La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La preocupación por la conservación del manatí antillano vuelve a encender las alarmas en el Magdalena Medio. Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de Santander (FEDEPESAN) reportaron el hallazgo de otro manatí muerto, un ejemplar hembra de más de 600 kilogramos y cerca de 4 metros de longitud, en el caño San Silvestre, en jurisdicción de Barrancabermeja.El animal sería la madre del manatí bebé que apareció muerto hace apenas 15 días en la misma zona, lo que agrava la situación de una especie que se encuentra en peligro de extinción.Según confirmó el secretario de Medio Ambiente y Transición Energética del distrito, Leonardo Granados Cárdenas, en el afluente se ha evidenciado contaminación por hidrocarburos en aguas fundamentales para la reproducción y supervivencia de esta especie.“En 2025 ya van cuatro manatíes muertos y este sería el número 15 en los últimos siete años. Estamos encontrando hidrocarburos, aguas residuales, sedimentación del hábitat y contaminación que afectan gravemente el plan de conservación que Barrancabermeja firmó con Estados Unidos. Estos factores están poniendo en serio riesgo al manatí antillano”, advirtió el funcionario Granados agregó que, aunque actualmente los niveles del agua son favorables, el IDEAM ha alertado sobre una próxima temporada de verano, lo que podría agravar aún más la crisis ambiental.“Hemos solicitado aportes económicos a las empresas petroleras para garantizar la limpieza de los cuerpos hídricos afectados por procesos de refinación. Existen investigaciones abiertas por estas contaminaciones. El llamado es urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Ambiente, responsables directos de la inversión para los procesos de descontaminación y protección de esta especie, recordando que Barrancabermeja fue declarada distrito biodiverso”, sostuvo.En el río Magdalena y varios de sus afluentes se han registrado en las últimas semanas derrames de crudo que han provocado una grave afectación ambiental.Como consecuencia, las autoridades han impuesto seis medidas preventivas contra empresas petroleras señaladas como responsables de la contaminación.Esta situación no solo impacta a la fauna, sino también a propietarios de fincas ribereñas y al sector pesquero, que hoy enfrentan importantes pérdidas económicas y ambientales, mientras la supervivencia del manatí antillano pende de un hilo.
Los hechos se registraron en el barrio Nueva España, donde tres sujetos identificaron un automóvil estacionado y sin personas dentro de él. Dos de ellos forzaron una de las puertas y, bajo la modalidad de halado, intentaron llevarse el vehículo.Cámaras de seguridad captaron cómo los sujetos, en medio de una pendiente, empujaron el carro, intentaron levantarlo e incluso lo movieron en reversa sin encender el motor en repetidas ocasiones; sin embargo, no lo lograron.El intento de hurto fue descubierto por un ciudadano que se percató del hecho e intervino, logrando derribar a uno de los implicados. Ante esta situación, los delincuentes emprendieron la huida, mientras la comunidad alertaba a las autoridades.Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana, adscritos al CAI Altamira, lograron la captura de los tres sujetos, de 19, 20 y 24 años. Uno de ellos presentaba anotaciones judiciales por hurto y expendio de estupefacientes. El teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, confirmó que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.La Policía resaltó que, en lo corrido del año, se han recuperado más de 46 vehículos hurtados en Bogotá y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier intento de robo, como herramienta clave para combatir este delito.
