Empresas Municipales de Cali está solicitando al Gobierno Nacional la aprobación para asumir la operación de aseo en la ciudad. El gerente general de la entidad, Roger Mina aseguró que todo está listo para Emcali se encargue de garantizar el barrido de las calles y la recolección de basuras en todos los barrios.Cabe recordar que el contrato para la recolección de basuras en la capital vallecaucana entre la Superintendencia de Servicios Públicos y los operadores privados de aseo finalizó hace unas tres semanas, y desde entonces en la ciudad se ha aplicado un modelo de libre competencia.Sin embargo, Emcali busca cambiar esa situación, al asegurar que cuenta con las capacidades para asumir el control de la recolección de basuras, pues cuenta con la habilidad en sus estatutos, además de apostar por la modernización del modelo."Le envié una carta a la Superintendencia diciéndole que Emcali está en capacidad de recuperar ese catastro de usuarios que perdió Emsirva, y se debe pasar ese patrimonio público a Emcali. Las Empresas Municipales deben liderar el esquema de prestación de aseo. y como estamos en un esquema de libre competencia, es necesario que se solicite al gobierno nacional el establecimiento de unas áreas de servicio exclusivo, que pueda implementar un nuevo modelo donde Emcali sea protagonista", señaló el gerente, Roger Mina.Por otra parte, el gerente de Emcali también habló del proceso de modernización del alumbrado público, señalando que la segunda fase iniciará en este primer trimestre del año, con una licitación pública, y tendrá un costo superior a los 400 millones de pesos, aseguró que la meta es lograr la repocisión de 101.000 luminarias, y aunque se ha avanzado en este proceso, aún es un reto por completar."Esto aún es insuficiente porque 55.000 luminarias son algo más del 30% del total del alumbrado público de la ciudad. Por eso lo que nosotros estamos planteando es que haya un plan agresivo de inversión para que el alumbrado público esté a tono con el impuesto que se cobra y para que además tecnológicamente funcione como tiene que funcionar. El alumbrado hoy es un alumbrado que no funciona como debe funcionar y por eso, ahora encontramos tantos problemas en barrios, en parques, canchas y avenidas", finalizó Mina.
Al finalizar la reunión con el Ministerio de Minas y Energía y los representantes de los sindicatos, el gremio azucarero del país manifestó su preocupación por la persistencia de la crisis del etanol. Esto, debido a que en el encuentro no se definió una solución inmediata a la sobre producción que actualmente tiene la industria, con más de 50 millones de litros de este biocombustible almacenados.Aunque el gremio resaltó la buena disposición del gobierno nacional para iniciar una mesa de concertación, lo que se logró en la reunión es que el Ministerio se comprometiera principalmente a realizar mayor control y vigilancia a la calidad del etanol, y acelerar el proceso de expedición de las resoluciones de precios y abastecimiento."No se logró una solución inmediata a la crisis que hoy enfrentamos con el etanol producido en Colombia. Hoy tenemos inventarios cumulados de etanol nacional, porque no se está comprando el producto nacional. Hoy estamos produciendo para no vender. Un producto que genera más de 28.000 empleos directos y que hace parte de la cadena de la caña de azúcar que en total genera 286.000 empleo.", Claudia Calero, presidente de Asocaña.Desde el sector agroindustrial de la caña se indicó que la falta de una hoja de ruta para liberar los tanques de etanol que actualmente están colapsados, obliga a la industria a detener el funcionamiento de las plantas la próxima semana."Estamos a una semana de parar las plantas de etanol y por ende, de parar también las plantas de azúcar, porque éstas tienen una producción simultánea y esto pone en riesgo el empleo formal y los ingresos de miles de familias. Hacemos un llamado a los distribuidores mayoristas a que sean una parte activa de este diálogo y que entre todos podamos encontrar consensos y soluciones, que permitan superar esta crisis lo antes posible.", añadió Calero.Escuche aquí la entrevista:
