En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes en Santander, la Policía logró la captura de cuatro personas en operativos desarrollados en Bucaramanga y Zapatoca, donde además fueron incautadas drogas y un arma de fuego.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturaron a dos hombres en el barrio Girardot por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.Durante labores de verificación e inteligencia, los uniformados interceptaron a los sospechosos que se movilizaban en dos vehículos. En el procedimiento hallaron un arma de fuego y cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína.El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que “son producto del trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y operativas, permitiendo impactar redes dedicadas al tráfico de estupefacientes”.De manera paralela, en Zapatoca, uniformados del Departamento de Policía Santander lograron la captura en flagrancia de otras dos personas durante controles y registros a vehículos en el perímetro urbano.A los detenidos les encontraron 326 dosis de marihuana y 21 papeletas de cocaína listas para su comercialización.Las autoridades indicaron que uno de los capturados presenta nueve anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y hurto, lo que evidenciaría reincidencia.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que estos operativos buscan frenar el microtráfico y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes: “Seguiremos intensificando los controles y patrullajes en todos los municipios del departamento”, afirmó.Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez para definir su situación jurídica.La Policía invitó a denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas a través de la línea 123 bajo absoluta reserva.
En Cúcuta fue capturado Wilder Arias, alias 'Franco', señalado de asesinar a Camilo Andrés Rojas Rey el pasado 27 de enero, tras un partido de fútbol en la ciudad.Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, la captura se logró luego de un trabajo investigativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el análisis de más de 20 horas de videos de seguridad.“El 27 de enero se produjo el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga después de un partido en esta ciudad… Es así como el día de hoy se logra la captura de Wilder Arias, alias 'Franco', como presunto responsable de este homicidio”, afirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda.“No permitiremos que la fiesta del fútbol se convierta en una fiesta de la tristeza. Vamos a seguir trabajando por su seguridad”, agregó el oficial.Las autoridades investigan si alias 'Franco', presuntamente hincha del Cúcuta Deportivo, atacó a la víctima por vestir la camiseta del equipo rival.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados.
El pequeño féretro avanzaba en silencio por las calles del pueblo. Detrás, una multitud caminaba con rabia contenida y lágrimas en los ojos. No era solo un sepelio era una despedida marcada por la impotencia.Kevin Acosta Pico, de apenas siete años, murió esperando un medicamento vital para tratar la hemofilia que padecía, un tratamiento que, según su familia, debía ser suministrado por la Nueva EPS y que durante meses no llegó.El niño falleció en Pitalito, tras ser remitido de urgencia, pero para su madre, la atención fue tardía, insuficiente y rodeada de demoras que, asegura, terminaron costándole la vida: “Dicen que hicieron un traslado oportuno, pero mi hijo duró más de 24 horas allá y no hicieron nada, lo entubaron y lo dejaron sangrar, solo me decían que esperara, que no había camas en UCI, mientras yo veía cómo se me iba”, relató entre lágrimas Judith Katerine Pico Naranjo.Según cuenta, Kevin llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento por trámites administrativos y supuestos cambios de contrato: “Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, dice con la voz quebrada.“Me tocó suplicar, cuando reaccionaron ya era demasiado tarde; como me dijo el médico para él cada minuto era mortal”, agregó.El drama no terminó con la muerte. El cuerpo del menor permaneció varios días en Medicina Legal por trámites y demoras. “Ni muerto lo dejaban descansar. Seguían jugando con él”, denunció.Hoy, el dolor de una madre se convirtió en un reclamo colectivo, en Charalá no solo lloran a Kevin, exigen respuestas.La familia pidió a las autoridades abrir una investigación para establecer si hubo negligencia en la entrega del medicamento y en la atención médica.“Mi hijo ya se fue, pero hay más niños esperando medicinas, no quiero que otra mamá pase por esto, no quiero que cierren el caso, quiero justicia”, concluyó.
