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Una de las operaciones policiales más grandes de la historia reciente de Brasil dejó más de un centenar de muertos en el norte de Río de Janeiro, durante un operativo contra la organización criminal Comando Vermelho. Las cifras oficiales aún son confusas: mientras la policía estatal habla de 60 fallecidos, la Defensoría Pública de Río de Janeiro advierte que el número podría llegar a 132 víctimas.
El operativo ha generado un intenso debate en el mundo sobre el uso de la fuerza, los derechos humanos y la capacidad del Estado para recuperar el control de las favelas. En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el diputado nacional Marcel Van Hatten defendió la actuación policial y responsabilizó al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lo que calificó como un “avance del narcotráfico en Brasil”.
“Más del 80 % de la población de Río aplaude a la policía por lo que hizo”, aseguró el congresista, advirtiendo que no se había podido luchar contra los grupos delincuenciales desde pandemia: “Durante cinco años, los operativos estuvieron prohibidos por decisión de la Suprema Corte y las favelas se transformaron en verdaderos refugios para los criminales y para líderes del Comando Vermelho. Era una acción necesaria”.
Según medios locales, más de 2.500 agentes participaron en la intervención, que se extendió por los complejos de favelas Alemão y Penha, zonas controladas por el Comando Vermelho. Durante el despliegue se registraron múltiples tiroteos y la circulación de imágenes que mostraban decenas de cuerpos en las calles de Río de Janeiro.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió la operación alegando que “no había otra alternativa” frente al avance del crimen organizado. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos calificaron el hecho como “una masacre” y exigieron una investigación independiente.
Mientras el gobierno de Río defiende la intervención como una respuesta legítima al crimen organizado, organismos internacionales piden esclarecer las muertes y evitar que el país repita un patrón de violencia estatal en las favelas.
Consultado sobre las críticas de Human Rights Watch, cuyo director en Brasil señaló que “una operación policial exitosa es aquella que termina con detenciones, juicios y condenas”, Van Hatten respondió con dureza:
“Pregúntele a él si va a las favelas a pedirle a un criminal armado con fusil que se entregue. No es así como funciona. Los derechos humanos son para todos, pero en primer lugar para la gente que trabaja y es honesta”, aseguró.
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El diputado también afirmó que varios de los muertos “tenían antecedentes por más de cien homicidios” y vínculos internacionales con redes criminales en Colombia, Estados Unidos y Bolivia.
Van Hatten cuestionó al Ejecutivo federal por no haber participado en el operativo ni apoyado con recursos militares, pese a las solicitudes del gobierno regional.
“El gobierno de Lula no sabía del operativo y tampoco quiso participar. Incluso rechazó enviar blindados del Ejército. Lula dijo que los traficantes son víctimas de los usuarios de drogas. Eso demuestra una ideología que trata a los delincuentes como víctimas”, aseguró.El diputado fue más allá y comparó la situación actual con la de otros países de la región:
“Brasil ya se volvió como Venezuela, un narcoestado. El gobierno está más comprometido con el discurso ideológico que con la seguridad de su pueblo”, aseveró.
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