Las autoridades le hicieron extinción de dominio a 27 bienes pertenecientes a una banda dedicada al narcotráfico liderada por el ya condenado Edgardo Sánchez Arcos, alias ‘El Ingeniero’, en los municipios de Jamundí, Palmira, Santiago de Cali, Tuluá y Yotoco, Valle del Cauca. Los delincuentes enviaban droga hacia a Centroamérica y México.Los bienes, de acuerdo con las autoridades, se encontraban en manos de personas allegadas a la organización, a través de los cuales pretendían esconderlos con el propósito de evitar su incautación.Entre lo incautado, que suma casi 2.8 millones de dólares, hay una lujosa casa de descanso en un conjunto residencial de Jamundí y 10 lotes localizados en un condominio de la misma población“Esta operación fue posible, debido a las labores de inteligencia de la Armada de Colombia sobre esta organización narcotraficante liderada por el sujeto alias ‘El Ingeniero’, quien fue capturado el año 2023 por delitos relacionados con el narcotráfico”, indicó el coronel de Infantería de Marina Ricardo Visbal Heilbut, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No.2.Las pruebas de carácter financiero, tributario, patrimonial y mercantil, obtenidas contra el emporio económico de la estructura narcotraficante permitieron establecer el origen ilegal de las propiedades que ya están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).Alias ‘El Ingeniero’, destaca la Fiscalía, fue considerado un narcotraficante invisible. En su momento fue sentenciado por estar a la cabeza de una red criminal que enviaba cocaína a varios destinos internacionales, camuflada en figuras artesanales que salían del país a través de correos comerciales.
Pese no tenerlo permitido, el expresidente Álvaro Uribe intervino durante la audiencia virtual que se llevó a cabo este viernes, 17 de mayo, donde pidió poder hacer unas anotaciones. Sin embargo, la jueza encargada aseguró que se deberían respetar las reglas de la sala y debía apagar su micrófono.Todo se dio cuando el expresidente intentó pronunciarse respecto a las intervenciones que estaba dando, en ese momento, el abogado de las víctimas, Reinaldo Villalba.Fueron varias ocasiones en las que el exsenador buscó emitir pronunciamientos durante la audiencia. Pese a ello en ninguna ocasión le fue permitido.La sesión duró más de 12 horas y dentro de ella la defensa, en cabeza del abogado Jaime Granados, aseguró que pedirían nulidad dentro de todo el caso, asegurando que hay una afectación en el proceso."Debemos advertir y que se resuelva de esa manera, rechazando la solicitud de anulación que más que una solicitud de anulación, es una solicitud de dilación", dijo el fiscal Gilberto Iván, al rechazar la medida.Con esta sesión, Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio penal. Esto se da al instalarse la primera audiencia del caso en el que es acusado de sobornar a testigos con el fin de guardar silencio sobre su presunta relación con paramilitares.La jueza decidió suspender la audiencia tras las peticiones del defensor Jaime Granados por las más de 12 horas que llevaba. Aunque se le permitió al exmandatario tener la última intervención, en la que aprovechó para pedirle que, dentro de ocho días, cuando se reanude la audiencia, se le permita defenderse de las acusaciones en su contra, también aprovechó para lanzar una corta respuesta a Reinaldo Villalba.“La discusión política que he tenido con ellos hace 35 años no puede llevar a que mientan. Yo renuncié a la Corte y cuando renuncié al Congreso para defender y cuando el magistrado Barceló llamó a una emisora a decir que había renunciado porque la Corte me tenía agarrado, pues retiré la renuncia”, señaló el expresidente Álvaro Uribe.
Blu Radio conoció la denuncia que había realizado el director de la cárcel de La Modelo, coronel Elmer Fernández, antes de ser asesinado. En este documento, presentado ante la Fiscalía General de la Nación, se evidencia la amenaza de muerte que recibió en la puerta de acceso de este centro penitencial.Esta denuncia fue presentada el viernes 10 de mayo en el módulo de recepción de denuncias del Inpec. En su relato, el director Fernández indicó que el 9 de mayo del presente año, siendo aproximadamente las 10:00 de la noche, en la puerta de ingreso vehicular de la cárcel La Modelo, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta detonaron tres cartuchos de arma de fuego que impactaron en la pared de la cárcel y dejaron dos panfletos amenazantes.En estos panfletos se puede leer la amenaza contra el director de La Modelo por, supuestamente, las requisas que se estaban realizando en el penal, además de un presunto traslado contra el recluso 'Pedro Pluma', quien es el principal sospechoso de estar detrás de la muerte de Fernández.Los delitos que denuncióPor esta razón, el director Fernández instauró esta denuncia por los delitos de amenazas y terrorismo. Asimismo, en el documento se puede leer un crudo fragmento de lo que vivió por este amenaza."Temo por mi vida e integridad, al igual que el de mi núcleo familiar, ya que en la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Bogotá cuenta con perfiles altos de seguridad de las personas privadas de la libertad", se lee en la denuncia.Esta denuncia fue asignada a un fiscal especializado de la ciudad de Bogotá el 14 de mayo, es decir, dos días antes de su asesinato.La denuncia del coronel Elmer Fernández:Vale recordar que, desde el asesinato, en Bogotá se activó un plan de seguridad para intentar dar con los autores materiales del crimen del director de la cárcel La Modelo, ocurrido en la carrera 30 con calle 80.