A 45 años y 4 meses de prisión fue condenado Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años asesinada en mayo de 2025 en Barrancabermeja.La sentencia fue emitida luego de Arrieta Geney, quien tenía 18 años al momento de los hechos, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez. Según el ente acusador, el joven admitió haber disparado contra la menor y posteriormente participar en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo."Los agresores atacaron a la adolescente con un arma de fuego y luego ocultaron su cuerpo", señaló el ente investigador.Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano El Centenario, en la comuna tres del distrito petrolero. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue abordada por cuatro integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada ‘Los Búcaros’, entre ellos el ahora condenado.Las autoridades establecieron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro y luego su cuerpo fue desmembrado y abandonado en una zona boscosa del sector. El hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.El caso generó profunda conmoción y repudio en la comunidad de Barrancabermeja, que exigió justicia por la brutalidad del crimen.Arrieta Geney fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Por estos mismos hechos, otras tres personas capturadas, también señaladas como integrantes de ‘Los Búcaros’, permanecen privadas de la libertad a la espera de que se emita sentencia en su contra. Según las autoridades, alias “Alianza” habría sido quien desmembró el cuerpo de la menor.
Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional expedirá en los próximos días un nuevo decreto sobre el salario mínimo para el año 2026. La medida responde a la orden del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que recientemente suspendió de forma provisional el incremento del 23,7 % decretado a finales del año pasado.A pesar del revés judicial, el mandatario fue enfático al asegurar que la esencia de su política salarial se mantiene firme: "Dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio", afirmó Petro durante una alocución televisada. El objetivo central es preservar lo que el Ejecutivo ha denominado el "salario vital", fijado inicialmente en dos millones de pesos.Según Petro, "el nuevo decreto va a mantener un salario vital", aunque aclaró que, para cumplir con las exigencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, presentará nuevos estudios que justifican la subida del salario mínimo.Petro no dio detalles de cómo podría modificarse el mínimo, pero este domingo circularon en medios locales versiones de que el mandatario puede subir aún más el "salario vital", hasta los 2.155.000 pesos mensuales.El pasado viernes, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo, Petro se hizo eco en X de unos mensajes del economista colombiano Daniel Ossa, profesor asistente en la Universidad de Denver (EE.UU.), según el cual la remuneración básica puede ser incluso mayor para cerrar la brecha social.El jefe de Estado aseguró que los cálculos sobre salario relativo en Colombia y el rezago entre salario y productividad laboral respaldan la decisión adoptada por el Ejecutivo a finales del año pasado.¿Qué es el salario mínimo móvil?La graan novedad de la alocución fue la propuesta de transitar hacia un salario móvil. Según el presidente, este modelo permitiría que la remuneración básica de los trabajadores no sea una cifra estática anual, sino un valor que se ajuste dinámicamente según las variables de la economía nacional."En Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil. Ese criterio no lo pusimos en el decreto. Creo que esta orden de la Constitución debe exponerlo en el nuevo decreto. ¿Móvil que significa? Que si varían las condiciones, se varía también el salario por decreto. Debe mantener esa flexibilidad", planteó Petro, argumentando que esta figura encuentra respaldo en la sentencia 815 de la Corte Constitucional.
Luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento salarial del 23,7 %, el presidente Gustavo Petro anunció en su alocución de este domingo que expedirá un nuevo decreto transitorio. El mandatario, además, habló de la implementación del salario mínimo móvil, una figura que busca que la remuneración no sea una cifra estática anual, sino que se ajuste dinámicamente para garantizar el sustento de la canasta familiar vital.¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo operaría?A diferencia del modelo tradicional de ajuste fijo, la movilidad implica que el salario responda con flexibilidad a las realidades económicas del país. “Móvil significa que si varían las condiciones, varía también el salario; debe mantener esa flexibilidad”, explicó el jefe de Estado. El objetivo técnico es que el pueblo trabajador no pierda capacidad de compra frente a la inflación, asegurando que el monto siempre cubra las necesidades básicas determinadas por el DANE.Petro confirmó que el nuevo documento mantendrá inicialmente el valor del "salario vital" fijado para 2026 en dos millones de pesos. No obstante, advirtió que la cifra podría modificarse al alza tras presentar nuevos estudios al Consejo de Estado.“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2. 155.000 pesos mensuales”, publicó el presidente antes de su alocución.Concertación y movilización nacionalPara definir el futuro de la remuneración, el Gobierno convocó a la Comisión de Concertación este lunes, con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sindicatos y gremios económicos. “Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio”, enfatizó el presidente.Finalmente, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que este jueves se movilice en las plazas públicas del país. Según el mandatario, la defensa de esta "conquista histórica" no solo depende de argumentos jurídicos o económicos, sino de la "fuerza del pueblo trabajador" en las calles para respaldar la estabilidad del ingreso familiar.
