El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
Un terremoto de magnitud 6 sacudió este jueves el condado de Aheqi, en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se conozcan de momento daños materiales o personales. El sismo se registró a las 15.44 hora local (07.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó en los 41,13 grados de latitud norte y 78,40 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán.Hasta el momento no se han comunicado informaciones sobre posibles daños materiales o víctimas derivadas del temblor. El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional.El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya. Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada.
La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos por los colombianos. El sorteo número 4932, realizado el miércoles, 3 de diciembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué esta lotería, con más de cien años de historia, sigue representando suerte, tradición y esperanza.Premio Mayor del sorteo 4932El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, es el 6843 de la serie 197. Además del premio principal, la entidad distribuyó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar en todo el territorio nacional.¿Cuáles son los premios secos?La Lotería de Manizales recuerda que los resultados oficiales deben consultarse únicamente a través de sus canales autorizados, donde se garantiza la autenticidad de los datos.Gana Siempre Sin Serie - $1.500 millones30752 Secos de $300 millones1342 - Serie: 2107421 - Serie: 3283 Secos de $200 millones1674 - Serie: 3400828 - Serie: 0185079 - Serie: 0565 Secos de $100 millones5267 - Serie: 3457759 - Serie: 3074968 - Serie: 1306299 - Serie: 2894150 - Serie: 09110 Secos de $80 millones8071 - Serie: 0968237 - Serie: 0172319 - Serie: 2256780 - Serie: 2363685 - Serie: 2178706 - Serie: 0664353 - Serie: 1754391 - Serie: 0605994 - Serie: 0182489 - Serie: 01510 Secos de $60 millones2704 - Serie: 0977544 - Serie: 1724686 - Serie: 1597543 - Serie: 3327341 - Serie: 1938811 - Serie: 1099459 - Serie: 1654276 - Serie: 3265449 - Serie: 3414948 - Serie: 03010 Secos de $50 millones1871 - Serie: 1118068 - Serie: 0581178 - Serie: 0814513 - Serie: 2663344 - Serie: 2399012 - Serie: 3364904 - Serie: 2960091 - Serie: 0014940 - Serie: 2722238 - Serie: 34910 Secos de $40 millones8579 - Serie: 2724188 - Serie: 0061437 - Serie: 0347507 - Serie: 3240875 - Serie: 2800053 - Serie: 3460672 - Serie: 0782406 - Serie: 3216466 - Serie: 0341115 - Serie: 244Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con variaciones en días festivos.Valor del billete completo: $12.000Valor de la fracción: $3.000Cada compra contribuye directamente a financiar programas de salud en Colombia, uno de los pilares sociales de esta lotería.Requisitos para reclamar un premioLos ganadores cuentan con un plazo de un año desde la fecha del sorteo y deben presentar:Billete original en buen estadoCédula de ciudadanía (original y copia al 150 %)RUT (obligatorio para premios de alto valor)Más que suerte: una misión socialLa Lotería de Manizales no solo entrega premios millonarios; también fortalece el sistema de salud del país a través de sus transferencias. Su compromiso con el bienestar colectivo la ha convertido en una entidad emblemática para miles de colombianos.Cada miércoles, esta lotería renueva la ilusión de quienes juegan y continúa transformando vidas con cada nueva edición
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las operaciones militares realizadas entorno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval en la que fue cuestionado sobre "la campaña de presión" sobre Maduro a lo que respondió que es algo mucho más que eso.Trump aprovechó para repetir que "pronto" podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas."Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra", recalcó el republicano.Durante su intervención, Trump aseguró que conocen "cada ruta, cada casa" dónde fabrican "esta porquería" en referencia, a drogas como cocaína.De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
