En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
Desde hace varios meses, habitantes de los barrios San Judas y Villa del Sur, en el sur de Cali, vienen denunciando el hallazgo constante de gatos muertos en diferentes puntos de estos sectores. Según los residentes, las alertas fueron puestas en conocimiento de las autoridades desde los primeros casos, sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta clara ni acciones visibles frente a la situación.La preocupación ha crecido entre la comunidad, que teme que detrás de estas muertes pueda existir maltrato sistemático. Entre las hipótesis que circulan están posibles envenenamientos, uso de los animales en prácticas esotéricas o incluso ataques por parte de personas en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.El activista y defensor de los derechos de los animales Terry Hurtado señaló que la situación debe ser investigada con celeridad y pidió a las autoridades ambientales y a la Policía Ambiental adelantar las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Por su parte, el concejal Roberto Ortiz hizo un llamado a los organismos competentes para que atiendan las denuncias de la comunidad y garanticen la protección de los animales en estos sectores del sur de la capital vallecaucana.Los habitantes esperan un pronunciamiento oficial que permita conocer las causas de estas muertes y, de ser el caso, la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación colombiana contra el maltrato animal. Entre tanto, la situación continúa generando consternación y preocupación entre los vecinos.
Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' nuevamente pretendían atacar a la Fuerza Pública en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. En el corregimiento de San Vicente, ubicado a 20 minutos del casco urbano del municipio, fueron encontrados dos cilindros acondicionados con explosivos, ubicados en la misma zona donde días atrás fueron instaladas dos banderas alusivas a este grupo armado.Una vez hallados estos artefactos, la zona fue completamente acordonada para evitar que la vida de la población civil estuviera en riesgo. Durante varias horas, expertos antiexplosivos se encargaron de verificar el sector para proceder con la detonación controlada de estos elementos. "Nos encontramos realizando operaciones ofensivas contra la estructura 'Jaime Martínez'. Se ubican, localizan y destruyen dos explosivos improvisados tipo cilindro de 60 libras, igualmente se retira la bandera alusiva a esa organización criminal", aseguró el sargento segundo Reinaldo Loaiza, comandante de Pelotón del Batallón de Infantería Liviana No.8.El despliegue de las tropas del Ejército se mantiene, a pesar de la última asonada registrada días atrás, donde comunidades campesinas expulsaron a los militares que se encontraban adelantando acciones ofensivas en los corregimientos de Ampudia y Timba.
Las autoridades en Cali tratan de esclarecer el más reciente asesinato de un menor, ocurrido en el centro de la capital vallecaucana. El hecho se registró en inmediaciones del barrio Sucre, cuando el joven de 17 años, junto a otras dos personas se movilizaban en una camioneta, fueron interceptados por los sicarios, quienes dispararon en varias ocasiones.Según los reportes preliminares, al parecer, el ataque iba dirigido contra el padre del menor, quien se encontraba en el mismo vehículo, y quien sería uno de los heridos que fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque."Este no es un hecho aislado, es una realidad que se repite y que como sociedad no podemos seguir tolerando. Expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Exigimos respuestas inmediatas, una investigación efectiva y la judicialización de los responsables", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Lo que mayor alerta genera entre las autoridades, es que este es el tercer menor de edad asesinado en el Valle del Cauca en la última semana, el segundo en Cali. Justo el fin de semana, una pequeña de siete años de edad perdió la vida en medio de una balacera, en el municipio de Versalles, en este hecho también fue asesinado un adulto."Hemos anunciado una recompensa de hasta 30 millones de pesos que nos permita ubicar a los delincuentes que asesinaron a esta persona y a esta niña”, indicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.Sigue siendo preocupante estos hechos de violencia en la ciudad de Cali, pues este año ya se registran más de 120 homicidios. Entre las víctimas hay por lo menos 10 menores de edad.