La Procuraduría General de la Nación le está pidiendo al Inpec un informe detallado sobre las medidas de protección que ha tomado hasta el momento con el fin de garantizar la vida y seguridad de los directivos de las cárceles y demás funcionarios que han sido amenazados por grupos criminales.En comunicación enviada al director de esa institución, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier a Sarmiento, solicitó información sobre qué acciones y adquisiciones urgentes, de las que se plantearon tras la declaratoria de emergencia carcelaria hecha por esa entidad en febrero pasado argumentando precisamente la crisis de seguridad, se concretaron y cuáles no se cumplieron."En atención a las diferentes versiones que hemos conocido a través de medios de comunicación sobre la situación de amenazas y agresiones a integrantes del Inpec, hemos requerido a la Dirección General de dicha entidad con el fin de que informe de manera perentoria sobre las acciones desplegadas a partir de la declaratoria de emergencia carcelaria. El pasado 12 de febrero, y de igual manera que informe las acciones desarrolladas a partir del conocimiento del pasado 9 de mayo de las amenazas en contra del fallecido director del establecimiento de reclusión la modelo de Bogotá", dijo el procurador Sarmiento.Según el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, son más de 500 amenazas las que han recibido funcionarios carcelarios en los últimos meses y, de estas, apenas la mitad están siendo revisadas. Según el coronel, el director de La Modelo no había pedido protección a la Unidad Nacional de Protección ante las amenazas, sino que apenas estaba estudiando la situación.
Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado al Ministerio del Interior para que se convoque una sesión de la Comisión Intersectorial para que se dé Respuestas Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) ya emitidas para el departamento del Cauca, tras la muerte de dos personas entre ellas un menor de edad en el más reciente atentado con explosivos ocurrido en Miranda, Cauca. Municipios como Santander de Quilichao, Padilla, Corinto, Suárez, y aquellos ubicados en el norte del cauca también merecen una intervención por parte del Gobierno nacional por la fuerte presencia de actores criminales en esa zona del departamento.“Al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya le hicimos la solicitud y se la reiteramos, debe convocar con prontitud una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, dados los reiterados hechos de violencia en el Cauca, especialmente en el norte del departamento. Es fundamental que las instituciones se reúnan para que implementen acciones urgentes”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo.Así mismo, se hizo un llamado contundente a los grupos armados que operan en la zona, para que no cometan este tipo de actos donde se vean involucrada la población civil, el cuerpo del menor de edad muerto por la explosión de un artefacto fue trasladado hasta el municipio de Palmira, Valle de donde es oriunda su familia.“Quiero reiterar mi llamado a los actores ilegales a abstenerse de involucrar a la población civil en sus acciones violentas. Además, toda la institucionalidad del Estado debe comprometerse con acciones concretas para que la niñez y la infancia queden por fuera del conflicto armado, y en tal sentido se pueda garantizar su protección constitucional reforzada”, señaló Camargo. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ya había emitió en el 2023 cuatro alertas tempranas para el Cauca, una de ellas para Miranda, donde fueron advertidos enfrentamientos que afectan directamente a la población civil, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersona, entre otras situaciones que ponen en un alto nivel de riesgo a las comunidades.
En la primera de sus visitas a la central durante el presente cuatrienio, mandatarios locales coincidieron, en su mayoría, en resaltar los beneficios que el proyecto de generación ha llevado a sus diferentes territorios. Uno de esos mandatarios que elogió la gestión de EPM en Hidroituango fue Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá"Esta es una hidroeléctrica que hoy genera seguridad para todos los habitantes del territorio y también trae unas bondades en materia de trabajo social, donde hacen acompañamiento no solamente agua hasta arriba, sino agua hasta abajo", indicó el mandatario.Por su parte, el gerente general de EPM, John Maya, entregó un balance de lo que fue la visita de estos mandatarios al proyecto que ya presenta, según Empresas Públicas de Medellín, un avance del 93 % en su construcción."Se fueron con la información de los beneficios que ha presentado este proyecto para sus localidades, para sus municipios, derivadas en infraestructura, en escuelas, en centros de salud, los impuestos que se generan a través de las regalías que son para el beneficio del municipio", explicó el gerente.Los alcaldes de Ituango, Yarumal, Briceño, Toledo, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Olaya, Peque, Santa Fe de Antioquia, Cáceres y Caucasia también hicieron parte del recorrido, pasando por la presa, el vertedero, la casa de máquinas y el centro de monitoreo técnico (CMT).