Poco a poco Cali supera las emergencias registradas por las fuertes lluvias ocurridas entre la tarde y la noche de este jueves, las cuales generaron graves afectaciones en el norte, el oeste y el centro de la ciudad.En varios sectores se reportó caída de granizo, mientras que en vías principales como la Avenida Sexta, en inmediaciones del sector de Chipichape, hubo inundaciones por el colapso del alcantarillado. Los bomberos atendieron la caída de once árboles en diferentes calles, en algunos de estas atenciones se rescataron personas que quedaron atrapadas dentro de los vehículos.Entre las situaciones atendidas por los organismos de socorro, hubo varias casas destechadas en los barrios Nacional, Brisas de Mayo y Terrón Colorado, en este último además se rescataron dos personas que habían sido arrastradas por la creciente de una quebrada. Mientras que en zona rural, en el corregimiento de Montebello, el desbordamiento del río Aguacatal inundó varias casas inundadas."Atendimos la rotura de un ventanal por caída de una valla, por los fuertes vientos en un cuarto piso de edificación. También tenemos otras múltiples viviendas, las cuales por efecto del viento sus techos han salido desprendidos y sus ventanales. Y así mismo estamos haciendo evaluación de la salida de una quebrada en la vía Montebello", explicó el bombero Jefferson Agudelo, Coordinador del centro de Telemática de bomberos Cali.Cabe recordar que en el resto del Valle del Cauca otros once municipios también han tenido afectaciones por las fuertes lluvias, durante esta semana. Por lo que más de la mitad del departamento está en alerta.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena en primera instancia contra el exgobernador del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por irregularidades en la contratación de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba en Istmina, un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.La Corte concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras comprobar que tramitó y celebró negocios jurídicos sin observar condiciones esenciales de la contratación estatal.Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación, al no poder comprobarse que se hubiera apropiado indebidamente de recursos públicos.¿Cuáles son los contratos que tuvo en cuenta la Corte?Este proceso judicial se centró en dos contratos suscritos en 2013: uno de interventoría y otro para la construcción de la primera etapa de la sede universitaria en el municipio de Istmina.Según el fallo, el contrato de interventoría fue celebrado mediante un acuerdo interadministrativo con la universidad sin que su objeto misional justificara esa modalidad de contratación directa.La Corte concluyó que la institución educativa no contaba con la capacidad técnica, administrativa ni logística para ejecutar la interventoría de dicha edificación, lo que llevó a que posteriormente subcontratara esas funciones con un tercero, evidenciando fallas de planeación y transparencia.En cuanto al contrato de obra, el alto tribunal determinó que se adjudicó sin estudios previos completos sobre el terreno, los diseños y las condiciones técnicas del proyecto.Además, se firmó el acta de inicio sin contar con licencia de construcción y el predio presentaba conflictos de ocupación por terceros, lo que impidió la ejecución normal de las obras y generó múltiples suspensiones y modificaciones contractuales.En su decisión, la Corte estableció que existe certeza sobre la responsabilidad penal de Palacios Mena por celebrar contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por ello, anunció sentido condenatorio por ese delito en concurso homogéneo, mientras que dispuso su absolución por peculado.La sentencia completa será dada a conocer en una etapa posterior, en la que se fijará la pena correspondiente por la que deberá responder el exgobernador.
En el municipio de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, inició la implementación del decreto que regula el uso de dispositivos móviles en colegios públicos y privados. La medida fue ampliamente respaldada por los padres de familia.La decisión se tomó luego de una encuesta de la que participaron más de 4.200 padres de familia de las seis instituciones educativas oficial y centros educativos rurales del municipio en la que respondieron al uso del celular y otros dispositivos móviles por parte de los estudiantes dentro del aula.Los resultados de esta encuesta arrojaron que el 55.9 % de padres considera el celular como un factor de distracción y el 26.3 % de ellos consideró que los mismos no aportan al proceso de aprendizaje.Además de las cifras, el secretario de educación del municipio, Mario Velásquez, detalló algunos de los motivos que llevaron al municipio a la implementación del decreto."Nosotros queremos que los estudiantes estén más conectados a la realidad y menos a la virtualidad porque hemos perdido la cercanía, hemos perdido también la concentración. Estudios nos han mostrado que cuando un niño coge el celular se demora cerca de minuto y medio para volver a concentrarse en lo que está haciendo", señaló Velásquez.El decreto, cabe recordar, establece una restricción total del uso de dispositivos electrónicos personales desde el grado preescolar hasta octavo durante toda la jornada escolar, además del uso regulado para los grados noveno, décimo y once, a los cuales se les permitirá el uso únicamente con autorización expresa del docente, fines pedagógicos y supervisión directa.
