Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 3 de diciembre, en Bla Bla Blu:El cantante Juancho Valencia, de Puerto Candelaria, contó de qué se trata 'Big Band' y cómo las personas podrán disfrutar este show el 5 de diciembre en el teatro Julio Mario Santo Domingo. Además, recordó una anécdota sobre la Navidad.El 'Señor Biter, experto en normas de tránsito, aclaró las dudas más cotidianas que se presentan al momento de manejar y que podrían implicar una multa al momento de conducir un carro o un vehículo.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Un aparente triángulo amoroso terminó en un violento episodio que hoy tiene a un hombre enfrentando cargos por tentativa de homicidio. Las autoridades capturaron a Edson Moreira da Silva, señalado de arrollar de manera intencional al esposo de su amante y de enviar pruebas del ataque a través de WhatsApp.El caso ocurrió en la ciudad de Nova Iguaçu, Brasil, donde, según la policía, Silva habría embestido con su vehículo a Josiel Barreto Dias durante la noche del martes. La víctima quedó inconsciente en plena vía pública y fue trasladada de urgencia al Hospital Geral da Posse, donde permanece internada en estado crítico.La investigación avanzó con rapidez gracias a las pruebas que el propio sospechoso divulgó. De acuerdo con las autoridades, el hombre envió audios a su amante reconociendo haber atropellado al esposo de ella. Minutos después del impacto, también compartió una fotografía de Dias desmayado en el suelo, una imagen que terminó por confirmar la brutalidad del ataque.Durante la madrugada, agentes de las comisarías 52ª y 56ª iniciaron la búsqueda tanto del agresor como del vehículo involucrado. No pasó mucho tiempo antes de que localizaran el automóvil: tenía el paragolpes destrozado y el parabrisas hecho añicos, señales claras de un choque reciente a alta velocidad.Hacia las 7:40 de la mañana, los uniformados dieron finalmente con Moreira da Silva. El hombre fue detenido sin resistencia y, durante el traslado, volvió a admitir que había arrollado a la víctima, según indicaron fuentes policiales.Las autoridades revelaron además que, días antes del atropello, los tres involucrados habían protagonizado fuertes intercambios de mensajes que evidenciaban tensiones dentro de la relación clandestina.Silva quedó detenido en flagrancia y ahora deberá responder ante la justicia por tentativa de homicidio. Mientras tanto, el esposo de su amante continúa en terapia intensiva, luchando por sobrevivir a un episodio que escaló de manera trágica y dejó al descubierto un conflicto sentimental llevado al límite.
El barrio San Felipe, en la localidad de Barrios Unidos, terminó con un nuevo episodio que revive el debate sobre las decisiones judiciales frente a delincuentes reincidentes. Un hombre de 44 años, con 19 anotaciones por delitos graves, entre ellos homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte ilegal de armas, fue capturado en flagrancia tras ingresar de manera irregular a una empresa y robar 10 equipos móviles avaluados en 10 millones de pesos.El hecho ocurrió cuando uniformados del CAI Polo Club adelantaban planes de vigilancia y recibieron la alerta de la comunidad, que notó movimientos extraños dentro del establecimiento. La patrulla llegó en pocos minutos y sorprendió al sujeto aún dentro del lugar, con los elementos hurtados y sin posibilidad de justificar su presencia allí. Los policías lograron detenerlo sin que se diera a la fuga y lo trasladaron a la URI correspondiente para su judicialización.Según el reporte oficial, el prontuario del capturado registra casi dos décadas de delitos y un historial de reincidencia que, para las autoridades, hacía indispensable una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sin embargo, pese a la captura en flagrancia, la gravedad de las conductas previas y el riesgo evidente de reiteración, un juez decidió dejarlo en libertad mientras avanza el proceso.La determinación judicial generó molestia y preocupación entre los comerciantes del sector, quienes aseguran que este tipo de decisiones los deja nuevamente expuestos a los mismos delincuentes que, dicen, conocen bien la zona y vuelven a operar sin mayores consecuencias.Mientras continúa el trámite del caso, en el barrio San Felipe queda la sensación de que, aunque la reacción policial fue rápida y efectiva, el esfuerzo terminó diluido ante una decisión que permite que un delincuente con un historial amplio y violento vuelva a las calles en cuestión de horas.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