Agilizar los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto del Canal del Dique es el llamado vehemente que al unísono hicieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.El gobernador recordó que “la ANI LA solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución”. Criticó que “hasta el momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”."Estamos requiriendo una acción urgente por parte del Ministerio de Ambiente, para que expidan de una vez los términos de referencias para poder iniciar los trámites de la licencia ambiental del megaproyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'", agregó el gobernador del Atlántico.El pronunciamiento de Verano se dio durante una audiencia pública en Barranquilla sobre la socialización del proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual tiene como objetivo evidenciar las acciones y planes de contingencia frente a la llegada del Fenómeno de La Niña a esta zona del país.Allí, la Agencia Nacional de Infraestructura también expresó que está a la espera de que la ANLA se pronuncie frente al tema del licenciamiento ambiental para poder proceder. Además. se dio el pronunciamiento de Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI."Igualmente, desde el Ministerio del Ambiente hemos contado con la disposición de la señora ministra, para poder trabajar de manera expedita en las situaciones que se presenten y lo más importante es evitar que se presenten emergencias como inundaciones, y el tema de licenciamiento, la semana entrante una vez definido podemos proceder.". dijo.El megaproyecto, que le fue adjudicado a la empresa Sacyr el 7 de diciembre de 2022, está contemplado para ser ejecutado por etapas, en un período estimado de 15 años y con una inversión 3,1 billones de pesos, recursos distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
Las lluvias recientes hicieron que una casa se partiera por la mitad y se derrumbara en el municipio de Jesús María en Santander, una zona donde la vía principal está colapsada debido a las remociones en masa.En medio de las lluvias que se vienen presentando en el sur de Santander una vivienda terminó colapsada y se derrumbó justo en la vía que lleva del municipio de Jesús María hacia La Belleza, una zona donde hace apenas 8 días un derrumbe de tierra de grandes dimensiones cerró la vía entre Sucre y La Belleza, lugar donde maquinaría amarilla lleva varios días tratando de reabrir el paso.Precisamente desde la Gobernación de Santander a través de la Oficina de Gestión del Riego y de Desastres, (OGRD), se informó hace algunos días que: “bajo la Acción Unificada se ha dado inicio a los trabajos de remoción de material producto del movimiento en masa que mantiene sin conexión a los municipios de Sucre y La Belleza”.Y de igual forma ante la temporada de lluvias recientemente Eduard Sánchez, jefe de OGRD de Santander, estuvo en San Vicente de Chucurí junto con un equipo de profesionales, acompañado de concejales y algunos miembros de la comunidad, supervisando las obras de dragado del río Chucurí, en el sector Las Arañas.En este momento cerca del 85% del departamento de Santander se encuentra en alerta por lluvias y posibles inundaciones en varias poblaciones como por ejemplo Puerto Wilches.En máxima alerta se encuentran los casi 25.000 habitantes de Puerto Wilches, Santander, ante el posible desbordamiento del río Magdalena tras las fuertes lluvias de los últimos días.El reporte de las autoridades del municipio indica que el río Magdalena comenzó a romper el jarillón en los corregimientos de Sitio Nuevo y Vijagual.-"Por eso hemos decretado la alerta roja para poder actuar rápidamente y ayudar a las comunidades afectadas", dijo el alcalde José Elías Muñoz.
El altercado tuvo lugar en plena sesión del Concejo de este municipio del oriente antioqueño, cuando el concejal Camilo Hoyos llamó “sinvergüenza” al presidente Gustavo Petro y se refirió al mandatario de esa manera en varias oportunidades."Quienes se sienten tan orgullosos de votar por semejante sinvergüenza El sinvergüenza es...", expresó el concejal, pero hubo un mensaje del presidente del Concejo luego de que alguien del público estuviera en desacuerdo con Hoyos, "yo le pido el orden... Una moción de orden, por favor, nuevamente pido respeto, me colaboran con alguien de seguridad".Mientras la sesión del Concejo entraba en una acalorada discusión, el concejal manifestó que, "...otro sinvergüenza más que hay que retirar". Esta situación provocó que el presidente del Concejo de El Peñol, Anderson Buriticá, le llamara la atención al corporado.Así fue el momento: Luego de estos hechos, el concejal Hoyos se retira a lo que lo sigue otro concejal que tira la silla fuertemente hacia atrás y se levanta de manera agresiva. Sin embargo, este último se desconoce el motivo por el cual salió del recinto.Desde la corporación emitieron un comunicado en el que rechazaban el hecho: “Lamentamos que en está sesión se haya presentado una exaltación más allá del debate político, entre uno de los participantes en las barras y algunos de los concejales, situación a la que estamos expuestos”.En Blu Radio nos comunicamos directamente con los implicados e indicaron que de momento no se van a pronunciar más allá de este comunicado.