El periódico Dallas Express reveló una carta dirigida al presidente Donald Trump por Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más influyentes durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En el documento, fechado el 2 de diciembre de 2025, Carvajal expone una serie de señalamientos sobre la actuación del régimen venezolano, particularmente en asuntos relacionados con narcotráfico, criminalidad transnacional y presuntas operaciones de inteligencia.Carvajal, quien afirma encontrarse detenido en una cárcel estadounidense tras declararse culpable de cargos por conspiración de narcoterrorismo, explica que la misiva busca “expiar culpas” y ofrecer información que, según él, permitiría a Estados Unidos anticiparse a amenazas que asegura haber presenciado durante su trayectoria dentro del aparato de seguridad venezolano.Nexos con el narcotráfico y el llamado Cartel de los SolesEn el primer apartado, titulado “Narcoterrorismo”, Carvajal sostiene que durante los gobiernos de Chávez y Maduro se consolidó una estructura criminal que, afirma, empleó el tráfico de drogas como herramienta política y estrategia contra Estados Unidos. Según su versión, esta organización sería conocida actualmente como el Cartel de los Soles.El exfuncionario señala que esta presunta red habría contado con apoyo de grupos armados como FARC y ELN, además de apoyo operativo de estructuras extranjeras. Añade que, de acuerdo con su experiencia, las drogas enviadas a Estados Unidos no eran operaciones aisladas de narcotraficantes, sino acciones planificadas por altos funcionarios del régimen.El Tren de Aragua y la exportación del crimenEn un segundo capítulo, Carvajal describe su supuesta presencia en discusiones internas en las que —según la carta— se habría decidido organizar bandas criminales para defender al régimen. Entre ellas menciona al Tren de Aragua, grupo que en los últimos años ha sido señalado por autoridades de varios países como una organización delictiva multinacional.El exjefe de inteligencia asegura que la estructura habría crecido con el apoyo de instituciones oficiales venezolanas y que, en determinado momento, se habría ordenado el envío de miembros de estas bandas al exterior. La carta indica que esta movilización obedecería a una estrategia para reducir artificialmente la criminalidad interna y perseguir opositores fuera del país.Carvajal afirma que, con la política de fronteras más flexibles durante el gobierno Biden–Harris, estos grupos encontraron oportunidad para desplazarse hacia Estados Unidos, donde —siempre según el documento— habrían continuado actividades delictivas.Acusaciones sobre espionaje y cooperación con RusiaEn un tercer apartado, el exfuncionario venezolano afirma que la inteligencia rusa habría propuesto intervenir cables submarinos de internet que conectan América del Sur y el Caribe con Estados Unidos, con el fin de penetrar comunicaciones del gobierno estadounidense. Carvajal asegura haber advertido sobre ese riesgo en 2015, aunque su supuesta preocupación no fue atendida.También sostiene que durante dos décadas se habrían enviado espías a Estados Unidos, algunos supuestamente encubiertos como opositores venezolanos. Menciona además que la inteligencia cubana habría participado en operaciones de largo plazo en territorio estadounidense.Smartmatic y procesos electoralesEn el último punto, Carvajal se refiere a Smartmatic, compañía que en su origen estuvo asociada a procesos electorales venezolanos. Según afirma, el sistema electoral basado en esta tecnología “puede ser alterado”, y sostiene que el software habría sido utilizado dentro de Venezuela para manipular procesos electorales. Aunque no asegura que todas las elecciones en otros países donde opera la tecnología hayan sido alteradas, sí sostiene que la manipulación es técnicamente posible.Llamado final y respaldo a TrumpCarvajal concluye la carta afirmando que el régimen venezolano representa, en su opinión, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al emplear “drogas, pandillas, espionaje y procesos democráticos” como armas. También declara su respaldo a las políticas de Donald Trump hacia Venezuela, asegurando que se trata de acciones tomadas en “legítima defensa”.Finalmente, afirma estar dispuesto a proporcionar más detalles a autoridades estadounidenses.