Las dificultades que atraviesa el sistema de salud actualmente en el territorio nacional no conoce de creencias ni regiones, comunidades indígenas con asentamientos en el Urabá antioqueño denuncian que el sistema de salud los tiene abandonados y buscando como suplir sus dificultades de salud a través de otros medios.Una de las comunidades indígenas más importantes de este país es el Pueblo Zenú, quienes tienen un asentamiento en el municipio de Necoclí. Ellos denuncian que su los miembros de su comunidad están afiliados en su mayoría a la Nueva EPS y Savia Salud, y a causa de la intervención del Gobierno nacional también están sufriendo las consecuencias.Pacientes con patologías como diabetes, cáncer e hipertensión no han recibido sus medicamentos en lo que va corrido de este año, una situación que tiene preocupados a los líderes de su comunidad. "No estamos siendo atendidos, los medicamentos no llegan a los territorios, sobre todo en la zona norte de Urabá. Toda la que tienen atenciones primordiales, diabetes, las personas que tienen de pronto hipertensión, hay personas que necesitan otro tipo de atención, que tienen unas enfermedades graves, no las han atendidas", aseguró Sandra Milena Flores, líder del resguardo indígena Zenú de Necoclí.Esta situación que viven estos resguardos indígenas se concentran en otras zonas del territorio antioqueño, donde la comunidad Zenú también tiene presencia, en municipios como Frontino hay más de 5.000 indígenas que tienen problemas con su sistema de salud, y en Urrao hay más de 4.000 personas de esta comunidad con la misma problemática."Más de 25.000 indígenas, necesitamos primero una buena atención y que la administradora que ingrese nos pueda garantizar eso que tanto solicitamos. La entrega de medicamentos ha sido leve, no quieren ingresar a los territorios, dicen que no hay suministro, hay desabastecimiento y toca esperar mucho tiempo para que puedan ser entregadas", manifestó Flores.Esta problemática de salud que hoy viven más de 27 mil indígenas de la comunidad Zenú en el Urabá antioqueño es expuesta en la primera asamblea departamental de autoridades indígenas del departamento. Con la participación de representantes de más de 120 cabildos.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
La Policía Nacional confirmó que un auxiliar que se encontraba de turno en le Subestación de Puente Iglesias salió de su turno en horas de la tarde del pasado 18 de febrero, decidió ir a las orillas del río Cauca, lugar en donde fue visto por última vez por uno de sus compañeros.La información que se ha conocido hasta el momento es que el auxiliar se lanzó al afluente y nunca más fue visto en la superficie, por lo que se comenzó de inmediato con la búsqueda del joven de 19 años, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios de su paradero.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades en esta zona del Suoreste antioqueño comenzaron con diferentes labores para tratar de hallar al joven auxiliar."Terminó su turno y se fue a bañarse pues al río Cauca, a la ribera del río Cauca y uno de los compañeros pues dio informe que el muchacho se había tirado y no volvió a salir al río. Están en la búsqueda, no ha sido encontrado este jovencito, vamos a esperar que resulta de acuerdo a las labores propias de búsqueda con el personal idóneo en la zona", indicó el uniformado.Por ahora, autoridades de gestión del riesgo de Fredonia y Venecia, así como el DAGRAN de la Gobernación de Antioquia se encuentran haciendo presencia en esta zona. Además, se conoció que incluso se ha hecho un recorrido en lancha por el afluente, sin que se haya avistado al uniformado.Hay que mencionar que debido a las fuertes lluvias que hay caído sobre el departamento de Antioquia, uno de los puntos de riesgo para comunidades es precisamente el río Cauca en donde desde hace varios días se había hecho la recomendación de no hacer ningún tipo de actividades como, por ejemplo, nadar.