Recientemente, durante una entrevista con Blu Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a lo que podría ser el aumento del salario mínimo para el año 2026. Aunque aclaró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún no ha definido una cifra concreta, señaló que ya se están evaluando los escenarios posibles y las variables que exige tanto la ley como la Constitución.En la conversación, el ministro habló de un posible incremento entre el 18 % y el 19 %, pero fue enfático en que todavía no hay una decisión tomada. “No tenemos datos concluyentes porque estamos precisamente construyendo el decreto de incremento”, afirmó Sanguino. Mientras avanza ese proceso, el tema ya empieza a generar expectativas y preocupaciones entre los colombianos, especialmente por el impacto que podría tener en el costo de vida.Aunque muchas personas ven con buenos ojos un aumento de esa magnitud, hay detalles que podrían terminar golpeando el bolsillo en el día a día, como el transporte público, uno de los gastos más frecuentes para millones de ciudadanos.Aumento del salario mínimo y posible impacto en el transporteSi bien el ministro no confirmó que el salario mínimo suba un 19 %, tampoco descartó esa posibilidad. Actualmente, sin contar el auxilio de transporte, el salario mínimo legal vigente es de $1.423.500. Con un incremento del 19 %, este podría ubicarse alrededor de los $1.693.965.Desde el Gobierno se ha señalado que un aumento de este tipo busca dinamizar la economía y mejorar el poder adquisitivo. Sin embargo, uno de los efectos colaterales podría ser el ajuste en las tarifas del transporte público. En Bogotá, por ejemplo, el pasaje de TransMilenio tiene un costo actual de $3.200.De acuerdo con una propuesta que ha circulado en el Concejo de Bogotá, el pasaje podría subir a $3.450 en 2026, un incremento cercano al 9 %. Según explicó en su momento la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, este ajuste responde a los altos costos de operación del sistema, que se ven directamente influenciados por el aumento del salario mínimo.En un escenario hipotético, si la tarifa llegara a incrementarse en un 19 %, el pasaje podría costar cerca de $3.808. Esto implicaría que un usuario que realiza dos viajes diarios gastaría alrededor de $228.480 mensuales solo en TransMilenio.¿Cuánto costarían los pasajes en municipios cercanos a Bogotá?El impacto no se limitaría a la capital. En municipios como Soacha, desde donde miles de personas se movilizan a diario hacia Bogotá, el transporte interno tiene un costo de $2.000. Con un aumento del 19 %, la tarifa podría subir a $2.380. El pasaje hacia Bogotá, que hoy ronda los $3.000, podría llegar a $3.570.En otros municipios de la sabana de Bogotá, el panorama sería similar. Por ejemplo:Portal 80 – El Rosal: pasaría de $8.000 a cerca de $9.520.Bogotá – Facatativá: subiría hasta aproximadamente $9.877.Bogotá – Mosquera: podría llegar a $7.140.Aunque se trata de cifras hipotéticas, es importante recordar que las empresas de transporte son las que finalmente definen los incrementos, teniendo en cuenta sus costos de operación. Aun así, el aumento del salario mínimo suele ser un factor clave en estas decisiones.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
Al menos quince personas murieron en la noche del viernes y otras diecinueve resultaron heridas durante un accidente de un bus de transporte público en el oeste de Guatemala, según confirmaron este sábado los cuerpos de socorro.Los Bomberos Voluntarios del país centroamericano detallaron a medios locales en el lugar del accidente que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.De acuerdo a la misma fuente, son 15 los fallecidos, incluida una menor de edad, además de 19 personas heridas.El accidente se registró 175 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, específicamente a la altura del municipio de Nahualá en el departamento (provincia) de Sololá.Según medios locales, el autobús, con casi medio centenar de personas a bordo, se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad bajo circunstancias que las autoridades investigan.En febrero pasado, otro accidente de un autobús dejó 54 personas fallecidas en Ciudad de Guatemala al quedarse sin frenos y caer de igual manera en un barranco.El Ministerio Público (Fiscalía) ya se encuentra en el lugar para certificar las causas del accidente, que tuvo lugar en la noche del viernes.Una de las familiares de las víctimas indicó a periodistas en el lugar que se enteró acerca del percance debido a las redes sociales."Desconocemos cómo fue el accidente. A la hora que intentamos comunicarnos con él no contestó y empezamos a buscar información y en las redes habían vídeos de que se había desbaratado la camioneta", contó María López Gramajo, hermana de Bernán Esaú López, uno de los fallecidos en la tragedia, quien se dirigía desde Antigua Guatemala al departamento de San Marcos.