En la tarde de este viernes, 17 de mayo, se realizó el traslado de varios reclusos de la cárcel La Modelo. En uno de los dos buses del Inpec estaba alias 'Pedro Pluma', principal sospechoso de estar detrás del vil asesinato contra el directo de este penal, el coronel Elmer Fernández.En un video quedó registrado cómo 'Pedro Pluma', quien estaba en el patio 4° a, salió del penal con sus pertenencias mientras era fuertemente custodiado por las autoridades. Este delincuente, que tiene una pena intramural de más de cinco años, fue trasladado a La Picota.Alias 'Pedro Pluma' hace parte del grupo de 15 personas que salieron de la cárcel La Modelo a diferentes centros penitenciarios del los departamentos de Cundinamarca y Tolima.¿Por qué es sospechoso?Días antes de ser asesinado con un impacto de bala, el coronel Fernández había sido amenazado con un panfleto que tendría como autor 'Pedro Pluma', pues ahí tiene su nombre. La intimidación contra el director era, porque, aparentemente, los constantes operativos de requisa en La Modelo. Por esto, 'Pedro Pluma' lo habría amenazado de muerte e, incluso, a la familia del director, el 9 de mayo del presente año.Coronel no tenía protecciónEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció en rueda de prensa que el director de la cárcel La Modelo de Bogotá había recibido una amenaza y solicitado protección, la cual no se le proporcionó a tiempo debido a razones burocráticas del proceso que se tiene que realizar ante la UNP."El coronel Elmer Fernández había recibido una amenaza en un panfleto que circuló el jueves de la semana pasada. Él denunció el hecho ante la Fiscalía el viernes y el martes inició el procedimiento de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)", comentó minjusticia.Osuna reveló un preocupante panorama en el país, pues en los últimos dos años se han gestionado ante la UNP 506 amenazas denunciadas por funcionarios del Inpec; de las cuales, 263 siguen en trámite y en 63 casos "se ha otorgado seguridad".
Avanza el caso que se lleva a cabo en contra del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno. Este viernes se conoció que al también exsenador del Centro Democrático se le añadió otro delito.Durante la audiencia de acusación, la defensa del exmandatario pidió que se aplazara esta sesión debido a que el fiscal del caso, Gilberto Villareal, presentó adiciones y correcciones a este escrito de acusación, por lo que el abogado Jaime granados pidió que se suspendiera. Sin embargo, la jueza negó la petición.Dentro de los puntos que se resalta es que la Fiscalía informó que se añadió un nuevo delito al escrito de acusación, el cual sería el de soborno, sumándolo a los otros dos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La diferencia entre estos dos consiste en que el soborno se puede entender como dar dinero o algo a cambio con el fin de que una persona diga o actúe de cierta forma. Por otro lado, cuando se habla de soborno en actuación penal es precisamente cuando se da esta misma situación mencionada anteriormente, pero en un contexto que es de carácter penal.A su vez, de los temas más polémicos de esta sesión que también surgieron se basan en que el abogado en representación de las víctimas, Reinaldo Villalba, solicitó que se incluya dentro del proceso de Uribe el relato de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, referente a los supuestos nexos del expresidente con el paramilitarismo.Fiscalía rechaza nulidad pedida por defensa de UribePor su parte, avanzada la audiencia, el abogado Jaime Granados, dijo que va a pedir nulidad dentro de todo el caso, asegurando que hay una afectación en el proceso. Ya que, para él, la indagatoria de la Corte Suprema de Justicia, contra Uribe en octubre de 2019, no corresponde a una imputación de cargos. Por lo tanto, no se le puede hoy acusar al expresidente.Sin embargo, la Fiscalía rechazó esta medida. “Debemos advertir y que se resuelva de esa manera, rechazando la solicitud de anulación que más que una solicitud de anulación es una solicitud de dilación”, aseguró el fiscal Gilberto Iván Villarreal.A raíz de estas palabras del funcionario, el abogado de Uribe le reclamó pidiéndole no descalificar lo manifestado en defensa del expresidente.Por otro lado, este ente aseguró que no se opone a reconocer como víctimas en el caso a Iván Cepeda y a los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Tal cómo se había hecho con Deyanira Gómez durante la sesión.
