En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
La industria de la publicidad exterior en Colombia atraviesa un proceso de transformación marcado por el crecimiento sostenido de la inversión y la incorporación de herramientas tecnológicas. De acuerdo con datos de Mediabrands, la inversión publicitaria en el país aumentaría un 9 %, hasta alcanzar los 6,6 billones de pesos. Este comportamiento confirma la relevancia del sector dentro del ecosistema de medios, en un contexto donde las marcas buscan mayor precisión y eficiencia en sus estrategias de comunicación.A nivel internacional, el informe Global Expenditure Report señala que la pauta Out Of Home (OOH) alcanzó los 46,2 mil millones de dólares en 2024, representando cerca del 4,8 % del gasto publicitario total. Estas cifras reflejan que la publicidad exterior mantiene un papel estratégico dentro del mix de medios, especialmente en entornos urbanos donde el alcance masivo se combina con nuevas capacidades de segmentación y medición.En este escenario, Publicis Groupe realizó en Medellín una edición especial de Woohland 2026, un evento enfocado en fortalecer la visión estratégica del OOH. La jornada, diseñada para el Grupo Nutresa, se desarrolló bajo un formato técnico tipo showroom que permitió a los equipos de mercadeo conocer de primera mano soluciones basadas en tecnología Digital Out Of Home (DOOH), análisis de datos y formatos innovadores orientados a mejorar la conexión con las audiencias."Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Buscamos que los equipos del Grupo Nutresa vivieran una experiencia técnica, práctica e inspiradora, validando que el OOH es una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano", resaltó Sheyla Bedoya directora de OOH Publicis Groupe.Durante el encuentro se abordaron temas como métricas de efectividad, tendencias globales y oportunidades en el sector retail, en una dinámica centrada en la aplicación práctica de la data para optimizar resultados. La iniciativa evidencia cómo la publicidad exterior en Colombia evoluciona hacia modelos más medibles y estratégicos.
En medio de una creciente controversia política por la entrega de avales a figuras que no pertenecen tradicionalmente a comunidades originarias, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) defendió públicamente sus decisiones y aseguró que actúa bajo el principio de autonomía de los pueblos.Jesús Cuasapud, representante legal de la colectividad, respondió a las críticas en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM y sostuvo que las determinaciones adoptadas por el movimiento obedecen a sus estatutos internos y a la autodeterminación de los siete pueblos que lo conforman.Avales bajo la lupa: el caso de Rubén Marino BorgesLa polémica se intensificó tras conocerse el respaldo de AICO a Rubén Marino Borges, aspirante al Senado con ascendencia italiana, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como precandidato presidencial.En el caso de Borges, el debate se centra en su aspiración a una curul de circunscripción especial indígena en el Senado, figura creada por la Constitución de 1991 para garantizar representación a los pueblos originarios.Cuasapud explicó que AICO cuenta con tres espacios al Senado: dos tradicionalmente asignados al departamento de Nariño y uno correspondiente al pueblo Wayúu en La Guajira. Según indicó, fue precisamente esta comunidad la que, en ejercicio de su autonomía, decidió postular a Borges.“Ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la Constitución para las curules especiales, que es ser indígena”, afirmó.El dirigente aseguró que el aspirante cuenta con certificación oficial del Ministerio del Interior que lo acredita como miembro de una comunidad indígena. Además, enfatizó que cada pueblo valida a sus integrantes de acuerdo con sus propios usos y costumbres.Daniel Quintero y la apuesta presidencialLa decisión de otorgar aval al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para aspirar a la Presidencia de la República también ha generado cuestionamientos y reacciones en redes sociales. Para Cuasapud, sin embargo, se trata de una estrategia política que busca posicionar a AICO en el escenario nacional.“AICO es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia”, señaló.El representante legal reconoció que alcanzar la Casa de Nariño es un desafío mayor, pero afirmó que el propósito es abrir camino para que, en el futuro, un líder indígena formado desde las bases pueda competir por el máximo cargo del país.Asimismo, rechazó las burlas y caricaturizaciones que han circulado en redes sociales, al considerar que desconocen el papel del partido en la representación no solo de comunidades indígenas, sino también de sectores campesinos y afrodescendientes.