Este miércoles 3 de diciembre se tenía previsto iniciar la audiencia preparatoria en contra de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, su nuevo abogado solicitó suspender la diligencia, argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretende descubrir en el juicio.En medio de la diligencia, el abogado Mauricio Camacho argumentó que “no se hace responsable que un profesional de derecho en estas condiciones, en esa desventaja, vaya a un juicio oral, por lo que le ruego, honorables jueces, primero que usted haya entendido y segundo que usted entienda que el día de hoy no se pueda adelantar la audiencia preparatoria”, sustentó la defensa.Luego de que las partes no se opusieron a la suspensión, la Juez 08 Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló la suspensión de estas audiencias en las cuales se presentan las pruebas que harán parte del juicio. La juez aseguró que “mal haría en sorprender el día de hoy al señor defensor, corriendo en el traslado para que descubra a la Fiscalía los elementos materiales probatorios cuando precisamente eso es lo que no ha podido hacer: recolectar los elementos materiales probatorios que pretende descubrir. En estas condiciones, no queda otro camino que acceder a la suspensión expresa solicitada por la defensa”. Las diligencias se retomarán el 11 de febrero de 2026.La situación jurídica de Ortiz se definió después de que la Fiscalía la acusara formalmente el pasado 1 de septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la exconsejera habría desempeñado un papel determinante al facilitar la entrega de sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.Según la acusación, la exfuncionaria habría actuado como enlace entre los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. En esa línea, la Fiscalía señaló que Ortiz habría recibido en dos ocasiones millonarias sumas de dinero en efectivo, que posteriormente fueron trasladadas en un vehículo oficial hacia puntos previamente acordados con Name.Para el ente acusador, Ortiz no solo tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, sino también del propósito de los pagos. De acuerdo con la investigación, los sobornos estarían relacionados con el direccionamiento irregular de una orden de proveeduría destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, contrato que habría sido instrumentalizado dentro del entramado de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación asumió una investigación penal tras conocerse las denuncias presentadas por Karen Santos contra su exesposo, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. Según el ente acusador, se recibieron denuncias por violencia intrafamiliar en Barranquilla y Bogotá. Por ahora fueron unificadas para avanzar en los actos investigativos en marcha.Como parte de las actividades, se solicitó protección para la víctima, debido a que la mujer expuso una serie de episodios que, según su relato, constituyen agresiones físicas y psicológicas ocurridas durante su convivencia. A partir de esa información, el ente acusador ordenó centralizar en Bogotá el proceso que estaba radicado en Barranquilla y designar una fiscal especializada para adelantar las indagaciones por los presuntos delitos de amenazas y violencia intrafamiliar.La decisión se tomó después de que Santos entregara al ente investigador material que, según afirmó, permite documentar varios de los hechos denunciados. Entre los elementos allegados se encuentran grabaciones de video realizadas por ella misma, en las que, de acuerdo con su versión, quedaron registradas algunas de las agresiones atribuidas a Leyva. También adjuntó reportes médicos, fotografías y registros de comunicaciones que habrían ocurrido en momentos de tensión, todo ello con el fin de respaldar su relato sobre los maltratos sufridos.En declaraciones entregadas al medio Cambio, Santos señaló que las agresiones no habrían sido hechos aislados, sino situaciones que se extendieron durante años mientras convivía con Leyva en una vivienda ubicada en Barranquilla. Indicó que decidió hacer públicas sus denuncias ante el temor por su vida y por la falta de protección que, según dijo, sienten muchas mujeres en contextos de violencia doméstica. Relató que en distintos momentos experimentó golpes reiterados y episodios de intimidación que la llevaron a abandonar la residencia donde vivían.La denunciante también afirmó que uno de los episodios más graves habría ocurrido en agosto de 2025, cuando, según su versión, debió huir de la casa por temor a nuevas agresiones y señaló que Leyva habría intentado perseguirla y amenazarla con un arma blanca. En su relato aseguró que la situación se tornó insostenible y que esa fue la razón que la llevó a buscar ayuda y a entregar sus pruebas a las autoridades.Con la apertura de este proceso, la Fiscalía continuará con la recolección de material probatorio y la verificación de los hechos denunciados para determinar si existe mérito para avanzar hacia una eventual imputación.