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y noviembre de 2025 se registraron en Colombia 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, cifras que, aunque representan una ligera reducción frente al año anterior, muestran la magnitud de las violencias basadas en género en el país.En materia de feminicidios, se contabilizaron 111 casos y 297 tentativas, mientras que en 2024 la cifra había sido de 171 y 391, respectivamente. A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres continúa concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de las personas trans.Los delitos sexuales mantienen las cifras más altas entre las violencias de género. De los 13.832 casos, más del 55% corresponde a niñas y adolescentes, especialmente en regiones como Vaupés, Guaviare y Guainía, que presentan tasas superiores a 240 casos por cada 100 mil mujeres.La violencia intrafamiliar también disminuyó frente a 2024 (16.947 casos), pero sigue siendo una de las agresiones más frecuentes. Los departamentos de Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan la lista de los territorios con mayores índices. La mayoría de las víctimas son mujeres mayores de edad, aunque se registran casi 2.000 niñas y adolescentes afectadas.Por su parte, la explotación sexual de menores pasó de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas disminuyó de 209 a 175 casos. En este último delito, la incidencia más alta se reporta en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas fronterizas donde la vulnerabilidad de las mujeres se agrava por la presencia de economías ilegales y el control de actores armados.En conjunto, las cifras confirman que, aunque los casos muestran una leve reducción, las violencias contra las mujeres siguen concentradas en regiones con débil institucionalidad y alta conflictividad social.La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección para evitar que estas estadísticas sigan normalizando una crisis que afecta a miles de mujeres en todo el país.
La senadora Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La acción judicial solicita la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad.Según la tutela, la medida fue expedida durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que permitiría que el decreto produzca efectos sin control oportuno, especialmente en materia tributaria. Los accionantes advierten que de mantenerse vigente el decreto, hay un grave riesgo de afectación al orden constitucional, fiscal y democrático, al habilitar al Ejecutivo para imponer o modificar tributos por decreto antes del cierre del año fiscal.La tutela solicita además que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, liquidar o recaudar nuevos impuestos derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. De acuerdo con el documento, la supuesta emergencia no responde a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales previamente conocidos.En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas. Por ello, pide su suspensión provisional hasta que la Corte Constitucional retome funciones y realice el control correspondiente.
El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en el sector de Chapinero, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo hace unas semanas.Las autoridades centran ahora su atención en Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera identificada como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos y quien, según la Fiscalía y la representación de las víctimas, habría tenido un papel determinante en el ataque que terminó con la vida del joven universitario.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación, Fernández Sulbarán estuvo presente en los momentos previos a la agresión y presuntamente señaló a la víctima ante los atacantes, acción que, para los investigadores, habría desencadenado la golpiza. Aunque no habría participado de manera directa en el ataque, la Fiscalía sostiene que su conducta podría configurar una instigación o determinación del homicidio.Cabe recordar que inicialmente la mujer fue dejada en libertad. No obstante, el pasado 3 de diciembre, un juez emitió una orden de captura en su contra, luego de que los abogados de la familia Moreno presentaran nuevas pruebas que reforzarían su presunta responsabilidad en los hechos.Según reveló el diario El Tiempo, Fernández Sulbarán habría huido en las últimas horas, dejando una carta dirigida a su madre en medio de presuntas amenazas y ataques contra su familia. “Mami, voy a estar bien. La amo”, se leía en el mensaje.El medio también habló con la familia de la joven, que hizo fuertes revelaciones sobre el contexto de su desaparición. Su madre, Tamara Sulbarán, aseguró haber recibido mensajes intimidatorios enviados por un sujeto identificado como “Juanchito AUC”, en los que se advertían represalias contra la familia y se exigía la entrega de su hija. Estas amenazas, según indicó, ya habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía.“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, decía uno de los mensajes recibidos.De acuerdo con su testimonio, incluso fueron alertados sobre un presunto plan para asesinar a la joven en el centro de Bogotá, lo que incrementó el temor por su seguridad.“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe, a una organización que llaman Oficina Central del Norte. No sé ni siquiera qué significa eso. A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; tuvo que escapar entre la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”, relató la mujer.Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Fernández Sulbarán, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer con claridad su grado de responsabilidad en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá en los últimos meses.“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré el mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ese momento no sé nada de ella”, concluyó su madre.