“Jamás hemos cobrado un recurso por un aval”Otro de los puntos sensibles en la discusión tiene que ver con posibles cobros económicos a cambio de avales políticos. Frente a ello, Cuasapud fue enfático. Según reveló, en 2023 el movimiento otorgó 3.765 avales para distintos cargos regionales sin exigir contraprestación económica.“Jamás hemos cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar. (…) Usted a cualquiera de ellos puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario”, afirmó.Explicó que los acuerdos con figuras como Quintero son de carácter político y programático, enfocados en la defensa del medio ambiente, la ancestralidad y los derechos colectivos. Entre los compromisos planteados estaría la expedición de decretos para salvaguardar territorios y fortalecer instrumentos jurídicos que protejan a las comunidades.El horizonte inmediato de AICO está puesto en el 8 de marzo de 2026, fecha clave para la renovación de su personería jurídica.De acuerdo con Cuasapud, la estrategia de ampliar la entrega de avales —incluyendo a campesinos y madres cabeza de familia que no necesariamente pertenecen a comunidades indígenas— busca fortalecer la presencia del movimiento en municipios y corporaciones públicas en todo el país.“El único compromiso es que, en estos momentos en que AICO necesita sostener su personería jurídica, le abran las puertas al movimiento”, concluyó.Escuche la entrevista compelta aquí
Un fuerte accidente se registró en la mañana de este martes, 17 de febrero, sobre las 11:00 de la mañana, cuando un camión de basura que se movilizaba a alta velocidad terminó impactando contra una vivienda en el centro de Bogotá, específicamente en el sector de la calle 10 con carrera 2.Gracias a un video difundido en redes sociales, se conoció el momento exacto en que el vehículo perdió el control y se estrelló contra la casa. Es importante recordar que la primera hipótesis sobre las causas del accidente apunta a una posible falla en los frenos. En el clip se observa que el camión no reduce la velocidad antes del impacto, lo que obligó a varias personas que se encontraban en el lugar a correr para evitar ser atropelladas.El siniestro ocurrió cerca de la Universidad de La Salle. Al lugar llegaron autoridades de tránsito y organismos de emergencia para evaluar la situación y establecer la gravedad de lo ocurrido. De manera preliminar, el hecho dejó únicamente daños materiales, entre ellos un automóvil que también resultó afectado, tal como se aprecia en el video, donde el camión lo impacta antes de chocar contra la vivienda.En el video también se pudo apreciar el momento en que el camión destruyó por completo uno de los laterales de la casa en el centro de Bogotá, provocando la caída de una gran cantidad de escombros. Estos daños tuvieron que ser atendidos por las autoridades que hicieron presencia en el lugar.El accidente de tránsito continuará siendo materia de investigación para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Por ahora, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas por este hecho.Este es el video del momento del choque del camión
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez fue entregada por el Concejo de Bogotá a Fernando Soler, fundador de la Universidad ECCI, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la educación superior en la capital.En una ciudad donde la educación continúa siendo una de las principales herramientas de movilidad social, el Concejo de Bogotá condecoró a Soler por su papel en la consolidación de un proyecto académico que durante 48 años ha formado a miles de jóvenes.La ceremonia fue liderada por el concejal Edward Arias Rubio, quien destacó la incidencia de las instituciones de educación superior en la construcción de oportunidades y en el desarrollo productivo de la capital. El acto no solo exaltó una trayectoria individual, sino que puso el foco en el valor estructural de la academia para el futuro de la ciudad.¿Por qué el Concejo de Bogotá otorgó la Orden al Mérito?El reconocimiento resaltó el impacto de la Universidad ECCI en la formación técnica y profesional, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico de Bogotá. En un contexto marcado por desafíos como el acceso, la permanencia y la calidad educativa, la distinción subrayó la importancia de fortalecer proyectos sostenibles y conectados con el entorno laboral.Durante su intervención, Soler hizo un balance del camino recorrido por la institución. “Ha sido un honor brindarle la oportunidad a miles de jóvenes de la ciudad de recibir una educación de alta calidad, desde lo práctico y lo teórico, que permite construir a un profesional excepcional”, afirmó.Más allá del homenaje, la entrega de la Orden José Acevedo y Gómez sirvió como recordatorio del papel que cumple la educación superior en la vida pública de la capital. La universidad, como espacio formativo, no solo prepara profesionales, sino que promueve ciudadanía y pensamiento crítico.