El empresario Alex Saab ha sido exonerado de cargos de lavado de dinero en Colombia. Un juzgado especializado de Barranquilla determinó que la Fiscalía no logró demostrar que Saab había lavado más de 25.000 millones de pesos mediante su empresa Shatex, que fue acusada de realizar importaciones y exportaciones ficticias. Saab, también enfrentaba cargos de estafa agravada y ha sido señalado por Estados Unidos como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.Durante el proceso judicial, la defensa de Saab sostuvo que su empresa cumplió con todas las regulaciones colombianas en sus reportes comerciales. Los informes periciales presentados demostraron que Shatex operaba legítimamente, refutando así las acusaciones de la Fiscalía.Estas acusaciones surgieron en 2019, cuando se imputaron cargos a Saab por supuestamente manipular registros financieros y usar operaciones de comercio exterior para lavar dinero proveniente de Venezuela y enviado a cuentas en el exterior. La Fiscalía presentó pruebas, incluido un informe de la DEA recibido en 2018, que supuestamente detallaba cómo Saab y su hermano Amir crearon empresas fachada para lavar dinero. Según la investigación, Shatex mostró un crecimiento económico extraordinario y aparentemente injustificado entre 2006 y 2007, lo que levantó sospechas entre las autoridades.El abogado de Saab, Camilo Bocanegra Bernal, defendió la legalidad de las operaciones de Shatex, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones y que las actividades comerciales de la empresa seguían el comportamiento del mercado. Según Bocanegra, la defensa cumplió con todas sus promesas probatorias, mientras que la Fiscalía no logró presentar pruebas suficientes.Finalmente, el juez concluyó que no había fundamentos legales ni evidencia fáctica que sustentaran las acusaciones de la Fiscalía. Así, Alex Saab fue absuelto de todos los cargos.
Vestidos con camisetas blancas y alzando globos del mimo color, familiares y amigos de la joven Isamar Jhoana Algarín Torres, de 28 años, desaparecida desde la tarde del sábado 11 de mayo, marcharon desde su casa en el barrio Los Olivos, suroccidente de Barranquilla, hasta las instalaciones de la Sijin en el norte de la ciudad.Allí clamaron justicia y exigieron información de su paradero a la Policía, como lo gritó su madre a las afueras de la institución."Aquí me la dieron por desaparecida. Quiero justicia para mi hija”, exclamó Gloria Torres, madre de Isamar a las afueras de la Sijin.Según conoció Blu Radio, las explicaciones las exigen porque la joven, quien es madre de tres hijas, poco después de haber salido de su casa el 11 de mayo, fue detenida por un grupo de investigadores en medio de un operativo y trasladada a la sede de la Sijin en el barrio Betania, pero, desde entonces, se perdió todo rastro de Isamara, dijo Gloria Torres, madre de la joven a este medio.Familiares de joven desaparecida en Barranquilla marchan pidiendo ayuda para encontrarla“Mi hija estuvo ahí en la Sijín, es decir, ellos la tenían ahí retenida por un lapso como de dos horas porque se la llevaron hasta allá y después ellos dicen que la soltaron, pero mi hija hasta el momento no ha llegado a la casa, no sabemos nada de ella. Yo quería era que ellos me dijeran anoche qué pasó con mi hija, porque si ellos soltaron, ¿por qué no ha llegado a la casa desde el sábado a las 9:00 de la noche cuando dicen que la dejaron salir de la Sijín?”, señaló la madre de la joven.Gloria denuncia, además, que hubo irregularidades pues, pese a haber sido detenida, nunca le permitieron comunicarse con su familia. Ahora exige a la Policía que muestren las cámaras de seguridad donde se registre la salida de la joven de la sede de la Siijin.“Lo que yo les exigí a ellos es que nos den permiso para visualizar las cámaras para ver si mi hija salió o no de ahí o si fue que la recogió algún carro, no sabemos nada. Por favor, que nos den respuesta de lo que pasó con mi hija porque estamos muy angustiados, ella tiene tres hijas y toda la familia está muy angustiada por lo que está pasando”, agregó.Mientras tanto, en casa de Isamara la siguen esperando sus hijas de 4, 6 y 11 años, junto a sus demás familiares.
Álvaro Uribe Vélez se convertirá en el primer expresidente en ser formalmente llamado a juicio. En la audiencia de este 17 de mayo, donde enfrenta cargos por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el fiscal del caso leerá la acusación en su contra.Siga aquí en vivo la audiencia contra el expresidente Álvaro UribeAsí empezó el caso contra el expresidenteEste caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, mientras Cepeda preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación contra el congresista y, en su lugar, inició un proceso contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos, debido al supuesto pago de sobornos a varios presos para que declararan a su favor.Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado, permitiendo que su caso pasara a la Justicia ordinaria. La Fiscalía decidió entonces que no había pruebas suficientes para procesarlo judicialmente.Por ello, solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, la cual fue denegada tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá.No obstante, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que, basándose en las evidencias físicas y elementos probatorios, había motivos para acusar a Uribe, coincidiendo con las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.
Son 191 los funcionarios, entre docentes y administrativos, que han sido destituidos y/o inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación, por estar involucrados en presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos en el país.Según la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, además hay 237 procesos activos por situaciones de acoso o abuso sexual de funcionarios de entornos educativos contra menores de edad.“Luego de que funcionarios del Ministerio Público visitaran 181 instituciones educativas el pasado 29 de abril, encontrando 698 casos de acoso escolar/bullying, 171 situaciones de ciberacoso y 179 de violencia sexual” afirmó la procuradora.Informó también el órgano de control que la mayoría de los procesos que se encuentran en curso son por situaciones de acoso y actos sexuales abusivos en menor de 14 años, y los hechos fueron cometidos, presuntamente, por docentes, que en algunos casos, aún siguen dictando clases o continúan vinculados a la institución.Igual de alarmante es la cifra de colegios que no cuentan con rutas o protocolos para atender estas situaciones. Pues según la entidad, en el 15 % de los colegios hay omisión o no se activan las rutas para atender a menores de edad víctimas de este tipo de violencia.Asimismo, Cabello Blanco expresó que el órgano de control continuará con la vigilancia de las actuaciones de las autoridades competentes en la atención de este tipo de casos y que se remitirán 40 informes con fines disciplinarios a las mismas.
