Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
Miles de personas se congregaron este domingo en las afueras del estadio El Campín de Bogotá para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente aéreo junto con otras cinco personas, en un acto espontáneo que terminó convertido en una celebración colectiva de su vida y su música.Como si de un gran concierto o un multitudinario partido de fútbol se tratase, desde las primeras horas de la tarde largas filas se formaron alrededor del estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde una gran pantalla mostró actuaciones pasadas del artista.Los alrededores del estadio fueron el lugar elegido por sus seguidores por su fuerte valor simbólico: allí Jiménez juntó en 2025 a 40.000 personas en un multitudinario concierto y tenía previsto volver a presentarse este año.Frente a la pantalla, los asistentes, con sombrero y poncho colombianos, y portando globos y ramos de flores blancas, se organizaron en semicírculo y corearon sus canciones más conocidas mientras caía el sol en Bogotá, en un ambiente que pasó del recogimiento a la celebración de su legado."No lo sentimos como un artista, lo sentimos como un familiar cercano que se nos fue", dijo a EFE Mariana Velásquez, una de las asistentes que llevaba en sus manos una fotografía del cantante.Cuatro altares fueron ubicados en cada una de las entradas del estadio, todos con fotografías del artista, coronas florales y cientos de velas blancas encendidas."Un ejemplo de vida""Nos enseñó que los sueños sí se cumplen y que no es necesario nacer en una cuna de oro para salir adelante", dijo a EFE el representante del club de fans, Óscar Sánchez, quien conoció personalmente al cantante y lo describió como "un ejemplo de vida" para miles de seguidores.Sánchez agregó que Jiménez "siempre tuvo tiempo para su gente" y que nunca perdió el vínculo con sus seguidores, a quienes consideraba parte fundamental de su carrera.Jiménez, de 34 años, nacido en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, fue un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera.El artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana y, además de su carrera artística, impulsó una fundación con la que desarrolló iniciativas de apoyo social dirigidas a comunidades vulnerables, en especial a niños y jóvenes.Durante el homenaje, varios cantantes jóvenes y artistas emergentes que en el pasado compartieron escenario con Jiménez interpretaron algunas de sus canciones, en un gesto de gratitud hacia quien consideraban un referente de la música popular colombiana.Los organizadores explicaron a EFE que la convocatoria fue espontánea y surgió tras un anuncio difundido por clubes de fans "Jimenistas" en redes sociales.El accidenteEl cantante falleció el sábado cuando la avioneta particular en la que se desplazaba sufrió un accidente y quedó completamente calcinada.La Fiscalía General informó este domingo que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayó en un campo cercano al final de la pista.En el siniestro murieron también su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.A medida que avanzaba la noche, miles de personas se congregaron frente al estadio El Campín, en Bogotá, donde permanecieron entre cantos y aplausos para despedir al artista en el mismo lugar donde, hace menos de un año, celebraron su música en vida.
En la tarde de este domingo 11 de enero de 2026, el Ministerio de Transporte entregó detalles sobre el accidente aéreo ocurrido en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, donde perdieron la vida seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez.Según el relato de testigos y la información preliminar suministrada por las autoridades, la aeronave volaba a una altura aproximada de 50 metros sobre el terreno. “El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.En el comunicado oficial, el Ministerio aclaró que “las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista”.Asimismo, confirmaron que en el lugar continúan las labores de las autoridades, que adelantan la recolección de material probatorio que será analizado con el fin de esclarecer lo ocurrido.Esta es la hipótesis del accidente donde murió Yeison JiménezPor otro lado, el Ministerio informó que se están manejando cerca de tres líneas de investigación para determinar las causas del accidente. La primera corresponde al componente operacional, que evalúa “las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas”.La segunda línea de investigación aborda un componente técnico relacionado con el mantenimiento y el estado de la aeronave: “Revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad”.Finalmente, se analizan los factores humanos, que evalúan “el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.“Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Cabe resaltar que en este siniestro perdieron la vida Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.