La crisis del sistema de salud continúa afectando gravemente a los pacientes en la capital del Valle del Cauca. En esta ocasión, se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de tan solo siete años que enfrenta una compleja condición médica y cuya vida hoy depende de la oportuna atención que no ha recibido.Francisco padece hemofilia y una enfermedad renal crónica. Desde su nacimiento cuenta únicamente con un riñón, lo que lo obliga a depender de una máquina de diálisis para poder continuar con su vida diaria.Durante un tiempo, el menor era atendido en la Clínica Imbanaco, uno de los centros médicos especializados de la ciudad. Sin embargo, en octubre del año pasado el convenio fue cancelado, dejándolo por fuera del sistema de atención y afectando de manera directa y grave su estado de salud. El drama también golpea a su madre, quien desde hace cuatro meses está a la espera de un trasplante de riñón para su hijo."Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le esta dando esa condición, esta semana tuvo complicaciones y yo lo lleve a la Clínica Imbanaco porque yo no se donde más llevarlo y no hay otro sitio que le brinde atención, pero ya el convenio acabo, me dijeron que lo llevará al Hospital Universitario del Valle pero yo tengo que proteger a mi hijo" expresó Leidy Delgado, madrede Francisco. Según denunció la madre de Francisco , ha interpuesto acciones de tutela y ha agotado todas las vías posibles para lograr que su hijo reciba sus citas y medicamentos a tiempo, sin obtener hasta el momento respuesta por parte de la EPS."Francisco esta a la espera que su EPS le busque el prestador para ingresar al programa para el trasplante de riñón, nosotros hemos hablado con la EPS Coosalud para que se pueda vincular al niño y pueda estar en la lista de espera para su trasplante de riñón." dijo el defensor del paciente , César revelo. La preocupación de su madre es aún mayor, ya que ella también padece hemofilia y diabetes, y asegura que desde hace dos meses no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades. Ante este panorama, la mujer hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho a la salud tanto de su hijo como el de ella.
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.
La comunidad de la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, continúa siendo intimidada por integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que además de exigir la realización de asonadas contra el Ejército, están ingresando a las instituciones educativas para reclutar menores de edad.Esta situación se está registrando principalmente en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, donde miembros de este grupo armado se infiltran como estudiantes, para ganarse la confianza de los jóvenes y así convencerlos de unirse a sus filas, además, utilizan las redes sociales como Facebook y Tik Tok, para cautivar a los menores."Esta situación de reclutamiento es de conocimiento de la administración municipal desde el 2023. Las actuaciones han sido pocas porque la institucionalidad no hace presencia de manera permanente en estos territorios, porque realmente no pueden. Si fuera así, no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos. Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio", señaló Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.Según esta fundación, en los últimos tres años se pasó de 76 reportes de jóvenes reclutados en Jamundí, a superar los 300 casos, todos han sido debidamente denunciados, documentados y evidenciados ante las autoridades judiciales, para que se avance en las investigaciones correspondientes.Ante esta situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió la colaboración de la comunidad especialmente en la denuncia de estos casos, teniendo en cuenta que la información suministrada de manera oficial es la que permite tener un panorama más claro para las indagaciones."Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les de miedo porque aquí lo que necesitamos es información", señaló la mandataria vallecaucana.Las autoridades aseguran que la ofensiva militar se mantiene en la zona rural alta de Jamundí para recuperar el control territorial. Mientras que la comunidad exige garantías de seguridad para poder realizar las respectivas denuncias.