El presidente interino de Perú, José Jerí, rechazó las acusaciones de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo y defendió la legalidad de los nombramientos, mientras el Congreso se prepara para debatir y votar mociones de censura en su contra que podrían apartarlo del cargo.Jerí fue entrevistado la noche del domingo en el programa Sin Rodeos, del canal Panamericana, para dar explicaciones sobre las presuntas contrataciones irregulares de funcionarias que consiguieron trabajos en el Ejecutivo tras reunirse con él en el Palacio de Gobierno.Este asunto es uno de los motivos por los que este martes enfrentará una serie de mociones de censura en el Congreso, sumado a las reuniones semiclandestinas mantenidas con empresarios chinos contratistas con el Estado."¿Por qué solo mencionaron a las mujeres y no a los hombres? No se puede maltratar a la mujer de esa manera porque, para tal caso, fueron mujeres y fueron hombres. Esas personas han trabajado conmigo en el Congreso. Todas las contrataciones han sido conforme a procedimiento", dijo Jerí en el programa dominical.Agregó que, cuando en octubre pasado asumió la Presidencia por sucesión constitucional, pues era el presidente del Congreso en el momento que el Legislativo destituyó a su predecesora Dina Boluarte (2022-2025), se quiso rodear de un equipo de su confianza "para rearmar lo que se había encontrado".En este sentido, afirmó que se ha distorsionado la información de dichas contrataciones por el hecho de ser mujeres, "es completamente falso e injusto para sus carreras"."Es bastante descabellado y bastante descortés con el talento que puedan tener jóvenes profesionales que tienen currículum y trayectoria, que han trabajado en el Estado en diferentes momentos y que han trabajado en el Congreso", reiteró.Jerí también admitió que cuando era congresista, desde 2021 hasta 2025, pagó durante unos meses a una becaria (practicante) de su propio sueldo y que esta no tenía contrato, un hecho del que consideró que no había ningún acto ilegal en él.¿Vacancia o censura?Este martes, está convocado un pleno extraordinario para debatir y votar varias mociones de censura presentadas contra Jerí, quien sostuvo que, en su opinión, el procedimiento que corresponde es una moción de vacancia (destitución), que necesita más votos por parte de los parlamentarios."Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos", señaló.Agregó que como se votará un mecanismo de censura (como presidente del Congreso que temporalmente ejerce la Presidencia de la República) no irá al pleno para ejercer su defensa, un componente que sí está previsto en las mociones de vacancias presidenciales, y apeló al "buen criterio y sentido de responsabilidad del Congreso".
El consolidado nacional de eventos por lluvias entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 16 de febrero, reporta 165 emergencias registradas en 18 departamentos y 123 municipios del país, con un total de 83.773 familias y 169.721 personas afectadas.De acuerdo con el informe, las lluvias han impactado 111.309 hectáreas y han provocado la destrucción de 1.101 viviendas, mientras que otras 17.020 presentan averías. Los eventos más recurrentes corresponden a movimientos en masa, con 71 casos, seguidos de inundaciones, con 61 reportes, y crecientes súbitas, con 19.El departamento de Córdoba concentra el mayor número de familias afectadas, con 59.703 registros. Le siguen La Guajira, con 11.286; Antioquia, con 3.907; Chocó, con 3.393; y Magdalena, con 2.827, según el consolidado oficial.La entidad señaló que el seguimiento a las emergencias se mantiene en coordinación con autoridades territoriales, mientras avanzan las acciones de respuesta y atención a las comunidades afectadas en las zonas reportadas.
La ciudad de Puebla está conmocionada tras el ataque armado registrado la madrugada del sábado en las inmediaciones del bar Sala de Despecho, ubicado en la zona de Angelópolis. El hecho dejó tres personas muertas y cinco más heridas, en un episodio que se produjo cuando las víctimas salían del establecimiento e intentaban abordar una camioneta blanca.De acuerdo con los primeros reportes oficiales, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego de manera directa y luego huyeron del lugar.Las víctimas mortales fueron identificadas como Gisele Ortiz, psicóloga de 33 años; Emmanuel Esteban, fisioterapeuta de 28; y el arquitecto Joaquín Wirth García, de 34 años. El grupo compartía en el establecimiento antes del ataque.Testigos señalaron que los disparos se escucharon de manera repentina y generaron pánico entre quienes se encontraban en la zona, considerada una de las más exclusivas y concurridas de la capital.Las autoridades estatales informaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que el atentado habría estado dirigido contra Wirth García, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). De manera extraoficial, se ha mencionado que el móvil podría estar relacionado con una presunta deuda económica; sin embargo, allegados al arquitecto rechazaron esas versiones y aseguraron que se encontraba enfocado en retomar su carrera profesional en la región tras haber regresado de España. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer si se trató de un ataque directo o de un hecho vinculado a otras hipótesis.En un operativo posterior, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó la captura de cuatro presuntos implicados, entre ellos un menor de edad. Según las autoridades, los señalados habrían rentado un inmueble a través de Airbnb en las cercanías del lugar para vigilar a sus víctimas antes de ejecutar el ataque. El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, indicó que la acción fue “planeada con antelación y ejecutada con logística precisa”. Mientras avanza el proceso judicial, universidades como la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad Madero expresaron su solidaridad con las familias y exigieron garantías de seguridad.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 16 de febrero de 2026:Bloqueos y tomas de indígenas afectan entidades públicas en Bogotá.Encuentran cadáver en instalación del acueducto del norte de Cali.Riña con arma blanca en Bogotá quedó registrada en video.Continúa mesa de diálogo por ajuste salarial tras decisión del Consejo de Estado.Escuche el programa completo aquí:
Las tropas de la Tercera Brigada del Ejercito continúan desplegadas en la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, para recuperar el control territorial de este sector, donde hay presencia de la disidencia 'Jaime Martínez', al mando de alias 'Iván Mordisco'.Las acciones se adelantan con patrullajes y ofensivas, para restablecer la tranquilidad en corregimientos como Ampudia, San Antonio, y Timba, esto a pesar de la asonada ocurrida días atrás, donde un grupo de aproximadamente 50 soldados, fue expulsado de este territorio, por un grupo de 400 campesinos."Fueron cercados por un grupo de personas que posteriormente los bajaron a la fuerza. Hacemos un llamado para que haya un respeto por la dignidad, la seguridad y el bienestar de nuestros soldados. Las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento", señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Cabe señalar que estas asonadas contra el Ejército son organizadas por los mismos disidentes, quienes obligan a la comunidad a expulsar a las tropas de sus territorios, quienes no participen deben pagar una multa."Andan los guerrilleros junto con campesinos obligando a la gente de las veredas a salir. El que no vaya, tiene multa de dos millones de pesos", denunció un habitante de la zona rural de este municipio.La comunidad de Jamundí pide un acompañamiento permanente de la fuerza pública, especialmente en las vías que conectan a San Antonio con el corregimiento de Villa Colombia, teniendo en cuenta que es el corredor que conecta esta zona del municipio con la región del Naya.
Cuando trabajadores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector Paso del Comercio, en el norte de Cali, adelantaban labores de limpieza, encontraron en un canal las cabezas de dos personas al interior de bolsas plásticas.Los operarios avisaron a las autoridades que, al llegar al sitio, encontraron otras partes de cuerpos humanos. A esta hora la Fiscalía adelanta la diligencia de levantamiento en este lugar a donde llega el material que arrastran los canales de aguas residuales de la ciudad.Aún no hay identidades de las víctimas de este aterrador crimen que se conoce 5 días después de que apareciera la cabeza de otra persona al interior de una maleta, a pocos metros del CAM, donde están ubicadas las sedes de la Alcaldía y del Concejo de Cali.La semana pasada las autoridades relacionaron ese macabro hallazgo con una aparente disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico.
Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
En medio de una creciente ola de violencia en el norte del departamento del Cauca, cuatro personas fueron asesinadas en la madrugada de este lunes festivo en el municipio de Corinto. Entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años. El hecho ocurrió en un establecimiento conocido como El Cantinazo, ubicado en la zona urbana de la población.Según las primeras informaciones, al lugar llegaron hombres fuertemente armados, quienes abrieron fuego contra las personas que departían en el sitio. Tres personas más resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales en Cali y Miranda.Las autoridades atribuyen esta masacre a integrantes de una estructura de las disidencias de las FARC comandada por alias ‘Iván Mordisco’, uno de los grupos que disputan el control territorial en la región.Disputa armada entre estructuras disidentesDe acuerdo con Leonardo González, director de Indepaz, Corinto es un corredor estratégico disputado por el frente Dagoberto Ramos, perteneciente al autodenominado Estado Mayor Central, y el frente 57 Jair Bermúdez. La confrontación entre estos grupos ha intensificado la violencia en el norte del Cauca, dejando a la población civil en medio de continuos enfrentamientos, amenazas, confinamientos y casos de reclutamiento forzado de menores.La situación en este territorio se ha descrito como crítica debido a los constantes ataques, homicidios selectivos y presiones armadas.Carro bomba en Suárez dejó dos muertos y al menos cuatro heridosEste violento episodio se suma al atentado con carro bomba registrado durante la madrugada en Suárez, también en el Cauca. La primera explosión ocurrió a pocos metros de la estación de Policía del municipio; una segunda detonación fue reportada apenas 20 minutos después.El saldo fue de dos civiles