El avistamiento de murciélagos volando en pleno día encendió las alarmas en varios sectores de Cali. En redes sociales y grupos comunitarios comenzó a circular la preocupación de que estos animales podrían estar propagando rabia, generando temor entre los ciudadanos.Ante la inquietud, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se pronunció para aclarar la situación y desmentir que este comportamiento represente, por sí solo, un riesgo sanitario.En Cali habitan al menos 18 especies de murciélagos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en Colombia se han identificado cerca de 200. Muchas de estas especies están adaptadas a entornos urbanos y periurbanos, y su actividad, incluso en horas diurnas, puede estar asociada a la búsqueda de alimento o refugio, sin que ello represente automáticamente una amenaza sanitaria.La bióloga del grupo de gestión de fauna silvestre del Dagma, Jessica Galíndez, señaló que estos animales enfrentan riesgos derivados principalmente de la desinformación y la pérdida de hábitat.“Este grupo tan importante se ha visto amenazado por la pérdida de hábitat y también por los falsos mitos que se generan por su imagen. Es importante no generar alarma por ver murciélagos volando en el día o en la noche, dado que es una actividad natural en la cual están buscando dónde dormir o qué comer”.La funcionaria insistió en que la presencia de murciélagos no significa que exista un brote de rabia. La enfermedad se transmite principalmente por mordedura o contacto directo con la saliva de un animal infectado, por lo que el riesgo se presenta únicamente si hay manipulación directa.Además, destacó la importancia ecológica de esta especie para el equilibrio ambiental de la ciudad.“Es importante resaltar la importancia de los murciélagos en la naturaleza, dado que contribuyen en la polinización, en la dispersión de semillas y como controladores de insectos que podrían convertirse en plagas. La recomendación del Dagma es no manipularlos y reportar cualquier caso a las autoridades ambientales”.Desde el Dagma reiteraron que, si un murciélago es encontrado herido, en el suelo o dentro de una vivienda, no debe ser tocado ni capturado. En esos casos, la ciudadanía debe comunicarse con la autoridad ambiental para activar el protocolo de atención de fauna silvestre.El llamado final es a la convivencia responsable con la fauna urbana y a evitar la difusión de información falsa que pueda generar miedo injustificado frente a una especie que cumple funciones fundamentales en el ecosistema caleño.
Las recientes alteraciones al orden público en el Valle del Cauca están generando preocupación sobre las garantías de seguridad para las elecciones al Congreso de la República previstas para el próximo 8 de marzo. En municipios con antecedentes de presencia de grupos armados ilegales, las autoridades locales ya evalúan posibles traslados de puestos de votación.Uno de los casos que más inquieta es el de Dagua, donde en las últimas horas se registraron ataques contra la fuerza pública en zona rural. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los hostigamientos encendieron las alertas frente a la participación electoral en corregimientos apartados.El personero municipal, Hamlet Caicedo, confirmó que existe una solicitud para revisar la permanencia de tres puestos de votación en áreas rurales del municipio.“Hay una solicitud para dejar tres puestos de votación, puntualmente El Danubio, La Isla y La Cascada. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de autorización para el traslado. Se entiende que la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad es importante, pero también hay que reconocer que parte de la labor de la fuerza pública es brindarle seguridad a la comunidad y permitir que la gente pueda desarrollar en paz su derecho al sufragio”, señaló el funcionario.La situación también genera preocupación en la zona rural de Buenaventura, donde la presencia de estructuras armadas ilegales ha motivado solicitudes de revisión en algunos puestos de votación.El defensor del Pueblo en el Pacífico advirtió que, además de los riesgos de seguridad, existen factores humanitarios que deben analizarse, especialmente en sectores con comunidades desplazadas.“En el corregimiento 8 tenemos comunidades que están desplazadas desde hace mucho tiempo. Esa situación hay que revisarla y verificar si vale la pena mantener puestos de votación allí, donde actualmente permanecen tres o cuatro personas, o si deben trasladarse al casco urbano, donde hoy se encuentra la mayoría de la población desplazada. En el Bajo Calima, en cambio, las comunidades siguen allá y la seguridad debe ser garantizada por la fuerza pública. Esto será objeto de discusión en los próximos comités electorales”, explicó.Las solicitudes serán evaluadas en la próxima mesa de seguridad electoral, donde autoridades locales, departamentales y organismos de control definirán si procede el traslado de puestos de votación y qué medidas adicionales se adoptarán para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en el departamento.
En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país se encuentra en alerta, en medio de lo que han denominado la crisis del Etanol. Esto debido a la gran cantidad de litros almacenados de este biocombustible, en los tanques de los ingenios que aún no son comercializados.Esta situación hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28 mil empleos. Según Asocaña, esto se debe a la falta de controles claros en la comercialización de etanol importado, que en los últimos meses ha reemplazado el producto nacional."Sí, estamos en una crisis, porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse, vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. Nosotros hoy estamos con una acumulación de inventarios que todos los días se incrementa y que está desplazando el producto nacional por producto importado", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.La líder gremial actualmente se encuentra mediando entre los sindicatos y el gobierno nacional, en medio de las protestas que se adelantan en la ciudad de Bogotá, solicitando medidas estructurales para superar la sobre producción del biocombustible, equilibrando el mercado entre el producto nacional con el importado."Que pueda consumirse el producto nacional, que se bajen los inventarios y que las plantas no paren y por supuesto que el empleo no se afecte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por el otro lado también, establecer una medida estructural que limite que estas crisis se vuelvan cíclicas, de manera que no volvamos a tener esta crisis que nos tiene a días de parar", aseguró Calero.Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector actualmente, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca.