Una tragedia en la zona rural de Sumapaz ha conmocionado a Bogotá luego de conocerse el testimonio de Ángela Velázquez, hija de Emilia Campos, de 55 años, quien perdió la vida tras un ataque con arma blanca presuntamente perpetrado por la pareja sentimental de su hija.Ángela habló en Conducta Delictiva sobre los momentos previos y posteriores al crimen y cómo ha sido el proceso de recuperación. De acuerdo con el testimonio de Ángela, el agresor se integró al núcleo familiar pese al rechazo reiterado de su madre, quien desde el inicio manifestó temor por los antecedentes y la conducta violenta del hombre. “Ella nunca estuvo de acuerdo con la relación, mamá ya me había advertido”, aseguró la joven, al explicar que durante ese periodo se distanció de su familia por presiones de su entonces novio. “Yo en ese tiempo sí me alejé mucho de mi mamá”.Según la denuncia, durante la convivencia se habrían presentado episodios de maltrato que se intensificaron de manera progresiva, sin que la familia lograra intervenir a tiempo.Los hechos se registraron el 7 de julio de 2023. Ángela relató que ese día transcurrió con aparente normalidad, pero en horas de la tarde, el agresor acudió a la vivienda de Emilia Campos para recoger unos medicamentos.Paralelamente, madre e hija sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente dos horas, en la que la víctima le habría revelado información que había conocido recientemente sobre el pasado del hombre y sus relaciones anteriores.Horas después, tras el consumo de bebidas alcohólicas, el sujeto protagonizó una discusión en la entrada de una vivienda, que derivó en un ataque con machete contra Emilia Campos. La mujer intentó defenderse, pero sufrió graves heridas. “Ella, como para defenderse, puso las manos y le voló los dedos. Tuvo muchísimas heridas”, relató Velázquez.La mujer afirma que aquel día la pareja de su mamá llegó y sostuvo una discusión con el hombre, que escaló a los golpes. Ahí intervino la madre, persiguiendo al sujeto, y posteriormente apareció muerta."Mi mamá ya estaba toda ensangrentada porque, no sé cuántas heridas fueron con el machete en la cabeza, pero fueron muchas. Prácticamente la p1có", recordó al romper en llanto en la entrevista.La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro asistencial en Bogotá, donde permaneció hospitalizada cerca de un mes. Finalmente, falleció como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante la agresión.Pese a la gravedad de los hechos, la familia denuncia que el presunto agresor solo permaneció hospitalizado tres días por una herida menor y actualmente se encuentra en libertad. “La Fiscalía dice que están recopilando pruebas”, señaló, mientras insiste en que el caso no quede en el olvido y se haga justicia por la muerte de su madre.
Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), "el hombre más poderoso del país", según la jueza que lo condenó este lunes en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se convirtió en el primer exmandatario en llegar a esta instancia que se castiga con entre cuatro y ocho años de cárcel.El fallo condenatorio en el 'juicio del siglo' contra Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue leído por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en una audiencia de más de diez horas y que acaparó la atención del país en los canales de televisión y redes sociales.Según la jueza, las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un "fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal".La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo viernes 1 de agosto y Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de "un monto superior a cuatro años e inferior a ocho", aunque consideró que Uribe, de quien elogió al comienzo de la jornada su "gallardía y cordialidad", "se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión".Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos.La defensa apelará el fallo"La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes", afirmó el equipo de abogados del exmandatario.Los defensores de Uribe, encabezados por el letrado Jaime Granados, agregaron en un comunicado "que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley. Y, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia", lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.Además de los dos delitos por los cuales fue condenado, Uribe fue absuelto de un tercero, de soborno simple, todos como parte de un proceso que él mismo inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que recibió la demanda, decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.En el proceso fue clave Diego Cadena, un oscuro abogado, que también responde en juicio, por haber sido la persona que visitó a exparamilitares en varias cárceles para ofrecerles beneficios a cambio de que cambiaran sus testimonios sobre Uribe o involucraran a Cepeda en la supuesta compra de testigos.Pese a que la defensa argumentó que Cadena actuó por su cuenta, la jueza consideró probado que lo hizo instigado por Uribe, a quien señaló como "determinador"."Diego Javier Cadena Ramírez (...) se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo en donde cada eslabón tenía un propósito asignado. Eso sí, con una consigna inquebrantable, resguardar la identidad del verdadero instigador", señaló la jueza.Heredia definió a Uribe como "el hombre más poderoso del país", mientras que de Cadena dijo que "era un abogado en ascenso, con grandes aspiraciones profesionales" y con "carencias intelectuales" que vio en el acercamiento al expresidente "la expectativa de tener la oportunidad de escalar a una posición de poder y prestigio profesional".Apoyo a Uribe y respeto a la JusticiaLa inédita condena contra Uribe fue acatada por los abogados del senador Cepeda y provocó una ola de reacciones tanto de respaldo a la decisión de la jueza como de apoyo a Uribe."Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, situado en las antípodas políticas del exmandatario.El Centro Democrático, partido de Uribe, recibió con "tristeza y dolor" el fallo condenatorio, subrayó en un comunicado la "convicción sobre la inocencia del expresidente" y señaló: "Respetamos las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho"."Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias", escribió por su parte en X el expresidente Iván Duque (2018-2022), cuyo mentor político fue Uribe.Por su parte, el expresidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002) dijo que "los argumentos expuestos por la señora jueza son discutibles, pero hay que respetarlos, porque en esta hora de incertidumbre y de crisis, la única alternativa sensata y seria que tiene la democracia colombiana es defender la estabilidad de sus instituciones".La condena provocó también reacciones de apoyo a Uribe del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y de varios congresistas republicanos."El único 'delito' del expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria", afirmó Rubio en un mensaje en X donde consideró "preocupante" la politización de la Justicia.
Los expresidentes colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, al igual que otros políticos, expresaron este lunes su respaldo al exmandatario Álvaro Uribe, quien fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y absuelto del de soborno simple."Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias", escribió en X Duque (2018-2022), cuyo mentor político fue Uribe.Igualmente, Duque dijo que el fallo tiene que motivar a los colombianos a estar al lado de Uribe y acompañarlo en las instancias procesales, al tiempo que hizo un llamado a "todas las entidades y a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos para que pongan atención a lo que está ocurriendo en Colombia".Uribe, que gobernó el país entre 2002 y 2010, fue condenado este lunes por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y absuelto del de soborno simple por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en el considerado 'juicio del siglo' en el país.Duque definió a Uribe como "un hombre intachable, transparente que ha entregado su vida a Colombia", y agregó: "No vamos los colombianos a dejar que su nombre sea mancillado por sus malquerientes que han pretendido siempre enlodarlo".Por su lado, Pastrana (1998-2002) dijo que "los argumentos expuestos por la señora jueza son discutibles, pero hay que respetarlos, porque en esta hora de incertidumbre y de crisis, la única alternativa sensata y seria que tiene la democracia colombiana