Sigue la polémica alrededor de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y Olmedo López, y es que tal como lo había anticipado Blu Radio semanas antes, se trata de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con Regina Isabel López Burgos y José Ignacio Llinás Chica, por parte de la UNGRD. Hay que recordar que López Burgos es prima del hijo del presidente Gustavo Petro, es decir, de Nicolás Petro Burgos.Según el ente de control, Olmedo López reconoció que Regina López suscribió un contrato por 144 millones de pesos, esto habría sido por recomendación del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, Luis Eduardo Llinás.Lo anterior ya que al parecer la UNGRD contrató también a José Ignacio Llinás, quien es hermano del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, mencionada anteriormente, quien, según informacion que menciona este ente de control en el comunicado, es el cuarto contratista con honorarios más altos en esa entidad.A raíz de esto, la Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de pruebas documentales que incluyen, la solicitud de los estudios previos elaborados por esta unidad para estos bilaterales y los informes de las acciones ejecutadas por los citados contratistas.“Con esta investigación disciplinaria la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de las conductas señaladas, determinar si constituyen falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de alguna causal de exclusión de la responsabilidad” mencionan dentro del comunicado.
Juan Antonio Gil Díaz, alias “Toño” y Carlos Ramón Escobar García, alias "Carlos Ramón" presuntos integrantes del "Tren de Aragua" fueron notificados de su solicitud de extradición por parte de Venezuela. Los dos sujetos, según las autoridades, eran encargados de proveer de armamento y estupefacientes a alias “Niño Guerrero” el principal líder de esta banda criminal transnacional.En contra de alias “Toño” había una Circular Roja de Interpol solicitando su captura, la cual fue materializada esta semana en una lujosa finca “al estilo de Pablo Escobar” en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca. Este individuo también era buscado por la Policía de Francia por su presunta responsabilidad en un cargamento de ocho toneladas de cocaína incautadas en la Guyana Francesa.De otro lado, Carlos Ramón Escobar, uno de los 10 delincuentes más buscados en Venezuela, fue capturado en el sur de Bogotá mientras caminaba por las calles de la localidad de Ciudad Bolívar con una actitud sospechosa. El sujeto se identificó como ciudadano colombiano, sin embargo, después de que las autoridades confirmaran los datos, se efectúa la captura del individuo que tenía orden de captura en 196 países.“Los señalados son requeridos por los delitos de terrorismo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tráfico ilícito de armas y municiones, detentación de artefacto explosivo, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir” señaló el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e INTERPOL.Luego de que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela solicitara oficialmente su extradición por medio de nota verbal, los investigadores de la DIJIN e INTERPOL notificaron de su solicitud de extradición a los dos individuos que se encontraban en las instalaciones de la Sala de Capturados de la DIJIN desde que fueron capturados.De no ser recibida esta solicitud, los dos individuos hubieran sido puestos en libertad. Mientras surtan los trámites correspondientes para que se lleve a cabo su extradición a Venezuela, serán trasladados a un centro penitenciario.
La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuatro.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.En diálogo con Blu Radio, Gladys Rojas, madre de Didier Hernández Rojas, líder de una junta de acción comunal, quien murió junto a su pareja sentimental, “estamos muy contentos de que se inicie a hacer justicia”, dijo Gladys Rojas.Asimismo se refirió a la serie de aplazamientos por parte de un juzgado en Putumayo “El proceso se demoró por un juzgado en Puerto Leguízamo y al final no se hizo nada(…) en parte por lo que decía el Ejército, pero como somos mayoría de testigos que reclamamos la verdad porque es una realidad que masacraron a nuestros hijos, ellos no quieren que esto salga a la luz(...) ellos(militares) actuaron en voluntad propia porque dispararon donde había puros civiles, para hacer pasar esto por un falso positivo”.Por otra parte, Hernández aseguró que no han recibido ningún tipo de reparación “no nos han dado siquiera para los niños que quedaron huérfanos”.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y a un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Cabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares. De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.
