La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
Las autoridades en el departamento de Antioquia encendieron las alertas por los tradicionales paseos que hacen los paisas en ríos y que lamentablemente siguen dejando personas fallecidas como ocurrió en el municipio de El Carmen de Viboral en donde un hombre falleció luego de entrar al río Melcocho.La víctima de aproximadamente 20 años, fue encontrado por la misma comunidad de la zona que se percibió de la presencia del hombre en el afluente y al ver que no salía ingresaron por su propia cuenta y lo llevaron hasta la orilla en donde a pesar de los esfuerzos fue dado por muerto por las autoridades correspondientes.Tras conocerse este lamentable hecho, el Cuerpo de Bomberos de El Carmen de Viboral trasladó el cuerpo hasta la casco urbano en donde las autoridades competentes hacen la inspección técnica y los procedimientos judiciales correspondientes, con el fin de esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.Sin embargo, no es el único hecho que preocupa a las autoridades, ya que en el municipio de San Luis un menor de edad fue rescatado cuando se estaba ahogando. Esta situación hizo que la comunidad en el Oriente antioqueño pidiera a los turistas mayor responsabilidad a la hora de ir a los ríos de la subregión y así se puedan evitar tragedias como la ocurrida en El Carmen de Viboral.Finalmente, hay que recordar que los pronósticos dejan en evidencia que el cierre de 2025 y el inicio de 2026 están marcados por más lluvias de lo previsto, por lo que el llamado de las autoridades a la comunidad es estar pendientes a crecientes súbitas en la época de los paseos de ríos.
Colombia empieza a mover sus fichas rumbo a 2026 y una de las voces que irrumpe con fuerza es la de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exconcejal, confirmó en entrevista con El Radar este 27 de diciembre de 2025 su aspiración a la Presidencia, con un discurso que busca marcar distancia de los extremos y golpear la improvisación en el poder.Con un tono técnico pero directo, Oviedo se presentó como una opción de centro que quiere “hacerlo sensato otra vez”. Desde el inicio dejó claro que su candidatura no nace del cálculo político tradicional, sino de una lectura crítica del momento que vive el país y de los riesgos que, según él, se están acumulando sin que el Gobierno actúe a tiempo.La frase más punzante llegó cuando habló del balance del actual mandato: “La corrupción no solo sucede por acción sino también por omisión”, una afirmación con la que cuestionó lo que calificó como falta de decisiones estructurales en temas clave para Colombia.Juan Daniel Oviedo y una candidatura de centroOviedo explicó que su paso por el gobierno de Iván Duque fue estrictamente técnico y defendió su permanencia en el DANE incluso cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia. “Más que un halago o un insulto, fue la oportunidad que me abrió la carrera política”, dijo, al recordar que Petro lo mantuvo en el cargo, generando curiosidad pública sobre su perfil.Esa experiencia, aseguró, lo convenció de que Colombia necesita gobernar lejos de las etiquetas ideológicas. “Yo soy de centro”, reiteró, con la idea de construir acuerdos desde la evidencia y no desde la confrontación.Propuestas presidenciales y advertencias económicasOviedo planteó tres ejes centrales de su propuesta. El primero, un “gobierno de estabilización” para enfrentar lo que llamó “las minas quiebrapatas de la economía”, entre ellas la insostenibilidad fiscal, la inseguridad energética y la baja inversión. “Hacer campaña con un apretón fiscal es difícil, pero necesario”, advirtió.El segundo eje es la seguridad, con un enfoque poco usual en el discurso político. “Tenemos que acabar con la extorsión en la calle y en la política”, afirmó, rechazando que la seguridad sea usada como arma ideológica o mecanismo de presión.Elecciones 2026 y consulta presidencialOviedo confirmó que su movimiento entregará cerca de 970.000 firmas para formalizar la candidatura y que apuesta por una consulta amplia en marzo. Su objetivo es unir sectores diversos alrededor de un propósito común: “Que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento”.Aunque reconoce que hoy no lidera las encuestas, cuestionó la lectura anticipada del escenario electoral. “La gente decide el voto el último mes”, señaló, convencido de que todavía hay espacio para una opción que, en sus palabras, le devuelva emoción y sensatez a la política colombiana.
