impulsiva, lo cual no se espera de un miembro del cuerpo de policía”, afirmó la Procuraduría durante el fallo.Aunque el fallo puede ser apelado por el sancionado, el organismo de control calificó los hechos cometidos por el agente Chica como una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, a voluntad consciente de causar daño o cometer un delito, con conocimiento de su ilicitud.
El Deportivo Cali empieza a mostrar señales de reacción. La victoria 2-0 frente a Cúcuta no solo sirvió para sumar, también cambió el ambiente en el grupo, que ahora trabaja con más confianza en medio de una semana clave.En entrevista con Blog Deportivo este miércoles 18 de marzo, Rafael Dudamel habló del impacto del triunfo, del momento del equipo y del desafío que se viene, en un partido ante Santa Fe que puede acercarlos al grupo de los ocho.El triunfo que cambió el ambiente en el CaliDudamel fue claro al explicar lo que dejó el resultado reciente. “No hay nada distinto a los triunfos que te pueda llenar de mayor confianza”, aseguró, resaltando el efecto inmediato en el grupo.El técnico explicó que la victoria “hace que dé un vuelco total en la energía, en el entusiasmo y en la ilusión”, algo que se refleja tanto en el plantel como en la hinchada. Con ese impulso, el equipo trabaja ahora con más tranquilidad y seguridad.La estrategia para frenar a RodallegaEl siguiente reto no es menor. Enfrente estará Hugo Rodallega, uno de los atacantes más determinantes del torneo. Dudamel reconoció su nivel, pero también dejó clara la idea con la que lo enfrentarán.“Lo mejor que uno puede hacer contra este tipo de atacantes es irrespetarlo deportivamente”, afirmó, dejando ver que el equipo no puede jugar condicionado.El entrenador destacó que Rodallega “sabe muy bien cómo imponer su jerarquía, su físico, su oficio”, por lo que será clave mantener altos niveles de concentración durante todo el partido.El regreso de Cuéllar y su aporte al grupoOtro de los puntos que marca la actualidad del Cali es el regreso de Gustavo Cuéllar. El mediocampista vuelve tras más de una década y lo hace con un mensaje claro.“Me siento muy contento, muy feliz de volver a casa”, dijo, recordando su historia con el club. Además, dejó claro que su aporte no será solo en la cancha: “No vine solamente a aportar dentro del campo, sino fuera también”.Con mejores sensaciones y caras conocidas de vuelta, el Cali se prepara para un partido que puede empezar a definir su rumbo en el campeonato.
El general en jefe del Ejército de Venezuela Gustavo González López, sancionado por violación a los derechos humanos por parte de EE.UU. y la Unión Europea (UE), se convirtió en el nuevo titular de Defensa del país, en sustitución de Vladimir Padrino López, el más antiguo ministro de Nicolás Maduro que no pudo evitar que Washington capturara al líder chavista.González López, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del mayor complejo militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna, en Caracas, poco más de dos meses después de haber sido designado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).En el pasado, el militar estuvo dos veces al frente del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como director general, primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado enero en medio de los ataques estadounidenses en territorio venezolano.Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.Protestas de 2014En 2020, la misión de Naciones Unidas dijo haber encontrado "motivos razonables para creer" que González López "tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos focalizados al Gobierno que tuvieron lugar en el Sebin a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual".La misión ha pedido investigar al militar y aseguró haber recibido información de testigos sobre "relaciones de confianza" entre González López y el actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, de quien recibía "órdenes directas".Tampoco es la primera vez que González López ocupa un cargo ministerial, ya que fue titular de Interior entre 2015 y 2016.EEUU, Canadá, Suiza y la UEEl nuevo responsable de Defensa fue sancionado por EE.UU. en 2015, durante el Gobierno del entonces presidente Barack Obama, que lo acusó de haber participado de forma directa o indirecta en actos represivos que constituyen un "abuso serio" o violación de los derechos humanos.La Casa Blanca señaló entonces que, bajo su dirección, el Sebin tuvo un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales, y hasta la fecha continúa en la lista de sancionados de la OFAC.González López, quien también fue asesor de Seguridad e Inteligencia de Maduro, fue sancionado por Canadá en 2017 junto con otros 39 nombres como Maduro, Padrino López y Cabello, a quienes el Gobierno del país norteamericano señaló entonces como responsables "del deterioro de la democracia en Venezuela".Un año después, en 2018, fue sujeto de sanciones por parte la UE y Suiza también por violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó la situación actual del Pueblo Indígena Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, beneficiario de medidas cautelares vigentes desde 2005, y concluyó que el contexto de riesgo no solo se mantiene, sino que se ha intensificado.