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, avaló la imputación presentada por la Fiscalía, tras concluir que la formulación de cargos cumplió con los estándares legales y que los hechos fueron expuestos con claridad.“Esta funcionaria imparte legalidad. Claro que en este asunto hubo total claridad de los hechos jurídicamente relevantes. Se hizo una sucesión temporo-espacial. En este caso del cónclave se determinaron estos aspectos en la intervención de la señora fiscal”, afirmó la magistrada al validar la actuación de la Fiscalía.Tras la imputación, el exministro Bonilla rechazó enfáticamente los señalamientos. “No acepto los cargos y voy a poner tres puntos porque no los acepto. Yo hace medio siglo trabajando en actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita”, aseguró.En la misma línea, Velasco negó cualquier responsabilidad, cuestionó las pruebas y criticó el peso de los testimonios que condujeron a la imputación.“No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía porque soy completamente inocente. Hasta hoy, en la investigación se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos. Incluso, dos de ellos terminaron beneficiándose económicamente. Yo espero que cuando nos escuchen confronten lo que les han dicho a ustedes. Porque el país está en peligro”, afirmó.Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que, según la investigación, los exministros habrían intervenido para direccionar 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD por 40.536 millones. En total, 612.237 millones de pesos habrían hecho parte del esquema que la Fiscalía califica como una “empresa criminal”. Sin embargo, únicamente siete convenios se concretaron.La fiscal del caso detalló que estos proyectos adquirieron relevancia en medio del debate legislativo sobre la reforma pensional y la reforma a la salud, señalando que la supuesta estrategia buscaba asegurar apoyos políticos en el Congreso mediante la entrega de beneficios indebidos bajo la estructura que, según la imputación, lideraban los exministros Bonilla y Velasco.
La Corte Constitucional advirtió que el Estado colombiano tiene la obligación de asegurar la atención en salud a las personas migrantes en condición de calle que padezcan VIH, enfermedades graves asociadas al virus, afectaciones de salud mental o farmacodependencia.El alto tribunal hizo un importante pronunciamiento mediante un fallo de tutela en el que protegió los derechos de un migrante venezolano que padece VIH, tuberculosis, hepatitis C, dermatitis seborreica, afectaciones en su salud mental y problemas de farmacodependencia.Allí, la Corte determinó que no se le estaban prestando los servicios de salud al imponerle barreras administrativas.Si bien el tribunal ya ha hecho varios pronunciamientos en sus sentencias respecto a este tipo de casos, recordó que la Constitución establece que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los colombianos.Sin embargo, señaló la Corte Constitucional que, en casos de máxima vulnerabilidad, la respuesta estatal debe orientarse por un enfoque interseccional, los derechos humanos y los principios pro persona, de solidaridad y de dignidad humana.En ese orden de ideas, la Corte reiteró que la salud mental es un componente integral del derecho a la salud, y que las personas en esta condición deben recibir la atención psiquiátrica y toxicológica ordenada por sus médicos tratantes.Asimismo, precisó que, debido a las dificultades de adherencia que suelen enfrentar las personas en condición de calle, el Estado tiene la obligación de activar medidas afirmativas y garantizar tratamientos de rehabilitación, ya sean ambulatorios u hospitalarios, según lo determine el especialista.En el caso concreto, la Sala de Tutelas concluyó que la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia vulneraron los derechos del hombre al no autorizar ni gestionar oportunamente todos los servicios de salud requeridos. La Corte destacó que la situación del migrante constituía un escenario excepcional que exigía un entendimiento integral de su realidad y la aplicación estricta de estándares de protección reforzada.Por ello, la Corte Constitucional ordenó a la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín realizar una nueva entrevista para definir su clasificación, sin excluirlo de la categoría de “habitante de calle”.