Un piloto de un avión ultraliviano falleció este sábado tras estrellarse en el mar frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras realizaba un trabajo publicitario, informaron fuentes oficiales.Después de casi tres horas de búsquedas el Cuerpo de Bomberos de Río encontró un cuerpo sin vida e informó que no había más pasajeros en la aeronave.El accidente ocurrió al inicio de la tarde frente a la playa más famosa de Brasil, repleta este sábado de bañistas que disfrutan de sus blancas arenas en plena época decembrina y a la espera del Año Nuevo.El piloto realizaba una misión publicitaria frente a la playa de Copacabana cuando la aeronave se precipitó de un momento a otro en el mar. Minutos después del accidente, una treintena de agentes del Cuerpo de Bomberos inició las labores de rescate con motos acuáticas, buzos y helicópteros.En el momento del colapso del avión otras embarcaciones se movilizaban en la zona, pero según las autoridades no se registraron heridos. La Fuerza Aérea Brasileña dijo en un comunicado que ya se iniciaron las diligencias para esclarecer las causas de la caída del ultraliviano.
El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia, gracias a su trayectoria, credibilidad y la expectativa que despierta cada tarde entre los apostadores.La confianza construida a lo largo de los años y su presencia constante en el mercado lo han convertido en una opción habitual para quienes disfrutan poner a prueba la suerte y consultar los resultados a diario. Por estas razones, el sorteo se mantiene como un referente dentro de los juegos de azar en el país.Número ganador de Dorado Tarde hoy, sábado 27 de diciembre de 2025El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 27 de diciembre de 2025 es el 9411 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganadorNúmero ganador: 9411Dos últimas cifras: 11Tres últimas cifras: 411La quinta: 0Modalidades y pagos del Dorado TardeUno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta, acompañadas de pagos competitivos que se ajustan a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo. Estas son las opciones disponibles:4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.3 cifras directo: devuelve 400 veces lo jugado.3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada, aumentando el interés de los participantes.¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. El sorteo no se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores programar sus jugadas con anticipación.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro y seguro. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Gracias a la combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más importantes de Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de que la suerte esté de su lado.
A inicios de la próxima semana, por orden de la Gobernación del Atlántico, quedaría en firme la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, en respuesta a la solicitud enviada por la Contraloría Departamental que avanza en su investigación contra el mandatario por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de los recursos públicos.Explicó a Blu Radio el secretario jurídico departamental, Rachid Náder, que un funcionario de esa Alcaldía deberá ponerse al frente, mientras que el gobernador Eduardo Verano define quien será el indicado para tomar las riendas del municipio por los próximos tres meses o hasta que culmine el proceso de control fiscal.Aclaró Náder, al igual que la Contraloría, que esta suspensión tendría un carácter temporal y preventivo, más no sancionatorio, por lo que no podrá extenderse más allá de su periodo de mandato legal.“Nosotros como Gobernación no tenemos incidencia dentro del proceso de carácter fiscal que está dando la Contraloría Departamental. Lo que recibimos por parte de esta última fue una solicitud de suspensión del alcalde (José Elías Chams) como medida provisional mientras se desarrolla el proceso de investigación. No es una sanción que se está imponiendo, sino una medida dentro del caso que se adelanta”, introdujo.“Lo que nos corresponde es hacer efectiva la solicitud de la Contraloría, proceder al encargo de un funcionario de la Administración Departamental de la Alcaldía y solicitarle terna al partido que avaló al alcalde, para así designar una persona por el tiempo que dure la suspensión, todo ello de acuerdo con la ley 136 de 1994”, agregó.Hay que remarcar que la Contraloría Departamental del Atlántico solicitó al gobernador Eduardo Verano De la Rosa la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, para proteger, dicen ellos, la investigación que hay en su contra.Cabe aclarar que, esta semana, la Contraloría emitió un fallo sancionatorio por cerca de $12 millones contra el alcalde de Sabanalarga por no entregar oportunamente los documentos con los que se revisaría su gestión financiera.Por ejemplo, hay proceso de responsabilidad fiscal en su contra por $4.241 millones en la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis, entre otros proyectos.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y noviembre de 2025 se registraron en Colombia 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, cifras que, aunque representan una ligera reducción frente al año anterior, muestran la magnitud de las violencias basadas en género en el país.En materia de feminicidios, se contabilizaron 111 casos y 297 tentativas, mientras que en 2024 la cifra había sido de 171 y 391, respectivamente. A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres continúa concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de las personas trans.Los delitos sexuales mantienen las cifras más altas entre las violencias de género. De los 13.832 casos, más del 55% corresponde a niñas y adolescentes, especialmente en regiones como Vaupés, Guaviare y Guainía, que presentan tasas superiores a 240 casos por cada 100 mil mujeres.La violencia intrafamiliar también disminuyó frente a 2024 (16.947 casos), pero sigue siendo una de las agresiones más frecuentes. Los departamentos de Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan la lista de los territorios con mayores índices. La mayoría de las víctimas son mujeres mayores de edad, aunque se registran casi 2.000 niñas y adolescentes afectadas.Por su parte, la explotación sexual de menores pasó de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas disminuyó de 209 a 175 casos. En este último delito, la incidencia más alta se reporta en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas fronterizas donde la vulnerabilidad de las mujeres se agrava por la presencia de economías ilegales y el control de actores armados.En conjunto, las cifras confirman que, aunque los casos muestran una leve reducción, las violencias contra las mujeres siguen concentradas en regiones con débil institucionalidad y alta conflictividad social.La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección para evitar que estas estadísticas sigan normalizando una crisis que afecta a miles de mujeres en todo el país.