En un contexto marcado por la reciente reconfiguración política del país, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, emitió un balance contundente sobre la situación de orden público en Venezuela. Durante un acto oficial en el estado Nueva Esparta, el funcionario afirmó que la nación caribeña se posiciona actualmente como la más segura de todo el continente americano.Según las cifras presentadas por el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Venezuela registra actualmente "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes". Esta estadística, de acuerdo con el ministro, coloca al país en una posición de vanguardia respecto a sus vecinos regionales."Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).Vigilancia semanal y el reto de la ciberseguridadEl alto funcionario subrayó que el Ejecutivo mantiene un monitoreo constante sobre la actividad criminal. Según sus declaraciones, las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" para ajustar las estrategias de los cuadrantes de paz. No obstante, reconoció que, si bien los delitos tradicionales han mostrado una tendencia a la baja, se ha detectado un incremento específico en los delitos informáticos, un fenómeno global que también ha impactado la infraestructura digital venezolana.Cabello también destacó el crecimiento en el interés de los jóvenes por profesionalizarse en el área de seguridad. Según el ministro, las solicitudes de ingreso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) han aumentado significativamente. Para el titular de Interior, este fenómeno es una señal de confianza ciudadana, afirmando que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de la inestabilidad política vivida a inicios de año.Un despliegue masivo para el asueto de CarnavalEl anuncio de estas cifras coincide con el inicio de las festividades de Carnaval. Para garantizar la paz durante el asueto, el Gobierno ha ordenado un despliegue sin precedentes. Desde el pasado jueves, un total de 228.028 funcionarios, entre militares, policías y personal de protección civil, se encuentran desplegados en todo el territorio nacional.Este operativo representa un incremento del 19,7% en comparación con el despliegue realizado en 2025, cuando se movilizaron 190.495 efectivos. El refuerzo del pie de fuerza busca cubrir los principales ejes viales, balnearios y centros turísticos del país durante los días de festividad que concluyen el próximo martes.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
De acuerdo con la comunicación enviada a los usuarios el pasado fin de semana, Movistar aclaró que hace parte del grupo Millicom, pero que esto no afecta los servicios ni los derechos de sus clientes bajo la legislación colombiana. Millicom informó que Tigo y Movistar seguirán operando como marcas independientes, al menos mientras se completan los trámites regulatorios derivados de la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La resolución 94169 de 2025 de la SIC avaló la integración empresarial entre ambas compañías, pero dejó claro que el proceso de convergencia comercial y eventuales cambios de marca estará sujeto a condiciones y tiempos adicionales. Por ahora, la indicación a los usuarios es no adelantar ningún tipo de trámite: no cambiar la SIM, no actualizar contratos ni modificar planes de manera preventiva. La empresa remarcó que cualquier ajuste futuro en la marca o en la oferta será informado de forma oficial y con suficiente anticipación a los clientes. En paralelo, la integración comercial ya está en marcha, lo que permitirá coordinar estrategias entre Tigo y Movistar sin que ello suponga, en esta etapa, la desaparición inmediata de la marca Movistar.¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?Para los clientes, el mensaje central es de continuidad: no habrá cambios inmediatos en los servicios contratados ni se exigirán trámites adicionales por efecto directo de la operación. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar, mantendrán las mismas condiciones contractuales y no se prevén modificaciones en planes, precios o beneficios únicamente por la integración con Tigo. La SIC estableció condicionamientos para proteger la competencia y a los consumidores, entre ellos exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas y límites a prácticas comerciales que puedan afectar a operadores más pequeños.A mediano y largo plazo, Millicom proyecta aprovechar la escala del nuevo grupo para acelerar el despliegue de redes 5G, ampliar la cobertura de fibra óptica y lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar. Ese reforzamiento posiciona al bloque Tigo–Movistar con más de 40 millones de líneas móviles, muy cerca del liderazgo que hoy ostenta Claro en el mercado colombiano. En cualquier escenario futuro de unificación plena bajo la marca Tigo, la transición deberá pasar por nuevas evaluaciones de las autoridades y del mercado, por lo que, por ahora, Movistar continuará operando con su nombre y canales habituales.Telefónica sale y Millicom toma el controlLa integración se produce tras la venta del 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) que Telefónica Hispanoamérica tenía en el país, operación que se cerró en 2026 por unos 214 millones de dólares. Con ello, Telefónica pone fin a más de dos décadas de presencia directa en Colombia, período en el que fue protagonista de la modernización de la telefonía móvil, fija y, más recientemente, de la introducción de tecnologías de quinta generación. Esta desinversión se enmarca en la estrategia global del grupo español de reducir su exposición en Hispanoamérica para concentrarse en mercados como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.Millicom, matriz de Tigo y con sede en Luxemburgo, consolida así su posición como segundo gran operador del país, al reunir bajo su control las operaciones de Tigo y Movistar. El nuevo mapa competitivo queda dominado por tres grandes jugadores —Claro, el bloque Tigo–Movistar y otros operadores de menor tamaño— en un contexto de alta concentración que seguirá bajo la lupa de las autoridades para evitar efectos adversos sobre tarifas, calidad y opciones de servicio para los usuarios
Las autoridades de tránsito atendieron en las últimas horas varios accidentes viales registrados en Bucaramanga y el área metropolitana, hechos que dejaron dos personas muertas y daños materiales.Uno de los casos más graves se presentó en la madrugada sobre la Transversal Oriental, vía que comunica el sector de El Carmen con los semáforos de Zapamanga. De acuerdo con la información preliminar, un adulto mayor que conducía una motocicleta perdió la vida en el lugar de los hechos.Un fuerte choque ocurrió en la calle 45 con carrera 17, en Bucaramanga, donde dos vehículos colisionaron violentamente y uno de ellos terminó estrellándose contra una estación de gasolina del sector. Según las primeras versiones, uno de los conductores estaría bajo los efectos del licor.Otro accidente ocurrió en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, donde perdió la vida Daniel Gamarra, ciudadano de nacionalidad venezolana. De acuerdo con el reporte de tránsito de Floridablanca, el motociclista habría intentado realizar una maniobra peligrosa al pasar entre un bus de transporte público y una tractomula que circulaban por este concurrido corredor vial.Durante la maniobra, habría golpeado uno de los vehículos, perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la calzada, siendo arrollado posteriormente, lo que le causó la muerte de manera inmediata.
