Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, quien pereció junto con otras cinco personas en un accidente de avión ocurrido el sábado en el departamento de Boyacá (centro), tiene consternada este domingo a Colombia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.Autoridades locales y regionales y políticos de distintos partidos también expresaron en redes sociales su pesar por el fallecimiento de Jiménez, un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera."Con profundo dolor despedimos a un hijo de Corabastos. Yeison Jiménez llevó en su historia el esfuerzo, las madrugadas y la dignidad del mercado", manifestó esa entidad en un mensaje en su cuenta de X.La Fiscalía General informó que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa (Boyacá) y cayó en un campo cercano al final de la pista.En el siniestro en Paipa, Boyacá, murieron: Yeison Jiménez, cantante de música popular.Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.Tras el accidente ha circulado un video grabado desde el interior de la aeronave segundos antes de despegar y subido a sus redes sociales por Weisman Mora, fotógrafo del artista, también fallecido, en el que se ve al piloto chateando en su celular durante la maniobra de despegue.El cantante tenía previsto presentarse la noche del sábado en una fiesta popular del municipio de Marinilla, en Antioquia (noroeste), donde lo esperaba su banda. Los organizadores hicieron un minuto de silencio y un homenaje simbólico a la hora en que estaba programada su presentación.
En entrevista con Blu Radio, un testigo relató los momentos previos al accidente aéreo en el que falleció el artista Yeison Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo. Se trata de Euris Geldardo Mier López, capataz de una finca ubicada en la vereda La Helida, a aproximadamente un kilómetro del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, quien presenció el despegue y la posterior caída de la aeronave.El sujeto se preparaba para iniciar labores de ordeño en la finca en la cual trabaja, cuando observó el despegue de la avioneta desde la pista. “Yo veo que se va levantando (…) cuando de repente la avioneta comenzó a fallar, se le apagó, se le apagó”, afirmó. Según su testimonio, la aeronave ya se encontraba en el aire cuando presentó las fallas.El testigo aseguró que el piloto intentó maniobrar para regresar a la pista. “Cuando se apagó, ella giró, dio una vuelta como buscando la autopista otra vez para aterrizar”, explicó. Sin embargo, en seguida la aeronave colisionó contra el suelo y se produjo el incendio. De acuerdo con el encargado de la finca, los vecinos reaccionaron de inmediato llamando a los organismos de acción comunal para alertar al cuerpo de bomberos y a la Policía Nacional.Euris Mier señaló que horas después se conoció que la aeronave pertenecía al artista. “Eso fue como a las seis de la tarde, cuando pasaron el comunicado de que la aeronave pertenecía a Yeison Jiménez”, afirmó. Inicialmente la comunidad aledaña pensó que se trataba únicamente de un accidente aéreo, sin conocer la identidad de los ocupantes.Finalmente, el testigo indicó que las investigaciones continúan y que no se ha acercado nuevamente al lugar del siniestro, mientras las autoridades adelantan las diligencias correspondientes en la zona donde ocurrió el accidente.Video del testigo:
Un video se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación por el accidente aéreo que causó la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y de otras cinco personas, la tarde de este sábado en el departamento de Boyacá.Las imágenes, a las que tuvo acceso Blu Radio, muestran el momento exacto en el que la avioneta, matrícula N325FA, despega del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín y se precipita a tierra cerca de una milla después de haber iniciado el vuelo. La cámara que registró el hecho presenta un desfase de 17 minutos en su reloj, un detalle que será tenido en cuenta por los investigadores.La aeronave, propiedad del propio artista, terminó completamente calcinada tras el impacto. En el siniestro fallecieron seis personas, entre ellas Yeison Jiménez, de 34 años; su mánager Jefferson Osorio; el fotógrafo de su equipo Weisman Mora; y el piloto de la aeronave.Mientras los cuerpos son trasladados a Medicina Legal en Bogotá, la muerte del artista ha generado una amplia reacción en el país. Figuras públicas como Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, así como artistas como Carlos Vives, Luis Alfono y Silvestre Dangond, expresaron mensajes de condolencia y solidaridad. Jiménez se dirigía a una presentación programada en Marinilla, Antioquia, a la que nunca llegó. Yeison, intérprete de éxitos como Aventurero, había construido una de las carreras más sólidas de la música popular colombiana, pasando de trabajar en Corabastos a proyectarse en escenarios de talla nacional como El Campín.Este es el videoEn Manzanares, Caldas, su municipio natal, las autoridades decretaron tres días de duelo, con banderas a media asta, en honor al artista que se convirtió en símbolo de superación y perseverancia para miles de seguidores.La investigación continúa y el análisis de los videos será determinante para esclarecer qué ocurrió en los minutos previos al despegue de la aeronave.