“La información presentada por la representación reflejó una continuidad en la operación de actores armados ilegales en los territorios, así como la persistencia de amenazas, intimidaciones, declaratorios de “objetivos militares”, asesinatos, enfrentamientos armados, desplazamiento forzado de población, reclutamientos de jóvenes, violencia sexual, incendio de casas ceremoniales y otros eventos de violencia”.La Comisión también tuvo en cuenta la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido un nivel de riesgo alto en esta región del país.En ese sentido, el organismo instó a Colombia a redoblar las acciones para garantizar la seguridad de las comunidades, incorporando un enfoque étnico, cultural, de género y edad.Asimismo, pidió que las evaluaciones de riesgo tengan en cuenta el impacto acumulado de la violencia sobre el pueblo Wiwa, considerado en riesgo de exterminio, así como los efectos diferenciados sobre líderes, mujeres y niños.La CIDH también subrayó la importancia de concertar con las comunidades las medidas de protección que permitan su permanencia segura en el territorio y avanzar en investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia.Finalmente, reiteró al Estado la necesidad de prevenir la repetición de estos hechos y evitar escenarios de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta."Investigar de manera efectiva todos los hechos de violencia reportados hasta la fecha, con miras a evitar situaciones de impunidad y su continua ocurrencia”.
En el departamento del Cauca investigan el atentado contra el director general de la unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, cuya vivienda en el municipio de Caloto fue incinerada en las últimas horas. El hecho fue denunciado a través de la redes oficiales de la URT, donde se dio a conocer que desconocidos prendieron fuego a la casa del director en horas de la madrugada. Por el momento se conoce que al interior del lugar se encontraba el hijo de Yule, quien por fortuna salió ileso del hecho. Ningún otro familiar resultó afectado."A las autoridades competentes un fuerte llamado para que se identifiquen los responsables y respondan por estos hechos; desde la Unidad seguiremos trabajando para lograr cumplir con la misión encomendada por el Gobierno en pro de las víctimas del conflicto en Colombia”, se indica en el trino de la entidad.También en redes sociales, el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó lo ocurrido con la vivienda del director, e indicó que ya se inició la articulación con todas las autoridades para dar con la identificación y posterior captura de los responsables.
En Tuluá, Valle del Cauca, la Policía descubrió un laboratorio artesanal para fabricar drogas sintéticas mientras atendían un caso de homicidio. El crimen llevó a las autoridades hasta una vivienda en el barrio Farfán, y mientras adelantaban las labores de inspección y levantamiento del cadáver encontraron la fábrica, ubicada frente a un colegio, punto de distribución de los alucinógenos.La víctima de este homicidio era un hombre identificado como Kevin Jesús Castañeda Castillo, de 20 años, cuya muerte fue orquestada por un hombre conocido como alias ‘Keller’, quien se encontraba con Castañeda fabricando 2CB, en un momento salió y al volver llegó con el hombre que le disparó.El teniente coronel Nicolás Suárez, comandante del distrito de Policía de Tuluá, señaló que el crimen estaría relacionado con ajustes de cuentas y divisiones al interior de la banda criminal que delinque en este municipio de La Inmaculada."Al realizar la inspección técnica al cadáver y al lugar de los hechos, la Policía descubrió el andamiaje del laboratorio artesanal dedicado a la fabricación de 2CB, también se encontraron insumos químicos, sólidos y líquidos que eran utilizados para este fin", indicó el teniente coronel.En este procedimiento fue capturada una mujer, quien, al parecer, sería la encargada de la fábrica de drogas sintéticas. Mientras tanto, las autoridades adelantan la búsqueda de alias 'Keller' responsable del homicidio registrado al interior del lugar.
