Los habitantes del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, se encuentran atemorizados por las consecuencias que pueda generar para el turismo los últimos ataques contra la estación de policía del sector.Los comerciantes del corregimiento están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, y le extendieron a los visitantes una invitación, junto a un parte de tranquilidad, para que tengan la confianza de seguir visitando el pueblo."Mi papá tiene un negocio allá cerca en el pueblo, él nos comentó lo de ese tema, un amigo también, que tiene su panadería al frente del comando, hasta metralla les cayó ahí adentro del negocio, esquirlas, salieron bastante asustados. Realmente pues no eso no es común, no es de todo el tiempo, o sea el pueblo es muy tranquilo", indicó un comerciante de El Queremal.Aunque la normalidad ha vuelto al corregimiento, el temor persiste teniendo en cuenta que El Queremal cada fin de semana es visitado por ciudadanos de Cali y el resto del departamento, especialmente para las fincas y la presencia de grupo armados pondría en riesgo este sector económico.Por su parte, la alcaldesa del municipio, Karol Villarejo, aseguró que la fuerza pública está completamente desplegada no solo en el Queremal sino también en el resto de la zona rural, para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los visitantes."Bajo ninguna circunstancia el terrorismo puede ser una de las opciones, estamos viviendo momentos complejos y difíciles en el territorio. Pero, por fortuna tenemos nuestra Policía, al Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea", añadió la mandataria.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Luego de meses de inteligencia, en 2016 las autoridades dieron un golpe contra el crimen en Bogotá que quedó para la historia: el megaoperativo en el Bronx, en el corazón de la capital. Un sector que por años operó como el mayor centro de microtráfico y diversos actos ilícitos en la zona con casos confirmados de tortura, violación, entre otros.Allí existió ‘Pepe’, un cocodrilo que fue la mascota de la zona en donde, supuestamente, le echaban personas vivas para que se alimentara, en especial aquellos que no pagan la ‘vacuna’ (cuota) de los líderes de las bandas que operaban en la zona.Un especial de Los Informantes, de Caracol Televisión, entró a las entrañas de las historias y, allí, descubrieron una carta aterradora de un hombre que pidió a gritos que lo ayudaran a salvarse, algo que, probablemente, no terminó sucediendo.“Por favor sáquenme con vida de aquí. Me quieren hacer daño a mí y a mi mujer (…) Ojo, tendido en el piso. Hay personas delicadas arriba y piensan que yo soy sapo”, fueron las palabras que se encontraron en la carta, incluso, con sospechas de que podría ser un de menor de edad que habría estado secuestrado por las bandas de la zona.Y es que por toda esta zona operaron bandas muy fuertes que, prácticamente, controlaban el crimen organizado en toda la ciudad en este momento y quienes incumplían llegaban a este sector para “pagar” lo que “quedaba pendiente”. Una de las personas que se infiltró en la zona, contó en Los Informante aseguró que “eran más respetados que el presidente” y se hacía todo lo que ellos decían.Los mayores afectados en la zona eran menores de edad que fueron objeto de abusos, tortura y demás. Si bien operaba principalmente el microtráfico, se usó para el control organizado en donde se daba espacio a la prostitución, asesinatos y demás, incluso, algunos de los implicados, según autoridades, fueron las barras bravas que tenían como tarea llevar a las personas para cumplirle a los líderes y cada uno con espacios personalizados.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.
Un bebé recién nacido fue encontrado con vida luego de haber sido abandonado dentro de una bolsa de basura en el barrio Obando, en el municipio de El Rosal, en la mañana de este 17 de febrero.De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la alerta inicial se produjo cuando vecinos del sector llamaron a los organismos de emergencia al creer que se trataba de un animal atrapado en una bolsa que estaba en el tejado de una vivienda.Fueron los mismos vecinos del sector de este municipio, al noroccidente de Bogotá, quienes, usando escaleras, subieron al techo de la casa y rescataron la bolsa. Al abrirla encontraron un bebé recién nacido que había sido abandonado. “Al llegar al lugar, ya la comunidad se había subido al techo de la casa; había un bebé que tenía pocas horas de nacido”, relató el sargento Rubén Masmela, comandante de Bomberos de El Rosal.Los habitantes del sector actuaron de inmediato y trasladaron al menor al Centro de Salud El Rosal, desde donde fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde permanece bajo observación médica. “El bebé es masculino y el Centro de Salud de El Rosal lo llevó al Hospital San Rafael de Facatativá; al niño lo tienen en la unidad de neonatos”, explicó Masmela, quien además aclaró que por ahora la información detallada de este caso es escasa.Al momento del hallazgo, la bolsa en la que fue abandonado aún presentaba rastros de sangre, lo que refuerza la hipótesis de que el nacimiento se habría producido pocas horas antes.