El gobierno de Venezuela ratificó su postura histórica frente a las relaciones que mantiene con Cuba y los países del Caribe, al asegurar que estas se fundamentan en “la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”.A través de un comunicado oficial, Caracas señaló que dichos vínculos se ajustan a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, en particular al respeto por la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos.El documento también subraya que las relaciones internacionales deben regirse por la no intervención y la igualdad soberana entre los Estados, como pilares para la convivencia pacífica entre las naciones.Finalmente, el gobierno venezolano reiteró que el diálogo político y diplomático es el único mecanismo legítimo para resolver controversias de cualquier naturaleza, descartando vías distintas a la negociación pacífica. Este comunicado se da en el marco del reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump en el que exigió que Venezuela no le venda petroleo a Cuba.
El Dorado Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, respaldado por una sólida trayectoria y por la transparencia que caracteriza cada uno de sus procesos. Todas las noches, miles de personas consultan los resultados del chance Dorado Noche a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, atraídas por un juego que combina tradición, facilidad de acceso y emoción constante.La popularidad de este sorteo nocturno se debe, en gran parte, a la claridad con la que se publican los resultados y a la confianza que genera entre los jugadores.Resultado del Dorado Noche hoy domingo 11 de enero de 2026El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 11 de enero de 2026 es: 8877 - 6Número ganador: 8877 Dos últimas cifras: 77 Tres últimas cifras: 877 La quinta: 6La quinta balota: más emoción y mayores oportunidadesDesde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota, también conocida como número adicional, una novedad que modificó la dinámica tradicional del sorteo. Con este cambio, se amplió el número de combinaciones posibles, lo que representa mayores oportunidades de obtener un premio.Gracias a la inclusión de esta balota extra, el resultado final se define hasta el último instante, aumentando la expectativa y la emoción entre los participantes. Esta iniciativa fue bien recibida tanto por apostadores frecuentes como por nuevos jugadores, fortaleciendo la identidad del Dorado Noche y consolidándolo como uno de los chances con mayor participación a nivel nacional.¿Cuánto paga el Dorado Noche por cada apuesta?Los premios del Dorado Noche varían de acuerdo con la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. El plan oficial de pagos, calculado por cada peso apostado, contempla las siguientes opciones:4 cifras (directa): paga 4.500 veces la apuesta.4 cifras (combinada): paga 208 veces la apuesta.3 últimas cifras (directa): paga 400 veces la apuesta.3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces la apuesta.2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces la apuesta.Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces la apuesta.Esta diversidad de modalidades permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia, desde apuestas más arriesgadas con premios elevados hasta alternativas sencillas y accesibles, lo que mantiene al Dorado Noche entre los sorteos más consultados dentro de los resultados de chance.¿Qué días y a qué hora se juega el Dorado Noche?El Dorado Noche cuenta con horarios oficiales claramente definidos, lo que facilita tanto la participación como la consulta de los resultados del chance:Sábados: 10:00 p. m.Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.Este horario nocturno forma parte de la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el resultado del Dorado Noche. Minutos después de cada sorteo, los números ganadores se publican en los canales oficiales para una consulta rápida, segura y confiable.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?El proceso para reclamar un premio del Dorado Noche es sencillo y está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, siguiendo las condiciones y lineamientos establecidos por la organización.Este procedimiento asegura que los ganadores puedan realizar el trámite de manera confiable, reafirmando la credibilidad del sorteo y la confianza de los jugadores que participan de forma constante en el Dorado Noche.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro dejar de transmitir los consejos de ministros por los canales privados, el Canal Uno y los canales regionales, locales y comunitarios.El alto tribunal protegió el derecho de la ciudadanía al pluralismo informativo tras una tutela interpuesta por María Cristina Cuéllar contra la Presidencia de la República por la transmisión simultánea de consejos de ministros en todos los canales de televisión abierta, incluidos los privados.Ella en su tutela argumentó que, al intentar ver televisión en horarios nocturnos, en varias ocasiones solo encontró la transmisión del consejo de ministros encabezado por el presidente, lo cual limitaba su derecho a elegir libremente los contenidos informativos y de entretenimiento.En su fallo, el Consejo de Estado concluyó que la práctica reiterada de interrumpir la programación habitual de los canales privados, comunitarios y regionales vulnera el derecho a la información al eliminar la posibilidad de acceder a contenidos diversos y plurales y, según la sentencia, esto no solo afecta el derecho a informarse, sino también el de no informarse, al imponer una única fuente de contenido sin permitir alternativas.Por eso, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Petro abstenerse de transmitir los consejos de ministros en los canales privados de televisión, el Canal Uno y los canales comunitarios, regionales y locales.La decisión no impide que estas intervenciones se sigan transmitiendo por los canales oficiales como Señal Colombia o Canal Institucional, respetando así la libertad de quienes deseen seguir estos espacios, sin afectar la oferta general del espectro televisivo.
