La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
La Fiscalía llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en Bogotá, que habría sido vendido por una empresa controlada por el conocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.Blu Radio estableció que la diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado que tendrá que cumplir Roa ante la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía se realizará antes de finalizar este año, en el marco de la línea investigativa sobre las presuntas irregularidades en contratos entregados por la estatal petrolera.Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás existía una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023 y en marzo de 2024, una empresa ligada a Serafino Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
El sector de la medicina regenerativa celebró esta semana un hito que promete transformar el tratamiento de la ceguera corneal. Un paciente que había sido declarado legalmente ciego recuperó la visión tras recibir, el 29 de octubre, un implante de córnea producido íntegramente en un laboratorio mediante tecnología de impresión 3D. El procedimiento, realizado en el Centro Médico Rambam de Haifa, es considerado el primer trasplante plenamente exitoso de una córnea funcional fabricada mediante bioingeniería.El implante fue desarrollado por la empresa de biotecnología Precise Bio, que logró imprimir una córnea utilizando células humanas procedentes de tejido donado. El resultado es un dispositivo diseñado para reproducir tanto la transparencia como la resistencia mecánica de una córnea sana. El trasplante se efectuó en uno de los ojos del paciente y, de acuerdo con los especialistas, logró integrarse rápidamente adoptando la forma natural del tejido original.El profesor Michael Mimouni, quien dirigió el equipo quirúrgico, describió el momento como “histórico”, asegurando que nunca antes se había demostrado que un órgano ocular creado en laboratorio pudiera devolver la vista. “Asistimos a un avance que redefine las posibilidades de la oftalmología moderna. Es la prueba de que un futuro sin largas listas de espera por tejido donado es posible”, afirmó. El especialista subrayó que esta innovación podría evitar que miles de personas vivan en la oscuridad debido a la escasez global de córneas disponibles.La compañía desarrolladora detalló que uno de los mayores logros del dispositivo es su compatibilidad con el instrumental de trasplante tradicional. Esto significa que los cirujanos pueden manipular la córnea impresa de forma similar a una córnea humana, sin necesidad de alterar los procedimientos en quirófano. Además, el diseño permite una criopreservación más prolongada, lo que facilitaría su transporte y almacenamiento en bancos de tejidos y hospitales de distintos países.El proyecto persigue no solo mejorar la precisión óptica y reducir las complicaciones posoperatorias, sino también ofrecer una alternativa reproducible y escalable frente a la creciente demanda global de tejido ocular. Actualmente, millones de personas padecen ceguera corneal y dependen de donaciones que no siempre alcanzan para cubrir las necesidades mundiales.Los primeros datos sobre la eficacia a medio plazo se evaluarán a los seis meses del procedimiento, pero tanto Precise Bio como el Centro Médico Rambam confían en que este sea apenas el comienzo de una nueva generación de implantes personalizados. Si los resultados se confirman, el modelo podría replicarse a gran escala y abrir la puerta al desarrollo de otros tejidos oculares creados mediante bioimpresión.Este trasplante no solo representa un triunfo tecnológico, sino también una señal esperanzadora para quienes esperan una oportunidad de recuperar la vista. Como resumió Mimouni, la posibilidad de fabricar tejido ocular viable “lo cambia todo” y marca el inicio de una era en la que la ceguera corneal podría dejar de ser una condena permanente.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
En redes sociales continúan multiplicándose los videos virales relacionados con infidelidades y la manera en que son descubiertas o expuestas públicamente. Esta vez, la historia que captó la atención de miles de usuarios fue la de una joven que decidió desenmascarar a su novio en un momento inesperado: su propia fiesta de cumpleaños.Según se observa en las imágenes, el hombre llegó al lugar convencido de que recibiría una sorpresa llena de cariño, compañía y celebración, acompañado de un gran pastel. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta. Al retirar la venda que cubría sus ojos, se encontró con una serie de fotografías que evidenciaban sus múltiples infidelidades.El video muestra cómo la mujer guía al joven, supuestamente para darle una sorpresa por su aniversario. Pero, una vez frente a los invitados, lo confronta con capturas de pantalla de conversaciones y fotografías que revelarían la traición. El sujeto, atónito, no supo cómo reaccionar ante la exposición pública.“Él me dijo que yo era la única, claramente no era cierto”, señala la descripción del video, que rápidamente se viralizó en distintas plataformas.La mujer, por su parte, se mostró firme y segura, orgullosa de haber reunido las pruebas que demostrarían las reiteradas infidelidades de su pareja.El clip ya acumula cientos de miles de reproducciones y ha generado todo tipo de comentarios. “Apuesto a que su respuesta será: ‘¿así que revisaste mi teléfono?’”, “Esto debí haber hecho con mi ex”, “Reina”, son algunas de las reacciones que dejaron los usuarios en redes sociales.