Se abre un nuevo capítulo sobre la larga lista de retractaciones que tiene el presidente Gustavo Petro, esta vez, el episodio involucra al exgerente de Coosalud Jaime Miguel González Montaño a quien el primer mandatario lo vinculó directamente con supuestos desfalcos y operaciones financieras irregulares.El juzgado recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el pasado 11 de noviembre que el presidente Petro debía retractase en un plazo de 5 días a través de una alocución y su red social X, según el expediente ese término ya se venció.En este caso, el juzgado es claro en señalar que antes de abrir un incidente de desacato tras el presunto incumplimiento de esta orden judicial, se requerirá al presidente Petro para que en 2 días (48 horas) a partir de la notificación, explique qué acciones llevó a cabo para disculparse con González tras vincularlo con presuntas irregularidades cuando fungió como gerente de Coosalud.El Tribunal también había tomado en cuenta para determinar que el presidente Petro debía retractarse porque en declaraciones posteriores, como la del 9 de diciembre de 2024, cuando Petro insistió en que: “Asi se robaron 221.000 millones del dinero de la salud pública”, atribuyendo responsabilidad al gerente y a miembros de la junta directiva.Cabe señalar que si bien el juzgado decidió no abrir por ahora un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, sí lo requirió para qué explique las acciones desplegadas por su parte para acatar la orden de retractación.
Un juez impuso medida de aseguramiento contra Kardyn Daniel Montilla, señalado como presunto responsable de abusar sexualmente y causarle la muerte a una mujer identificada como Catalina Leyva en hechos ocurridos en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá tras engañarla con una falsa oferta de trabajo.Este crimen generó conmoción por la modalidad en la que se ejecutó, porque de acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron luego de que la víctima fuera engañada con una supuesta oferta laboral como modelo, difundida a través de redes sociales.Según las pesquisas, Catalina Leyva habría sido citada a un punto específico en una zona aislada de Bogotá, donde fue sometida a distintos vejámenes sexuales, golpeada y posteriormente asfixiada presuntamente por parte de Mantilla.El modus operandi del presunto asesinoLas labores de policía judicial adelantadas por el CTI permitieron identificar un patrón de comportamiento reiterado por parte del investigado.Al parecer, Montilla Baquero contactaba a jóvenes mediante falsas ofertas de trabajo, las citaba en lugares apartados y luego las agredía sexualmente para robarles sus pertenencias.En algunos de los casos, según las pruebas que ha logrado obtener la propia Fiscalía, las víctimas eran fotografiadas sin su consentimiento y posteriormente extorsionadas, bajo la amenaza de publicar las imágenes si no entregaban dinero e incluso otros bienes.La Fiscalía le imputó a Montilla los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal; sin embargo, el presunto feminicida no aceptó los cargos.Montilla judicializado por otros 16 eventos delictivos, que estarían relacionados con la misma modalidad de engaño y agresión contra mujeres, él será trasladado a una cárcel hasta tanto avance la investigación en su contra.