La senadora Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La acción judicial solicita la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad.Según la tutela, la medida fue expedida durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que permitiría que el decreto produzca efectos sin control oportuno, especialmente en materia tributaria. Los accionantes advierten que de mantenerse vigente el decreto, hay un grave riesgo de afectación al orden constitucional, fiscal y democrático, al habilitar al Ejecutivo para imponer o modificar tributos por decreto antes del cierre del año fiscal.La tutela solicita además que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, liquidar o recaudar nuevos impuestos derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. De acuerdo con el documento, la supuesta emergencia no responde a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales previamente conocidos.En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas. Por ello, pide su suspensión provisional hasta que la Corte Constitucional retome funciones y realice el control correspondiente.
El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en el sector de Chapinero, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo hace unas semanas.Las autoridades centran ahora su atención en Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera identificada como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos y quien, según la Fiscalía y la representación de las víctimas, habría tenido un papel determinante en el ataque que terminó con la vida del joven universitario.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación, Fernández Sulbarán estuvo presente en los momentos previos a la agresión y presuntamente señaló a la víctima ante los atacantes, acción que, para los investigadores, habría desencadenado la golpiza. Aunque no habría participado de manera directa en el ataque, la Fiscalía sostiene que su conducta podría configurar una instigación o determinación del homicidio.Cabe recordar que inicialmente la mujer fue dejada en libertad. No obstante, el pasado 3 de diciembre, un juez emitió una orden de captura en su contra, luego de que los abogados de la familia Moreno presentaran nuevas pruebas que reforzarían su presunta responsabilidad en los hechos.Según reveló el diario El Tiempo, Fernández Sulbarán habría huido en las últimas horas, dejando una carta dirigida a su madre en medio de presuntas amenazas y ataques contra su familia. “Mami, voy a estar bien. La amo”, se leía en el mensaje.El medio también habló con la familia de la joven, que hizo fuertes revelaciones sobre el contexto de su desaparición. Su madre, Tamara Sulbarán, aseguró haber recibido mensajes intimidatorios enviados por un sujeto identificado como “Juanchito AUC”, en los que se advertían represalias contra la familia y se exigía la entrega de su hija. Estas amenazas, según indicó, ya habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía.“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, decía uno de los mensajes recibidos.De acuerdo con su testimonio, incluso fueron alertados sobre un presunto plan para asesinar a la joven en el centro de Bogotá, lo que incrementó el temor por su seguridad.“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe, a una organización que llaman Oficina Central del Norte. No sé ni siquiera qué significa eso. A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; tuvo que escapar entre la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”, relató la mujer.Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Fernández Sulbarán, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer con claridad su grado de responsabilidad en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá en los últimos meses.“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré el mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ese momento no sé nada de ella”, concluyó su madre.