Según un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las cifras contradicen el discurso oficial: de enero a octubre de 2025, los homicidios intencionales pasaron de 10.952 en 2024 a 11.327 en 2025, lo que representa un incremento del 3,4 %. Además, la tasa nacional subió de 20,8 a 21,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.Este repunte revierte la leve reducción registrada el año anterior y, de mantenerse la tendencia, el cierre de 2025 podría superar los niveles de violencia de 2023.La FIP advierte que el aumento de homicidios no es un hecho aislado: también se observa un incremento en los secuestros (117,8 % más que en 2024), las masacres, los ataques a la fuerza pública y los desplazamientos forzados, lo que evidencia un deterioro general de la seguridad en el país.El informe señala que interpretar las cifras de manera selectiva, por ejemplo, centrarse en un indicador puntual para afirmar una reducción, puede generar conclusiones equivocadas y dificultar la formulación de políticas efectivas de seguridad.En conclusión, según la FIP, los datos de 2025 reflejan que la violencia letal en Colombia persiste o incluso se incrementa, pese al discurso gubernamental que insiste en una disminución. El análisis llama a reconocer la magnitud del problema y a fortalecer las estrategias integrales de seguridad y prevención.
Los planes de salud han trascendido su papel como un beneficio secundario para establecerse como un componente fundamental dentro de los paquetes de compensación empresarial en Colombia. Actualmente, el 59 % de las compañías en el país incluye algún tipo de plan de salud entre sus prestaciones, según revela un estudio de Human Factor Consulting. Esta marcada tendencia responde tanto al creciente interés de los trabajadores por acceder a servicios de salud oportunos, como al objetivo organizacional de impulsar el bienestar, la satisfacción y la estabilidad de sus equipos.Ivonne Granados, gerente de Ventas de la Unidad de Salud de Compensar, destacó que las empresas han comprendido que el cuidado de la salud del talento humano ya no es un beneficio complementario, sino un pilar central del bienestar laboral. La priorización de este aspecto permite construir entornos donde los equipos se sienten valorados, lo que a su vez se traduce en mayor confianza, compromiso y estabilidad.Ventajas competitivas para atraer y retener talentoLa inclusión de planes de salud ofrece múltiples ventajas que impactan directamente en el rendimiento operativo y la gestión del talento. La experta de Compensar subraya los principales beneficios de priorizar estas alternativas de compensación:1. Reduce el ausentismo y fortalece la productividad: El acceso ágil a servicios médicos oportunos y a programas preventivos minimiza las incapacidades por enfermedades comunes, manteniendo la continuidad operativa y mejorando el desempeño general.2. Incrementa la fidelización y permanencia: Al garantizar planes de salud, la organización demuestra un compromiso genuino con el bienestar de sus trabajadores y sus familias, lo que consolida la lealtad, reduce la rotación de personal y disminuye los costos asociados a la capacitación y el reclutamiento.3. Potencia la capacidad de atracción: En el competitivo mercado laboral, contar con beneficios de salud sólidos posiciona a la empresa como un lugar deseable para trabajar, mejorando la reputación de la marca empleadora y facilitando la atracción de perfiles talentosos.4. Facilita el acceso oportuno a servicios: Los planes corporativos ofrecen tarifas más competitivas, acceso más ágil a especialistas y redes de atención segmentadas. Además, facilitan la cobertura de condiciones preexistentes y servicios complementarios.5. Clima organizacional: Las alternativas de salud pueden integrarse con iniciativas de bienestar, actividades de vida familiar y acompañamiento emocional, promoviendo entornos laborales más positivos, equipos más motivados y relaciones internas sólidas.Entre las alternativas más implementadas por las empresas colombianas, la medicina prepagada lidera con un 79 %, seguida por los planes complementarios (68 %), asistencias médicas domiciliarias (34 %) y pólizas de hospitalización y cirugía (17 %).En los últimos días, Compensar se sumó a este mercado y anunció el lanzamiento de su medicina prepagada: en el que ofrece acceso directo a más de 60 especialidades médicas y odontológicas, cobertura internacional, atención de urgencias a nivel nacional, y servicios de telemedicina y orientación médica 24/7. También incluye terapias, atención domiciliaria, apoyo en salud mental y la convalidación de antigüedad de otras prepagadas.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
