Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas reaccionaron a la circular emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que ordena el pago por giro directo a hospitales públicos con el fin de garantizar recursos oportunos. Aunque reconocen la necesidad de fortalecer la red pública, advierten que la medida podría dejarlas en desventaja y afectar la estabilidad financiera del sistema.A través de una comunicación oficial, la Unión de IPS Colombia (UNIPS) manifestó su preocupación por lo que consideran un posible trato desigual en la distribución de los recursos. El gremio recordó que las IPS privadas representan cerca del 90 % de la capacidad instalada en salud del país y atienden a millones de usuarios en diferentes niveles de complejidad.Según señalaron, si la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no les gira directamente los recursos correspondientes por los servicios ya prestados, el impacto financiero podría ser alto, no solo para las clínicas y centros médicos privados, sino para toda la red de atención.Las IPS privadas insisten en que el flujo de recursos debe ser oportuno y sin distinción por naturaleza jurídica del prestador, pues tanto hospitales públicos como privados cumplen un papel esencial en la garantía del derecho a la salud. En ese sentido, pidieron que la aplicación de la circular sea integral y que no se generen desequilibrios que puedan traducirse en retrasos en pagos, afectaciones operativas o limitaciones en la prestación de servicios.El gremio concluyó que el debate no es sobre la priorización de un sector, sino sobre la necesidad de asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a toda la red prestadora, para evitar riesgos en la atención de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema de salud.
Cobrar a tiempo un subsidio no es un simple trámite, para miles de familias representa la compra del mercado, el pago de servicios públicos o los medicamentos del mes. Un cambio en el operador de pago, un punto de giro distinto o la falta de información pueden generar filas innecesarias, desplazamientos largos y hasta confusiones que retrasan el acceso al dinero. Por eso, estar atentos a cómo y dónde se entregan las transferencias es clave para evitar contratiempos.Bajo ese panorama, Prosperidad Social cambió la forma de pagar las transferencias. Por medio de sus canales oficiales, la entidad anunció la adjudicación del contrato para la operación de entrega de recursos de sus programas de transferencias monetarias.Desde Bogotá, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que se adjudicó la operación a una unión temporal, "con el objetivo es fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos, garantizando que el dinero llegue de manera oportuna y segura a los beneficiarios".¿Cuáles son los nuevos operadores de pagos?Los encargados de la dispersión de los recursos serán SuRed y SuperGiros, que conforman la unión temporal ganadora de la licitación (IMYC 01 FIP de 2026).Este contrato contempla la prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago para los beneficiarios de los programas que administra la Dirección de Transferencias Monetarias.El primer programa en iniciar pagos bajo esta modalidad será Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.Las transferencias de programas como Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA se entregarán a través de más de 31.000 puntos directos distribuidos en 1.108 municipios de los 32 departamentos del país.La modalidad de giro funcionará como mecanismo complementario, especialmente para población no bancarizada o con limitaciones de acceso a servicios financieros, mientras avanza la implementación del nuevo Sistema de Pagos ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo.Según la entidad, el cambio busca promover la inclusión financiera, permitir que los beneficiarios elijan el canal de pago y reducir costos operativos para el Estado.La meta para 2026 es ampliar el modelo a programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, facilitando que los recursos lleguen directamente al producto financiero elegido por cada persona, sin filas ni trámites adicionales.Recomendaciones para los beneficiariosProsperidad Social reiteró que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios, además de estas recomendaciones:No pagar intermediarios. El esquema permitirá recibir directamente en el producto financiero elegido por el beneficiario o directamente reclamarlo a través del operador de giro. Prosperidad Social, a través de sus gerencias regionales y en articulación con la banca, realizará jornadas de bancarización y registro de la cuenta bancaria a través del Gestor de Pagos, sistema que la entidad lanzará en las próximas semanas.Por último, la entidad recordó que los beneficiarios deben informarse por medio de los canales oficiales y no pagar a terceros para acceder a un subsidio que es un derecho.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