es defender la estabilidad de sus instituciones".Igualmente, Pastrana confió en que "los caminos judiciales que aún tiene a su disposición el presidente Uribe culminen en el reconocimiento final de su inocencia".Respeto a la JusticiaEn el mismo sentido se manifestó el expresidente del Senado Efraín Cepeda, quien además expresó su "solidaridad" con su excompañero en el Senado, del que dijo es "un demócrata y colombiano que siempre le ha servido al país"."Desde el profundo respeto que tengo por las decisiones judiciales, espero que, desde las instancias que aún tiene, pueda continuar su defensa y demostrar la transparencia de sus actos", concluyó.Por su lado, el exsenador Jorge Robledo también se mostró respetuoso "ante las dos decisiones de la Justicia de Colombia adversas a Álvaro Uribe Vélez" y recalcó que si los colombianos tienen el deber de respetar las decisiones de los jueces, "con mayor razón los extranjeros no deben inmiscuirse en nuestros asuntos y deben respetar la soberanía nacional de Colombia".Esto, en alusión a lo manifestado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien dijo que el fallo contra Uribe deja un "precedente preocupante".Respaldo en bloquePoco después de que la jueza Heredia diera a conocer el fallo, cuya pena será conocida el próximo viernes, los senadores y representantes del partido que fundó Uribe, Centro Democrático, también lo respaldaron."Este fallo que no compartimos será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás vuelva a ser instrumentalizado para judicializar la política", manifestó la senadora María Fernanda Cabal.La también precandidata presidencial por ese partido aseguró que la sentencia de Heredia "fue una exposición que, lejos de transmitir imparcialidad, pareció una declaración política, o una sentencia escrita por las alegadas víctimas, todos enemigos políticos del expresidente Uribe"."La jueza no ocultó su simpatía por Iván Cepeda, a quien se refirió con una condescendencia impropia de quien debe actuar con neutralidad. Incluso respaldó sin reservas sus visitas a cárceles, pese a los cuestionamientos que pesan sobre ese proceder", aseguró.Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que estudió el caso, no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.Por su lado, el exministro Juan Fernando Cristo aseguró que el fallo "condenando al expresidente Uribe demuestra la fortaleza de nuestra institucionalidad y la garantía de la independencia y autonomía de la justicia".
La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, confirmó este lunes que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco del que ha sido denominado como el "juicio del siglo" en Colombia. No obstante, Heredia absolvió al exmandatario del cargo de soborno simple, relacionado con el episodio de Hilda Niño Farfán, al no encontrarse pruebas suficientes que confirmaran su responsabilidad penal en ese hecho.¿Cuándo se conocerá la sentencia?Se conoció que, tras la extensa e histórica audiencia de este lunes, la fecha y hora para conocer la sentencia contra el expresidente y líder del Centro Democrático es este viernes, 01 de agosto, a las 2:00 de la tarde.Ese día se conocerá le pena exacta, que, según expertos, podría oscilar entre seis y 12 años.Histórica audiencia contra un expresidente en ColombiaEn una extensa audiencia de lectura del fallo, que inició a las 8:30 a. m. hora local, la jueza afirmó: “Como puede observarse y luego de la evaluación individual de cada uno de los episodios imputados y acusados, el fraude procesal quedó demostrado”. De esta manera, se confirma la existencia de una maniobra judicial impulsada desde la defensa de Uribe para desviar la atención de las investigaciones que lo vinculaban con el paramilitarismo.Sandra Heredia ya había determinado previamente que se configuró el delito de soborno en actuación penal, basado en los contactos entre el abogado Diego Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Monsalve, preso en Bogotá, habría sido presionado para cambiar su testimonio en favor del exmandatario.“La evidencia muestra que el acusado conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve”, dijo la jueza, dejando en claro que Uribe tenía conocimiento del intento por manipular testigos para desacreditar las investigaciones en su contra.Por el contrario, en lo relacionado con el delito de soborno simple, el tribunal optó por absolver al exmandatario, alegando “duda razonable” en torno a las acusaciones presentadas por la Fiscalía. Este cargo estaba vinculado al caso de la exfiscal Hilda Niño Farfán, quien supuestamente habría sido presionada por Cadena para que declarara contra el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, ambos acreditados como víctimas en el proceso.Fraude procesal: la pieza claveLa condena por fraude procesal se centró en el uso de documentos falsos, especialmente uno firmado por el paramilitar Carlos Enrique Vélez, el cual fue presentado ante la Corte Suprema con el fin de desacreditar al senador Iván Cepeda, víctima reconocida en este caso.Heredia señaló que las pruebas demuestran la intención de utilizar esos documentos para inducir a error a la Corte, abriendo investigaciones que se apartaban de la verdad. También mencionó las visitas del abogado Cadena a la cárcel de Cómbita, donde buscó declaraciones favorables para Uribe entre exparamilitares encarcelados.Tras casi una década de investigación y proceso judicial, Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano en enfrentar un juicio penal en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Aunque ha sido absuelto de uno de los delitos más controvertidos, la condena por fraude procesal y soborno en actuación penal lo deja en una posición jurídica delicada.