Una tragedia en la zona rural de Sumapaz ha conmocionado a Bogotá luego de conocerse el testimonio de Ángela Velázquez, hija de Emilia Campos, de 55 años, quien perdió la vida tras un ataque con arma blanca presuntamente perpetrado por la pareja sentimental de su hija.Ángela habló en Conducta Delictiva sobre los momentos previos y posteriores al crimen y cómo ha sido el proceso de recuperación. De acuerdo con el testimonio de Ángela, el agresor se integró al núcleo familiar pese al rechazo reiterado de su madre, quien desde el inicio manifestó temor por los antecedentes y la conducta violenta del hombre. “Ella nunca estuvo de acuerdo con la relación, mamá ya me había advertido”, aseguró la joven, al explicar que durante ese periodo se distanció de su familia por presiones de su entonces novio. “Yo en ese tiempo sí me alejé mucho de mi mamá”.Según la denuncia, durante la convivencia se habrían presentado episodios de maltrato que se intensificaron de manera progresiva, sin que la familia lograra intervenir a tiempo.Los hechos se registraron el 7 de julio de 2023. Ángela relató que ese día transcurrió con aparente normalidad, pero en horas de la tarde, el agresor acudió a la vivienda de Emilia Campos para recoger unos medicamentos.Paralelamente, madre e hija sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente dos horas, en la que la víctima le habría revelado información que había conocido recientemente sobre el pasado del hombre y sus relaciones anteriores.Horas después, tras el consumo de bebidas alcohólicas, el sujeto protagonizó una discusión en la entrada de una vivienda, que derivó en un ataque con machete contra Emilia Campos. La mujer intentó defenderse, pero sufrió graves heridas. “Ella, como para defenderse, puso las manos y le voló los dedos. Tuvo muchísimas heridas”, relató Velázquez.La mujer afirma que aquel día la pareja de su mamá llegó y sostuvo una discusión con el hombre, que escaló a los golpes. Ahí intervino la madre, persiguiendo al sujeto, y posteriormente apareció muerta."Mi mamá ya estaba toda ensangrentada porque, no sé cuántas heridas fueron con el machete en la cabeza, pero fueron muchas. Prácticamente la p1có", recordó al romper en llanto en la entrevista.La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro asistencial en Bogotá, donde permaneció hospitalizada cerca de un mes. Finalmente, falleció como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante la agresión.Pese a la gravedad de los hechos, la familia denuncia que el presunto agresor solo permaneció hospitalizado tres días por una herida menor y actualmente se encuentra en libertad. “La Fiscalía dice que están recopilando pruebas”, señaló, mientras insiste en que el caso no quede en el olvido y se haga justicia por la muerte de su madre.
Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
Sandra Heredia escaló cada peldaño de la Justicia colombiana sin atajos ni estridencias. Su nombre rara vez suena en la radio o circula en redes, pero quedará impreso en las páginas de la historia como la jueza que podría condenar, por primera vez, a un expresidente de Colombia.Este lunes 28 de julio todos los ojos y oídos del país estarán puestos en Heredia cuando anuncie si declara culpable o inocente a Álvaro Uribe, el hombre que surgió a finales de los años 90 como una solución a la violencia por el conflicto armado, gobernó entre 2002 y 2010, y apadrinó la elección de dos presidentes que le sucedieron, consolidándose como el líder político más poderoso de Colombia en décadas.Por este caso, el más mediático que se recuerde en el país, Uribe, de 73 años, podría ser condenado a entre seis y doce años de cárcel por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.Sea cual sea la decisión de Heredia en primera instancia, su fallo desatará tanto aplausos como abucheos, y difícilmente quedará en firme: lo más probable es que la parte perdedora lo apele y alargue aún más un pleito que ya acumula 13 años y casi 70 audiencias solo en los últimos cinco meses, todas transmitidas en vivo por redes sociales y conducidas bajo la firme y templada batuta de esta mujer llamada a decidir el juicio del siglo.Peldaño a peldañoHeredia nació en Alpujarra, un pequeño municipio de menos de 5.000 habitantes del departamento de Tolima, enclavado en las estribaciones de la cordillera Oriental, donde el café, el plátano y la caña de azúcar sostienen la economía local.Según documentos públicos revisado, su camino en la rama judicial comenzó en 1994, cuando dejó su pueblo natal para ocupar cargos de apoyo en juzgados de Flandes, Melgar, El Espinal e Ibagué, todos en el Tolima.Desde entonces, fue escalando en la carrera judicial: trabajó como notificadora, oficial mayor y secretaria, sin apartarse nunca del servicio público, aun cuando el título de abogada lo obtuvo más de una década después, en noviembre de 2006.En 2009, su trayectoria la llevó a Bogotá, donde fue nombrada Juez Municipal Adjunta. Sin embargo, poco después regresó a su tierra como Juez Primero Municipal de El Espinal, cargo