En una decisión emitida por el Juzgado 1201 de Conocimiento Especializado, un infante de marina fue condenado a 8 años y 8 meses de prisión por el homicidio de su compañero Jhorman Andrés Pena Remicio, ocurrido el pasado 28 de enero en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina, ubicada en Coveñas (Sucre).La Fiscalía 2223 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado logró demostrar que el uniformado incurrió en el delito de homicidio bajo la modalidad de dolo eventual, luego de que se comprobara que manipulaba de forma irresponsable su arma de dotación durante su turno de centinela.Según la investigación, el hoy condenado estaba “jugando” con su fusil, cargando y descargando cartuchos, sin respetar los protocolos de seguridad establecidos para el uso del armamento oficial. Esta conducta temeraria contradecía directamente las órdenes impartidas por sus superiores y desencadenó el disparo que acabó con la vida de su compañero.Gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General Penal Militar y Policial y el grupo de Policía Judicial de la jurisdicción, el caso avanzó con celeridad, permitiendo que en menos de tres meses se tomara una decisión de fondo.
Luego del episodio irregular ocurrido el pasado tres de febrero en el batallón de Contrainteligencia del Ejército, con la excavación realizada por militares en un sitio en el que, según un testigo, estarían los restos de la exguerrillera del M-19 Irma Franco, se conocen los primeros avances de las investigaciones de las autoridades.Una vez hecha la denuncia de los hechos por parte de la magistrada de la JEP María del Pilar Valencia, la Fiscalía decidió priorizar las investigaciones y le asignó el caso a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, quien comenzó a trabajar la hipótesis de una posible violación de las medidas cautelares decretadas desde septiembre del año pasado sobre las instalaciones militares en cuestión, por parte de un grupo de integrantes del Ejército Nacional.Blu Radio confirmó que el fiscal del caso ordenó recopilar documentos y escuchar la versión de varias personas que participaron en la excavación del hueco en los terrenos del batallón Militar, quienes de manera preliminar aseguraron que la orden para adelantar dicha actividad fue dada por uno de sus superiores, cuyo nombre y rango suministraron.Uno de los primeros citados a declarar fue el sargento Ronald Durán Páez, quien relató ante el fiscal y sus auxiliares, su versión de los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero. Según había informado el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar a la JEP, el sargento Durán habría sido quien ordenó que se hiciera la excavación, supuestamente para enterrar una bolsa con desechos hospitalarios.La versión preliminar entregada por el sargento Durán no fue considerada creíble ni sólida por parte de la Fiscalía y por eso decidió citarlo formalmente a interrogatorio, diligencia que cumplió en los últimos días.De manera paralela, fueron citados a declarar los soldados Brahian Andrés Villa y Johan Fernando Miranda, quienes no asistieron a la diligencia judicial, ante lo cual, el fiscal del caso reprogramó la citación, a la espera de poder escucharlos.Adicionalmente, el fiscal que lleva este caso prepara la citación para escuchar en calidad de testigos a los expertos forenses y funcionarios de la JEP que acompañaron la diligencia del pasado 3 de febrero, cuando fue descubierta la situación que llevó a la apertura de este caso.
Fueron capturados cuatro presuntos integrantes del grupo criminal transnacional conocido como el Tren de Aragua, quienes, según las autoridades, pretendían ampliar su accionar delictivo en varios municipios de la región de la Sabana.Las detenciones se llevaron a cabo mediante cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad de Bogotá y el municipio de Chía, entre los capturados se encuentra alias 'Tiburón', señalado como el cabecilla de esta estructura en Sabana Centro y presunto determinador de al menos tres homicidios.También fueron capturados alias 'Vivi', alias 'José' y alias 'Pique', todos considerados líderes regionales de la organización criminal el Tren de Aragua.De acuerdo con las investigaciones, los implicados estarían vinculados a delitos como extorsión, microtráfico y homicidios selectivos, actividades que buscaban consolidar su poder en la zona.Durante los operativos se incautaron celulares, dosis de estupefacientes, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma traumática.El director general de la Policía Nacional, general Carlos Triana, destacó la importancia de esta acción: “Esta importante acción operativa es determinante para contener las intenciones criminales del denominado Tren de Aragua en algunos municipios de la región de Sabana Centro. Las operaciones en contra de este grupo criminal se intensificarán de manera sostenida con las capacidades investigativas de la Policía y el apoyo ciudadano a través de la información”.