En el marco de una nueva audiencia de seguimiento al manejo de residuos sólidos, los alcaldes de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana presentaron ante el Juzgado 15 Administrativo los avances en las acciones conjuntas para reducir en un 15 % el ingreso de basuras al relleno sanitario El Carrasco, una de las principales metas fijadas para garantizar su cierre progresivo.Durante la diligencia judicial, el juez 15 administrativo de Bucaramanga adoptó el plan de acción a largo plazo presentado por el Municipio de Bucaramanga a través de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab), con el respaldo de los cuatro municipios metropolitanos, lo que permitiría mantener los plazos judiciales establecidos.El gerente del Área Metropolitana de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, explicó que se trata de la continuidad a un proceso de seguimiento ordenado por el despacho judicial, en el que los municipios han venido articulando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejorar el manejo de residuos sólidos.Según indicó, “ya se evidencian resultados de las mesas técnicas desarrolladas en los últimos meses, donde se logró coordinación intermunicipal para definir inversiones y proyectos comunes enfocados en la reducción de residuos que llegan al relleno”.Delgado aseguró que el trabajo realizado ha sido serio y permitirá cumplir con los tiempos fijados por la justicia, sin que exista, por ahora, un riesgo inminente de cierre forzado. No obstante, recalcó que a partir de enero del próximo año los municipios deberán poner en marcha las decisiones adoptadas, especialmente aquellas relacionadas con estudios, diseños e implementación de soluciones técnicas.El plan contempla dos líneas de acción principales. La primera está enfocada en reducir la cantidad de residuos que llegan sin clasificar a El Carrasco, mediante acciones operativas, culturales y de educación ambiental en cada municipio. La segunda corresponde a la inversión directa en el actual relleno sanitario para transformarlo en un Parque Tecnológico Ambiental, una apuesta de largo plazo para el manejo integral de residuos en el área metropolitana.Desde la Emab se informó que ya fue presentado en audiencia pública el plan de acción para convertir El Carrasco en un Parque Tecnológico Ambiental, iniciativa que cuenta con el aval del Juzgado 15 y el compromiso de los cuatro municipios. La entidad destacó que este proceso requiere claridad en los costos de las inversiones, condición necesaria para poder disponer de los recursos.En esa misma línea, se indicó que ya se definió el costeo de los estudios y diseños, lo que permitirá gestionar los recursos necesarios para la vigencia 2026.Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que se iniciarán los estudios para consolidar la construcción del Parque Tecnológico y la Planta de Clasificación Mecánica, proyectos clave para avanzar en la solución estructural del manejo de residuos sólidos en la región.
Un video que está circulando desde esta madrugada en redes sociales acrecienta el temor de los santandereanos frente a las repercusiones que podría tener en la región las incursiones armadas que está desplegando el ELN en todo el país. De acuerdo con la información, el peaje de La Gómez, ubicado cerca del municipio de Sabana de Torres, iba a ser destruido.El material audiovisual, al parecer grabado por un conductor, narra de manera directa la situación: “Señores, peaje de La Gómez lo cerraron porque lo van a volar. Aquí nos tienen aorillados, cerraron la vía en ambos sentidos… el que venga por ahí busque hotelito y quédese, no se vayan a meter acá porque esto está grave. Ejército y Policía están en alerta. Los carros que iban llegando al peaje los devolvieron y en el cruce de Sabana de Torres cerraron la vía en el sentido Barranca – Barranquilla”.La situación cobra especial relevancia en Santander porque el pasado lunes, 15 de diciembre, fue destruido el peaje de La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, después de que hicieran estallar una motocicleta cargada con explosivos. Además, en las últimas horas se registró un ataque con drones y explosivos a una base militar de Aguachica, Cesar, atribuido a la guerrilla del ELN. En ese atentado seis militares fueron asesinados.Aunque el Ejército y la Policía no se han pronunciado sobre la supuesta amenaza de atentado en el peaje de La Gómez, la comunidad sigue en alerta y con temor.Cabe recordar que el alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que se reforzaron de manera inmediata las capacidades de la Fuerza Pública para blindar la ciudad, con especial énfasis en la base principal de la Quinta Brigada y la Segunda División del Ejército, así como en instalaciones policiales consideradas estratégicas.En el marco de un consejo de seguridad extraordinario, se determinó el despliegue de grupos especiales del Ejército Nacional y la Policía, además de unidades de inteligencia, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza en el área metropolitana de Bucaramanga.