El alto tribunal señaló que la suspensión automática de esta prestación económica vulneró los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la salud de la mujer, quien depende de esta mesada para su subsistencia y atención médica.Este caso, que llegó a la Corte Constitucional y quedó en manos del magistrado Miguel Efraín Polo, se originó luego de que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional disminuyera el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la mujer y, con base en ello, se suspendiera el pago de la sustitución de la asignación de retiro, sin valorar de manera integral su situación de especial protección constitucional.En ese sentido, el alto tribunal hizo una serie de reproches, entre ellos, que tanto el Ministerio de Defensa como la Policía exigieran de forma rígida la renovación periódica del dictamen de invalidez, pese a que en el expediente existían múltiples pruebas médicas y administrativas que acreditaban una discapacidad permanente.En su fallo de tutela, la Corte también es clara en señalar que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral no son la única prueba válida para acreditar una situación de invalidez y que otras evidencias pueden resultar suficientes para garantizar el acceso a prestaciones pensionales y sustituciones de asignación de retiro.¿Qué ordenó la Corte Constitucional en este caso?Por eso la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa y a las demás entidades restablecer el pago de la sustitución de la asignación de retiro, así como garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP) emitió un comunicado para expresar su rechazo ante las recientes revelaciones periodísticas que apuntan a la presunta instrumentalización del sector por parte de grupos armados ilegales. Este llamado se produce en medio de un escándalo nacional que sugiere posibles vínculos entre altos mandos militares, personal de inteligencia y estructuras al margen de la ley.Las investigaciones, divulgadas tras el hallazgo de información en poder de un cabecilla conocido con el alias de "Calarcá", han puesto en el foco la posible creación de empresas fachada de seguridad. Estas estructuras irregulares estarían diseñadas para camuflar las operaciones de las disidencias y de esquemas de seguridad irregulares, socavando la legalidad y la imagen del gremio formal. Los hallazgos también involucrarían a un oficial activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que añade una capa de preocupación institucional al panorama.El sector formal exige celeridad y claridadAnte la magnitud de las acusaciones y la necesidad de deslindarse de cualquier actividad ilícita, CONFEVIP se ha apresurado a subrayar la legalidad y la solidez histórica del sector. El gremio, que en Colombia está compuesto por empresas legalmente constituidas —muchas de ellas familiares y con más de 50 años de trayectoria—, insiste en que estas operan bajo los estrictos controles y la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, alzó la voz para exigir una acción inmediata y contundente de las autoridades. El líder gremial no solo solicitó que se investiguen a fondo las presuntas empresas fachada, sino que también puso el foco en una serie de autorizaciones de funcionamiento que considera sospechosas.“Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias express que se expidieron en los últimos cuatro años.”Con esta declaración, Díaz señala directamente a la necesidad de revisar la rigurosidad y el proceso detrás de la expedición de estas licencias. El término "licencias exprés" sugiere un procedimiento acelerado o potencialmente irregular en la concesión de permisos para operar en un sector que, por su naturaleza, requiere de una fiscalización exhaustiva.La preocupación de CONFEVIP radica en el impacto que estas revelaciones tienen sobre la reputación de miles de empresas y trabajadores honestos. El gremio es enfático en que no se puede permitir que estructuras criminales se aprovechen de la actividad formal de la vigilancia privada para sus fines ilícitos.“Por eso requerimos claridad y sobre todo celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley,” concluyó Díaz, haciendo un llamado a la justicia para que se identifique y sancione a quienes intentan camuflarse bajo el paraguas de la seguridad privada, protegiendo así la integridad de un sector vital para la seguridad nacional y empresarial de Colombia.Este escándalo subraya la urgencia de fortalecer los controles gubernamentales sobre la expedición de licencias y la vigilancia del personal, especialmente en un país con antecedentes de conflicto armado, donde la infiltración de grupos ilegales en estructuras formales representa una amenaza constante a la seguridad del Estado. La Fiscalía tiene ahora el reto de actuar con la debida celeridad para despejar cualquier sombra de duda sobre el sector y sus reguladores.