Este jueves el gobierno ecuatoriano anunció el aumento de la 'tasa de seguridad' a productos colombianos desde el primero de marzo lo que implica que los aranceles pasarán del 30% al 50%.El anuncio se da en medio de una tensión comercial y diplomática que se ha extendido por semanas. Todo inició con el anuncio a finales de enero de una tasa de seguridad de Ecuador a Colombia del 30% para la importación de sus productos en protesta por la falta de seguridad de sus fronteras. En respuesta Colombia decretó desde el 20 de febrero aranceles recíprocos del 30% a unos 73 productos ecuatorianos.Blu Radio habló sobre esta conyuntura con el presidente de Camecol (Cámara Ecuatoriano Colombiana de Industria y Comercio) sobre esta coyuntura.¿Cómo interpretar el anuncio?Es algo que obviamente nosotros no estábamos esperando desde el punto de vista, no del arancel, porque el arancel ya está vigente desde el primero de febrero. Lo que no estábamos esperando y lastimosamente sucedió es que se vea incrementado del 30 al 50%. Es decir, la afectación en la que estamos viviendo ahora por este arancel no hace más que profundizar el hueco o el abismo o el detalle o el espacio entre Ecuador y Colombia.Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que existen muchos sectores que yo no puedo mandar ahorita el detalle en proporción a su afectación, que obviamente ya estaban evaluando la continuidad de su operación o la continuidad de esta importación de productos desde Colombia, tomando en cuenta que al subir un arancel del 30% prácticamente ya se encontraban fuera de mercado y por ende sus líneas de operación cerradas. Ahora al incrementar esos aranceles a 50% lo único que se ha hecho es ratificar lo sucedido.Algunos probablemente ya ni siquiera les afecte más porque afectados del todo ya estaban.¿Es este el fin de la relación comercial entre Ecuador y Colombia?Una relación comercial entre Ecuador y Colombia es natural y va a seguir persistiendo. Lo que básicamente estamos esperando ahora es que a medida que esto sigue apretándose, llamémosle así el término, esperemos que lo siguiente que suceda ahora es que realmente el Ecuador se siente a conversar con Colombia, con Ecuador.Principalmente que se pueda llegar a un planteamiento en el cual sobre la base de los requerimientos de Ecuador, requerimientos de seguridad que son inminentes, el gobierno colombiano también pueda plantear sobre la mesa en blanco y negro cuáles son las alternativas y los cumplimientos en relación a los requerimientos de Ecuador. Yo estoy convencido de que son válidos.Que Colombia se siente y se comprometa realmente a cumplirlos, pero no a decir los voy a cumplir nada más, sino que con un calendario, con un schedule, con una agenda, realmente se pueda definir qué es y en qué fecha y con qué recursos van a cumplir los temas requeridos por el Ecuador.¿Quién pierde más aquí, Ecuador o Colombia?No lo veamos así, mi querida amiga, no es un tema de quien pierde más. Aquí yo le corto un pie, usted me corta una mano. Aquí el daño que se está generando entre las dos economías, entre los dos mercados.Lo que sé es que los defectos multiplicadores que son geométricos más que aritméticos son el hecho de que a lo mejor yo compro los 1.000 millones solamente y ustedes me compran 2.000. Estos 1.000 millones lo que sustancialmente ocasionan es nuevas fuentes de trabajo, productos, porque nosotros de Ecuador compramos del 60% de las compras que hacemos a Colombia es materia prima. Esta materia prima nos sirve para generar producto determinado, el mismo que tiene un nivel X de trabajos, tiene un nivel X de pago de impuestos, un nivel diferenciador en el movimiento de la economía. O sea, los dos mercados perdemos.Si quiere verle por montos de transaccionalidad, podría pensarse equivocamente, solamente por proporcionalidad, que el que más vende más pierde, porque va a dejar de vender en teoría, y el que menos compra menos pierde. Pero la verdad, nosotros no lo estamos viendo así. Yo he tenido conversaciones también con nuestro contraparte en Colombia y obviamente se encuentran afectados. Yo podría utilizar hasta el término, atribuyéndomelo a mí, hasta un tanto molestos, sorprendidos, como usted quiera llamarles, pues la afectación es real y eso es lo más grave de todo.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
Aunque la Décima Quinta Brigada del Ejército señaló que la población civil no está acatando el tercer paro armado decretado por el ELN en Chocó, saliendo con normalidad, el departamento sigue sin transporte público intermunicipal, por sus dos únicas entradas y salidas terrestres, que son las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.De acuerdo con la Asociación de Transportadores de Antioquia, esto afecta por lo menos 12 despachos diarios desde el departamento, unas 1.000 personas que se dejan de movilizar, mientras que desde Pereira son hasta 1.600 sillas ofertadas, rutas que continúan suspendidas tentativamente hasta este lunes. El director ejecutivo de la agremiación, Samir Echeverri, confirmó que hasta que no haya garantías de seguridad, las empresas transportadoras no arriesgarán a los conductores y pasajeros por las vías chocoanas."Las empresas están esperando que las autoridades se manifiesten y que den las garantías suficientes para que estos vehículos puedan transitar sin ninguna situación de peligro, tanto para los conductores como para los usuarios. Tampoco ha llegado mucha gente a la terminal y se han encontrado con que la empresa ha manifestado que por falta de seguridad no hay despachos el día de hoy", manifestó a Blu Radio.Se estiman pérdidas de por lo menos 40 millones de pesos diarios por cada recorrido a causa de esta situación, pues en total tienen que seguir invirtiendo un 20 % para sostener la operación, por el salario de los conductores, el parqueadero de los vehículos y otros costos que no paran a causa de esta situación de orden público.El gremio transportador le pidió al Ministerio de Defensa que haya garantías para prestar este servicio, pues también se han registrado casos de bloqueos donde han agredido e incluso hasta pedido dinero a los conductores para poder pasar. También piden una mejor infraestructura, que permita tener una mejor movilidad en ese sector.