Al momento de salir al trabajo, universidad o a otro destino, las personas usan varios medios de transporte, carro particular, taxi, transporte público o, incluso, algunos prefieren movilizarse en bicicleta, patineta eléctrica, ciclomotor, entre otros.No obstante, los medios de transporte más usados por las personas en Bogotá, según una encuesta de movilidad publicada por el Distrito, son:Transporte público: 4.211.486, con un 35%.A Pie: 3.342.400, con un 28%.Auto: 1.692.598, con un 14%.Bicicleta: 886.655, con un 7%.Moto: 887.352, con un 7%.Taxi: 528.287, con un 4%.Frente a esto y con el fin de incentivar el uso de medios de transporte más amigables con el medio ambiente, TransMilenio ofrece pasajes gratis a quienes conviertan la bicicleta en su principal medio para moverse en la ciudad.Así puede ganar pasajes gratis de TransMilenioActualmente, Bogotá cuenta con la cicloruta más extensa de Latinoamérica, la cual tiene una extensión de 374 kilómetros y con carril exclusivo. Por ello, portales y algunas estaciones implementaron espacios para dejar sus bicis, conocidos como 'TransMiBici'.Los ciclistas que usen los TransMiBicis para después abordar los buses del sistema, tendrán un pasaje gratis que será abonado a la tarjeta TuLlave personalizada, pero, para ello, deben cumplir con el mínimo de validaciones.Según TransMilenio, los biciusuarios deben acumular un total de 30 validaciones, para luego acercarse a un dispositivo de recarga manual o automático para activar la carga.No obstante, es importante que estén registrados en BiciBogotá para utilizar los TransMiBicis del sistema. Estos prestarán el servicio en el mismo horario que el sistema.¿Cómo registrarse en TransMiBici?Para usar el servicio, los ciclistas deben registrarse previamente antes de ingresar su bicicleta a las estaciones o portales de TrasMilenio, para ello, deben seguir estos pasos:Acercarse al portal o estación, donde haya un TransMiBici, con cédula y la tarjeta de propiedad o documento que certifique la persona es dueña de la bicicleta.Hacer el registro una sola vez en TrnasMiBici (en lugares de mucha demanda) y cada vez que se haga uso en sitios de menor demanda.Presentar siempre la cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta.¿Cómo usar los TransMiBici?La empresa de transporte hizo énfasis en que el servicio de TransMiBici es gratuito y debe usarse así:Usar la bicicleta para llegar hasta el portal o estación.Comprar el pasaje.Ubicar la entrada de la TransMiBici e ingresa al sistema validando el pasaje con la bici en mano.Identificar qué tipo de control de acceso cuenta la TransMiBici.Parquear la bicicleta y asegúrala con cadena, candado y demás elementos de seguridad.Una vez guardada y asegurada, hay que dirigirse a las plataformas para ingresar al bus.Al momento de recoger la bicicleta, es importante recordar que solo quien ingresó la bicicleta está autorizado para sacarla.