La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes la imposición de medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La petición fue presentada ante la magistrada Alexandra Rosero durante la audiencia de medida de aseguramiento que siguió a la imputación de cargos.La fiscal del caso, María Cristina Patiño, indicó que la solicitud cumple con los requisitos legales establecidos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.“La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar (…) con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González. La solicitud se encuentra prevista en el artículo 250 de la Constitución”, explicó.Durante su intervención, la Fiscalía reiteró que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían participado en un esquema que buscaba direccionar recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso, particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.De acuerdo con el ente investigador, los exministros habrían impulsado el direccionamiento de 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones de pesos. Aunque fueron gestionados en el marco del supuesto acuerdo ilícito, solo siete convenios llegaron a materializarse.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones estaban ligadas a la necesidad del Gobierno de garantizar mayorías legislativas. Como ejemplo, la fiscal Patiño relató uno de los episodios clave documentados en la investigación: “El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Bedoya. Asimismo, Marta Peralta le solicitó atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el Gobierno y era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios”.Con base en estos hechos, la Fiscalía insiste en la necesidad de una medida restrictiva para los exministros, argumentando la gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal que, a su juicio, justificaría la detención domiciliaria.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunto concierto para comprar congresistas en favor de los proyectos de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación se inició gracias a la periodista Paula Bolívar, ganadora del premio Simón Bolívar, quien en entrevista con Mañanas Blu 10:30 describió las pruebas como “contundentes”."Según las pruebas entregadas por Olmedo López, Sneider Pinilla y María Alejandra Benavides, Velasco y Bonilla concertaron en una reunión conocida como el cónclave, el 27 de noviembre, y allí le dieron la orden a funcionarios públicos para 'comprar a los congresistas' y garantizar las mayorías en el Congreso", explicó Bolívar.Desembolsos billonarios y reuniones claveLa periodista detalló que Bonilla autorizó un desembolso de 1,4 billones de pesos desde el Tesoro Nacional, divididos en dos pagos de 700.000 millones cada uno, en septiembre y diciembre de 2023."Este dinero no era para atender emergencias, sino que el ministro Bonilla le pedía cuentas a Olmedo López: 'Ojo, recuerde que me quedan 200,000 millones de pesos porque esa es mi plata, esa no es su plata'", relató Bolívar.En el cónclave participaron varios ministros y altos funcionarios. Según la investigación: "Velasco explicó que la estrategia para lograr las mayorías en el Congreso era comprar a los congresistas a cambio de contratos, y expresó su preocupación por los costos: 'Están cobrando 80,000 millones de pesos. Voy a intentar bajar eso a 30,000 millones de pesos'.Posteriormente, en reuniones del 14 y 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda, Bonilla presuntamente ordenó a López y Benavides conseguir tres contratos —Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar— por un total de 92,000 millones de pesos.Comisión Interparlamentaria y extorsión políticaBolívar explicó cómo funcionaría esta comisión: "Es un puesto de poder donde seis congresistas extorsionan a los ministros de Hacienda para aprobar créditos a cambio de coimas. En el caso de la UNGRD, los reparos a un crédito de Fineter por 150 millones de dólares desaparecieron una vez que se aseguró el pago a través de contratos".Eslabones pendientesLa periodista criticó la lentitud de la justicia, que permitió la salida del país de figuras clave: "Funcionarios como Carlos Ramón González y César Manrique salieron del país, y Jaime Ramírez Cobo, un asesor clave, hoy no se sabe dónde está. Los testimonios dejan claro el alcance de este entramado de corrupción", dijo Bolívar.Sobre si el presidente Petro tenía conocimiento de las acciones, Bolívar fue cautelosa: "No sé si tenía conocimiento, pero todas las personas a su alrededor sí lo tenían. No puedo asegurar eso porque no tengo evidencia", concluyó.