muertos y al menos cuatro personas gravemente heridas, entre ellas un uniformado que custodiaba la estación y una niña de seis años que se encontraba en una vivienda cercana. Asimismo, cerca de 30 locales comerciales y viviendas resultaron afectados.El ataque fue atribuido a la estructura Jaime Martínez, también vinculada a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco.Tras los hechos, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, llegó a Popayán para coordinar las operaciones en la zona. Desde allí anunció una recompensa por información que permita la captura de los responsables del atentado en Suárez.Cubides señaló que se manejan dos hipótesis sobre el hecho: el uso de un explosivo lanzado contra el lugar o la presencia de cilindros dentro de la habitación del hotel donde murieron las dos víctimas, lo que podría indicar que allí se preparaban artefactos explosivos.En un tercer hecho violento registrado durante el mismo fin de semana, en el municipio de Miranda, también en el norte del Cauca, las disidencias secuestraron a un reconocido empresario de la región. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su paradero.Alcalde de Suárez hace llamado urgente al GobiernoEl alcalde de Suárez, César Cerón, hizo un llamado desesperado al Gobierno Nacional y al departamento para que brinden acompañamiento permanente a la población. “No es justo que cada fin de semana tengamos ataques. La comunidad merece vivir tranquila. No nos dejen solos”, aseguró.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia confirmó que, con base a un análisis del Derecho Internacional Humanitario, durante lo corrido del 2025 se han registrado 42 ataques indiscriminados en 12 municipios del Cauca y cuatro del Valle del Cauca. También comunicaron que estos ataques han dejado un saldo de 27 muertos, de los cuales 12 han sido civiles (de los cuales dos fueron líderes sociales).La Oficina también se pronunció sobre el más reciente atentado registrado en el municipio de Suárez que dejó dos personas muertas y tres heridas. También, dijeron que esto genera pánico en la población y graves daños a los bienes civiles.Desde la ONU, le piden a los grupos ilegales no estatales que respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario: “Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”, complementaron.Por último, hicieron un llamado al Estado colombiano a fortalecer la seguridad, desmantelamiento y también las medidas de protección y prevención para garantizar los derechos humanos. “Sobre todo en aquellos lugares donde hay presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, concluyeron.
Durante la tarde de este lunes festivo se registró una emergencia en el lago Calima, uno de los sitios más visitados del Valle del Cauca. Una embarcación en la que se movilizaban 14 personas se volcó en el agua, generando pánico entre los turistas que se encontraban en la zona.De inmediato, los organismos de socorro activaron los protocolos para atender la emergencia, desplegando todas las capacidades de búsqueda acuática para rescatar a las personas que sufrieron el percance.Según el reporte de las autoridades de gestión del riesgo, de los 14 pasajeros de la embarcación, 12 han sido rescatados con vida y se recuperó el cuerpo de una persona que lamentablemente falleció tras el incidente.“En estos momentos se mantiene la búsqueda de una persona que no se ha logrado rescatar. Estamos atentos al llamado, con los organismos de socorro trabajando en el sitio, a fin de poder encontrar a esta persona que se encuentra desaparecida en inmediaciones del lago Calima”, dijo Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle.Los sobrevivientes de esta emergencia fueron trasladados de inmediato a un puesto de salud cercano para realizarles la valoración médica y descartar cualquier riesgo o afectación que hubieran sufrido tras el incidente.
Una tensa situación de orden público se vivió recientemente en la Hacienda Japio, ubicada en zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. En medio de un operativo de desalojo donde la Fuerza Pública nuevamente intentó recuperar este predio privado, de comunidades indígenas que están asentadas ahí.Si bien el procedimiento se hizo cumpliendo una orden judicial que pide que el terreno sea recuperado y devuelto a sus propietarios legítimos, los indígenas aseguran que esto destruyó viviendas y cultivos que con el paso del tiempo han realizado en la zona.Hoy, la sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, esta denunciando que este tipo de confrontaciones dejan graves consecuencias a la zona, teniendo en cuenta que el sitio donde están asentados los indígenas hacen parte de una reserva natural."Fue evidente, en medio del operativo de la Fuerza Pública, la destrucción de la reserva natural de la Hacienda Japio, un santuario que conserva los últimos vestigios del bosque seco tropical, un ecosistema prácticamente extinto en Colombia. Este espacio no sólo representa un valor ambiental incalculable sino también un símbolo de patrimonio natural y cultural que debemos proteger, la devastación fue evidente", dijo Isabella Victoria Rojas, Directora Ejecutiva de la SAG Cauca.A pesar del procedimiento, los indígenas aún permanecen en la Hacienda Japio, asegurando que están exigiendo la garantía de su derecho al territorio ancestral.