El expreso político venezolano Wilmer Azuaje relató en Sala de Presa Blu su experiencia durante los dos años que permaneció detenido en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al que calificó como un espacio de represión sistemática contra los presos políticos en Venezuela.Durante la conversación, Azuaje aseguró que su detención se produjo el 1 de mayo de 2017, cuando fue capturado junto a su asistente Giovanni González. Desde entonces, afirmó haber vivido condiciones que, según sus palabras, constituyen violaciones graves a los derechos humanos. “El Helicoide, el centro de tortura pudiera decir más grande en Latinoamérica”, señaló al describir el lugar donde estuvo recluido.Condiciones de reclusión y denuncias de torturaAzuaje explicó que dentro de El Helicoide los presos políticos eran sometidos a tratos degradantes y castigos constantes. “Dormíamos en la famosa escalera, con ratas y cucarachas, sin condiciones mínimas de dignidad”, afirmó. También denunció restricciones al descanso, a la alimentación y al contacto con familiares y abogados, lo que, a su juicio, evidencia la falta de garantías procesales.El entrevistado aseguró que fue presentado ante tribunales 113 días después de su detención, pese a que la ley venezolana establece un plazo máximo de 48 horas. “La gran mayoría estamos secuestrados, se viola el debido proceso”, sostuvo durante la entrevista.Impacto físico y psicológico en los detenidosAzuaje relató que su asistente, Giovanni González, sufrió graves afectaciones de salud tras los golpes recibidos durante su reclusión. “Hoy en día tiene cáncer producto de los golpes que recibió en la espalda”, afirmó, señalando que este caso refleja las consecuencias físicas que enfrentan muchos detenidos.Además, aseguró que las secuelas psicológicas persisten tras recuperar la libertad. “Cada siete días sueño que me están persiguiendo o que sigo preso”, confesó, al referirse a los traumas que, según dijo, afectan a numerosos expresos políticos.Llamado internacional y situación actual de los presos políticosDurante la entrevista, Wilmer Azuaje afirmó que en Venezuela existen más de 2.000 presos políticos y denunció la desaparición de cientos de personas. También hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir la liberación total de los detenidos. “Pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, expresó.Finalmente, sostuvo que su testimonio busca visibilizar lo ocurrido dentro de las cárceles venezolanas y reiteró que, a su juicio, debe haber justicia por los hechos denunciados.Escuche la entrevista completa acá:
Desde hoy, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, desarrolla en Estados Unidos una agenda diplomática de alto nivel con funcionarios del Gobierno norteamericano, con el propósito de fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra la criminalidad y los carteles del narcotráfico.Esta visita se realiza como preámbulo al viaje que efectuará en febrero el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y busca socializar ante altos funcionarios estadounidenses los avances y resultados de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, así como consolidar nuevas estrategias conjuntas frente a amenazas trasnacionales.Durante tres días, el minDefensa sostendrá reuniones estratégicas en las que se diseñarán hojas de ruta binacionales para impactar de manera contundente a las estructuras criminales. La agenda incluye encuentros con representantes del Departamento de Guerra, miembros del Senado encargados de temas de armas e inteligencia, y funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca.Previo a este viaje, el ministro Sánchez participó en una reunión virtual con el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra, Joseph Humire, en la que se definieron los principales ejes de trabajo. Este encuentro contó con el acompañamiento de la canciller Rosa Villavicencio y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, permitiendo establecer prioridades y objetivos comunes.Entre los temas clave de la agenda se destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional en inteligencia, el uso de drones y antidrones, y otras capacidades estratégicas. El ministro resaltó que, aunque Colombia y Estados Unidos puedan tener enfoques distintos frente al problema de las drogas, estos son complementarios y deben articularse mediante el diálogo, como base para seguir enfrentando uno de los principales desafíos de seguridad global.