A dos días de la celebración de Halloween, la comunidad caleña ya se encuentra intranquila, no solo por lo que pasará en la ciudad durante la noche del 31 de octubre, sino todo el puente festivo, pues ya se están haciendo varias convocatorias de caravanas de motos a través de las redes sociales.Cabe recordar que en años anteriores, estas movilizaciones masivas de motos en la ciudad han generado caos en vías principales como la Calle 5ta, la Autopista Suroriental y la Autopista Simón Bolívar, por lo que diferentes sectores están pidiendo la prohibición de estos eventos."No podemos y no vamos a aceptar que haya descontrol, necesitamos rigurosidad y contundencia para quienes planteen y organicen desmanes, caravanas o actos de violencia en Cali, afectando este fin de semana tan importante para las familias y el comercio en la ciudad", señaló el concejal Juan Felipe Murgueitio.No contemplan prohibir caravana de motos en CaliSin embargo las autoridades en Cali aseguran que la prohibición de caravanas no está contemplada, sino que se realizarán operativos y acompañamiento sobre las vías principales de la ciudad, entre agentes de tránsito y la policía."Vamos a tener controles en toda la ciudad, hemos citado a varios de los convocantes de estos eventos para recordarles la responsabilidad que tienen al hacer estas convocatorias, son escenarios que generan más intranquilidad que algo positivo para la ciudad. Y el código de Policía y de tránsito sigue vigente", explicó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.
Diferentes sindicatos del sector de la agroindustria de la caña se reunieron esta mañana en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, y desde el Valle piden al Gobierno nacional que reconsidere la propuesta de modernizar el esquema de precios de los biocombustibles en Colombia con una nueva fórmula que tiene como base los mercados internacionales. La medida se plantea a través de una resolución que actualmente está en borrador para comentarios, pero que entraría en vigencia una vez sea firmada por el Ministerio de Minas y Energía.Jhonson Torres, miembro de la junta nacional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Colombia, manifestó que comparar los precios con los Estados Unidos, que es el principal productor de etanol en el mundo, hace inviable la producción en Colombia por los costos del producto."El etanol que se produce en Estados Unidos es un etanol de maíz. Estados Unidos tiene subsidios al productor, al que siembra, al que transporta y al que exporta. Hoy, Estados Unidos puede poner un precio de etanol en Colombia a un dólar. Aquí en Colombia, por los costos de transporte, por todos los costos y, por ejemplo, porque no se reciben subsidios, el precio del etanol está a 3 dólares con 20 centavos, y eso lo hace inviable porque no tienen los subsidios; entonces, los empresarios dejarían de producir etanol tanto de la caña como de la palma", dijo Torres.Y es que esta situación preocupa al sector, ya que adoptar precios externos pondría en riesgo miles de empleos y la sostenibilidad de las destilerías en todo el país. Jorge Enrique Morales, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia de la seccional Valle, manifestó que buscarán tener un diálogo con el Gobierno Nacional para encontrar una solución, pero, de no tenerla, advierten que saldrán a las calles para rechazar la medida."La primera petición es mirar cómo no se perjudica, porque esto redundaría en que se cierren empresas y se cierren fábricas y, pues, sea el efecto dominó que perdemos puestos de trabajo. Estamos hablando de más o menos unos 30 mil empleos en toda la región. El llamado que hacemos al Gobierno es que nos sentemos, empresarios, representantes y trabajadores, a mirar la mejor fórmula que lleve a establecer un precio donde no se perjudique la producción de etanol aquí en Colombia", manifestó Morales.Solo en los departamentos de Cauca, Valle y Risaralda, seis ingenios actualmente producen etanol a partir de la caña de azúcar, por lo que, a futuro, el ajuste en el precio podría afectar la estabilidad económica y laboral de más de 286 mil trabajadores vinculados a la agroindustria en estos tres departamentos.