La Fiscalía General de la Nación señaló a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, como presuntos responsables de encabezar una organización criminal en el marco del escándalo por el presunto direccionamiento de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La imputación se realiza durante la audiencia de formulación de cargos y medida de aseguramiento, en la que se les atribuyeron los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La fiscal María Cristina Patiño explicó que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invias y la UNGRD, a cambio de su respaldo en las votaciones de las comisiones parlamentarias.La fiscal María Cristina Patiño resaltó que la organización criminal tuvo “vocación de permanencia y durabilidad”, ya que sus operaciones se extendieron durante todo el tiempo en que Bonilla y Velasco se desempeñaron como ministros.Entre los hechos más relevantes, la fiscal destacó una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la que Velasco, Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides Soto discutieron las próximas elecciones regionales y la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Velasco habría ordenado que Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien buscaba la agilización de proyectos en el Invias, orden que Bonilla habría concretado al instruir a su asesora para cumplir con el acuerdo ilícito.Respecto a la presunta responsabilidad de Velasco, la Fiscalía señaló que los contratos direccionados para el congresista Chagüi se concretaron en Sahagún, Córdoba, con un valor aproximado de 35.000 millones de pesos, trasladando la ejecución de los proyectos de Invias a la UNGRD.En total, la investigación atribuye a Bonilla y Velasco la participación en 74 proyectos radicados en Invias y cinco en la UNGRD, por un valor total aproximado de 612 mil millones de pesos, de los cuales se habrían concretado siete proyectos. La Fiscalía asegura que estas actuaciones demuestran la existencia de una organización criminal con estructura jerárquica y planes coordinados para beneficiar a congresistas y funcionarios mediante contratos públicos.
La Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición hacia Italia de Emanuele Gregorini, alias 'Dollarino', considerado como el máximo cabecilla de la mafia italiana en América Latina y quien fue capturado en marzo de este año en Cartagena.Gregorini es requerido por la autoridad de ese país para que responda por varios delitos, entre esos la asociación criminal de tipo mafioso, amenazas, extorsión y tenencia ilícita de armas.El alto tribunal dio luz verde a este pedido de extradición al Tribunal de Milán por su presunta participación en una estructura criminal mafiosa que operaba en la región de Lombardía y que estaría integrada por miembros de organizaciones como Cosa Nostra, ’Ndrangheta y Camorra, bajo una modalidad confederada.De acuerdo con el fallo, este sujeto, conocido con el alias de 'Dollarino', habría desempeñado un rol operativo clave dentro de dicha organización, actuando como hombre de confianza, intermediario de comunicaciones, ejecutor de extorsiones e intimidaciones, y partícipe en operaciones de tenencia de armas, tráfico de drogas y lavado de activos mediante testaferros.El alto tribunal también dio vía libre a la extradición para que cumpla una condena en firme impuesta por el Tribunal de Velletri, relacionada con el delito de falsedad ideológica en documento público.La última palabra sobre la extradición de Emanuele Gregorini la tendrá el presidente Gustavo Petro.
El homicidio del pequeño Salvador Meza, un bebé de apenas un año y dos meses, estremeció al país en octubre de 2021. El menor fue asesinado por su propio padre, Miguel Ángel Meza, quien se lo llevó sin autorización de la vivienda de su madre en el barrio Marroquín, en el noroccidente de Cali.De acuerdo con los reportes oficiales, Meza llegó a la casa de la madre del menor, Yakeline García, para realizar una visita autorizada por una comisaría de familia, la cual había fijado un tiempo máximo de una hora. Sin embargo, en un descuido, el hombre tomó al niño y huyó, desatando una intensa búsqueda. García se había separado de él un año atrás debido a múltiples episodios de violencia intrafamiliar. En entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, la mujer reveló duros detalles de su relación con Meza. Contó que lo había conocido diez años antes del crimen, en su trabajo, y que un año después se casaron. A los dos años de matrimonio nació el primero de sus hijos.