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que imputó cargos al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, junto a otros tres exdirectivos de la entidad, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de facturas y la desviación de $70.500 millones correspondientes a deudas con diversas IPS.Cardona Uribe, quien dirigió la Nueva EPS desde 2009 hasta comienzos de 2024, fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos del sistema de salud y peculado por apropiación.Los imputados no aceptaron los cargos, y la juez del caso rechazó la solicitud de imponer medidas de aseguramiento en centro carcelario para tres de ellos. Sin embargo, siguen vinculados al proceso.De acuerdo con la Fiscalía, entre 2019 y 2023 se habría ordenado, por instrucción de la gerencia de la Nueva EPS, no procesar la totalidad de la facturación radicada por las Instituciones Prestadoras de Salud. Esta situación, presuntamente, generó que la información consignada en los estados financieros de la entidad durante ese periodo no fuera del todo real ni fidedigna, pues se omitía el registro completo de la facturación, lo que habría ocultado el alto grado de endeudamiento y el verdadero costo que, al parecer, tenía la EPS.La Fiscalía señaló que dicho ocultamiento de la información pudo haber inducido a error a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes renovaron la autorización para que la entidad continuara prestando servicios de aseguramiento a sus afiliados.Además, se presume que, en el periodo investigado, la entidad no informó su verdadero estado financiero y económico, con la presunta intervención de los imputados. Según se ha indicado, el presidente de la Nueva EPS habría informado, tanto a la asamblea general como a la junta directiva, que la entidad reportaba utilidades, sometiendo a autorización el uso de 70.000 millones de pesos para cubrir pérdidas de vigencias anteriores, a pesar de que, en realidad, la EPS parecía generar pérdidas año tras año.¿Qué dice la defensa del expresidente de Nueva EPS?Recientemente, la defensa de Cardona Uribe precisó que en la imputación no se ha hablado de “5 billones de pesos”, como ha sido manifestado por algunos actores. El organismo estableció un alcance de 70.500 millones de pesos, correspondientes a las supuestas utilidades generadas en el periodo comprendido entre 2019 y 2023.Los abogados enfatizan que, tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía, ni el doctor Cardona ni terceros se habrían apoderado de recursos. Según la defensa, dichos fondos permanecieron en la compañía y se destinaron al pago de deudas anteriores por los servicios de salud brindados a los colombianos afiliados a la EPS.Además, el ente acusador precisó –tal como consta en el acta de la audiencia– que “este delegado (el fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya salido, sino que fue en favor de la misma Nueva EPS”.Con esto la defensa busca subrayar que no existe enriquecimiento ilícito, ni a favor del imputado ni de terceros, ni se destinó el dinero para financiar campañas o para pagar facturas de pacientes fantasmas; los recursos se mantuvieron dentro de la entidad para cubrir sus compromisos financieros.Sobre un eventual juicio, la defensa también dijo que sostendrán que el valor de las facturas en proceso estaba debidamente registrado en los estados financieros y reflejado en las diferentes reservas de la compañía.Además, niegan cualquier señalamiento de ocultamiento de facturas, ya que toda la documentación pertinente se encuentra en proceso de auditoría, se ha registrado en la liquidación de cuentas y es visible en los diversos módulos del sistema contable.
Fueron cinco los capturados de la banda ‘Los comisionistas’ quienes operaban identificando a sus posibles víctimas a través de redes sociales para suplantar a familiares o conocidos que vivieran en el exterior, con el fin de pedirles que recibieran supuestas encomiendas en Colombia.En una audiencia preliminar, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural a tres de los procesados: Juan David López Sánchez, Laura Tatiana Gálvez Cortés y Johan Alexander Cuenca Ortegón, a Leidy Andrea Romero y Ana María Mancilla Ibarra prisión domiciliaria.Gracias a las investigaciones de la Fiscalía y la Policía se estableció que toda esta operación ilegal provenía de la cárcel. Así lo confirmó la fiscal del caso durante la audiencia de judicialización: “Desde ya se deja la anotación que estas llamadas extorsivas provienen de la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá. Donde se controlan todas las actividades ilícitas que se desarrollan al interior del patio. Recibiendo así, un porcentaje del dinero producto de las extorsiones”, comentó.Uno de los múltiples casos conocidos en la investigación ocurrió el 10 de febrero de 2024, en el que un hombre fue engañado para pasar más de 65 millones de pesos. La víctima recibió una llamada de un supuesto representante de una empresa de envíos, quienes le informaron que el paquete supuestamente tenía sobrepeso y por eso debía pagar una multa.Después lo volvieron a contactar para informarle que en la encomienda venían equipos de tecnología ilegales y una cantidad de dólares sin reportar. Por esto, al tratarse de un delito, le exigieron pagar 20 millones de pesos. Luego recibió más llamadas en las que lo amenazaban con capturarlo si no pagaba unas sumas de dinero.Las investigaciones permitieron establecer que estas llamadas las realizaban los reclusos de La Picota, quienes se encargaban de cobrar el dinero entregando sus cuentas bancarias o plataformas digitales.