El asesinato del director de la cárcel La Modelo, coronel (r) Elmer Fernández, en la tarde del jueves 16 de mayo, suscitó todo un debate sobre la seguridad que se le debía prestar ante las intimidaciones y amenazas que ya había recibido.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, se refirió a la grave negligencia en la seguridad de los funcionarios penitenciarios y las constantes amenazas que enfrentan. El coronel Gutiérrez explicó que en los últimos dos años se han recibido más de 500 amenazas contra los funcionarios del Inpec, incluyendo 27 directores. Asesinan a director de la cárcel La Modelo en Bogotá, coronel Elmer Fernández"Desde el 2022 se han recibido 506 amenazas, de las cuales 237 están en estudio y de esos estudios han arrojado 63 esquemas de seguridad. Dentro de esas 506 amenazas también hay 27 directores. Entonces es un tema que ha generado muchísimo impacto en términos de seguridad para todos nuestros servidores penitenciarios", detalló el coronel Gutiérrez.A pesar de esto, el director del Inpec señaló que el procedimiento para solicitar esquemas de seguridad ante el Estado es lento, lo que dificulta la protección adecuada de los funcionarios, pero que estos procedimientos ya están reglados, y llevan "muchos años de esa manera y que lo que ojalá se puedan modificar y cambiar para bien".El director Gutiérrez también reconoció las precariedades en infraestructura, salud y alimentación en las cárceles colombianas, lo que agrega aún más desafíos a la seguridad penitenciaria. Sin embargo, enfatizó en la importancia de mejorar los procedimientos existentes y brindar seguridad a los directores y funcionarios del Inpec. ¿Quién es alias ‘Pedro Pluma’, hombre que amenazó de muerte al director de La Modelo?"Tenemos cárceles construidas desde hace más de 200 años, la infraestructura, la salud, alimentación, con miles de problemas, pero estamos trabajando y estamos buscando la estrategia para generar cada día una mejora en el servicio", agregó.En cuanto al asesinato del director de la cárcel La Modelo, el coronel Gutiérrez mencionó que todavía se están realizando investigaciones para determinar las causas y responsabilidades. Si bien existen diversas hipótesis, aún no se ha confirmado la relación del sospechoso Pedro Nel Caro Triana, alias 'Pedro Pluma', con la banda de la Inmaculada. "Este es un delincuente que está condenado a cinco años, seis meses en la cárcel La Modelo. Tiene los delitos de hurto, fuga de presos, fabricación y tráfico de armas de fuego. Tiene 16 ingresos a la cárcel y lleva más o menos un año, 8 meses privado de la libertad", explicó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David Correa Ulloa, por la presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al Consejo Superior de la Universidad Nacional para el nombramiento provisional de un rector.La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que la investigación se llevará a cabo tras la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, y las denuncias realizadas por diversos medios de comunicación. Según estas denuncias, el ministro Correa Ulloa habría emitido una resolución en la que se daba un plazo de 24 horas para adelantar la reunión del Consejo Superior mientras se tomaba una decisión sobre la legitimidad de su posesión.Además, la investigación evaluará las instrucciones emitidas por el ministro en relación con la adopción de medidas para superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo Superior, lo cual podría haber vulnerado la autonomía universitaria. Este aspecto es de particular relevancia, dado que la autonomía universitaria es un principio fundamental para el funcionamiento independiente de las instituciones de educación superior.Como parte de su actuación, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas con el fin de determinar si la conducta del ministro es constitutiva de una falta disciplinaria y si actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
La defensa de Sneyder Pinilla, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo y Desastre, UNGRD, radicó ante la Fiscalía General de la Nación la ampliación de la matriz de colaboración con la que pretende acogerse a un principio de oportunidad.Entre las novedades del oficio está un nuevo nombre implicado en el escándalo de corrupción en la UNGRD. Se trata de Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor de la Dirección General de la entidad durante el periodo en el que estuvo Olmedo López como director, quien también intenta conseguir beneficios por parte del ente acusador a cambio de entregar información de este escándalo que podría comprometer a miembros del Gobierno y parlamentarios.Entre las funciones de Rodríguez Melo estaban brindar asesoría en la formulación de planes, programas y proyectos orientados a la planeación y ejecución de las labores de gestión del riesgo y demás actividades de la unidad, además de aportar elementos de juicio para la toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos institucionales.Polémicas UNGDR: Procuraduría decidirá si funcionarios de la UNGDR van a juicio o noCon este nuevo nombre ya serían siete las personas que aparecen en la matriz de colaboración, entre ellos: Iván Name, presidente del Senado; Andrés Calle, presidente de la Cámara, Olmedo López, exdirector de la entidad; Víctor Meza, exsubdirector de la entidad; Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la entidad.Hay que mencionar que en medios de comunicación Pinilla señaló que el pago de coimas a los congresistas por 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos; se hicieron a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones de la Presidencia.“Vive sabroso”: director de la UNGRD sobre millonario contrato de Iván AlfaroEn la ampliación de la matriz el abogado Luis Gustavo Moreno expresó que el papel que jugó Rodríguez Melo estaría relacionado con el favorecimiento a contratistas que iban detrás de las licitaciones a cargo de la unidad, posteriormente se hacía el pago de coimas por el contrato adjudicado."Personas que se coluden realizando un acuerdo secreto e ilegal con la participación de empresas privadas como IMPOAMERICANA Roger S.A.S., LUKET S.A.S. y BRAND S.A.S., para limitar la competencia, logrando situaciones difíciles de detectar por parte de la administración pública llevando a cabo presuntas conductas de enriquecimiento ilícito de particulares, corrupción privada, entre otros punibles, atendiendo que se considera que cumplían funciones de servidores públicos de forma transitoria", indicó Moreno.Finalmente, el documento presentado a la Fiscalía dice que se ampliará con más nombres la matriz de cooperación una vez se tenga certeza de los términos y el alcance de la negociación en punto del principio de oportunidad con el que se logrará, además, establecer el modus operandi de la organización.