Este miércoles 3 de diciembre se tenía previsto iniciar la audiencia preparatoria en contra de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, su nuevo abogado solicitó suspender la diligencia, argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretende descubrir en el juicio.En medio de la diligencia, el abogado Mauricio Camacho argumentó que “no se hace responsable que un profesional de derecho en estas condiciones, en esa desventaja, vaya a un juicio oral, por lo que le ruego, honorables jueces, primero que usted haya entendido y segundo que usted entienda que el día de hoy no se pueda adelantar la audiencia preparatoria”, sustentó la defensa.Luego de que las partes no se opusieron a la suspensión, la Juez 08 Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló la suspensión de estas audiencias en las cuales se presentan las pruebas que harán parte del juicio. La juez aseguró que “mal haría en sorprender el día de hoy al señor defensor, corriendo en el traslado para que descubra a la Fiscalía los elementos materiales probatorios cuando precisamente eso es lo que no ha podido hacer: recolectar los elementos materiales probatorios que pretende descubrir. En estas condiciones, no queda otro camino que acceder a la suspensión expresa solicitada por la defensa”. Las diligencias se retomarán el 11 de febrero de 2026.La situación jurídica de Ortiz se definió después de que la Fiscalía la acusara formalmente el pasado 1 de septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la exconsejera habría desempeñado un papel determinante al facilitar la entrega de sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.Según la acusación, la exfuncionaria habría actuado como enlace entre los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. En esa línea, la Fiscalía señaló que Ortiz habría recibido en dos ocasiones millonarias sumas de dinero en efectivo, que posteriormente fueron trasladadas en un vehículo oficial hacia puntos previamente acordados con Name.Para el ente acusador, Ortiz no solo tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, sino también del propósito de los pagos. De acuerdo con la investigación, los sobornos estarían relacionados con el direccionamiento irregular de una orden de proveeduría destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, contrato que habría sido instrumentalizado dentro del entramado de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación asumió una investigación penal tras conocerse las denuncias presentadas por Karen Santos contra su exesposo, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. Según el ente acusador, se recibieron denuncias por violencia intrafamiliar en Barranquilla y Bogotá. Por ahora fueron unificadas para avanzar en los actos investigativos en marcha.Como parte de las actividades, se solicitó protección para la víctima, debido a que la mujer expuso una serie de episodios que, según su relato, constituyen agresiones físicas y psicológicas ocurridas durante su convivencia. A partir de esa información, el ente acusador ordenó centralizar en Bogotá el proceso que estaba radicado en Barranquilla y designar una fiscal especializada para adelantar las indagaciones por los presuntos delitos de amenazas y violencia intrafamiliar.La decisión se tomó después de que Santos entregara al ente investigador material que, según afirmó, permite documentar varios de los hechos denunciados. Entre los elementos allegados se encuentran grabaciones de video realizadas por ella misma, en las que, de acuerdo con su versión, quedaron registradas algunas de las agresiones atribuidas a Leyva. También adjuntó reportes médicos, fotografías y registros de comunicaciones que habrían ocurrido en momentos de tensión, todo ello con el fin de respaldar su relato sobre los maltratos sufridos.En declaraciones entregadas al medio Cambio, Santos señaló que las agresiones no habrían sido hechos aislados, sino situaciones que se extendieron durante años mientras convivía con Leyva en una vivienda ubicada en Barranquilla. Indicó que decidió hacer públicas sus denuncias ante el temor por su vida y por la falta de protección que, según dijo, sienten muchas mujeres en contextos de violencia doméstica. Relató que en distintos momentos experimentó golpes reiterados y episodios de intimidación que la llevaron a abandonar la residencia donde vivían.La denunciante también afirmó que uno de los episodios más graves habría ocurrido en agosto de 2025, cuando, según su versión, debió huir de la casa por temor a nuevas agresiones y señaló que Leyva habría intentado perseguirla y amenazarla con un arma blanca. En su relato aseguró que la situación se tornó insostenible y que esa fue la razón que la llevó a buscar ayuda y a entregar sus pruebas a las autoridades.Con la apertura de este proceso, la Fiscalía continuará con la recolección de material probatorio y la verificación de los hechos denunciados para determinar si existe mérito para avanzar hacia una eventual imputación.