Una decisión de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia permitir que José Ismael Peña Reyes asuma como rector para el período 2024-2027 y dio un plazo de 48 horas para cumplir la decisión, al concluir que se vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido.La determinación se tomó dentro de una acción de tutela en la que el tribunal revisó la controversia sobre la rectoría de la universidad. En primera instancia, un juzgado laboral de Bogotá había negado el amparo, pero esa decisión fue revocada por el tribunal. Según la sentencia, la elección de Peña Reyes realizada en marzo de 2024 sigue vigente porque no ha sido anulada por un juez. Por eso, impedirle posesionarse equivale a desconocer un acto oficial que aún tiene efectos legales y afecta su derecho a desempeñar funciones públicas.En su análisis, los magistrados señalaron que, aunque las universidades públicas tienen autonomía para organizarse, esa facultad no permite ignorar decisiones administrativas válidas. El fallo enfatiza que la institución debe respetar la elección mientras no exista una orden judicial que diga lo contrario y que la protección de los derechos fundamentales exige una solución inmediata.Con esta orden, el Consejo Superior Universitario deberá adoptar en dos días las medidas necesarias para hacer efectiva la posesión del rector. Si la decisión no se cumple, podrían iniciarse sanciones por desacato contra los funcionarios responsables. El expediente será remitido a la Corte Constitucional de Colombia para su eventual revisión, y al tratarse de un fallo de segunda instancia en tutela, no admite nuevas impugnaciones.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
La crisis del sistema de salud continúa afectando gravemente a los pacientes en la capital del Valle del Cauca. En esta ocasión, se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de tan solo siete años que enfrenta una compleja condición médica y cuya vida hoy depende de la oportuna atención que no ha recibido.Francisco padece hemofilia y una enfermedad renal crónica. Desde su nacimiento cuenta únicamente con un riñón, lo que lo obliga a depender de una máquina de diálisis para poder continuar con su vida diaria.Durante un tiempo, el menor era atendido en la Clínica Imbanaco, uno de los centros médicos especializados de la ciudad. Sin embargo, en octubre del año pasado el convenio fue cancelado, dejándolo por fuera del sistema de atención y afectando de manera directa y grave su estado de salud. El drama también golpea a su madre, quien desde hace cuatro meses está a la espera de un trasplante de riñón para su hijo."Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le esta dando esa condición, esta semana tuvo complicaciones y yo lo lleve a la Clínica Imbanaco porque yo no se donde más llevarlo y no hay otro sitio que le brinde atención, pero ya el convenio acabo, me dijeron que lo llevará al Hospital Universitario del Valle pero yo tengo que proteger a mi hijo" expresó Leidy Delgado, madrede Francisco. Según denunció la madre de Francisco , ha interpuesto acciones de tutela y ha agotado todas las vías posibles para lograr que su hijo reciba sus citas y medicamentos a tiempo, sin obtener hasta el momento respuesta por parte de la EPS."Francisco esta a la espera que su EPS le busque el prestador para ingresar al programa para el trasplante de riñón, nosotros hemos hablado con la EPS Coosalud para que se pueda vincular al niño y pueda estar en la lista de espera para su trasplante de riñón." dijo el defensor del paciente , César revelo. La preocupación de su madre es aún mayor, ya que ella también padece hemofilia y diabetes, y asegura que desde hace dos meses no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades. Ante este panorama, la mujer hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho a la salud tanto de su hijo como el de ella.
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.
Las autoridades en Cali avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de Alicia Stone, una detective del departamento de Policía de Nueva York, de 40 años de edad, quien había llegado semanas atrás a la capital del Valle del Cauca para realizarse una cirugía estética.Días después del procedimiento, Stone fue encontrada inconsciente en su habitación del hotel, por lo que fue llevada a urgencias, donde finalmente se confirmó su muerte, al parecer, como consecuencia de un paro cardiaco.La mujer habría llegado a una clínica privada de la ciudad de Cali para realizarse una liposucción y un procedimiento de transferencia de grasa conocido como levantamiento de glúteo brasileño. Una vez realizada la cirugía, su recuperación consistía en un tratamiento con analgésicos y anticoagulantes analgésicos y anticoagulantes analgésicos y anticoagulantes.Tras la muerte de Alicia, las autoridades de salud hicieron una visita a la clínica privada en donde se realizó el procedimiento, encontrando irregularidades que obligaron a hacer un cierre preventivo del establecimiento."Verificamos las condiciones de la norma de habilitación en salud. Una vez se hizo la verificación, encontramos falta en uno de los criterios relacionados con el talento humano, por lo cual se procedió de acuerdo a la norma al cierre temporal de la Institución Prestadora de Salud, específicamente en su servicio de cirugía estética", señaló el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.El cuerpo de Alicia ya fue repatriado a los Estados Unidos, donde su familia pidió se le realizara una autopsia para determinar cuál fue la verdadera causa de su muerte.