La defensa de Salvatore Mancuso informó que persisten cuatro requerimientos judiciales en medio del barrido que realizan las autoridades para determinar si existen sanciones pendientes que le impiden salir de la cárcel La Picota de Bogotá.Esto luego de que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le otorgara la boleta de libertad. El abogado Nelson Menjura espera que en el transcurso de los próximos días se certifique que el exjefe paramilitar ya no es requerido por esas instancias.Cabe mencionar que desde el pasado 9 de mayo el Inpec inicio un estudio de la situación judicial de Mancuso en todos los juzgados, tribunales, altos tribunales y organismo de justicia transicional para verificar si aún pesan sanciones en su contra.El motivo del regreso de Salvatore Mancuso se da por cuenta de la designación del presidente Gustavo Petro como gestor de paz, para que cumpla un rol de facilitador del desarme de grupos delincuenciales en el marco del proyecto de paz total.Actualmente, la Corte Constitucional estudia a quién le corresponde juzgar a Mancuso por sus delitos cuando estuvo al frente de las extintas Autodefensas de Colombia. Tanto la JEP como la Justicia y Paz reclaman el caso.
Un hombre de 67 años afronta en Puerto Rico tres cargos criminales por amenazar de muerte a la tenismesista olímpica Adriana Díaz, jugadora undécima del mundo y la primera en América, informaron este jueves fuentes judiciales y autoridades locales.El imputado, identificado como Héctor F. De Jesús Cancel, será juzgado por amenazas, intrusión en la tranquilidad personal y alteración a la paz, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, detalló en un comunicado el titular de Justicia local, Domingo Emanuelli.Conforme a la investigación del policía Webster Martínez Millán, el pasado 11 de mayo el sospechoso llegó a la residencia de la perjudicada en el sector de Levittown, en Toa Baja (norte), y desde su vehículo, la señaló, gritó su nombre y la amenazó de muerte.Posteriormente, De Jesús Cancel utilizó las redes sociales para amenazarla nuevamente.Por ello, la jueza Melissa Santiago Ramírez encontró causa para arresto por todos los cargos imputados por la fiscalía y le fijó una fianza global de 70.000 dólares.Los cargos se radicaron en ausencia, porque luego de ser citado el imputado no compareció al tribunal.La vista preliminar fue señalada para el próximo 5 de junio.Díaz es la deportista puertorriqueña con más medallas de oro en Juegos Panamericanos, con siete.El palmarés de medallas panamericanas de Díaz es de Toronto 2015, bronce por equipo; Lima 2019, bronce dobles mixtos, oro por equipo, oro doble femenino y otro individual con pase olímpico a Tokio 2020, y Santiago 2023.Con las siete medallas, Díaz superó las seis del levantador de pesas Luis Fernando Báez y el gimnasta Luis Felipe 'Tingui' Vargas.Le puede interesar:
Este caso tiene que ver puntualmente con la adquisición de unos tanques de agua y la Procuraduría General de la Nación cerró la etapa de investigación disciplinaria adelantada contra funcionarios de la Unidad de Gestión de Riegos y Desastres por las presuntas irregularidades durante el proceso de compra de estos tanques de reserva de agua para La Guajira, y anunció que tras los alegatos a los que tienen derecho los sujetos procesales se procederá a evaluar la etapa procesal.Por supuesto que este caso se suma al del exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien prendió el ventilador y reveló supuestos sobornos al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.Esta investigación se centra en presuntas irregularidades durante el proceso de adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira. Allí se espera que, después de los argumentos presentados por los investigados, se proceda a evaluar la fase procesal.Los funcionarios investigados, entre ellos el exdirector general de la UNGRD, Olmedo López Martínez, tendrán un término de diez días para presentar sus argumentos previos a la evaluación de la investigación por parte de la Procuraduría.La tercera delegada para la contratación estatal incluyó en el expediente al exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez; el exsubdirector de manejo de desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y el subdirector general, Víctor Andrés Meza Galván, quienes al parecer participaron en las actuaciones objeto de la investigación.Así las cosas, la Procuraduría evaluará las pruebas y testimonios que fueron recolectados para determinar si las acciones constituyen faltas disciplinarias.