Dudas ha generado en la comunidad del Valle del Cauca la decisión del Consejo de Estado de declarar nulo el cobro de la tasa de seguridad en las facturas de energía en el departamento, por lo que las autoridades confirmaron que la tasa como tal y su cobro continúan vigentes.La sentencia no afecta el recaudo actual de la tasa, ya que este se fundamenta en un régimen jurídico distinto a la normativa que estuvo vigente anteriormente en el Valle.“Es muy claro que fue la primera tasa de seguridad que se aprobó por la Asamblea en 2016, que fue demandada y, solamente hasta ahora, sale el veredicto del Consejo de Estado. Pero esa ordenanza fue actualizada en 2024 con una nueva que se basa en una ley aprobada en 2022, la cual le da la posibilidad a los departamentos de generar este tipo de tasas", explicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.Esto indica que el fallo no corresponde al recaudo actual de la tasa de seguridad en el departamento, el cual se sustenta en la Ordenanza 692 de 2025 y en la Ley 2272 de 2022. La norma anulada de 2016 ya había sido derogada y reemplazada por ordenanzas posteriores. La Ordenanza 692 de 2025, aprobada por la Asamblea del Valle, cumple plenamente con el principio de legalidad tributaria."Así que no hay ningún problema con la tasa; se va a seguir cobrando, es completamente legal y eso es lo que hoy queremos decirles a todos los vallecaucanos, porque estos recursos son muy importantes, ya que nos permiten realizar otro tipo de acciones en nuestro departamento”, manifestó la gobernadora.Los recursos recaudados se destinan a la operatividad de la fuerza pública y permiten implementar estrategias que contribuyen a la seguridad en el departamento y a debilitar el accionar de las organizaciones criminales.
Cientos de usuarios se mostraron inconformes por el apagón provocado por el intenso aguacero que cayó sobre el cerro de Cristo Rey en la noche de este viernes, en medio de una actividad programada como agenda en el cumpleaños 489 de Cali, Valle del Cauca.En redes sociales se hicieron virales varios videos de la comunidad que quedó a la espera en la plazoleta Jairo Varela, punto de encuentro para subir a presenciar el evento que fue promocionado por la alcaldía de la ciudad."Estábamos a la expectativa para ir al evento, primero nos hacen hacer una inscripción y llegamos acá y no hay organización, estamos acá y no vemos gente que responda, señor alcalde no se burle del pueblo porque dijeron que había buses desde las 6:00 pm y dicen que subieron solo 3 buses y no han regresado, ya son las 8:00 pm de la noche y no hemos podido subir", dice una ciudadana.Ante esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público informó que luego de las fallas en el servicio de energía eléctrica en el show en Cristo Rey fue reprogramado para este sábado, además de mencionar que las personas interesadas en asistir deberán registrarse por la página de la alcaldía."Lastimosamente, la tormenta generó daños que requieren reparaciones y por tal motivo se suspendió la actividad. Mañana 26 de julio de 2025 se retomará la actividad e informaremos el procedimiento para el acceso", dice un comunicado emitido por la oficina de la entidad.El acceso hacia Cristo Rey estará disponible hasta el 01 de agosto con funciones cada 30 minutos desde las 6:30 p.m. a 10:00 p.m. con ocho funciones por día en la exhibición de luces del mapping “Mi Cali Bella", que mostrara la esencia de Cali, canciones de artistas caleños, personajes que han sido históricos, así como momentos y sucesos que han marcado la historia de la capital vallecaucana.
Luego de las múltiples denuncias de reclutamientos de menores de edad para integrar dos de las bandas mas temidas en Buenaventura, Valle, Shottas y Espartanos, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, anunciaron que se realizaran en el distrito controles para evitar que los niños, niñas y adolescentes lleguen a estas organizaciones.Una de las tareas es tomarse las sedes de colegios públicos y privados para reducir el riesgo de que los estudiantes sean tentados por falsas ofertas que le hacen los delincuentes de las bandas organizadas."Vamos a estar verificando en mecanismos de monitoreo en los barrios de Buenaventura, así como en los colegios y escuelas, todo esto para garantizarle la seguridad a los menores de edad, estamos acá en esta zona por que hemos recibido las denuncias", dijo Astrid Cáceres, directora del ICBF.Por el reclutamiento de menores algunos padres han optado por no enviar a sus hijos a estudiar ya que los delincuentes esperan a los niños a la salida de los colegios. "También estamos verificando que los acuerdos que ha dejado las bandas criminales y, que la mesa de dialogo socio jurídico ya firmó y se este cumpliendo a cabalidad, y que sean decisiones que también busquen el bienestar de nuestros niños", explicó Cáceres.Según cifras de la personería de Buenaventura en el año pasado al menos 10 niños fueron reclutados.