La jueza Sandra Heredia declaró culpable y emitió fallo con sentido condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una decisión histórica que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial contra el exmandatario. La lectura de la sentencia será el próximo viernes 1 de agosto, y aunque ya hay una condena, el panorama sobre una eventual privación de la libertad sigue siendo incierto.La jueza explicó que Uribe fue hallado responsable de soborno en actuación penal en tres oportunidades, relacionadas con los testimonios de Eurídice Cortés (alias Diana), Carlos Enrique Vélez (alias Víctor) y Juan Guillermo Monsalve, quienes habrían recibido ofrecimientos o presiones para favorecerlo en sus declaraciones. Además, fue condenado por fraude procesal en hechos que involucraron, entre otros, a Carlos Enrique Vélez y Juan Carlos “el Tuso” Sierra, ambos exparamilitares.Sin embargo, también hubo una absolución parcial: Uribe fue absuelto del delito de soborno simple en el caso relacionado con la exfiscal Hilda Niño Farfán.Aunque ya se confirmó el sentido del fallo, la condena no implica necesariamente una orden inmediata de arresto. Según explicó la abogada penalista Diana Muñoz Castellanos, el escenario más grave que enfrenta Uribe sería una prisión domiciliaria, pero este no es un paso automático con la lectura de la sentencia.“La jurisprudencia más reciente indica que si la sentencia no está ejecutoriada, se mantiene la presunción de inocencia, lo que implica que medidas privativas de la libertad solo se tomarían una vez la condena quede en firme”, señaló Muñoz.Esto significa que, en el corto plazo, Uribe no iría a la cárcel, y que su defensa aún tiene opciones de apelación y otros recursos procesales. Sin embargo, el fallo condenatorio ya marca un precedente jurídico y político de enorme peso para el país.
