Un grupo de comerciantes de Girón , Santander , ubicados en el barrio conocido como Hoyo Caliente, mostraron su desacuerdo ante una orden de desalojo que deben cumplir, a más tardar, el próximo 4 de diciembre, debido a una obra pública de un puente que están construyendo en ese sector, sin embargo, los comerciantes argumentan que no les han dado indemnizaciones y llevan en el lugar más de 25 años.
“Hemos sido atropellados por la administración municipal, tanto los comerciantes, como las personas que vivimos ahí. Tenemos escrituras y todo esto es un predio y como primera medida vinieron y nos utilizaron porque vinieron y nos preguntaron todo, si teníamos hijos, que como eran nuestras familias, que si estábamos incapacitados y anoche vinieron a cerrarnos los negocios y no estamos de acuerdo”, dijo Oscar Jiménez, habitante del lugar.
Se trata de comerciantes y habitantes que viven en arriendo por más de 25 años en ese sector y argumentan que no tienen para donde ir si los desalojan de ese lugar. De igual forma, los comerciantes explicaron que, por el momento, sólo han indemnizado a 4 de ellos, pero los demás no han recibido ningún tipo de ayuda para dejar el lugar.
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“Nosotros en ningún momento nos estamos oponiendo al progreso de Girón , queremos que nos indemnicen, que nos paguen nuestras mejoras que han sido el fruto de trabajos de años. Aquí tenemos el proceso donde tenemos instauradas y ni siquiera nos han resuelto lo que tenemos pendiente, no ha habido una respuesta por parte de la Alcaldía hacia nosotros como comerciantes y como vivientes de este sector, nosotros no nos oponemos, necesitamos que nos paguen lo que es justo para cada una de las personas que laboramos acá”, explicó una de las comerciantes.
Algunos comerciantes del lugar además explicaron que los han amenazado en caso tal de que decidan abrir sus negocios con comparendos para evitar que puedan seguir laborando en esa zona.
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Por su parte, la Alcaldía de Girón, a través de un documento del 23 de noviembre de este año, instó a los ocupantes del predio a entregarlo de forma voluntaria antes de la hora y fecha señaladas para ejecutar la diligencia de desalojo reiterando que la renuencia puede tener un alcance penal.
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