Se abre un nuevo capítulo sobre la larga lista de retractaciones que tiene el presidente Gustavo Petro, esta vez, el episodio involucra al exgerente de Coosalud Jaime Miguel González Montaño a quien el primer mandatario lo vinculó directamente con supuestos desfalcos y operaciones financieras irregulares.El juzgado recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el pasado 11 de noviembre que el presidente Petro debía retractase en un plazo de 5 días a través de una alocución y su red social X, según el expediente ese término ya se venció.En este caso, el juzgado es claro en señalar que antes de abrir un incidente de desacato tras el presunto incumplimiento de esta orden judicial, se requerirá al presidente Petro para que en 2 días (48 horas) a partir de la notificación, explique qué acciones llevó a cabo para disculparse con González tras vincularlo con presuntas irregularidades cuando fungió como gerente de Coosalud.El Tribunal también había tomado en cuenta para determinar que el presidente Petro debía retractarse porque en declaraciones posteriores, como la del 9 de diciembre de 2024, cuando Petro insistió en que: “Asi se robaron 221.000 millones del dinero de la salud pública”, atribuyendo responsabilidad al gerente y a miembros de la junta directiva.Cabe señalar que si bien el juzgado decidió no abrir por ahora un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, sí lo requirió para qué explique las acciones desplegadas por su parte para acatar la orden de retractación.
Un juez impuso medida de aseguramiento contra Kardyn Daniel Montilla, señalado como presunto responsable de abusar sexualmente y causarle la muerte a una mujer identificada como Catalina Leyva en hechos ocurridos en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá tras engañarla con una falsa oferta de trabajo.Este crimen generó conmoción por la modalidad en la que se ejecutó, porque de acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron luego de que la víctima fuera engañada con una supuesta oferta laboral como modelo, difundida a través de redes sociales.Según las pesquisas, Catalina Leyva habría sido citada a un punto específico en una zona aislada de Bogotá, donde fue sometida a distintos vejámenes sexuales, golpeada y posteriormente asfixiada presuntamente por parte de Mantilla.El modus operandi del presunto asesinoLas labores de policía judicial adelantadas por el CTI permitieron identificar un patrón de comportamiento reiterado por parte del investigado.Al parecer, Montilla Baquero contactaba a jóvenes mediante falsas ofertas de trabajo, las citaba en lugares apartados y luego las agredía sexualmente para robarles sus pertenencias.En algunos de los casos, según las pruebas que ha logrado obtener la propia Fiscalía, las víctimas eran fotografiadas sin su consentimiento y posteriormente extorsionadas, bajo la amenaza de publicar las imágenes si no entregaban dinero e incluso otros bienes.La Fiscalía le imputó a Montilla los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal; sin embargo, el presunto feminicida no aceptó los cargos.Montilla judicializado por otros 16 eventos delictivos, que estarían relacionados con la misma modalidad de engaño y agresión contra mujeres, él será trasladado a una cárcel hasta tanto avance la investigación en su contra.
El alto tribunal señaló que la suspensión automática de esta prestación económica vulneró los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la salud de la mujer, quien depende de esta mesada para su subsistencia y atención médica.Este caso, que llegó a la Corte Constitucional y quedó en manos del magistrado Miguel Efraín Polo, se originó luego de que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional disminuyera el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la mujer y, con base en ello, se suspendiera el pago de la sustitución de la asignación de retiro, sin valorar de manera integral su situación de especial protección constitucional.En ese sentido, el alto tribunal hizo una serie de reproches, entre ellos, que tanto el Ministerio de Defensa como la Policía exigieran de forma rígida la renovación periódica del dictamen de invalidez, pese a que en el expediente existían múltiples pruebas médicas y administrativas que acreditaban una discapacidad permanente.En su fallo de tutela, la Corte también es clara en señalar que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral no son la única prueba válida para acreditar una situación de invalidez y que otras evidencias pueden resultar suficientes para garantizar el acceso a prestaciones pensionales y sustituciones de asignación de retiro.¿Qué ordenó la Corte Constitucional en este caso?Por eso la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa y a las demás entidades restablecer el pago de la sustitución de la asignación de retiro, así como garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.