Con la puesta en marcha de la operación Xamundí, las autoridades en el Valle del Cauca se mantienen firmes en el propósito de recuperar completamente el control en las montañas del municipio, especialmente en corregimientos como Villa Colombia, Ampudia y La Liberia donde las disidencias de 'Iván Mordisco' delinquen y generan gran presión a la comunidad.Si bien la ofensiva militar avanza, lo que se pide ahora es que el Gobierno nacional atienda de manera integral a la comunidad de Jamundí, tal y como se hizo en El Plateado, Cauca. Teniendo una petición específica y es la visita del presidente Gustavo Petro."Por supuesto, invitar al presidente aquí a que hagamos un consejo de seguridad, porque yo creo que es muy necesario. Los jamundeños y los vallecaucanos estamos sufriendo cosas terribles de inseguridad y queremos que nos acompañen más", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.Una hipótesis que están manejando las autoridades sobre los recientes atentados en Jamundí, señala que estos hechos, más que dirigidos contra la fuerza pública lo que buscan es sembrar miedo entre la población civil para poder instrumentalizarla."Vamos a recuperar el control territorial. Sobre el Batallón de Alta Montaña, ya conseguimos el lote y vamos a trabajar para que rápidamente tengamos al Ejército en la zona alta y así podamos controlar a los violentos que no podemos ganar", finalizó la gobernadora.
La Policía entregó detalles del ataque sicarial perpetrado al interior de la estación Meléndez del MIO, ubicada al sur de Cali, que generó pánico entre los usuarios a plena luz del día, cuando un pasajero que se encontraba en la taquilla de recarga de pasajes fue atacado a disparos.La víctima era un hombre de 26 años, quien al parecer estaría implicado en otro crimen registrado en este mismo barrio días atrás, por lo que el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas.“Unidades de seccional de Investigación Criminal acudieron al lugar de los hechos, ya nos encontramos revisando las cámaras de circuito cerrado de vigilancia. El hecho estaría asociado con un ajuste de cuentas, por un homicidio producto de un homicidio que sucedió en días anteriores en la parte alta del barrio Meléndez y ya nos encontramos realizando las labores investigativas correspondientes”, indicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali.Mientras avanza la investigación, los usuarios del sistema le piden a las autoridades reforzar el componente policial en buses y estaciones, para evitar este tipo de hechos, que ponen en riesgo a los miles de pasajeros que usan el Mío diariamente.“Estas situaciones ponen en riesgo la vida de los usuarios, ya que las estaciones están en medio de carriles vehiculares, por lo que en un caso como estos, al tratar de resguardarse o escapar de alguna bala pueden saltar de la estación, corriendo el riesgo de ser arrollados por un vehículo y provocar un accidente mayor”, aseguró Ricardo Salazar, vocero de los Usuarios del MIO.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el levantamiento del paro armado en el departamento del Chocó a partir de las 6:00 a.m. de este sábado, 16 de noviembre. Sin embargo, las secuelas de esta medida, que se prolongó durante una semana, dejaron un impacto significativo en la región, afectando a al menos 45.000 personas y confinando a 120 comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.Ante esta situación, el obispo de Quibdó, monseñor Winston Mosquera Moreno, emitió un contundente pronunciamiento, calificando las acciones del ELN como "incoherentes". El líder eclesiástico criticó que el paro armado se desarrollara en medio de las graves inundaciones que ya afectaban al departamento y señaló como contradictorio que, aunque el grupo ilegal haya decidido levantar la medida, insista en que la población se abstenga de salir durante las noches.“Parece que el departamento del Chocó estuviera en tierra de nadie. ¿Quién gobierna? No sabemos quién está mandando en esta parte del territorio”, afirmó Mosquera Moreno, visibilizando la falta de autoridad estatal y el abandono que percibe en la región.El paro armado afectó a comunidades a lo largo de los ríos Sipí, Cajón y San Juan, restringiendo la movilidad y acceso a bienes básicos. La Iglesia Católica, a través de un comunicado, había pedido previamente al ELN levantar las restricciones y recordó la crítica situación humanitaria que enfrenta la población chocoana.