El Valle del Cauca sigue destacándose a nivel educativo y así quedó demostrado con la inauguración de una nueva biblioteca universitaria que se destaca a nivel nacional.Se trata de la biblioteca Santiago Cadena Copete ubicada en la Universidad Santiago de Cali, un moderno espacio académico que marca un hito en la transformación institucional de la región.Este nuevo entorno, concebido para fortalecer los procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje, cuenta con una infraestructura superior a los 2.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, la biblioteca destaca por su diseño funcional, enfocado en la digitalización, la comodidad y la versatilidad, promoviendo el aprendizaje colaborativo y una experiencia integral para la comunidad universitaria.El espacio cuenta además con una sala de lectura general con capacidad para 500 personas, ocho cabinas de estudio grupal, más de 60 computadores para préstamo, una colección general con capacidad para 60.000 libros, una colección especial de 5.000 ejemplares.La biblioteca facilita el acceso a amplias colecciones físicas y bases de datos especializadas, posicionándose como uno de los centros de información más completos a nivel nacional, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción académica y al desarrollo científico de estudiantes, docentes e investigadores.Este nuevo espacio lleva el nombre de Santiago Cadena Copete, uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali en 1958, cuyo legado ha sido fundamental en la consolidación del proyecto educativo que hoy ubica a la institución como una de las más importantes del suroccidente colombiano.La adecuación y puesta en marcha de la biblioteca representó una inversión superior a los 9.300 millones de pesos, reflejando el compromiso de la USC con la modernización institucional y la calidad académica.“En la USC seguimos fortaleciendo nuestras colecciones bibliográficas y bases de datos, al tiempo que promovemos espacios colaborativos que permiten aprender, compartir y crecer en comunidad, sin dejar de lado el valor del libro físico y el avance hacia la transformación digital”, indicó el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo.
Luego de 24 horas del naufragio de un barco en aguas del mar Pacífico, 35 se han rescatado con vida, aseguró Benildo Estupiñán, líder social y defensor de derechos humanos del Pacífico nariñense, quien alertó a la Armada Nacional sobre este siniestro en altamar.Estupiñán dijo a Blu Radio que la motonave, identificada con el nombre de “Don Alfredo”, zarpó de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y se dirigía hacia el municipio de El Charco, en la subregión del Sanquianga, en el Pacífico nariñense.Según versiones de algunas de las personas rescatadas por campesinos, la motonave sufrió, al parecer, una falla mecánica a la altura de la Bocana del río Naya, lo que produjo el volcamiento de la embarcación, dijo el líder social.Manifestó que esta zona es de alto riesgo, especialmente por las altas marejadas.El defensor de derechos humanos hizo un llamado a la Armada Nacional para que se activen los operativos de búsqueda de las demás personas, entre las cuales, según se conoce, podría haber menores de edad y personas de la tercera edad.Aunque el hecho ocurrió en horas de la tarde del jueves 2 de octubre, solo hasta hoy se logró conocer la información debido a la dificultad de las comunicaciones en esa región del Pacífico colombiano.Desde Tumaco, la Armada Nacional envió varias comisiones de búsqueda por aire y agua para tratar de dar con el paradero de los otros dos pasajeros, sin que hasta el momento la búsqueda arroje resultados positivos, dijo un vocero comunal de esa población costera de Nariño.
Con un acto simbólico, familiares y amigos de Nilson Julián Cañaveral, de 49 años, funcionario de la alcaldía de Jamundí, Valle, que fue asesinado en la vereda El Descanso del corregimiento de Ampudia, le rindieron un homenaje en la iglesia nuestra señora del rosario de ese municipio. Sobre su muerte se conoció que hombres de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, le dispararon en repetidas ocasiones cuando él se encontraba realizando sus actividades laborales en zona rural."Infortunadamente, es atacada con armas de fuego por integrantes del frente Jaime Martínez, esta persona fallece luego en el hospital de Jamundí, y tenemos varias hipótesis, había allá varios integrantes en ese sector, todos eran contratistas de la alcaldía y nosotros ya tenemos elementos de juicio para adelantar la investigación con la Fiscalía General de la Nación", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.La víctima llevaba más de diez años vinculada a la alcaldía y se desempeñaba en la operación de maquinaria amarilla al mantenimiento y mejoramiento de las vías, especialmente de la zona rural. "Era un trabajador oficial y gran ser humano que siempre sirvió con compromiso y dedicación a la comunidad de Jamundí en especial a la zona alta de este municipio, por eso elevamos nuestras oraciones y su eterno descanso y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo y a quien acompañamos en este dolor", manifestó Sencion Arboleda, secretaria de Gobierno de Jamundí. Por este hecho violento, la Alcaldía de Jamundí, suspendió todas las actividades de adecuación de vías y los programas sociales en la zona rural y la visita de los funcionarios a la parte alta de Jamundí, para evitar que se presenten casos similares.