La Asamblea Departamental del Valle del Cauca aprobó el proyecto de ordenanza 023, que autoriza a la gobernación a comprometer vigencias futuras por 1,8 billones de pesos para financiar proyectos estratégicos en infraestructura, salud, educación, deporte y tecnología.La decisión asegura los recursos que el departamento destinará al Tren de Cercanías del Valle, considerado el proyecto de movilidad más importante de la región. El ponente del proyecto de ordenanza, el diputado Diego Mosquera, señaló que la aprobación envía un mensaje claro al Gobierno Nacional.“Se están aprobando vigencias futuras para cinco secretarías, pero el mensaje más contundente para todos los vallecaucanos y para el Gobierno Nacional es la inversión en el Tren de Cercanías. Aquí está asegurada la plata. Necesitamos que antes del 8 de noviembre el Gobierno central dé el visto bueno para poder que tengamos la construcción del primer tramo”, expresó Mosquera.Por su parte, el diputado Daniel Hoyos resaltó que, con esta aprobación, el departamento garantiza su aporte al sistema férreo, asegurando los recursos para que este sueño sea una realidad y beneficie a toda la región.“Es el proyecto de más grande envergadura que vamos a tener en los últimos años. Nosotros, como departamento, tenemos un compromiso de aportar 1.7 billones y hoy estamos garantizando los recursos para que ese proyecto sea una realidad y beneficie a todos los vallecaucanos”, dijo Hoyos.Además del visto bueno de la asamblea, 44 gremios del Valle del Cauca enviaron una carta a los congresistas del departamento solicitando su apoyo al Tren de Cercanías. En el documento, los gremios destacan que el proyecto promueve la movilidad sostenible y la integración regional.
Una grave emergencia se registra en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, debido a las intensas lluvias que se han presentado recientemente. Según las autoridades locales, alrededor de 600 familias resultaron afectadas por las inundaciones que han cubierto viviendas y cultivos de pan coger.“La situación está muy dura, ya los cultivos están dañados por las inundaciones. El agua llegó a varias casas y somos más de 600 familias afectadas. Necesitamos ayuda porque solos no podemos”, expresó un líder comunitario del sector.La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) advirtió que el departamento atraviesa el pico más alto de la segunda temporada de lluvias del año, motivo por el cual se mantiene un monitoreo permanente sobre los principales ríos y afluentes para prevenir emergencias mayores.De acuerdo con Saúl Ramírez, técnico del área de Meteorología de la CVC, las precipitaciones continuarán hasta el mes de diciembre, con un incremento histórico del 20 % en comparación con años anteriores.Las autoridades hacen un llamado a las comunidades de las zonas rurales y ribereñas para que se mantengan alertas ante posibles desbordamientos y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.
Con la intervención al centro histórico de Cali hay incertidumbre por lo que sucederá con los habitantes en condición de calle que residen en sectores cercanos al Búnker de La Fiscalía, al proyecto Ciudad Paraíso incluso el barrio Obrero. Esto teniendo en cuenta que actualmente no se tiene certeza de cuántas personas hacen parte de esta población, por lo que desde el concejo de Cali, piden a la alcaldía que se actualicen las cifras con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). "Hoy en día ellos están rondando parques de calle, la Simón Bolívar, la autopista, donde vemos constantemente que hacen casuchas, y no solamente eso, sino que dejan cantidades de basuras permanentemente. O sea, si tenemos diez redes de atención, esas redes incluyen que de pronto ellos puedan llegar allí a dormir. ¿Qué estamos haciendo para que ellos puedan meterse a un tratamiento psicológico o médico?", dijo el concejal Joberto Ortíz. Por su parte, el también concejal Edison Giraldo aseguró que gran parte de esta población en condición de calle reside en el centro de Cali, aproximadamente el 30% de la población."Donde entran las diferentes secretarías a atender a los niños que están en calle consumiendo, que también son muchos y que lo hemos visto mucho en el centro, donde está más de la mitad de estos habitantes de ahí en calle para que este fenómeno sea atendido", expresó el concejal. ¿Cuántos habitantes de calle hay en Cali?Ante estas interrogantes, Blu Radio se comunicó con la secretaria de bienestar social de Cali, Johanna Caicedo quien explicó que, efectivamente, la cifra de habitantes de calle es superior a los 4.000 registrados en el Dane, y que el plan de atención en el centro de Cali, implica un trato de dignidad"Hemos atendido a personas, 7.343 personas, esto significa que nosotros hemos fortalecido varias estrategias. Uno, poder atenderlos en hogar de paso, dormitorio, servicios diferenciales, servicios sociosanitarios, que hemos logrado que 150 personas promedio hoy estén en el proceso de recuperarse, que estén en el hogar de acogida, que tenemos 45 Y 100 personas, 120 personas ya han superado el fenómeno en la habitabilidad de calle.", aseguró Caicedo.Según la funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social, lo que se pretende con la intervención al Centro Histórico de Cali no es erradicar completamente la presencia de los habitantes de calle, sino incluirlos para que formen parte de este proyecto de ciudad.