La comunidad salsera del Valle del Cauca está de luto tras el asesinato de Luder 'Junior' Quiñónes, reconocido timbalero que marcó una trayectoria de más de tres décadas en la música colombiana. El hecho ocurrió en el barrio Bretaña, en el centro de Cali, donde, según información preliminar, el músico fue interceptado por hombres armados cuando se disponía a abordar su camioneta.Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Quiñónes era considerado una figura clave en la percusión salsera del país. Fue integrante de la banda del cantante Willy García en su etapa como solista y participó en agrupaciones emblemáticas como Grupo Niche y Son de Cali. Su trayectoria también incluyó colaboraciones con orquestas internacionales como Los Hermanos Lebrón y La Suprema Corte, consolidándose como uno de los percusionistas más respetados del género.Sobre las causas del ataque, el general Herbert Luguiy Benavídez, comandante de la Policía de Cali, informó que se dio en medio de un intento de robo y que: “Se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habría ocasionado lesiones con arma de fuego”.La muerte del músico ha generado múltiples reacciones en el sector artístico. A través de sus redes sociales, Willy García lamentó la pérdida y lo describió como un “hermano de vida”, recordando los años en los que compartieron escenario y construyeron su carrera “hombro a hombro”. "Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de 30 años de trayectoria artística", afirmó el equipo de García.Directores musicales y colegas han resaltado no solo su talento, sino también su calidad humana y su aporte a la identidad musical de Cali.
En la tarde del martes 17 de marzo, en el barrio Bretaña al centro de Cali, fue asesinado Luder Quiñónes, reconocido percusionista de la ciudad. Sujetos armados le dispararon varias veces, cuando Quiñónez subía a su camioneta, según las autoridades, en un intento de hurto.Por casi 30 años, el músico acompañó a diferentes orquestas de salsa y en esa trayectoria conoció a Willy García, con quien creó una amistad marcada por la confianza y el amor por la salsa, que hoy, se ha fracturado por la violencia.A través de su cuenta de Instagram, el intérprete bonaverense escribió un sentido mensaje de despedida a Quiñones, quien lo acompañó durante nueve años en su orquesta como solista, y también en su paso en Son de Calli y Grupo Niche."Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo y hoy la violencia me lo arrebató", escribió García.La publicación está acompañada de un video que recopila la participación del percusionista en varias presentaciones de García, también enseña fotos de los momentos compartidos juntos, y demostrando la amistad que habían construido juntos."Me duele profundo, en el alma, en la historia, en cada recuerdo que construimos. Mi manito, así nos decíamos. Y así te voy a recordar siempre: como ese hermano leal con el que la vida me permitió compartirlo todo. Hoy se me va un pedazo del corazón", finalizó Willy García en su post.