Tras los constantes bloqueos, manifestaciones y alteraciones al orden publico que se vienen registrando cada semana en inmediaciones a la universidad del Valle en el sur de Cali, la comunidad del sector ha manifestado su preocupación, ya que cada ocho días quedan encerrados en medio de estas confrontaciones, afectando a cientos de conductores, trabajadores y estudiantes que tienen que movilizarse por este sector.“El panorama realmente es muy preocupante, esto no solo estaría afectando en el tema del recorrido si no que también estaría afectando emocionalmente a los estudiantes ocasionándoles temor y miedo, los recorridos se retrasan casi el doble”, dijo Elsy Córdoba, representante de la asociación de colegios privados en Cali.A pesar de que las autoridades hace algunos días anunciaron que el entorno de la Universidad del Valle iba a contar con vigilancia semanal por parte de las autoridades, los resultados han sido otros. El concejal de Cali Roberto Ortiz pidió acciones contundentes contra algunos vándalos que en medio de estas protestas están afectando a los locales comerciales."La ciudad de Cali navega a la deriva ante el terrorismo impune de encapuchados, con autoridades distritales ausentes e ineficaces. Urge una seguridad inmediata y contundente que libere a los ciudadanos del miedo y evite el colapso en el caos”, expresó el concejal.Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó que se investiga si a estos bloqueos se están sumando personas ajenas al plantel educativo.“Ya no es lo mismo como antes los estudiantes salían a protestar, ahora hay otro ingrediente diferente y precisamente eso es lo que esta investigando la Fiscalía, pero por su puesto, que en la parte externa quien tiene que vigilar y controlar y que no salga de las manos para afectar a la comunidad es la policía y es en algo que estaos trabajando una de las primeras acciones el PMU que ya tenemos“, aseguró la mandataria.En menos de tres semanas tres hechos similares se han registrado en esta zona, donde estos encapuchados también han vandalizado y quemado vehículos como tractomulas y motocicletas de la Secretaría de Movilidad de Cali.
En medio de la Semana de la Biodiversidad en Cali, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, desató polémica al señalar que élites en el Valle del Cauca se “apoderaron de la tierra fértil” para el monocultivo de la caña de azúcar, desplazando a campesinos hacia las montañas. También acusó a los ingenios de agotar y contaminar las aguas subterráneas.Desde Asocaña, el gremio azucarero respondió. Claudia Calero, presidenta de la asociación, aseguró en entrevista con Mañanas Blu 10 AM que las afirmaciones de la ministra no corresponden a la realidad: “Estamos en 239 mil hectáreas de 5 departamentos y 51 municipios, es decir, solo el 9 % de la frontera agrícola. No estamos ocupando todo el área cultivable”, indicó.Calero agregó que en el Valle del Cauca hay 780 mil hectáreas disponibles, de las cuales 380 mil están cultivadas y otras 400 mil permanecen sin uso agrícola. “No es por caña que no se ha sembrado más alimentos —explicó—, es porque aquí confluyen muchos factores que hacen atractivo sembrar caña para 12.000 familias, porque hay mercado asegurado”, continuó.Frente a las críticas ambientales, la dirigente gremial recalcó que la agroindustria de la caña ha implementado prácticas sostenibles. “No usamos pesticidas, todo es con control biológico; hace varios años que no utilizamos glifosato. Hoy el sector azucarero es un modelo de economía circular para el país y el mundo”, señaló.En relación con el uso del agua, Calero afirmó que no existe agotamiento de fuentes subterráneas y respaldó su argumento en las autoridades ambientales del Valle: “No hemos agotado el agua subterránea, de acuerdo con la autoridad ambiental. No es por la caña que no se han sembrado otros cultivos; el área cultivable es propiedad de terceros con tradición absoluta”, explicó.A las declaraciones de Asocaña se sumaron los sindicatos de trabajadores del sector, que emitieron un comunicado rechazando los señalamientos de la ministra. Según sus cifras, la caña de azúcar genera más de 280.000 empleos formales en la región y representa un sustento clave para miles de familias del suroccidente colombiano.