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En una audiencia pública territorial ante la JEP se relató la situación de seguridad en la reincorporación en el sur y suroccidente del país, donde se ha registrado alrededor de la mitad de los homicidios de excombatientes de las Farc desde la firma del Acuerdo de Paz, que ya deja 229 en todo Colombia, y que preocupa, además, por denuncias de desplazamientos, amenazas e intimidaciones a los firmantes del acuerdo, en algo que ha llegado a denominarse como un intento de exterminio.
En dicha audiencia de medidas cautelares, se escucharon relatos de víctimas y por seguridad, los comparecientes del departamento del Cauca solicitaron reserva, con argumentos de alta gravedad de lo que sucede en sus territorios donde confluyen actores violentos que les imposibilita desarrollar una implementación del acuerdo con garantías plenas.
Esta región del país vive una ola de violencia que, hasta el día 10 de septiembre de 2020, reporta 118 homicidios de firmantes de paz distribuidos así: 14 en el Valle del Cauca; 37 en el Cauca; 22 en el Caquetá; 28 en Nariño y 18 en el Putumayo. Es importante anotar que a estas cifras se suman 11 homicidios en el departamento del Chocó, 8 en el departamento del Huila y un último homicidio de un firmante de paz tras un atentado con arma de fuego el día de ayer en Tumaco, Nariño, para un desafortunado total de 138 homicidios en la región y 229 a nivel nacional
Uno de los asistentes fue el senador Pablo Catatumbo, quien relató la crisis en la que dijo, se encuentra la seguridad de quienes se suscribieron al acuerdo de paz, manifestando que el gran valor fue haber frenado una guerra de medio siglo, y que hoy, incluso, se han asesinado más personas que “en un ataque a un bloque”, cuando estaban en armas.
Nosotros somos ciudadanos colombianos, y los afros son ciudadanos, y los indígenas y campesinos también. Pero desde la firma del acuerdo en 2016 hasta hoy, han sido asesinados más de 1022 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de esos, 244 en el Cauca, 95 en Nariño, 76 en el Valle del Cauca y 40 en el Caquetá, lo que implica que en estos departamentos se ha presentado el 44% de los homicidios, además de 229 firmantes del acuerdo, y más de 40 víctimas de intento de homicidio y 17 compañeros desaparecidos
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Añadió que el Gobierno ha incumplido en compromisos de protección, y entre otras, que pese al trabajo del hoy partido político para trabajar con los antiguos guerrilleros, ha encontrado que no solo hay territorios donde la violencia crece, dice él, por violencia del Estado, las víctimas siempre son personas representativas de las comunidades, lo que hace parecer “que se trata de una violencia sistemática”, por lo que pidió tenerse en cuenta que la política de seguridad del Gobierno "ha sido un fracaso”.
¿Qué dicen las autoridades?
El representante del Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares, expresó que las labores de protección y seguridad en el sur y suroccidente no cesan, y que, al contrario, se han adoptado medidas importantes para salvaguardar la vida de los excombatientes de las Farc que hoy están en la legalidad.
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“A la fecha, las FF. MM, tienen desplegadas en todo el territorio nacional, 71 unidades que equivalen a 2156 efectivos que están garantizando la seguridad de los 24 puntos de los antiguos ETCR, y sus zonas aledañas o de injerencia, y específicamente para el Pacífico colombiano se tiene establecido un punto en Popayán”, indicó.
Expresó que, para la zona sur, sur-suroccidente, hay comprometidos 888 hombres aproximadamente en 28 pelotones, que abarcan la seguridad de 8 ETCR de la región.
Mientras tanto, el representante del Ministerio del Interior, expresó que, en referencia a las medidas cautelares, se ha desarrollado un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, atendiendo de forma sectorial con la evaluación de riesgo, y presentó un informe en el que da cuenta que, para Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo, se han atendido, desde 2016, alrededor de 60 alertas emitidas, con respuestas rápidas.
A su vez, la Defensoría del Pueblo manifestó que, en esa región del país, se han emitido alertas tempranas concentradas en dichos departamentos, y que, en diez de 33 alertas, se han identificado riesgos particulares para la población en proceso de reincorporación, siendo el Cauca el que tiene el mayor número de alertas con riesgos focalizados, una en Nariño, y dos en Caquetá.
“Se han podido identificar riesgos para la población en proceso de reincorporación con base en amenazas identificadas en alertas en término de la presencia de actores armados ilegales como lo son particularmente para esos territorios, facciones disidentes de las extintas FARC-EP, y asimismo estructuras no estatales como el EPL, y el ELN”, señaló Mateo Gómez, defensor delegado.
Dijo que los riesgos no solo afectan la vida e integridad de los excombatientes, sino de sus familiares y allegados, y cómo la presencia de actores armados supone un alto riesgo para la desestabilización del acuerdo final, pues explicó que uno de los hallazgos da cuenta de que grupos al margen de la ley, amenazan con llamados para entrar en un proceso de reincidencia delictiva.
Alternativas
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Camilo González Posso, director de Indepaz, ante la JEP expresó que hay una serie de disputas de intereses en Valle, Cauca y Nariño, y un número alto de familias que no encuentran formas para subsistir si no es la de los cultivos de coca, parcelas de marihuana, entre otras labores que abastecen al narcotráfico, en medio de las dinámicas de esa zona sur occidental de Colombia.
“Desde el inicio de las negociaciones en La Habana, inició un reparto del territorio y una disputa por rentas, y conflictos con excombatientes asentados en ETCR y otros espacios, muchas veces obligados a ser desterrados porque se ven como “enemigos antagónicos de las estructuras armadas”, y se convierten en objetivo militar, expresó.
Entre una serie de propuestas, manifestó que una de las bases sería la implementación del acuerdo tal quedó pactado, y que los representantes de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, han propuesto unos lineamientos de política pública y para el plan de acción permanente hasta el desmonte del paramilitarismo que contienen elementos o estrategias que pueden ayudar a la seguridad integral para favorecer el proceso de reincorporación.
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“Redefinir planes de reincorporación de excombatientes, que actúen como gestores de paz; revisar la renta básica y transformarla en retribución por el trabajo comunitario, social y ambiental; los proyectos asociativos de los reincorporados pueden priorizarse como transformación; formular programas de gran escala, cuya columna vertebral es la reforma rural integral con sus elementos y planes con articulación del programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos PNIS, para lo que algunos han llamado Plan Marshall a la colombiana”, dijo González Posso.
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