Luego de más de 8 horas de lectura de sentencia, la jueza Sandra Heredia declaró culpable y condenó al expresidente de Álvaro Uribe Vélez, de un caso que comenzó hace más de 10 años tras una serie de denuncias entre el que fue mandatario entre 2002 y 2010 con el senador Iván Cepeda en diversos debates en el Congreso de la República.En sus primeras palabras, el senador Cepeda declaró que “se hizo justicia” y dio sus primeras palabras de un caso que lo envolvió por más de 10 años en donde recibió varias acusaciones de supuesta manipulación de testigos contra el expresidente para vincularlo con el paramilitarismo.“Ese modelo autoritario se ha frustrado, en buena parte gracias a la decisión, al valor civil y a la dignidad del poder judicial. Juezas, fiscales mujeres, magistrados y magistradas, abogados y abogadas, víctimas, han sido quienes han sabido defender la verdad y la dignidad en este país. Por eso, llamamos a nuestra contraparte a que respete y acate la institucionalidad y, sobre todo, que respete a la justicia. Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. Con este fallo ha quedado establecida la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos, que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio”, expresó el senador Cepeda tras conocerse la condena del expresidente."Quedó establecida la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez"Asimismo, Iván Cepeda celebró la decisión de la jueza y los crímenes por los cuales fue acusado Uribe tras una disputa legal de 13 años, que, además, “respeta a las víctimas en Colombia” y mencionó, una vez más, los casos de falsos positivos que ha sido tema de debate durante años, además de las diversas masacres que fueron perpetradas: "Con ello también sentimos que se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Por eso, esta decisión justa, la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes, o presentados ante medios de comunicación como falsos positivos", dijio.“A todos les decimos que continuaremos hasta que llegue la verdad plena. Sin embargo, como lo hemos sostenido a lo largo de estos años: no nos anima el odio ni la venganza, lo que ha movido nuestra convicción a la justicia ha sido siempre buscar la verdad y la dignidad. Llamamos al país, a las fuerzas políticas, económicas y sociales que reflexionemos a esta lección que ha dado hoy la justicia, que busquemos un acuerdo para que las victimas sean reparadas por parte de los máximos responsables del estado colombiano. Si el expresidente decide transitar ese camino, nosotros también lo estaremos”, añadió.Los delitos por los que condenaron al expresidente UribeLa jueza declaró culpable a al expresidente Uribe y lo condenó por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Fue encontrado responsable de soborno en tres casos concretos y delito de fraude procesal, que involucran a exparamilitares. “Un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en tres oportunidades, y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal”, señaló la jueza después de más de ocho horas de audiencia.
A la cárcel envió un juez de la República a Claudia Silvana Torres López, la joven señalada por el asesinato de su pequeña hija de dos años, ocurrido el pasado sábado antes del mediodía, en un apartamento del barrio San Sebastián de Manizales.La presunta madre asesina deberá permanecer privada de la libertad mientras avanza su proceso penal y se define su situación jurídica: si será declarada inimputable o si enfrentará una etapa de juicio oral para determinar si será o no condenada por el filicidio.A primera hora de esta mañana, Claudia Silvana fue sindicada del delito de homicidio agravado, el cual contempla una pena que va desde los 33 hasta los 50 años de prisión.Detalles del asesinatoBlu Radio tuvo acceso a un documento de la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios, en el que quedó consignada la versión de los hechos que Claudia Silvana le entregó al equipo médico.“Yo me enceguecí, me llené de rabia y lastimé a mi hija. Después quise morirme”, dice el informe, que más adelante relata que Claudia Silvana manifestó que el hecho “no fue por venganza, ella no tenía la culpa. Yo sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”.Ese mismo informe relata otros detalles previos al asesinato de la niña, como que, en la mañana, la joven le dio el tetero, la durmió y se fue a visitar a su hermana, quien estaba incapacitada por la extracción de una cordal. Se quedó dormida con la bebé y, al despertar, fue a la cocina, buscó un cuchillo y, según el informe médico, desde ese momento no recuerda nada.Cabe recordar que Las autoridades de Manizales indicaron que tuvieron conocimiento del asesinato gracias a varios reportes realizados por vecinos del barrio San Sebastián, quienes alertaron a las líneas de emergencia sobre gritos y el llanto desesperado de una niña. La patrulla del cuadrante acudió al lugar tras recibir las llamadas de auxilio.La familia paterna de Antonella, la niña de dos años que fue atacada dentro de su vivienda, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública. En él manifestaron su profundo dolor por la tragedia y solicitaron que no se difundan imágenes ni videos de la menor cuando era trasladada en estado crítico al SES Hospital Universitario de Caldas, donde finalmente falleció en el servicio de urgencias.Claudia Silvana Torres, de 19 años y próxima a cumplir 20, tuvo a Antonella a los 17. La niña estaba a solo un mes de celebrar su tercer cumpleaños cuando ocurrió el crimen que ha conmocionado a la ciudad.