“Me revisaba el celular, miraba con quién hablaba, revisaba mis horas de salida del trabajo. Me decía que dejara de trabajar, que si lo hacía era porque me gustaba ver a los hombres, y empezaba a tratarme mal, a insultarme”, relató.Agregó que había intentado separarse, pero días después descubrió que estaba embarazada y decidió darle una nueva oportunidad. Sin embargo, tras terminar su licencia de maternidad y regresar a su empleo, encontró su casa vacía: Meza había retirado todos los muebles. Ese episodio la llevó a poner fin definitivamente a la relación.Posteriormente, el hombre comenzó a acosarla, razón por la cual ella decidió denunciarlo. El 23 de octubre de 2021, Miguel Ángel pidió llevarse al menor de sus hijos, Salvador, quien entonces tenía 14 meses.“Se hicieron las cinco de la mañana y él no me trajo al niño. En ese momento le escribí: ‘Miguel, ¿qué pasó con el niño?’. Me dijo: ‘No se lo voy a entregar. Esta es mi venganza por no querer volver conmigo. Olvídese del niño para siempre’”, recordó la madre.García aseguró que, pese a las amenazas constantes de su expareja, ninguna entidad actuó de inmediato para proteger al menor. Denunció que, al acudir a la Fiscalía, le indicaron que el caso debía ser manejado por la Comisaría de Familia y que, al ser el padre, él podía llevarse al niño.En medio de la desesperación, Meza llegó a exigirle fotos íntimas a cambio de entregarle pruebas de vida del pequeño. Sin embargo, según las autoridades, para ese momento el homicidio ya se había consumado.Tras una semana de búsqueda, el 31 de octubre la Policía Metropolitana de Cali capturó a Miguel Ángel Meza en una zona rural de Tumaco, Nariño. El hombre, quien tenía antecedentes por concierto para delinquir y violencia intrafamiliar, confesó el crimen y entregó las coordenadas del lugar donde había enterrado al bebé.“El juicio fue muy rápido, lo condenaron a 33 años. Él decía que hizo eso con el niño porque ya no sabía qué más hacerme para que yo no estuviera bien. Sabía que yo no lo iba a perdonar y que no podía permitir que yo fuera feliz sin él”, narró García entre lágrimas.El cuerpo de Salvador fue hallado bajo un puente en el corregimiento La Dolores, en la vía Cali–Palmira. “Miguel no parecía ser un mal papá, pero hizo todo eso por hacerme daño a mí. Es decir, que por encima del amor a sus hijos estaba su necesidad de lastimar a la mujer que supuestamente amaba”, concluyó.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
Este miércoles 3 de diciembre se tenía previsto iniciar la audiencia preparatoria en contra de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, su nuevo abogado solicitó suspender la diligencia, argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretende descubrir en el juicio.En medio de la diligencia, el abogado Mauricio Camacho argumentó que “no se hace responsable que un profesional de derecho en estas condiciones, en esa desventaja, vaya a un juicio oral, por lo que le ruego, honorables jueces, primero que usted haya entendido y segundo que usted entienda que el día de hoy no se pueda adelantar la audiencia preparatoria”, sustentó la defensa.Luego de que las partes no se opusieron a la suspensión, la Juez 08 Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló la suspensión de estas audiencias en las cuales se presentan las pruebas que harán parte del juicio. La juez aseguró que “mal haría en sorprender el día de hoy al señor defensor, corriendo en el traslado para que descubra a la Fiscalía los elementos materiales probatorios cuando precisamente eso es lo que no ha podido hacer: recolectar los elementos materiales probatorios que pretende descubrir. En estas condiciones, no queda otro camino que acceder a la suspensión expresa solicitada por la defensa”. Las diligencias se retomarán el 11 de febrero de 2026.La situación jurídica de Ortiz se definió después de que la Fiscalía la acusara formalmente el pasado 1 de septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la exconsejera habría desempeñado un papel determinante al facilitar la entrega de sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.Según la acusación, la exfuncionaria habría actuado como enlace entre los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. En esa línea, la Fiscalía señaló que Ortiz habría recibido en dos ocasiones millonarias sumas de dinero en efectivo, que posteriormente fueron trasladadas en un vehículo oficial hacia puntos previamente acordados con Name.Para el