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le pidió a la Corte Constitucional que declare como inexequibles los artículos 4 y 5 del decreto de conmoción interior en el Catatumbo, al considerar que no cumplen con los requisitos de la ley. Según afirmó Eljach, los apartados asumen una competencia asignada a las entidades territoriales sin que se garantice su financiación, ya que no establecen con qué recursos se harían.¿Cuáles artículos son?Por un lado, el artículo 4 del decreto de conmoción interior en el Catatumbo asigna una competencia al Ministerio de Vivienda con la cual puede estructurar y poner en marcha proyectos de agua y saneamiento básico que pretendan garantizar la prestación del servicio a la población afectada.Por otro lado, el artículo 5 autoriza a esa misma cartera para que, durante la conmoción interior, “emplee un mecanismo de apoyo para la inversión y la sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento afectados” por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN. Es decir, la medida permitiría transferir y ejecutar recursos a los líderes comunitarios, con el fin de comprar materiales o repuestos de los sistemas que brindan el agua y el saneamiento básico.Para el procurador Eljach, los apartados no son claros o no cumplen con lo requerido por la Constitución. En el caso del artículo 4, la medida no encamina a una solución de lo causado por la conmoción interior, sino a un proyecto definitivo de vivienda para las víctimas del desplazamiento forzado. Para el artículo 5, implicaría una modificación a las competencias de los departamentos y municipios, sin garantizar su financiación o con qué recursos se hará.“Finalmente, respecto de los artículos 4 y 5 del mismo Decreto Legislativo no cumplen con los requisitos constitucionales exigidos en los juicios de finalidad y necesidad, tal como se expuso en los acápacites pertinentes”, dice el documento emitido el procurador Eljach. Por lo mismo, desde el Ministerio Público pidieron a la Corte Constitucional declarar como inexequibles esos apartados.
La audiencia de acusación contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, señalada por la Fiscalía de haber participado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue aplazada nuevamente. La diligencia estaba prevista para este jueves 10 de abril, pero por decisión del juzgado penal del caso, fue reprogramada para el próximo 12 de junio.Ortiz, exalta funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro, está siendo procesada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, luego de que testigos afirmaran que ella habría entregado sumas de dinero al entonces presidente del Senado Iván Name en un apartamento ubicado al norte de Bogotá. Estos hechos están siendo investigados en el marco de la presunta red de corrupción que habría operado en la UNGRD para direccionar contratos y desviar millonarios recursos públicos.¿Por qué aplazarán la audiencia?El aplazamiento fue solicitado por el abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, quien argumentó que se han presentado dificultades en las conversaciones que la defensa venía adelantando con la Fiscalía para lograr un principio de oportunidad. “La defensa venía adelantando conversaciones con la Fiscalía, mismas que se han visto interrumpidas, razón por la cual se requiere un tiempo razonable para realizar reuniones con mi prohijada de cara a la etapa de acusación", expresó Medina en su solicitud formal.Este nuevo giro en el proceso ocurre justo el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado público en el que confirma que, aunque ha habido acercamientos con Sandra Ortiz en busca de una posible negociación judicial, no está dispuesta a otorgarle inmunidad penal total, como lo había solicitado su defensa.“El equipo de fiscales rechazó la pretensión de principio de oportunidad con inmunidad total frente a la gravedad de los delitos imputados y por considerar que la colaboración ofrecida a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”, señaló el comunicado oficial.La Fiscalía también dejó claro que solo accedería a un principio de oportunidad con inmunidad parcial, si la información suministrada por la exfuncionaria resulta veraz, útil y respaldada por pruebas.El juzgado, por su parte, accedió a la solicitud de la defensa, pero fue enfático al advertir que esta será la última vez que se aplaza la diligencia de acusación. En otras palabras, si para el 12 de junio no se ha llegado a un acuerdo o no hay avances sustanciales en el proceso, el caso continuará bajo el curso ordinario.Este nuevo compás de espera le abre una ventana a Sandra Ortiz para definir si finalmente acepta colaborar con la justicia bajo los términos que propone el ente acusador. Mientras tanto, el proceso sigue bajo la lupa de la opinión pública, pues lo que está en juego no solo es el futuro judicial de la exfuncionaria, sino también las posibles revelaciones sobre el entramado de corrupción que comprometería a otros actores políticos con fuero.