El general en retiro Humberto Guatibonza fue declarado inocente por el Juzgado 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El fallo, emitido este jueves 10 de abril, lo exime de los cargos que lo vinculaban con una red ilegal de interceptaciones.Durante la audiencia, que tuvo una duración de menos de diez minutos, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar al excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, interceptación ilegal de datos informáticos y uso indebido de software malicioso.El abogado Jorge Otálora, en un comunicado posterior a la audiencia, criticó el actuar de la Fiscalía durante el proceso, señalando que se continuó con una acusación a pesar de la ausencia de pruebas contundentes. Además, instó a la entidad a reconocer los errores cometidos en la investigación.El caso contra Guatibonza se remonta al 12 de septiembre de 2018, fecha en la que fue detenido por su presunta implicación con una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones. Según la Fiscalía, el oficial retirado habría solicitado los servicios de dicha organización para realizar seguimientos relacionados con un supuesto caso de infidelidad que involucraba a la esposa de un amigo cercano.A pesar de recuperar su libertad en octubre de 2019, el proceso continuó su curso hasta llegar al juicio, donde la defensa argumentó que no existía material probatorio que vinculara de manera directa a Guatibonza con actos ilegales.El juez encargado del caso concluyó que la acusación presentada el 14 de enero de 2019 no logró demostrar con claridad la participación del general en los delitos imputados. Aunque se mencionaron algunos indicios, estos no fueron considerados suficientes para configurar una conducta delictiva.Además, el fallo destacó la falta de testimonio de dos de los testigos clave del caso, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mecías Quiroga Cubillos, quienes optaron por acogerse al derecho constitucional de no autoincriminarse. Su silencio privó a la Fiscalía de elementos cruciales para reforzar su teoría del caso.Cabe recordar que el ente acusador modificó su escrito de acusación en tres ocasiones. En él se señalaba que entre 2017 y 2018, Guatibonza habría sido parte de una estructura ilegal que, desde Bogotá, Cali y Nariño, realizaba interceptaciones clandestinas a comunicaciones de empresarios, políticos y abogados.
Tres médicos que atendieron a Diego Armando Maradona poco antes de su muerte aseguraron este jueves, durante el juicio contra siete profesionales de la salud por el fallecimiento del ídolo argentino, que la operación en la cabeza a la que fue sometido poco antes de morir por indicación de su médico de cabecera, el imputado Leopoldo Luque, era innecesaria."El paciente tenía que seguir en observación, pero no operarse", dijo durante su declaración ante el tribunal el jefe de neurocirugía del sanatorio Ipensa, Guillermo Burry.Maradona fue ingresado en el sanatorio Ipensa de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires) el 2 de noviembre de 2020, poco más de tres semanas antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre.Allí le hicieron una tomografía computada que reveló un hematoma subdural que Burry describió como “pequeño, leve"."El paciente no demostraba un riesgo ni una emergencia quirúrgica", mencionó Martin Cesarinni, neurólogo de Ipensa, y otro de los médicos del sanatorio que declaró en la audiencia de este viernes, la décima desde el comienzo de juicio el mes pasado.El médico clínico, Marcos Correa, contó que cuando identificaron el hematoma, se le comunicó a Maradona y se le transmitió la recomendación de no operar.El clínico relató además que, tras ver los estudios, Luque dijo rápidamente que Maradona debía ser operado.Ante esto, Burry se negó a llevar a cabo la operación en el sanatorio: "Lo decidí como jefe del área. Para nosotros no era el momento porque había otras prioridades y el paciente no estaba compensado. Que lo vea un médico clínico, un cardiólogo, pero operar no".Según describieron los médicos en su testimonio, Luque insistió en la necesidad de la cirugía y, sin la intervención de la familia, coordinó el traslado del exfutbolista a la Clínica Olivos, donde un día después, el 3 de noviembre, se le practicó la que sería la última operación antes de su fallecimiento."Nadie lo vio bien"También declaró este jueves ante el tribunal Flavio José Tunessi, el médico traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde Maradona se desempeñaba como entrenador antes de su muerte, y que fue quien coordinó junto a Luque la internación del exfutbolista en el sanatorio Ipensa.La decisión de internarlo fue alcanzada después de que el ídolo argentino se mostrara públicamente en un estado de salud frágil, durante el homenaje que el club le había preparado por su cumpleaños número 60, el 30 de octubre de 2020."Ese día lo vi muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo, se tambaleaba. Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo ‘me voy, no estoy bien’. Al otro día me habló Luque, me dijo que nadie lo vio bien y me preguntó si se podía hacer una internación en Ipensa", relató Tunessi, que también se desempeña como traumatólogo en Ipensa.Además de Luque, también son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón.La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.