ente acusador, Ortiz no solo tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, sino también del propósito de los pagos. De acuerdo con la investigación, los sobornos estarían relacionados con el direccionamiento irregular de una orden de proveeduría destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, contrato que habría sido instrumentalizado dentro del entramado de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación asumió una investigación penal tras conocerse las denuncias presentadas por Karen Santos contra su exesposo, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. Según el ente acusador, se recibieron denuncias por violencia intrafamiliar en Barranquilla y Bogotá. Por ahora fueron unificadas para avanzar en los actos investigativos en marcha.Como parte de las actividades, se solicitó protección para la víctima, debido a que la mujer expuso una serie de episodios que, según su relato, constituyen agresiones físicas y psicológicas ocurridas durante su convivencia. A partir de esa información, el ente acusador ordenó centralizar en Bogotá el proceso que estaba radicado en Barranquilla y designar una fiscal especializada para adelantar las indagaciones por los presuntos delitos de amenazas y violencia intrafamiliar.La decisión se tomó después de que Santos entregara al ente investigador material que, según afirmó, permite documentar varios de los hechos denunciados. Entre los elementos allegados se encuentran grabaciones de video realizadas por ella misma, en las que, de acuerdo con su versión, quedaron registradas algunas de las agresiones atribuidas a Leyva. También adjuntó reportes médicos, fotografías y registros de comunicaciones que habrían ocurrido en momentos de tensión, todo ello con el fin de respaldar su relato sobre los maltratos sufridos.En declaraciones entregadas al medio Cambio, Santos señaló que las agresiones no habrían sido hechos aislados, sino situaciones que se extendieron durante años mientras convivía con Leyva en una vivienda ubicada en Barranquilla. Indicó que decidió hacer públicas sus denuncias ante el temor por su vida y por la falta de protección que, según dijo, sienten muchas mujeres en contextos de violencia doméstica. Relató que en distintos momentos experimentó golpes reiterados y episodios de intimidación que la llevaron a abandonar la residencia donde vivían.La denunciante también afirmó que uno de los episodios más graves habría ocurrido en agosto de 2025, cuando, según su versión, debió huir de la casa por temor a nuevas agresiones y señaló que Leyva habría intentado perseguirla y amenazarla con un arma blanca. En su relato aseguró que la situación se tornó insostenible y que esa fue la razón que la llevó a buscar ayuda y a entregar sus pruebas a las autoridades.Con la apertura de este proceso, la Fiscalía continuará con la recolección de material probatorio y la verificación de los hechos denunciados para determinar si existe mérito para avanzar hacia una eventual imputación.
Se abre un nuevo capítulo sobre la larga lista de retractaciones que tiene el presidente Gustavo Petro, esta vez, el episodio involucra al exgerente de Coosalud Jaime Miguel González Montaño a quien el primer mandatario lo vinculó directamente con supuestos desfalcos y operaciones financieras irregulares.El juzgado recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el pasado 11 de noviembre que el presidente Petro debía retractase en un plazo de 5 días a través de una alocución y su red social X, según el expediente ese término ya se venció.En este caso, el juzgado es claro en señalar que antes de abrir un incidente de desacato tras el presunto incumplimiento de esta orden judicial, se requerirá al presidente Petro para que en 2 días (48 horas) a partir de la notificación, explique qué acciones llevó a cabo para disculparse con González tras vincularlo con presuntas irregularidades cuando fungió como gerente de Coosalud.El Tribunal también había tomado en cuenta para determinar que el presidente Petro debía retractarse porque en declaraciones posteriores, como la del 9 de diciembre de 2024, cuando Petro insistió en que: “Asi se robaron 221.000 millones del dinero de la salud pública”, atribuyendo responsabilidad al gerente y a miembros de la junta directiva.Cabe señalar que si bien el juzgado decidió no abrir por ahora un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, sí lo requirió para qué explique las acciones desplegadas por su parte para acatar la orden de retractación.