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de dos niñas en Bogotá, en un caso que estaría relacionado con una posible intoxicación. El hecho, que también involucra a otra menor de edad y a un adulto que permanecen bajo observación médica, ha generado preocupación en la capital.Los cuatro afectados fueron trasladados a la Fundación Santa Fe en delicado estado de salud. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de las dos menores, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias y judiciales.Con la apertura de la noticia criminal, la Fiscalía busca establecer si en medio de esta situación se incurrió en algún delito. Aunque por ahora no se ha determinado la existencia de una conducta penal, la etapa actual del proceso permite adelantar diligencias urgentes para recopilar pruebas, como parte de los procedimientos previos a una posible indagación formal.En ese marco, se están llevando a cabo análisis toxicológicos y estudios forenses, incluida la necropsia de una de las menores fallecidas. También se están evaluando muestras biológicas de todos los involucrados, en busca de pistas que permitan establecer qué ocurrió exactamente.El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conformó un equipo interdisciplinario con expertos en patología, toxicología y otras áreas para acompañar el proceso. La entidad confirmó que, una vez concluidos los procedimientos forenses, los informes serán entregados a la Fiscalía para avanzar en la investigación.“Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, sustentado en la investigación técnico-científica, y expresamos nuestras condolencias a los familiares de las menores”, indicó Medicina Legal en un comunicado oficial.Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis. No se descarta que el hecho haya sido accidental, producto de una omisión o, en el escenario más grave, resultado de una acción con consecuencias penales.
En entrevista con Meridiano Blu y el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, René Guarín —hermano de Cristina del Pilar Guarín, desaparecida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985— se refirió con preocupación a una grave revelación sobre una irregularidad ocurrida en el Batallón de Inteligencia Charry Solano, ubicado en el sur de Bogotá.Según informó Blu Radio, una comisión judicial conformada por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y expertos en medicina forense visitó recientemente dicha unidad militar, donde hallaron un hueco excavado por integrantes del Ejército en el lugar exacto señalado por un exmilitar —testigo en el caso— como posible sitio de inhumación clandestina de restos humanos. Específicamente, se trataría de Irma Franco Pineda, exintegrante del M-19, desaparecida durante el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.Este hallazgo provocó una reunión entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. En el encuentro, el magistrado le expresó al ministro la gravedad de lo sucedido, señalando que era difícil de creer que se hubiera autorizado la excavación de un hueco en un sitio tan delicado, supuestamente para la disposición de desechos hospitalarios. Según lo revelado por Blu Radio, el ministro manifestó que sí le parecía creíble esa versión.La respuesta del alto funcionario ha generado indignación entre familiares de las víctimas. René Guarín afirmó: “Para nosotros es un golpe fuerte y es un llamado para que se rompa ese círculo de impunidad que se mantiene. Hacemos un llamado al general Pedro Sánchez para que expida un comunicado en el que fije una posición clara como integrante de un gobierno que dice ser del cambio. Él no puede admitir que en la reunión diga que sí es posible abrir un hueco para meter jeringas, ese cuento, por favor, ministro, no le queda bien. Tiene que aclarar su posición frente a las víctimas”.