Un tiroteo que se registró en el barrio Mariano Ramos, de la comuna 21, en el oriente de Cali, en medio de un velorio, dejó como el saldo un menor de 17 años muerto por impactos de bala de arma de fuego, identificado como Yeison David Micolta, y otro menor de 14 años lesionado, quien tuvo que ser trasladado de urgencias hasta el Hospital Carlos Carmona para recibir atención médica.Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en que varios hombres fuertemente armados llegaron al lugar donde se realizaba el velorio de un menor asesinado el pasado martes. Al ingresar, los sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada, provocando pánico entre los asistentes, quienes huyeron del sitio e, incluso, algunos se lanzaron al piso para salvaguardar su vida."En ese sector de Mariano Ramos se genera esa disputa entre unos delincuentes. Infortunadamente, son dos estructuras criminales denominadas La 42 y Los del Hueco. Estos se encontraban cerca del velorio y ahí, en la 46 con 48, se generan unos casos de intolerancia, hay disparos, un ciudadano que es víctima de la conducta de homicidio, recibe dos impactos de arma de fuego y fallece. Es un ciudadano de aproximadamente 16 años de edad que se encontraba en ese sector", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.En la reacción policial, metros más adelante, se logró la captura de dos delincuentes, a quienes se les incautaron seis armas de fuego y una motocicleta que fue incinerada cuando uno de los detenidos intentaba escapar de las autoridades."Hay que resaltar que estos delincuentes registran antecedentes por diferentes conductas delictivas; ya habían sido aprehendidos con antelación en la vigencia 2025 por diferentes conductas delictivas. Estos delincuentes tienen injerencia en este sector, se dedican a rentas criminales, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, por eso se genera ese caso de intolerancia", explicó el oficial.A los capturados se les adelanta el proceso de judicialización con la Fiscalía General de la Nación, mientras que, con otros videos grabados por cámaras de seguridad de la zona, las autoridades buscan a las demás personas que participaron en los enfrentamientos. Finalmente, la Policía descartó que los hechos tuvieran relación con el velorio del adolescente.
Las autoridades en Cali avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de Alicia Stone, una detective del departamento de Policía de Nueva York, de 40 años de edad, quien había llegado semanas atrás a la capital del Valle del Cauca para realizarse una cirugía estética.Días después del procedimiento, Stone fue encontrada inconsciente en su habitación del hotel, por lo que fue llevada a urgencias, donde finalmente se confirmó su muerte, al parecer, como consecuencia de un paro cardiaco.La mujer habría llegado a una clínica privada de la ciudad de Cali para realizarse una liposucción y un procedimiento de transferencia de grasa conocido como levantamiento de glúteo brasileño. Una vez realizada la cirugía, su recuperación consistía en un tratamiento con analgésicos y anticoagulantes analgésicos y anticoagulantes analgésicos y anticoagulantes.Tras la muerte de Alicia, las autoridades de salud hicieron una visita a la clínica privada en donde se realizó el procedimiento, encontrando irregularidades que obligaron a hacer un cierre preventivo del establecimiento."Verificamos las condiciones de la norma de habilitación en salud. Una vez se hizo la verificación, encontramos falta en uno de los criterios relacionados con el talento humano, por lo cual se procedió de acuerdo a la norma al cierre temporal de la Institución Prestadora de Salud, específicamente en su servicio de cirugía estética", señaló el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.El cuerpo de Alicia ya fue repatriado a los Estados Unidos, donde su familia pidió se le realizara una autopsia para determinar cuál fue la verdadera causa de su muerte.