Tras el atentado terrorista contra una base militar en Aguachica, sur del Cesar, que deja al menos seis soldados muertos y varios más gravemente heridos, en Bucaramanga se activó la alerta máxima ante el riesgo de posibles acciones violentas por parte del ELN, debido a la relativa cercanía entre ambos territorios.El alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que se reforzaron de manera inmediata las capacidades de la Fuerza Pública para blindar la ciudad, con especial énfasis en la base principal de la Quinta Brigada y la Segunda División del Ejército, así como en instalaciones policiales consideradas estratégicas.En el marco de un consejo de seguridad extraordinario, se determinó el despliegue de grupos especiales del Ejército Nacional y la Policía, además de unidades de inteligencia, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza.De acuerdo con las autoridades, al menos ocho grupos de operaciones especiales adelantan labores de control, vigilancia y monitoreo permanente en distintos sectores de la capital santandereana, con el objetivo de frustrar posibles hechos criminales asociados a estructuras del ELN.“El atentado terrorista en Aguachica es el reflejo del olvido histórico en materia de seguridad que han sufrido las regiones. Desde el consejo de seguridad extraordinario hemos articulado acciones concretas con la Policía, el Ejército y los demás grupos especializados de la Fuerza Pública para fortalecer el control y garantizar una reacción oportuna que preserve la tranquilidad de todos los bumangueses”, afirmó el alcalde Cristian Portilla, quien agregó que se intensificarán los operativos y el monitoreo constante para proteger el orden público.Entre tanto, se confirmó que en las próximas horas podrían ser trasladados a Bucaramanga algunos de los soldados que resultaron gravemente heridos en el ataque terrorista en Aguachica, quienes requerirían atención médica de mayor complejidad en centros hospitalarios de la región.A este panorama se suma el anuncio de la Gobernación de Santander, que mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o frustrar atentados terroristas en el departamento.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y colaborar con las líneas de emergencia, en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.
Dos hombres señalados de participar en atracos a mano armada fueron capturados en el norte de Bucaramanga, tras una investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía Metropolitana.Los capturados fueron identificados como Juan Sebastián Huertas, de 20 años, y Miguel Enrique Álvarez, de 21, quienes fueron detenidos por orden judicial en el barrio Bavaria II, luego de un proceso investigativo que permitió establecer su presunta participación en un hecho de hurto calificado y agravado.De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que eran buscados ocurrieron el primero de febrero de este año en el barrio Provenza. En ese lugar, los hoy capturados habrían abordado a varias personas para cometer un atraco, intimidándolas con armas de fuego y arma blanca, con el fin de despojarlas de teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas y otros elementos de valor, antes de huir del sitio.Las investigaciones también revelaron que los dos hombres registran antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego y amenazas.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que se está validando si los capturados pudiesen estar implicados en otros atracos ocurridos en los últimos meses en la capital santandereana.Con estas capturas, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de hechos delictivos relacionados con el hurto en diferentes sectores de la ciudad, mientras reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la seguridad a través de los canales oficiales.
Líderes comunales del sector de Cabecera solicitaron al alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, luego de denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público.La petición fue formalizada por la Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12, mediante un oficio en el que advierten sobre varias problemáticas que, según indican, vienen afectando de manera reiterada este emblemático escenario urbano.En la comunicación, los líderes señalan que el Parque San Pío, considerado un referente cultural, turístico y de encuentro familiar en la ciudad, enfrenta situaciones como consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas frecuentadas por niños, vandalismo contra el mobiliario y zonas verdes, daños a bienes culturales, ocupación indebida del espacio público por vendedores informales y deterioro del césped.Sin embargo, el hecho que motivó con mayor urgencia la solicitud fue la denuncia de actos sexuales protagonizados por una pareja en el parque, situación que, según la comunidad, quedó registrada en fotografías y que habría ocurrido en horario de alta afluencia de familias.Ante este panorama, los líderes piden la asignación inmediata y permanente de un guarda exclusivo para el parque, así como controles periódicos, recuperación del espacio público, intervención en el alumbrado y poda técnica de árboles que actualmente, aseguran, generan zonas oscuras e inseguras.El llamado también se extiende a la zona conocida como Cuadra Play, sector de rumba de la ciudad, donde residentes denuncian desórdenes permanentes entre jueves y domingo.César Niño, líder del sector de Cabecera, afirmó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes frente al aumento del consumo de licor y drogas en vía pública, el ruido excesivo, el mal parqueo de motocicletas y los disturbios a altas horas de la madrugada.“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó.El líder también pidió mayor presencia de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, incluyendo la de un inspector que pueda imponer cierres a discotecas cuando sea necesario. Además, solicitó mayor regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según indicó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.Esta es la carta de los líderes del barrio Cabecera de Bucaramanga.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.
La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de 'Boika', y Rafael Jaimes Caicedo, alias 'Pana'. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que, por información que permita su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.