que ocupó entre 2011 y 2013.Ese año participó en un concurso de méritos convocado por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. Superó las pruebas de conocimiento y psicotécnicas con buenos puntajes, pero apeló los resultados alegando que su extensa trayectoria no había sido valorada debidamente, revelando su temple y logrando una resolución a su favor.Heredia regresó a Bogotá en 2018 para trabajar como asistente jurídica y luego fue designada juez 44 Penal del Circuito de la capital, el cargo que hoy ocupa.Desde allí dictó, entre otras, la primera condena por violencia policial durante unas manifestaciones que azotaron al país en septiembre de 2020: diez años de prisión para el patrullero John Antonio Gutiérrez, responsable del homicidio de dos jóvenes que protestaban por la muerte del ciudadano Javier Ordóñez a manos de la Policía.El juicio del sigloEl caso del expresidente Uribe aterrizó en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá por reparto en abril de 2024. Desde el timón de esa sala, Heredia pidió a la Judicatura suspender la asignación de nuevos casos a su despacho: tenía entre manos un juicio de alto voltaje que exigía toda su atención para garantizar la celeridad y el rigor que ameritaba.Y cumplió. En apenas cinco meses, avanzó con paso firme en las etapas más gruesas del juicio oral, incluyendo la exposición de pruebas, el desfile de testigos y los alegatos finales.Durante todo el proceso, Heredia esquivó los focos y micrófonos: no dio entrevistas y mantuvo un perfil bajo. Pero en la sala de audiencias, inquebrantable detrás de sus grandes gafas, demostró firmeza y carácter.No le tembló la voz para exigirle al equipo de defensa de Uribe que agilizara la intervención de testigos: "Nos va a dar aquí la Navidad si seguimos así", soltó en esa ocasión con ironía. Y cuando algunos acompañantes del expresidente se excedieron en su comportamiento, los puso en su lugar sin rodeos: "Si vinieron a charlar y hacer visita, se retiran".Negó aplazamientos de última hora y recusaciones sin sustento. La defensa de Uribe la atacó por vías legales varias veces, interponiendo tutelas que fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Bogotá.Ahora, desde la cúspide de su trayectoria judicial, Heredia está a punto de tomar una de las decisiones más trascendentales que haya enfrentado un juez en Colombia. Sobre sus hombros recae una bifurcación histórica: absolver a Uribe o condenar por primera vez a un expresidente y una de las figuras más influyentes y polarizantes de la política colombiana en su historia reciente.
Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012.Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:- 2012: Los debates -Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.- 2014: Popularidad vigente -Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.- 2018: Bumerán y renuncia -La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.- 2019: La indagatoria - Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está "muy preocupado y angustiado". Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: "proceda, doctor Diego". El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.- 2020 y 2021: Preso #1087985 -El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente "secuestrado". Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la Fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021. Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos "no tienen la característica de delito".- 2022 y 2023: La negativa -Gustavo Petro se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia. En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país. Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la Fiscalía para que se archive el caso.- 2024: El juicio -Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una "venganza política". El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal. En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.- 2025: El fallo -La Fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas "concluyentes" de su participación como "determinador de las conductas" por las que fue acusado. El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), uno de los políticos más poderosos del país, conocerá este lunes si la Justicia lo declara culpable o inocente de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, un fallo que tiene en vilo al país.La decisión está en manos de Sandra Heredia, jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, quien en el complejo judicial de Paloquemao dará a conocer el fallo sobre este caso que comenzó hace de 13 años. Lo hará luego de estudiar un sumario de miles de folios y de escuchar declaraciones de las partes durante 67 días de audiencias realizadas en los últimos cinco meses.Uribe, de 73 años y jefe del partido derechista Centro Democrático, que él mismo fundó, puede ser el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en un proceso en el que incluso estuvo en detención domiciliaria preventiva, también durante 67 días, en 2020.El expresidente fue procesado en calidad de "determinador", por supuestamente instigar a terceros a cometer los delitos de los que se le acusa, y en caso de ser hallado culpable puede ser condenado a una pena de entre seis y doce años de prisión en este juicio, cuyas audiencias fueron transmitidas por las redes sociales, algo nunca visto en el país.Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.El penalista Jaime Granados, que lidera la defensa de Uribe, insiste en que su cliente nunca ordenó sobornar a nadie y que su único interés al demandar a Cepeda era defender su honra y buscar la verdad.Uribe, que tras terminar su periodo presidencial fue elegido senador en 2014 y 2018, renunció a su escaño en agosto de 2020 para que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía inicialmente no encontró pruebas para acusarlo, pero luego de ir a varias instancias jurídicas, en 2024 lo acusó formalmente.Ahora, tras 13 años de litigio y un juicio de cinco meses, la jueza Heredia anunciará este lunes la condena o absolución de Uribe. Si es hallado culpable, se fijará otra audiencia para establecer la pena.Lo que sigueTanto el abogado Reinaldo Villalba, quien representa al senador Cepeda, reconocido como víctima en este proceso, como el defensor Jaime Granados, aclaran que el caso no terminará con la diligencia de este lunes.Si la jueza decide condenar a Uribe, se abrirá un incidente de reparación integral para las víctimas y se definirá el monto de la pena, que habitualmente no se fija el mismo día en que se revela el sentido de fallo.Sea cual sea la decisión de la jueza, se espera que la parte vencida en juicio apele el fallo, lo que puede alargar al proceso incluso por años.En una entrevista con EFE, Cepeda aseguró que los recursos de apelación, en caso de que Uribe sea declarado inocente, se tramitarán ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.Esto significa que el caso pasará a una segunda instancia, alargando la resolución definitiva del pleito más mediático y que se desarrolla en un momento en que el país está a las puertas de un año electoral.El tribunal de apelación podrá confirmar o revocar el fallo de primera instancia, el de la jueza Heredia.Si, como es previsible, el caso llega a ese alto tribunal y emite un fallo de segunda instancia, cabe la posibilidad de acudir después a la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia de cierre de los procesos en Colombia y cuya decisión será definitiva.
Un juez de control de garantías declaró legalizada la captura en contra de Silvana Torres, de 20 años, la mujer señalada de haber asesinado a su pequeña hija, de cerca de 3 años, en hechos que ocurrieron en el barrio San Sebastián de Manizales este sábado antes del mediodía.La diligencia se suspendió en la noche de hoy domingo 27 de julio y continuará mañana en la mañana para que se realice la audiencia de imputación de cargos y la de solicitud de medida de aseguramiento.La Fiscalía le pedirá al juez que le impute cargos por el delito de homicidio agravado con menor de 14 años, lo cual expone a la presunta madre asesina, a una pena de entre 33 y 50 años de prisión.Silvana comparece en esta diligencia de manera virtual, ya que aún permanece recluida en un centro asistencial de Manizales, debido a heridas con arma blanca que se habría causado ella misma, luego de haber acabado, al parecer, con la vida de su bebé.Hasta el momento la joven es una indiciada en los hechos en que la menor perdió la vida. Aún no está oficialmente sindicada en un proceso penal por la muerte de su hija y, por lo tanto, tiene derecho al beneficio de presunción de inocencia.La hipótesis que manejan las autoridades indican que la joven habría degollado a su pequeña con un cuchillo de su vivienda.Organismos de socorro como el Grupo Especial de Rescate, La Defensa Civil y otros atendieron la emergencia y alcanzaron a llevar a la niña al Hospital de Caldas, donde falleció cuando recibía asistencia en el servicio de urgencias.Es importante tener en cuenta que el hecho de que un padre o una madre le quite la vida a su hijo se le denomina filicidio, pero en el código penal colombiano se tipifica como homicidio agravado.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal ha llegado a su recta final. Las audiencias han estado marcadas por un cruce de argumentos entre la Fiscalía, las víctimas y la defensa del exmandatario. En entrevistas en Sala de Prensa, los abogados Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, y Jaime Granados, defensor de Uribe, presentaron sus posturas en torno al proceso judicial que ha captado la atención del país.Villalba sostuvo que hay “pruebas claras” de que Uribe determinó al abogado Diego Cadena para presionar testigos con el objetivo de desprestigiar a Iván Cepeda e incidir en procesos judiciales. “Es así de claro: luego de la autorización expresa de Álvaro Uribe, se volvió a ofrecer a Monsalve el recurso de revisión. Esa promesa constituye soborno a testigo en actuación penal”, afirmó.Uno de los ejes probatorios fue la visita al testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018. Según Villalba, “fue una operación coordinada para presionar una retractación, incluso con ofrecimientos como beneficios judiciales y mejores condiciones carcelarias”. Agregó que desde Neiva, Carlos López alias Caliche, también intentó influir en Monsalve y que se escuchó a Uribe en altavoz durante conversaciones con el congresista Álvaro Hernán Prada.Por su parte, el abogado Jaime Granados insistió en la inocencia del expresidente y sostuvo que Cadena actuó sin autorización previa. “Diego Cadena no informaba a Uribe ni en tiempo real ni antes de actuar. Lo que hizo lo comunicó meses después, y muchas veces de manera incompleta o distorsionada”, declaró.Granados también cuestionó la credibilidad de Monsalve: “Fue desmentido por su padre y su hermano. En juicio quedó demostrado que no conoce a Álvaro Uribe y que sus declaraciones fueron contradictorias”. Aseguró además que una grabación clave fue “manipulada y editada”, quitándole más de siete minutos, lo que según él le resta validez.En cuanto a las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema obtuvo “por error” en otro proceso, Villalba defendió su inclusión: “La Corte ya concluyó que son legales. No hubo intención de violar derechos”. Granados, por el contrario, alegó que se trató de “una violación al derecho fundamental a la privacidad” y pidió su exclusión por considerarlas interceptaciones ilegales.Sobre el papel de la jueza Sandra Heredia, ambos abogados manifestaron respeto. Villalba espera que “la sentencia se base en las pruebas, que son concluyentes”, mientras que Granados reconoció la conducción “serena y ágil” del juicio.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), uno de los políticos más poderosos del país, conocerá este lunes si la Justicia lo declara culpable o inocente de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, un fallo que tiene en vilo al país.La decisión está en manos de Sandra Heredia, jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, quien en el complejo judicial de Paloquemao dará a conocer el fallo sobre este caso que comenzó hace de 13 años. Lo hará luego de estudiar un sumario de miles de folios y de escuchar declaraciones de las partes durante 67 días de audiencias realizadas en los últimos cinco meses.Uribe, de 73 años y jefe del partido derechista Centro Democrático, que él mismo fundó, puede ser el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en un proceso en el que incluso estuvo en detención domiciliaria preventiva, también durante 67 días, en 2020.El expresidente fue procesado en calidad de "determinador", por supuestamente instigar a terceros a cometer los delitos de los que se le acusa, y en caso de ser hallado culpable puede ser condenado a una pena de entre seis y doce años de prisión en este juicio, cuyas audiencias fueron transmitidas por las redes sociales, algo nunca visto en el país.Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.El penalista Jaime Granados, que lidera la defensa de Uribe, insiste en que su cliente nunca ordenó sobornar a nadie y que su único interés al demandar a Cepeda era defender su honra y buscar la verdad.Uribe, que tras terminar su periodo presidencial fue elegido senador en 2014 y 2018, renunció a su escaño en agosto de 2020 para que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía inicialmente no encontró pruebas para acusarlo, pero luego de ir a varias instancias jurídicas, en 2024 lo acusó formalmente.Ahora, tras 13 años de litigio y un juicio de cinco meses, la jueza Heredia anunciará este lunes la condena o absolución de Uribe. Si es hallado culpable, se fijará otra audiencia para establecer la pena.Lo que sigueTanto el abogado Reinaldo Villalba, quien representa al senador Cepeda, reconocido como víctima en este proceso, como el defensor Jaime Granados, aclaran que el caso no terminará con la diligencia de este lunes.Si la jueza decide condenar a Uribe, se abrirá un incidente de reparación integral para las víctimas y se definirá el monto de la pena, que habitualmente no se fija el mismo día en que se revela el sentido de fallo.Sea cual sea la decisión de la jueza, se espera que la parte vencida en juicio apele el fallo, lo que puede alargar al proceso incluso por años.En una entrevista con EFE, Cepeda aseguró que los recursos de apelación, en caso de que Uribe sea declarado inocente, se tramitarán ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.Esto significa que el caso pasará a una segunda instancia, alargando la resolución definitiva del pleito más mediático y que se desarrolla en un momento en que el país está a las puertas de un año electoral.El tribunal de apelación podrá confirmar o revocar el fallo de primera instancia, el de la jueza Heredia.Si, como es previsible, el caso llega a ese alto tribunal y emite un fallo de segunda instancia, cabe la posibilidad de acudir después a la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia de cierre de los procesos en Colombia y cuya decisión será definitiva.