La salsa está de luto tras la muerte de Luder 'El Mulato' Quiñónes, reconocido percusionista de la ciudad, quien acompañó a Willy García por más de treinta años de trayectoria musical, tanto en su carrera como solista, como en su paso por orquestas como Grupo Niche y Son de Cali. Quiñónez fue asesinado en el centro de la ciudad, cuando fue atacado a disparos por dos sujetos, quienes lo interceptaron antes de subirse a su camioneta. Mientras las autoridades investigan el crimen para identificar y capturar a los responsables, hoy diferentes artistas lamentan lo ocurrido, asegurando que la violencia arrebata a uno de los timbaleros más destacados del país."Un gran ser humano, un gran compañero, pero principalmente un músico muy talentoso, razón por la cual nos ha acompañado durante 15 años con Willy García y antes nueve años con Son de Cali y antes otros tantos con Grupo Niche. Un legado que permitió que él fuera, en este momento, quizás el mejor percusionista de la salsa en Colombia", indicó Irma Restrepo, gerente general de L&L Producciones, empresa de managment de Willy García.Por más de una década, 'El Mulato' Quiñónes formó parte de la orquesta de Willy García, tiempo en el que no sólo compartieron escenarios y presentaciones a lo largo del mundo, sino que se convirtió en parte de una familia musical."El día de ayer estuvimos grabando en mi estudio, estuvimos haciendo algo para Alvaro Cabarca, disfrutando como siempre, compartiendo. Este fin de semana próximo teníamos un evento. Es un momento difícil, uno encontrarse con estas situaciones que te ponen en un estado de ánimo raro, inexplicable y de una u otra manera pues es un compañero que no solamente trabaja, sino que como persona pues se compartía muchas cosas con él", señaló Óscar Iván Lozano, director de la Orquesta de Willy García.En medio de los mensajes de despedida a Luder y condolencias a su familia, se destaca el de Ángel Lebrón, director de la orquesta de los Hermanos Lebrón, quien está radicado en Cali desde hace varios años, en su pronunciamiento, además de manifestar su solidaridad, reclamó a las autoridades de Cali la inseguridad que le cegó la vida al percusionista."Los músicos vienen aquí y viven aquí, y lo que tienen que tener es miedo porque los matan para robarle. Nosotros estamos aquí todos para darle alegría al público, pero siempre hay varios que les gustan ser malos, cosas malas. Yo le pido al señor alcalde que por favor trate de arreglar esta situación, que los músicos no tengan que estar escoltados y tener miedo de ir a trabajar.", sostuvo Ángel Lebrón, director de la orquesta Los Hermanos Lebrón.
Expertos antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército desactivaron de manera controlada una bomba de gran tamaño en zona rural de Ipiales, Nariño. El artefacto, de más de 250 kilos, fue hallado en la vereda Amarraderos de la Frontera, jurisdicción del corregimiento Cofanía Jardines Sucumbíos. La intervención evitó una emergencia mayor en esta zona limítrofe.El operativo se desplegó en un punto estratégico de la frontera entre Colombia y Ecuador, donde comunidades indígenas permanecían confinadas en sus viviendas. La presencia del explosivo generó temor e incertidumbre durante varios días. Las autoridades acordonaron el área para garantizar la seguridad.Según información preliminar, la bomba habría caído en territorio colombiano tras bombardeos ejecutados por fuerzas militares ecuatorianas contra un presunto campamento ilegal. Las operaciones se desarrollaron en la ribera del río San Miguel. Sin embargo, uno de los artefactos no impactó el objetivo previsto.El gobernador del resguardo indígena Rumiyaco del pueblo de los Pastos, Fidencio Quinisqui, relató que la situación cambió desde el 3 de marzo. Ese día, tres aeronaves militares ecuatorianas sobrevolaron la zona fronteriza. Según su testimonio, una de ellas habría ingresado a espacio colombiano y sería la responsable de lanzar la bomba que no explotó.El líder indígena indicó que el artefacto cayó a unos 70 metros de la vivienda de un comunero. Aunque el hecho ocurrió el mismo día del bombardeo, la comunidad solo detectó la presencia del explosivo una semana después. En contraste, otras dos bombas sí detonaron en territorio ecuatoriano.Quinisqui también aseguró que durante más de 10 días alertaron a entidades como la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta oportuna. La situación tomó relevancia nacional tras la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 16 de marzo en Bogotá. Esto aceleró la llegada de las autoridades al lugar.Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había afirmado que las operaciones militares se realizaron exclusivamente en su territorio. No obstante, el hallazgo del artefacto en suelo colombiano genera cuestionamientos sobre una posible violación de soberanía.Las comunidades indígenas fueron evacuadas en un radio menor a 700 metros como medida preventiva. El procedimiento de desactivación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad. Las autoridades continúan monitoreando la zona ante el riesgo de nuevos hallazgos.Finalmente, el gobernador indígena expresó su rechazo a este tipo de operaciones cerca de territorios civiles. Aseguró que el resguardo es una zona de paz y que no alberga grupos armados ilegales. La comunidad exige respeto por su territorio y garantías para su seguridad en la frontera.